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En pandemia, obra social intentó mermar tratamiento a un niño con discapacidad

La Justicia ordenó a la compañía que de continuidad.

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Una obra social deberá asegurar “en forma continua e ininterrumpida” la cobertura de distintas prestaciones de especialistas que requiere un niño con discapacidad. El tratamiento se inició a principios de año sin inconvenientes, pero en mayo -ya en plena pandemia- la obra social intentó reducir la cantidad de sesiones y el costo ya establecido con los especialistas. En un momento dejó de pagar.

El fallo surgió tras el amparo que presentó el papá del niño ante un Juzgado Civil de Roca y ordena respetar en todos los casos los valores establecidos por la reglamentación nacional.

La sentencia impuso a la obra social de los trabajadores de estaciones de servicio, Ospesga, un plazo de dos días para “dar continuidad en la cobertura de las prestaciones que requiere el niño”, “bajo apercibimiento de aplicárseleaplicársele una sanción económica por cada día de retardo”.

Esa cobertura debe responder “a lo indicado por las profesionales que lo asisten”: una psicóloga, una fonoaudióloga, una psicopedagoga, una licenciada en musicoterapia y una licenciada en psicomotricidad, y debe respetar el presupuesto que la misma obra social había aprobado en enero pasado para las prestaciones del año 2020 de cada especialidad.

El amparo fue interpuesto a finales de julio a través de la mesa de entradas digital, para exigir a la obra social que “reanude y de continuidad al tratamiento integral” del niño.

Según relató el padre, en enero se aprobaron los tratamientos y presupuestos; en febrero el niño comenzó a recibir las sesiones sin inconvenientes, pero a finales de mayo Ospesga informó a las especialistas que reducirían la cantidad de sesiones autorizadas y el valor de las mismas a un monto inferior al establecido por el Nomenclador Nacional de Discapacidad. Según confirmaron las profesionales en sus informes, la obra social también les solicitó “rehacer las facturas ya emitidas” de los meses de marzo y abril, y suspendió desde mayo el pago de los honorarios de todas las disciplinas.

El amparo fue admitido el mismo día de su presentación, se dio intervención a la Defensoría de Menores y en pocos días la obra social presentó su descargo, también por medios digitales. Allí argumentó que el tratamiento del niño “nunca fue cortado ni discontinuado” y que con motivo de la pandemia “vieron seriamente resentidas sus actividades administrativas y contable”. Agrega que “esto ha provocado una dilación y demora en los trámites de auditoría, facturación y contaduría y gestión” que finalmente “se tradujo en una mora en el pago de los honorarios de los profesionales intervinientes, en forma absolutamente excepcional”.

Para la jueza que resolvió el amparo, en el caso están en juego “derechos fundamentales de un niño quien, a su vez, cuenta con certificado de discapacidad”, lo que le impone a sí misma y “a todos los involucrados, actuar con un deber de tutela reforzado”. Afirmó además que están comprometidos “la integridad física y psíquica del niño, su dignidad y el goce efectivo a las prestaciones de salud que los profesionales han indicado”.

Todas las profesionales, por su parte, remarcaron “la imperiosa necesidad de que el niño continúe con el tratamiento” y tres de ellas destacaron que “tal necesidad se ve aún más acentuada dentro del contexto actual de aislamiento por Covid-19”, pues el niño “requiere de un constante acompañamiento ya que la escuela no está adaptando las actividades” a su situación.

Al dictar su sentencia la jueza concluyó: “La interrupción en el pago, lo sorpresivo que ha resultado tanto la modificación de los valores oportunamente aprobados”, así como “los cambios de facturación y los honorarios impagos” llevan a declarar “la conducta de la demandada como arbitraria y conculcatoria de los derechos fundamentales del niño”.

También definió que “no pueden ser atendidas a modo de defensa” las dificultades administrativas por la pandemia que alegó la obra social. “La repercusión disvaliosa del aislamiento por pandemia en el niño debió llevar a extremar las medidas de la obra social para que ello no sucediera y, en el caso, ha quedado demostrado que eso no ha ocurrido”, concluyó la jueza.

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Casi 5.000 edictos publicados sin costo y sin papel en la web del Poder Judicial

A la fecha hay publicados 4.971 edictos, de los cuales 1.208 fueron emitidos durante la pandemia.

