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Sociedad

ISSAG destaca el diálogo permanente con alumnos en el marco de la pandemia

Autoridades del instituto que depende de ATSA sostienen a una comunicación permanente.

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El Instituto Superior de Ciencias de la Salud y Gestión (ISSAG) recuerda a los alumnos que las puertas están abiertas al diálogo. En tiempos de pandemia, que nos obliga a todos y todas a realizar un esfuerzo sin precedentes, las autoridades ratifican el compromiso con quienes integran la institución y ponen a disposición todas las vías de comunicación a los que deseen evacuar sus dudas sobre cualquier temática.

“Las puertas están abiertas para todos los estudiantes, sabemos que es una situación difícil y no somos indiferentes. Los escuchamos y tenemos en cuenta su situación”, afirmó la directora académica del Instituto, Ivana Vargas. “Somos el Instituto más renombrado en la provincia. Los que estudian en ISSAG son tenidos en cuenta como prioridad en todo ámbito laboral. Tenemos un reconocido trayecto académico”.

ISSAG, en este período, sustenta el acompañamiento a cada alumno durante el aprendizaje y ratifica la voluntad para que en esta instancia tan compleja para Río Negro y el país el derecho a la educación se sostenga.

En un notable esfuerzo, se mantiene el plan de cuotas anunciado en 2019 y los beneficios que otros institutos carecen. Desde su creación, ISSAG ratifica la gestión para formar profesionales y emprendedores que puedan desempeñarse con capacidad, ética y compromiso en organizaciones públicas y privadas.

La responsabilidad es uno de los pilares que pregonamos y solicitamos para cada una de las carreras que brindamos, por eso insistimos en el diálogo como el principal nexo con todos los integrantes de nuestra institución, que también realiza un esfuerzo que apunta a beneficiar a los estudiantes.

Política

Proponen que se inhabilite a quienes quieran ser candidatos y posean condenas de corrupción

La iniciativa es de la UCR Río Negro y piden que sea una ordenanza en cada ciudad de la provincia. También incluye condenas por violencia de género.

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«Erradicar la corrupción en el ejercicio de la función pública, es una responsabilidad ineludible y la UCR de impulsará a través de sus concejales en cada localidad de la provincia», destacan en el denominado Proyecto de Ordenanza de Ficha Limpia que busca inhabilitar las precandidaturas y candidaturas, de aquellos que posean una condena en segunda instancia por actos de corrupción y/o de violencia de género.

«Si no es desde la legislación nacional hacia abajo, será desde abajo hacia arriba» es la consigna que propone la iniciativa, que impulsa la lucha contra la corrupción en los niveles locales, en virtud del freno que desde el actual oficialismo nacional, se le ha puesto al Proyecto de Ley, en el orden nacional.

Entre los fundamentos se consigna que «la sociedad argentina nos ha dado y da, claras señales de hartazgo frente a la corrupción de Estado. Esa corrupción, ejercida por funcionarios, electos o no, que muchas veces atraviesa transversalmente a la política, y la coloca en un terreno de desprestigio integral y generalizado, del que debe salir para poder abocarse seriamente a la tarea de construir un país mejor para todos los argentinos. Ello, sin contar con los daños estructurales que la corrupción le produce al aparato estatal y productivo del país, a partir de la generación de ineficiencias y exclusión, gastos indebidos, costos altísimos, desigualdades e inequidades, a través de las cuales se daña el tejido social y la credibilidad nacional».

Se propone una adecuación normativa que inhabilite precandidaturas y candidaturas a cargos electivos, para aquellos que «se encuentren en proceso judicial con una causa por actos de corrupción, en sus distintas acepciones, en el ejercicio de funciones en la administración pública, y hayan sido condenados en segunda instancia, aún cuando la misma se encuentre recurrida». Se le agregan en este caso las conductas delictivas vinculadas con la violencia de género, «a partir de la convicción que la misma y sus expresiones más aberrantes, como son los femicidios y el abuso sexual, no sólo no deben quedar impunes, sino que es necesario limitar a sus perpetradores el acceso a cargos de representación o participación política», dice el proyecto de la UCR.

«Se busca expresamente, fortalecer un abordaje responsable en el derecho electoral ciudadano en una democracia, en pos de un bien mayor, que es el bien común de una dirigencia honesta, para la sociedad en su conjunto», finalizaron desde el radicalismo rionegrino.

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Judiciales

La Justicia ordenó que a herederos de jubilado le corresponden más de $1.000.000

La aseguradora le pagó tan sólo $18.000.

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A un jubilado del Estado provincial le descontaban de sus haberes dos seguros de vida. Uno obligatorio por la Ley N° 4.232 y otro facultativo. Por este último, sus herederos cobraron solo $18.000. Tras una demanda, un fallo civil de Viedma ordenó pagarle un $1.000.000 más intereses.

