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En pandemia, obra social intentó mermar tratamiento a un niño con discapacidad

La Justicia ordenó a la compañía que de continuidad.

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Una obra social deberá asegurar “en forma continua e ininterrumpida” la cobertura de distintas prestaciones de especialistas que requiere un niño con discapacidad. El tratamiento se inició a principios de año sin inconvenientes, pero en mayo -ya en plena pandemia- la obra social intentó reducir la cantidad de sesiones y el costo ya establecido con los especialistas. En un momento dejó de pagar.

El fallo surgió tras el amparo que presentó el papá del niño ante un Juzgado Civil de Roca y ordena respetar en todos los casos los valores establecidos por la reglamentación nacional.

La sentencia impuso a la obra social de los trabajadores de estaciones de servicio, Ospesga, un plazo de dos días para “dar continuidad en la cobertura de las prestaciones que requiere el niño”, “bajo apercibimiento de aplicárseleaplicársele una sanción económica por cada día de retardo”.

Esa cobertura debe responder “a lo indicado por las profesionales que lo asisten”: una psicóloga, una fonoaudióloga, una psicopedagoga, una licenciada en musicoterapia y una licenciada en psicomotricidad, y debe respetar el presupuesto que la misma obra social había aprobado en enero pasado para las prestaciones del año 2020 de cada especialidad.

El amparo fue interpuesto a finales de julio a través de la mesa de entradas digital, para exigir a la obra social que “reanude y de continuidad al tratamiento integral” del niño.

Según relató el padre, en enero se aprobaron los tratamientos y presupuestos; en febrero el niño comenzó a recibir las sesiones sin inconvenientes, pero a finales de mayo Ospesga informó a las especialistas que reducirían la cantidad de sesiones autorizadas y el valor de las mismas a un monto inferior al establecido por el Nomenclador Nacional de Discapacidad. Según confirmaron las profesionales en sus informes, la obra social también les solicitó “rehacer las facturas ya emitidas” de los meses de marzo y abril, y suspendió desde mayo el pago de los honorarios de todas las disciplinas.

El amparo fue admitido el mismo día de su presentación, se dio intervención a la Defensoría de Menores y en pocos días la obra social presentó su descargo, también por medios digitales. Allí argumentó que el tratamiento del niño “nunca fue cortado ni discontinuado” y que con motivo de la pandemia “vieron seriamente resentidas sus actividades administrativas y contable”. Agrega que “esto ha provocado una dilación y demora en los trámites de auditoría, facturación y contaduría y gestión” que finalmente “se tradujo en una mora en el pago de los honorarios de los profesionales intervinientes, en forma absolutamente excepcional”.

Para la jueza que resolvió el amparo, en el caso están en juego “derechos fundamentales de un niño quien, a su vez, cuenta con certificado de discapacidad”, lo que le impone a sí misma y “a todos los involucrados, actuar con un deber de tutela reforzado”. Afirmó además que están comprometidos “la integridad física y psíquica del niño, su dignidad y el goce efectivo a las prestaciones de salud que los profesionales han indicado”.

Todas las profesionales, por su parte, remarcaron “la imperiosa necesidad de que el niño continúe con el tratamiento” y tres de ellas destacaron que “tal necesidad se ve aún más acentuada dentro del contexto actual de aislamiento por Covid-19”, pues el niño “requiere de un constante acompañamiento ya que la escuela no está adaptando las actividades” a su situación.

Al dictar su sentencia la jueza concluyó: “La interrupción en el pago, lo sorpresivo que ha resultado tanto la modificación de los valores oportunamente aprobados”, así como “los cambios de facturación y los honorarios impagos” llevan a declarar “la conducta de la demandada como arbitraria y conculcatoria de los derechos fundamentales del niño”.

También definió que “no pueden ser atendidas a modo de defensa” las dificultades administrativas por la pandemia que alegó la obra social. “La repercusión disvaliosa del aislamiento por pandemia en el niño debió llevar a extremar las medidas de la obra social para que ello no sucediera y, en el caso, ha quedado demostrado que eso no ha ocurrido”, concluyó la jueza.

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Imputaron y dictaron prisión preventiva para el único acusado de matar a Lucas Torres

La víctima fue hallada el pasado 17 de julio en un desagüe ubicado a pocos metros de la Ruta 22, a la altura de Allen.

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Esta mañana (30/07) el Ministerio Público Fiscal formuló cargos y solicitó la prisión preventiva del hombre detenido en la jornada del miércoles en Fernández Oro por la muerte de Lucas Daniel Torres ocurrida el 17 de julio en Allen.

“El hecho ocurrió entre la 1.30 y las 3.30 de la mañana de ese día, en la chacra Nro. 60 sobre el canal ubicado en la margen de la Ruta Nacional N° 22, en el Km 1.196, mientras el imputado y la víctima caminaban por el interior de ese canal”, explicó el equipo fiscal.

“El victimario actuó sobre seguro ya que aprovechó que la víctima se encontraba de espaldas a él y de esa manera desprevenido, le dio al menos cuatro golpes en la zona posterior de la cabeza con un elemento contundente”, dijo la Fiscalía.

“Posteriormente, con los cordones de las zapatillas de Torres y la botamanga del pantalón comenzó a causar fuerza sobre la zona del cuello y le provocó la muerte por asfixia mecánica. Tras esta acción, escondió el cuerpo y se dio a la fuga”, describió el Ministerio Público Fiscal.

La calificación legal esgrimida por el equipo fiscal compuesto por Luciano Garrido y Daniela Martínez es la de “homicidio agravado por haber actuado con alevosía”, según los artículos 80 inc. 2 del Código Penal.