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A dos años y medio de comenzar a funcionar, el sistema de publicación on line de edictos del Poder Judicial ya se utilizó para difundir casi 5.000 citaciones y resoluciones judiciales de manera gratuita a través de la página web institucional. A la fecha hay publicados 4.971 edictos, de los cuales 1.208 fueron emitidos durante la pandemia.

La base digital de publicación y consulta fue desarrollada por el Área de Informatización de la Gestión Judicial y está disponible en el sitio oficial www.jusrionegro.gov.ar a través del botón “Edictos” ubicado en la portada.

En el último año, por ejemplo, se publicaron 315 edictos para citaciones de personas, emitidos tanto por juzgados del fuero Laboral, Civil, de Familia y Juzgados de Paz; 35 edictos relacionados con pedidos de cambios de nombre o apellido, 24 edictos de subasta, 26 edictos referidos a la prescripción adquisitiva de bienes y tres edictos por amparos colectivos, entre muchas otras temáticas.

Se trata de un servicio libre, gratuito y público que facilita las publicaciones de edictos a los organismos judiciales y profesionales de la abogacía y asegura su acceso por parte de la ciudadanía.

La publicación de edictos on line proviene de una ley sancionada por la Legislatura de Río Negro, la Ley N°5273, que está vigente desde abril de 2018. El Superior Tribunal de Justicia dictó rápidamente las normas reglamentarias para la implementación del servicio en la página web del Poder Judicial, garantizando desde junio de 2018 la disponibilidad pública de los edictos y de toda la información de referencia sobre los expedientes judiciales en los que se dispuso su publicación.

Pese a la alternativa virtual de los edictos, la difusión de los mismos en el Boletín Oficial de la provincia sigue siendo el único ámbito obligatorio de publicación, según estableció la ley.

Los edictos pueden ser redactados por abogados y abogadas particulares, funcionarios y funcionarias de la Defensa Pública e integrantes de los organismos jurisdiccionales, siempre que dispongan de clave de acceso a los Sistemas Informáticos en la web oficial. Lo hacen de manera gratuita y remota a través de los servicios informáticos de gestión del Poder Judicial, utilizando sus identificaciones digitales. Sin embargo, su control final y publicación sólo pueden ser realizados por los Juzgados.

Además, gracias a un convenio entre el Poder Judicial y el Boletín Oficial de la provincia, se agilizó y digitalizó íntegramente el proceso de publicación de edictos judiciales en ese organismo.

Por otra parte, todas personas que ingresan a la web oficial del Poder Judicial pueden consultar libremente los edictos que hayan sido publicados. Esa consulta se ve facilitada por un sistema de filtros de sencilla utilización, que permite clasificar los edictos por localidad, por organismo emisor, por expediente, por fecha de publicación y por temática (amparos colectivos, citaciones de personas, subastas, sucesiones, etcétera).

El objetivo del sistema es brindar mayor transparencia y publicidad a las actuaciones judiciales, simplificar los pasos que demanda la publicación de edictos y ahorrar costos para los operadores y usuarios del servicio de justicia.

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Buscan testigos para conocer la mecánica del siniestro vial en el que murió la joven de 21 años

Ocurrió el pasado sábado a las 5.30 horas en calle Primeros Pobladores, a 500 metros de la Ruta Nacional N° 22.

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El equipo de fiscales en turno de Roca investiga el accidente donde perdió la vida Yamila Fuentes, de 21 años, el pasado sábado (23/01) cuando se dirigía por calle Primeros Pobladores a 500 metros de la Ruta Nacional N° 22, alrededor de las 5.30 de la mañana.

Tal como indica tanto el protocolo fiscal como el de salud pública, tras el hecho, y por el estado en que se encontraba el sujeto que manejaba la moto fue trasladado al Hospital Francisco López Lima, donde permanece internado y se espera su evolución para dar paso a la siguiente etapa del proceso penal.

Participaron de las diligencias los empleados policiales de la Comisaría N° 48 del Barrio Mosconi, como también el Gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigación de la policía y el equipo fiscal.

