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Política

Concejales del Frente de Todos piden que se garantice la atención en los centros de salud

Los CAPS de Barrio Nuevo, Mosconi, Malvinas, Villa Obrera y la Rivera estarán sin atención médica por lo menos unos diez días debido a la falta de refuerzos del personal.

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El bloque de concejales del Frente de Todos (FdT), manifestó hoy su preocupación ante la falta de atención médica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de General Roca. Por esa razón, pidieron a Salud Pública que «instrumente lo medios necesarios para garantizar la atención en dichos Centros de Salud».

«Esta situación se debe a que los equipos de salud se encuentran enfermos o aislados, dejando a la vista el estado de saturación en el que se encuentra el recurso humano de nuestro sistema de salud, lo cual impacta directamente en el acceso a la salud de miles de vecinos de los barrios más populares de nuestra ciudad», dijeron.

Además, desde el bloque indicaron que «según información que pudimos recabar, los CAPS de Barrio Nuevo, Mosconi, Malvinas, Villa Obrera y la Rivera estarán sin atención médica por lo menos unos diez días debido a la falta de refuerzos del personal que se encuentra contagiado o aislado por ser contacto estrecho de covid». Agregaron que «los CAPS son vitales para la atención de vecinas y vecinos en los barrios, y su cierre implica congestionar aún más al hospital Francisco López Lima y aumentar la circulación, ya que muchas personas se trasladarán hasta allí para ser atendidos».

«Los CAPS son la primera línea de contención para el hospital local, con una zona de influencia muy amplia, solamente en Barrio Nuevo se atienden más de 700 personas por semana, descomprimiendo al nosocomio central», refirieron.

«La situación de los trabajadores y profesionales de la salud es preocupante, porque están al límite de sus esfuerzos, muchos contagiados de COVID-19 y con patologías propias del estrés y el agotamiento”. Y agregaron, “tuvieron cinco meses para reforzar el sistema sanitario local, con más camas UTI y recursos humanos para contener la demanda actual», enfatizaron los concejales.Sobre el sistema de internación domiciliaria de pacientes covid con cuadros leves, indicaron «es una muestra cabal de la situación que atraviesa el sistema de salud provincial y que tampoco se constituye como una posible solución porque requiere de controles y seguimientos rigurosos que ponen en tensión las posibilidades operativas con las que cuenta salud pública».

Desde el bloque del Frente de Todos insistieron en la necesidad de «contar con una estrategia planificada y consistente para enfrentar esta situación tan compleja, y en ese esquema es necesario la intervención de Nación para dotar de recursos al sistema sanitario provincial».

Política

Weretilneck solicitará al Gobierno Nacional la provincialización de las Rutas 22 y 151

Se trata de una estrategia conjunta con la provincia del Neuquén.

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El gobernador Alberto Weretilneck solicitará al Gobierno Nacional la provincialización de las Rutas N° 22 y N° 151 para poder generar el mantenimiento y las mejoras requeridas mediante fondos de inversión privados. Se trata de una estrategia conjunta con la provincia del Neuquén.

Las vías que conforman la entrada y la salida de Vaca Muerta muestran un enorme deterioro y abandono por parte del gobierno del presidente Javier Milei. «Hace más de 20 años que los gobiernos nacionales, no importa el signo político o partidario, no pueden terminar la ruta. El nivel de mantenimiento es lamentable, basta de dar vueltas, necesitamos una solución definitiva», sostuvo.

Esta mañana (22/04) en Carmen de Patagones, Weretilneck participó del acto central del 45° aniversario de la comarca Viedma-Patagones, y en diálogo con los medios de prensa, aseguró que trabaja junto a su par neuquino Rolando Figueroa en toda la documentación para solicitar el traspaso de las Rutas 22 y 151.

«Apenas tengamos la propuesta consensuada entre las dos provincias la transmitiremos al gobierno nacional», adelantó Weretilneck.

El gobernador de Río Negro habló sobre una gestión mixta público-privada con financiamiento a través de la concesión de obra pública, en otros casos a través del sistema de peajes, «esencialmente financiado y pagado por quienes usan las rutas y no son habitantes de Río Negro ni de Neuquén».

