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Judiciales

Seguirá detenido el joven condenado por atacar con una tijera a su ex pareja

Aunque la sentencia aún no está firme, confirmaron la prisión preventiva. Fue sentenciado a 11 años de prisión.

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Foto: Archivo.

El Tribunal de Impugnación (TI) confirmó la prisión preventiva que cumple un hombre de Roca condenado sin sentencia firme a 11 años de prisión como autor del delito de tentativa de femicidio. La medida cautelar había sido prorrogada por un Tribunal de Juicio de Roca y esa decisión fue recurrida por la defensa del imputado, pero el planteo fue rechazado esta semana, cuando el TI avaló que la detención preventiva se extienda hasta que la sentencia quede firme.

El TI consideró que no hay otra medida cautelar menos grave que pueda “asegurar los fines del proceso”, puesto que se mantienen las condiciones que llevaron a los jueces de Roca a considerar que existe riesgo de fuga. También señaló que la detención cautelar está dentro de los plazos judiciales admitidos por el Superior Tribunal de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que no hay afectación a la garantía de “plazo razonable”. Además, declaró que el cómputo de la prisión preventiva está suspendido desde que el caso entró en etapa de impugnación extraordinaria, luego de que el TI confirmara la sentencia condenatoria de primera instancia.

Según reseña el fallo, el 12 de marzo de 2020 el imputado Jorge Alberto Quiroz fue condenado en Roca como autor del delito de tentativa de homicidio agravado por la relación de pareja con la víctima y por mediar violencia de género. El 10 de junio, la sentencia fue revisada y confirmada por el Tribunal de Impugnación y el caso ingresó a la etapa extraordinaria de recursos con un nuevo planteo de la defensa. El 7 de julio de 2020 se cumplían los 18 meses de prisión preventiva que permite el Código Procesal Penal como plazo legal máximo, pero ese plazo dejó de computarse antes de su vencimiento, desde la interposición de los recursos extraordinarios de la defensa, por lo que el 3 de julio, mediante una nueva resolución, el Tribunal de Roca extendió la medida “hasta que la sentencia quede firme”. Contra esa última decisión la defensa interpuso una impugnación, la cual fue ahora rechazada por el TI.

“El Tribunal de Juicio fundó correctamente la necesidad de mantener al imputado en prisión, toda vez que no ha encontrado la posibilidad de disponer otras medidas cautelares que puedan limitar los riesgos procesales que argumentan la Fiscalía y la querella. Queda así también desechado el planteo subsidiario del defensor en cuanto solicitó (…) el cambio a prisión domiciliaria, porque (…) tampoco se observa que lo peticionado cumpla la finalidad de evitar el peligro de fuga”, el cual se vio acrecentado desde junio, con la confirmación de la condena de primera instancia, señaló el Tribunal de Impugnación.

Al confirmar la medida, el TI reconoció los argumentos de la Fiscalía orientados a mantener la detención: “el aumento de culpabilidad” del imputado, por la sucesión de sentencias no firmes ya dictadas en su contra, sumado a su “capacidad económica certera para eludir la acción de la justicia, por tener recursos económicos para fugarse ante el avance de las instancias recursivas”. Consideró, por otra parte, “que este es un caso de violencia de género” que impone “cumplir con la convención de Belém do Pará” y que “a los fines de asegurar la sentencia de condena era necesario abortar cualquier peligro de fuga, con perspectiva de género”. Contempló, finalmente, “la gravedad de los hechos de la acusación y la pena impuesta

Judiciales

La Justicia impuso 30 días para que ocupantes de las tierras del Polígono dejen el lugar

De no ser así, podrían desalojar a las familias con la fuerza pública.

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Esta mañana (23/09) tras concretarse la última audiencia de formulación de cargos a quienes ocupan tierras del Polígono de Tiro de General Roca, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se disponga el desalojo forzoso del predio propiedad de la Asociación Patriótica Tiro Federal.

Entre los motivos expuestos por la Fiscalía, se alegó que los imputados usurparon el predio mediante despojo por clandestinidad, «es decir ingresaron mediante ese modo al lugar, y se mantienen allí, privando a sus dueños de la posesión del inmueble. Dicha situación generó la denuncia penal por parte del presidente de la Asociación damnificada».

Asimismo el equipo fiscal agregó que los imputados hicieron caso omiso a los pedidos de la Fiscalía para la restitución del inmueble, como también fracasaron los intentos de la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (DIMARC) y que se llevaron adelante distintas reuniones a fin de lograr una solución al conflicto, sin ningún resultado.