El seguro de vida había sido suscripto en 1990 y decía: «la suma asegurada será el equivalente a 20 veces el haber jubilatorio o de retiro sin salario familiar, de cada uno de los asegurados. Se computará a los efectos de la determinación de capital, el haber correspondiente al mes anterior del fallecimiento».

Cuando se contrató, la póliza no tenía tope. Sin embargo, un año más tarde, de manera unilateral, la aseguradora emitió un endoso que indicaba que no podía superar los 100 millones de australes. Luego se convirtió a pesos y ese límite se mantuvo sin modificaciones por 25 años, “mientras que la prima descontada a los asegurados iba año a año aumentando”.

Por su parte, la aseguradora Horizonte explicó que «es cierto que el tope de $10.000 era anacrónico y estaba desactualizado y que no respondía a la prima que se cobraba. Pero en ningún modo puede pretenderse cobrar una suma asegurada que no está vigente y que supone una prima mensual que también cambió radicalmente».

Dijo que «no existe ningún seguro de vida en toda la República Argentina que por una prima de $621 indemnice al beneficiario con la friolera de casi $700.000». Además, recordó que el capital indemnizable desde los 70 años queda reducido a la mitad.

El fallo

El punto central a resolver es «la validez o no del tope indemnizatorio aplicado en contrato de seguro de vida». La sentencia explica que «como regla de interpretación de los contratos de seguro de vida colectiva, se sostiene que al ser un contrato de adhesión en el que la totalidad de las cláusulas son redactadas enteramente por el asegurador, le son aplicables las reglas interpretativas de los contratos con cláusulas predispuestas».

De esta manera, «las cláusulas no deben ser interpretadas en su concepto meramente literal, sino atendiendo a su significado en función del sistema, sus modalidades, y en donde ha de predominar la buena fe de las partes como requisito esencial por tratarse de una relación tripartita (asegurador-tomador-asegurado) que contiene una típica estipulación a favor de tercero».

Destaca que «no se ha demostrado por la Aseguradora la notificación al asegurado de la variación de las condiciones contractuales y ante la vigencia indeterminada del plazo contractual, no tiene modo de advertir el asegurado la existencia de una modificación contractual si no se lo notifica expresamente». Expresa que el «tope indemnizatorio en la póliza en cuestión, rompe con la equidad que debe albergar la ecuación contractual del contrato de seguro y revelando con él una conducta abusiva en la decisión de no actualizar el monto del tope durante más de 20 años (desde 1991 o de su pesificación en 1992) y que lógicamente traído al presente arroja un resultado anacrónico y arbitrario».

Recuerda que «los $18.143 pagados, no alcanzan ni siquiera al 10% de los veinte haberes pactados (o diez salarios en caso de tenerse en cuenta la reducción por tope de edad)». Concluye que «las disposiciones contractuales aludidas favorecen a la aseguradora, excediendo los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, siendo el ejercicio de las atribuciones tomadas por la demandada constitutivo de un abuso de su posición de parte dominante y especializada en la materia asegurativa. Es notable que la aseguradora ha obtenido una ventaja patrimonial incorrecta».

De esta forma, ordenó que se liquide una indemnización del 50% de los últimos 20 salarios, más los intereses respectivos.

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Política

Proponen quitarles subsidios y ayudas a quienes usurpen terrenos

La propuesta es del legislador de Juntos por el Cambio, Juan Martín.

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Mediante un proyecto de ley presentado ayer (21/10), el legislador provincial Juan Martin (Juntos por el Cambio) pidió excluir de todo tipo de programa de ayuda oficial a quienes participen de usurpaciones de terrenos y viviendas públicos o privados. La iniciativa contempla también la cesantía en caso de que se trate de empleados públicos y prohíbe la conexión de servicios a ocupaciones ilegales.

“Tenemos casos en los que desde el Estado se da apoyo material a quienes participan de las usurpaciones, o como las ayudas se usan de prenda de negociación”, señaló Juan Martin, considerando que “el Estado no puede negociar con delincuentes y mucho menos fomentarlos”.

El legislador detalló que “la propuesta es que quienes participen de usurpaciones queden excluidos por cinco años de los programas de ayuda, y en el caso de los empleados públicos que queden inhabilitados por dos años”.

Según el proyecto, no hará falta una sentencia judicial firme, “ya que se trata de delitos en flagrancia, donde los autores están filmados y son conocidos. Además, en muchos casos, llegan los funcionarios y reparten las ayudas en el lugar, y esto es lo que queremos terminar”.

“Además estamos creando un registro único de programas sociales, a cargo del Ministerio de Gobierno, para que haya un mayor control de quienes reciben ayudas”, explicó el parlamentario.

Juan Martin consideró que “con estas medidas lo que buscamos es desalentar las tomas, que en definitiva son el negocio de algunos vivos que en muchos casos se aprovechan de necesidades reales y que en otros directamente quieren sacar provecho o extorsionar al Estado y a los dueños de las tierras”.

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