Solicitaron la prisión preventiva del imputado y de esta manera el juez de Garantías interviniente dispuso, además de la imputación tal como fue esgrimida por la Fiscalía, que el sujeto cumpla la medida cautelar por el plazo de 4 meses.

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Caso Gadañoto: Confirmaron la condena por abuso sexual contra una alumna de 13 años

El Tribunal de Juicio de Roca había impuesto la pena de 6 años y 9 meses de prisión para el ex entrenador de básquet.

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Foto: Archivo Diario Río Negro.

El Tribunal de Impugnación confirmó hoy (28/07) la condena de 6 años y 9 meses de prisión que había impuesto en junio un Tribunal de Juicio de Roca a un ex entrenador de básquet de la ciudad, por los abusos sexuales cometidos en contra de una alumna de 13 años de edad.

Tras analizar cada uno de los agravios de la defensa, el TI resolvió confirmar íntegramente la decisión de los jueces locales, tal como lo solicitaron la Fiscalía y la parte querellante. De todos modos, el fallo no está firme puesto que la defensa tiene más instancias recursivas.

El defensor alegó en su impugnación que la reconstrucción histórica de los hechos fue “arbitraria y ficticia”; que el relato de la víctima no fue tan “coherente, creíble, firme y contundente” como lo consideraron los jueces de Roca; que el importante crecimiento deportivo de la jugadora durante los años de entrenamiento con el acusado no sería compatible con el daño psicológico que provocan los abusos sexuales; que “la sentencia es arbitraria al realizar una evaluación sesgada de la prueba” y que “esta condena no se sostiene racionalmente”.

También cuestionó la defensa la calificación legal asignada a los hechos, dijo que todos los actos sexuales fueron consentidos por la víctima con “libertad y autodeterminación sexual” y que las agravantes del daño psíquico y del aprovechamiento del rol de entrenador por parte del acusado no fueron probados.

El TI analizó en detalle la sentencia de primera instancia y concluyó que la adolescente “fue utilizada, instrumentalizada, en la conducta sexual que desarrolló” el entrenador. Afirmó además que “la gravedad del daño psíquico está totalmente fuera de discusión” a la luz de las pericias, la evolución del tratamiento que aún recibe la víctima y ciertos hechos significativos de su historia vital.

“Los agravios de la defensa son insuficientes para rebatir los fundamentos de la sentencia en crisis, pues se basan en la reedición de los planteados durante el juicio oral y desechados motivadamente”, definió el Tribunal de Impugnación. En otras palabras, sostuvo que “la interpretación subjetiva de la defensa no se corresponde con la prueba del caso”.

El TI analizó 24 puntos específicos de la declaración de la víctima, cuestionada por la defensa, y confirmó su veracidad a la luz de otros testimonios e indicios. También descartó que haya existido libre consentimiento sexual de la alumna, tras acreditarse la “manipulación” y “asimetría” de poder que el entrenador ejercía.

Queriendo probar el consentimiento de la víctima, la defensa “pide valorar el contexto”, pero “es justamente el conjunto de circunstancias y conductas anteriores, concomitantes y posteriores lo que determina la ausencia de un consentimiento válido”, respondió el TI. Destacó en este punto la posición de “manipulador”, “salvador”, “controlador” y “violento” del imputado, sumada a la “diferencia de edades, inmadurez sexual, intimidación” que afectaron a la víctima.

Tanto para los jueces de Roca como para el TI, el imputado “conocía lo delictivo de su accionar, tal es así, que le pedía/exigía a su víctima guarde silencio sobre lo ocurrido y pretendía asegurar así su impunidad, en lo que él sabía que era un delito. Además, conocía y aprovechó en su beneficio qué efectos tenía su persona en ella, inmadura sexual y sentimentalmente. Se inmiscuyó sin ningún derecho en la psiquis, pensamientos, ideas, sentimientos y el cuerpo de la joven, violando su cuerpo, su libertad y sus decisiones, confundiéndola desde su situación de poder, la que surgía de la diferencia de edad y de su condición de profesor”.

Así, la condena penal fue confirmada por el delito de “abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, agravado por haber sido cometido por encargado de la educación y por resultar un grave daño en la salud mental de la víctima”.

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Último momento: Detuvieron al presunto autor del homicidio ocurrido el pasado 17 de julio

Al joven de 22 años se le formularán cargos por el sujeto que apareció muerto en un desagüe en Allen, en cercanías a la Ruta 22.

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Esta mañana (28/07), tras un trabajo en conjunto del Ministerio Público Fiscal, el Área Judicial de Investigación de Allen y el Gabinete de Criminalística de esa ciudad, se logró detener al sujeto señalado como autor del homicidio ocurrido el pasado 17 de julio.

Así lo confirmó el fiscal del caso Luciano Garrido quien se encuentra presente junto a la fiscal adjunta Daniela Martínez y el titular de la Unidad Operativa para la Investigación, Juan Pablo Accorinti, en la localidad de Fernández Oro, ciudad donde se concretaron dos allanamientos.

“En el marco de esas medidas de prueba, tras la exhaustiva investigación realizada por las áreas específicas de la Policía de Río Negro, detuvimos a un hombre de 22 años, a quien se le formularán cargos por la muerte del joven que fue encontrado en un desagüe en Allen”, explicó Garrido.

Además de la detención se secuestraron elementos que se sumarán a los datos y pruebas que ya se tienen en el legajo fiscal de este homicidio.

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