«La ocupación se produjo desde 15 de junio de 2020 y es necesario adoptar medidas inmediatas a fin de lograr el cese de la comisión del delito y de impedir que el ilícito cometido sea llevado a consecuencias ulteriores», explicó el equipo fiscal integrado por la fiscal jefe Graciela Echegaray, el fiscal del caso Ricardo Romero y la fiscal adjunta Natalia Pascual.

Finalmente el Ministerio Público Fiscal mencionó jurisprudencia del Tribunal de Impugnación que abonan su postura, solicitó que se haga lugar a su petición y se intime a los ocupantes al desalojo voluntario en término de 10 días, caso contrario se ordene el desalojo forzoso.

Por su parte la defensa particular solicitó no se haga lugar a la medida cautelar y expresó su negativa.

El juez de Garantías consideró, acogiendo la postura de la Fiscalía, que el Artículo 118 del Código Procesal Penal exige para acceder a la petición fiscal de desalojo forzoso, que se reúnan los requisitos típicos, que el derecho invocado por los damnificados sea verosímil, y existe peligro en la demora.

Marcó la necesidad de que finalice los efectos del delito, dado que hoy continúa usurpado, y se evite la construcción de viviendas en el inmueble. Situación esta última que el propio defensor reconoce, detallaron los fiscales.

El juez tuvo, en su momento, por formulados los cargos contra los imputados por el delito de usurpación, por violación al Artículo 205 del Código Penal y desobediencia a la autoridad pública.

Consideró que la formulación de cargos cumple con el requisito del Artículo 118 en cuanto a que se ha formalizado la investigación de un hecho típico, se acreditó la verosimilitud y la existencia del peligro de demora, entendiendo que la explicación efectuada por la Fiscalía no deja dudas de tal peligro, se trata de un hecho donde la demora natural del proceso y la no concesión de la medida cautelar pueden tornar inviable en el futuro la satisfacción de la pretensión del denunciante.

Agregó que se verificó la investigación de un hecho presuntamente delictuoso cuyos efectos se prolongan en el tiempo y que la permanencia de esa situación puede generar un serio perjuicio al damnificado, que será, cada vez mayor, a medida que transcurra el tiempo. Quedando claro que no puede esperarse a la eventualidad de una sentencia condenatoria.

Por todo lo anterior, el juez de Garantías hizo lugar a la medida cautelar de desalojo forzoso de todos los imputados ocupantes del predio propiedad de la Asociación Patriótica Tiro Federal conforme lo prevé el Art. 118 del Código Procesal Penal. A los fines de hacer efectivo el desalojo se dio un plazo de 30 días a partir de hoy para que los ocupantes imputados en el legajo se retiren voluntariamente.

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Judiciales

No se aplicarán beneficios procesales a quienes cometan actos de crueldad animal

Se trata de los delitos enmarcados en la Ley Nacional de Protección Animal N° 14.346.

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Una nueva Instrucción de la Procuración General determinó que los fiscales de la provincia no podrán aplicar el beneficio de la suspensión de juicio a prueba a aquellas personas imputadas en casos de crueldad animal. Los delitos enmarcados en esta categoría son aquellos que resultan de la infracción a la Ley Nacional de Protección Animal N° 14.346, entre otras de protección de la fauna.

El instrumento jurídico, que servirá de eje para las investigaciones de los fiscales de toda la provincia de Río Negro, fue suscripto en la jornada de ayer (21/09) por el Procurador General, Jorge Crespo.

El mismo destaca que deben calificarse como graves los actos de crueldad animal “atento al carácter que revisten, en tanto la violencia que se despliega para causar sufrimiento, de manera innecesaria por el modo excesivo, perverso o violento de la conducta denota una intencionalidad marcada en infligir sufrimiento”.

El seguimiento de las causas de maltrato animal de cuenta de la clara voluntad de la Procuración General dirigida a la persecución de este tipo de delitos.

Cabe destacar que la Declaración Universal de los Derechos de los Animales sostiene que no sólo tienen derecho a la existencia sino también a atención, cuidados y protección de la humanidad. Al mismo tiempo se considera como otro bien jurídico, la preservación de la diversidad biológica.

La Instrucción General expresa además que “el nuevo paradigma de la justicia penal fomenta la participación ciudadana, procurando la paz social y la armonía”.