«Estamos convencidos, las dos provincias, que lo mejor es que sean rionegrinos y neuquinos quienes administren nuestras propias rutas, porque está claro que los gobiernos centrales no entienden la importancia que tienen para nosotros y tampoco le prestan atención».

La ampliación de la Ruta Nacional 22 es un trastorno para los habitantes de la región norpatagónica. Pasaron cuatro presidencias desde que empezó a transformarse en autovía desde Chichinales (Río Negro) hasta Arroyito (Neuquén): Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández; y tampoco hay avances con Javier Milei.

La parálisis y abandono acarrean el inevitable deterioro en diversos tramos que la tornan intransitable y un peligro para los 50.000 vehículos diarios que la circulan, sobre todo para el porcentaje que lo hace entre General Roca y Cipolletti.

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Política

Proponen que se realicen estudios de rinoscopía obligatoria a funcionarios y policías de Río Negro

Se busca así desestimar la adicción a drogas ilegales.

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La legisladora del bloque de Primero Río Negro, Yolanda Mansilla, presentó un proyecto de ley por el cual se establece la obligatoriedad de la realización de estudios médicos anuales que genere la obtención de un certificado psicofísico para los funcionarios del Poder Ejecutivo hasta la categoría de director y miembros de la Policía de Rio Negro hasta el rango de subcomisario; funcionarios del Poder Legislativo hasta la categoría de director y legisladores provinciales para desestimar la adicción a drogas ilegales.

Según el proyecto, se establece que los estudios se realizarán una vez al año, dando cumplimiento a la realización de diferentes exámenes como psiquiátrico, rinoscopía, y análisis de orina y sangre completo, siendo la autoridad de aplicación el Ministerio de Salud de la Provincia de Rio Negro.

La doctora Mansilla en sus fundamentos señaló que «se trata de ampliar los alcances de la Ley N° 3550 de Ética Pública que establece que los funcionarios deben garantizar, entre otras cuestiones, la actuación en base a los principios de probidad, dignidad e independencia, e incorporando en este caso a miembros de la Policía de la provincia, que tiene a su cargo el mantenimiento del orden y la seguridad pública actuando en el cuidado y resguardo de la vida y los bienes de los ciudadanos».

Mencionó la legisladora que «de ninguna manera la iniciativa tiene que ver con valorar los derechos individuales independientes, pero si contrarrestar consecuencias perjudiciales a terceros, e incluso dispone absoluta confidencialidad y programas de rehabilitación en caso de ser necesarios».

El proyecto invita a adherir al Poder Judicial, al Ministerio Público y los municipios

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Policiales

Presentaron un proyecto para prohibir el uso de celulares en cárceles rionegrinas

Los internos podrían realizar llamadas -a través de teléfonos fijos- entre las 8 y 19 horas, pero con una duración de 5 minutos cada una.

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Los legisladores provinciales Santiago Ibarrolaza, Patricia Mc Kidd y César Domínguez, del bloque La Libertad Avanza, presentaron un proyecto de modificación de ley para prohibir el uso de celulares en cárceles.

El proyecto presentado esta semana en la Legislatura tiene como finalidad proporcionar «herramientas de acción a los actores judiciales para contener y desarticular los delitos que se cometen utilizando herramientas de comunicación desde los complejos carcelarios».

En Río Negro, el 7 de diciembre de 2018, el Ministerio de Seguridad y Justicia implementó un Protocolo de utilización de telefonía celular dentro de las cárceles. «A pesar de que estipula ‘establecer la identidad de los dispositivos y realizar de forma precisa una regulación de su tenencia y uso dentro de cada establecimiento’, la realidad demuestra que la norma permite la utilización ilimitada de los teléfonos por parte de los internos», detalla el proyecto.

Los delitos de estafa telefónica son una constante que ha ido en aumento con el paso de los años. La modificación de la Ley Provincial S Nº 3008 busca prohibir las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles de cualquier tipo, así como el acceso a redes sociales e internet.

El sistema que buscan implementar sería de llamadas telefónicas realizadas en el horario de 8 a 19 horas, con una duración máxima de 5 minutos cada una. Las comunicaciones se realizarán a través de teléfonos fijos conectados a un conmutador y serían suspendidas en caso de existir sospecha fundada de la posible comisión de un ilícito.

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