Esta mañana en sede fiscal, tal como se concreta en casos similares y siguiendo las recomendaciones de Salud por la pandemia de Covid-19, se mantuvo una entrevista con el marido de la joven fallecida. Es así que la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) evaluó junto a las representantes del Ministerio Público Fiscal como con quienes resultan víctimas en este proceso, la contención psicológica del grupo familiar a través del área específica del Hospital Francisco López Lima.

Entre las medidas que se dieron a conocer desde el Ministerio Público Fiscal se encuentran el análisis de cámaras de seguridad, las fotografías, los vehículos involucrados y su estado, búsqueda de testigos, como también la pericia accidentológica y determinar la mecánica del accidente de la mano de los peritos pertinentes, entre otra evidencia.

Asimismo solicita a la población que si el sábado pasado alrededor de las 5.30 transitaban la zona y observaron algo, se comuniquen con el 911 y hagan referencia a ello.

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Sufrió un brutal ataque y tuvo que recurrir a un amparo para que llegue la prótesis y lo operen

La víctima de 27 años fue atacada por una patota y hasta recibió disparos de arma de fuego en una pierna. Como no llegaba la autorización del Ministerio de Salud, fueron a la Justicia y ya tiene fecha de cirugía.

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A raíz del ataque que sufrió por parte de un grupo de hombres en octubre pasado, un joven de 27 años resultó con una fractura expuesta en una pierna y una fractura en un brazo. Por su delicado estado de salud, fue internado en el Hospital de Roca, donde los médicos ordenaron, en noviembre, la urgente colocación de prótesis en ambas extremidades afectadas, especialmente en la pierna izquierda, donde existía peligro de amputación.

Ante la demora de las prótesis -que habían sido pedidas hacía más de 20 días pero no llegaba la autorización del Ministerio de Salud- y la incertidumbre sobre cuándo podría realizarse la operación, la familia del joven interpuso una acción de amparo en el Juzgado Civil de Primera Instancia N° 3 de Roca.

Por las restricciones derivadas de la pandemia, la agilidad que permite el expediente digital y las facilidades implementadas por el Poder Judicial para la tramitación de los amparos, la familia llamó por teléfono y más tarde envió un correo electrónico al juzgado para dar inicio sin más formalidades al proceso judicial.

En el mail relataron que el muchacho había sido atacado por “una patota de cuatro personas que lo golpearon y al estar tirado inconsciente en el piso le dieron varios disparos de arma de fuego, dejándolo con fractura expuesta en pierna izquierda y fractura en brazo izquierdo”. También informaron el diagnóstico y la urgencia declarados por el traumatólogo del joven, porque el riesgo iba aumentando con el correr de los días.

El mismo día de la presentación se declaró admisible el amparo y se solicitó el informe de rigor al Hospital de Roca. Siete días después llegó por mail la respuesta del centro de salud, y en la semana posterior se incorporó el resto de los informes y se dictó la sentencia favorable al amparista.

“Si bien no puede desconocerse que la situación de pandemia ha generado complicaciones que son de público y notorio conocimiento, transcurrido el tiempo sin respuesta efectiva y ante las necesidades del amparista para la atención de su salud, ello no puede quedar irresuelto ante las consecuencias disvaliosas en su integridad física. Por lo expuesto, el tiempo transcurrido sin respuesta torna el proceder de la demandada en arbitrario e ilegítimo, afectando el derecho a la salud y dignidad del amparista en forma disvaliosa”, concluyó la jueza en su sentencia.

“La secuela de una fractura y el tratamiento que la misma requiere debieron en la instancia administrativa ser abordados, considerados, resueltos y esto no ha sucedido, lo que entiendo produce no sólo consecuencias negativas en su salud sino también en la esfera de la dignidad del paciente -quien se ve obligado no sólo a reiterar consultas ante el Hospital sin obtener respuestas sino a ocurrir ante estos estrados judiciales buscando una solución para su problemática-”, sostuvo el fallo.

La sentencia le dio 5 días hábiles a Salud para que “adopte en forma concreta, efectiva y eficaz todas las medidas necesarias, coordinadas, idóneas y razonables a su alcance” para llevar adelante la operación, bajo apercibimiento de imponerle una multa de 8.000 pesos diarios por cada día de retardo.

Finalmente, dentro del plazo otorgado por la jueza, Salud Pública informó que ya estaban dadas las condiciones para la intervención y notificó al juzgado la fecha programada para la cirugía.

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