“Una política de Persecución Penal que incida en la vida ciudadana debe ser transparente, de público conocimiento y encontrarse en una constante revisión en virtud de su aplicación en la realidad, dispuesta a integrar las observaciones, sugerencias o señalamientos que realicen los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, las demás instituciones del sector de justicia y del Estado en general. Por ello, la opinión de la comunidad será tenida en cuenta al momento de establecer políticas de persecución penal, para que la misma resulte socialmente legitimada por sus destinatarios”.

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Judiciales

Muerte de niña en Los Menucos: Lo imputaron por femicidio al padrastro

Además le renovaron la prisión preventiva al sujeto, que continuará detenido.

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Esta mañana (18/09) el Ministerio Público Fiscal reformuló cargos por la muerte de una niña de tres años, ocurrida en un establecimiento rural cercano a la localidad de Los Menucos en abril pasado.

La nueva calificación legal propuesta para el imputado es la de “lesiones leves, lesiones graves agravadas por haber sido provocadas por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género; y homicidio doblemente agravado por haber sido provocado por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género, y por alevosía, todo en concurso real, en calidad de autor”, (Artículos 89, en función de los Art. 92 y 80 inc. 11; Art. 90 en función de los Art. 92 y 80 inc. 1; Art. 80, inc. 2, segundo supuesto, inc. 11, Art. 55 y 45 del Código Penal).

En relación a esta nueva calificación de los delitos que habrían sido cometidos por el hombre, la Fiscalía argumentó que durante la etapa preparatoria de investigación se realizaron medidas que arrojaron resultados que agravaron al hecho.

Entre ellas, los informes forenses que señalaron, por ejemplo que la alopecia que presentó la criatura es indicador de maltrato psíquico, otra medida de prueba fue analizar un rebenque donde se halló material genético de la niña.

“La pequeña presentaba quemaduras, además contamos con la prueba histopatológica que se concretó en el último mes, tampoco podemos desconocer que la niña tenía fracturas de tiempo anterior al que quedó descripto en el hecho, es decir que era golpeada sistemáticamente”, describió la Fiscalía.

El representante del Ministerio Público Fiscal mencionó que agrega en esta etapa “una denuncia de Ley 3040 de la madre de la víctima, nuevos testigos, denuncias anóminas realizadas con anterioridad al hecho, el informe del Cuerpo de Investigación Forense donde se solicitó que se identificara cada lesión, con su evolución y calidad”.

Por su parte, la querella acompañó el pedido fiscal y el defensor particular del imputado, solicitó que la nueva imputación fuera rechazada.

Mientras que el defensor público penal que asiste a la madre de la niña solicitó que “también deberían ser reformulados los cargos a su asistida, ya que se descartan muchos hechos y la calificación legal que en su momento se le enrostró a la imputada”.

“Voy a reforzar la evidencia aportada por el fiscal, en relación a que la pareja de mi asistida maltrataba a la niña, tal como aparece en las entrevistas que ya están incorporadas en el legajo”, dijo el representante de la Defensa Pública Penal.

La jueza de Garantías interviniente explicó que “pasó mucho tiempo desde el 7 de abril y la recalificacion legal entiendo que responde a la prueba que se ha ido produciendo durante este lapso”.

También resaltó que “desde el principio de la investigación en este legajo, se plantearon cuestiones relativas a la violencia de género, tanto hacia la niña como a su mamá. Ademas señaló que las lesiones que presentaba la víctima fatal son imposibles de habérselas provocado ella misma”.

Tal como dijo el fiscal “la niña vivía en un paraje, solamente con su madre y con el otro imputado, y que las lesiones son de aproximadamente siete días antes a la muerte”.

Con esta nueva calificación legal, explicó la jueza, “el marco de la investigación ahora se ve atravesado por la cuestión de violencia de género”.

Cabe mencionar que la madre de la víctima sigue imputada por los delitos enmarcados en el “homicidio agravado por el vínculo”.

Además el fiscal jefe solicitó que el imputado continúe bajo la medida cautelar de prisión preventiva teniendo presente como peligro procesal el entorpecimiento a la investigación, el temor fundado de testigos hacia posibles represalías del hombre, y el peligro de fuga.

Es así que la jueza de Garantías tuvo por reformulados los cargos tal como lo propuso la Fiscalía en el día de hoy, y resolvió que el imputado continúe en prisión preventiva hasta el 9 de diciembre próximo.

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