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Crimen de Sofía: Pidieron 39 años de prisión para el padrastro

El próximo miércoles se conocerá el veredicto del Tribunal.

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Esta mañana (11/09) el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de 39 años de prisión para Marcos González, ya declarado responsable penal de una serie de graves delitos de los que resultó víctima fatal una niña de 3 años en Lamarque.

Durante la audiencia de hoy en el juicio semi-presencial de cesura de la pena, la fiscal del caso resaltó en su alegato que “este hecho y este daño es tan inconmensurable, que incluso conlleva en sí mismo la naturaleza del femicidio. Y aún peor, a veces es posible encontrarnos con un homicidio perpetrado por un hombre contra una mujer sin ese plus de tanto dolor físico y psíquico para la víctima, como el que sufrió esta niña”.

Entre los agravantes de la pena, el Ministerio Público Fiscal mencionó que consideró “la edad de la víctima, sólo tenía tres años, por ello existió mayor vulnerabilidad e imposibilidad de defenderse. Se suma la clara asimetría de género, de edad y física, con la predominancia de actos lesivos por las noches y en el interior de la vivienda, lo que marca un mayor poder ofensivo”.

“A través de los testigos ha quedado claro que el sujeto asustaba a la niña con amenazas y con avisos coactivos, se aprovechaba de la convivencia para ejercer cómodamente malos tratos verbales y físicos, y también amenazaba a la progenitora, ya condenada a la pena de 24 años de cárcel, para que ella evitara terminar con el castigo”, detalló la Fiscalía.

La fiscal destacó que los “abusos sexuales y la corrupción de menores, son delitos que junto con el homicidio lideran la escala de delitos más graves del Código Penal, por el impacto arrasador en el cuerpo y la mente de una niña a tan corta edad”.

“El aislamiento impuesto por el ya declarado culpable a todo el grupo familiar, profundizó la imposibilidad de que terceras personas o familiares pudieran acudir en ayuda de la niña. Y además este hombre aconsejaba y no intervenía en la curación de las lesiones sufridas por la víctima luego de realizárselas, no la llevaba a un control médico”, explicó la fiscal del caso.

Entre las condiciones personales del imputado, la representante del Ministerio Público Fiscal dijo que “se trata de un sujeto sano y joven, que tiene la educación suficiente como para entender y remediar en su caso sus acciones. Podemos concluir que tiene la capacidad de culpabilidad plena”.

Teniendo presente lo anterior y los testigos del juicio de cesura, más la declaración de responsabilidad penal que ya pesa sobre el imputado, la fiscalía solicitó la pena de 39 años de prisión efectiva sin posibilidad de acceder a los beneficios establecidos en la Ley 24660 (Art. 56 bis), más las costas del proceso y la anotación en el Registro Nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, según la Ley 26879 y su reglamentación.

Cabe recordar que la calificación legal por la que fue declarado culpable es la de “lesiones leves calificadas por violencia de género, reiteradas en un número indeterminado de veces; abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado, doblemente calificado por el vínculo y por la convivencia preexistente; corrupción de menores agravada por la edad de la víctima y por ser el autor persona conviviente y guardador; desobediencia a una orden judicial y abandono de persona seguida de muerte”.

Por su parte, el representante del Ministerio Público de la Defensa, que asiste al imputado en este proceso, pidió una pena mínima de 10 años de prisión, argumentando que es superior al mínimo del delito de homicidio simple. Agregó además que la Corte Interamericana ha dicho entre sus recomendaciones que las penas no tienen que ser degradantes para el ser humano, y que hay darle una oportunidad de re-socialización.

Luego insistió en que el imputado llevó al hospital a la niña, negó que el consumo de pornografía infantil estuviera en el celular de su asistido, sino que estaba en el de la madre de la victima.

El defensor público penal explicó que el sujeto no tiene antecedentes penales, que colaboró con el juicio, asistió a todas las audiencias, y aceptó pasivamente la realización del debate.

El veredicto de la cesura de la pena del Tribunal de Juicio interviniente en este legajo se dará a conocer el próximo miércoles 16 de septiembre.

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Imputaron y dictaron prisión preventiva para el único acusado de matar a Lucas Torres

La víctima fue hallada el pasado 17 de julio en un desagüe ubicado a pocos metros de la Ruta 22, a la altura de Allen.

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Esta mañana (30/07) el Ministerio Público Fiscal formuló cargos y solicitó la prisión preventiva del hombre detenido en la jornada del miércoles en Fernández Oro por la muerte de Lucas Daniel Torres ocurrida el 17 de julio en Allen.

“El hecho ocurrió entre la 1.30 y las 3.30 de la mañana de ese día, en la chacra Nro. 60 sobre el canal ubicado en la margen de la Ruta Nacional N° 22, en el Km 1.196, mientras el imputado y la víctima caminaban por el interior de ese canal”, explicó el equipo fiscal.

“El victimario actuó sobre seguro ya que aprovechó que la víctima se encontraba de espaldas a él y de esa manera desprevenido, le dio al menos cuatro golpes en la zona posterior de la cabeza con un elemento contundente”, dijo la Fiscalía.

“Posteriormente, con los cordones de las zapatillas de Torres y la botamanga del pantalón comenzó a causar fuerza sobre la zona del cuello y le provocó la muerte por asfixia mecánica. Tras esta acción, escondió el cuerpo y se dio a la fuga”, describió el Ministerio Público Fiscal.

La calificación legal esgrimida por el equipo fiscal compuesto por Luciano Garrido y Daniela Martínez es la de “homicidio agravado por haber actuado con alevosía”, según los artículos 80 inc. 2 del Código Penal.

Solicitaron la prisión preventiva del imputado y de esta manera el juez de Garantías interviniente dispuso, además de la imputación tal como fue esgrimida por la Fiscalía, que el sujeto cumpla la medida cautelar por el plazo de 4 meses.

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Caso Gadañoto: Confirmaron la condena por abuso sexual contra una alumna de 13 años

El Tribunal de Juicio de Roca había impuesto la pena de 6 años y 9 meses de prisión para el ex entrenador de básquet.

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Foto: Archivo Diario Río Negro.

El Tribunal de Impugnación confirmó hoy (28/07) la condena de 6 años y 9 meses de prisión que había impuesto en junio un Tribunal de Juicio de Roca a un ex entrenador de básquet de la ciudad, por los abusos sexuales cometidos en contra de una alumna de 13 años de edad.

Tras analizar cada uno de los agravios de la defensa, el TI resolvió confirmar íntegramente la decisión de los jueces locales, tal como lo solicitaron la Fiscalía y la parte querellante. De todos modos, el fallo no está firme puesto que la defensa tiene más instancias recursivas.

El defensor alegó en su impugnación que la reconstrucción histórica de los hechos fue “arbitraria y ficticia”; que el relato de la víctima no fue tan “coherente, creíble, firme y contundente” como lo consideraron los jueces de Roca; que el importante crecimiento deportivo de la jugadora durante los años de entrenamiento con el acusado no sería compatible con el daño psicológico que provocan los abusos sexuales; que “la sentencia es arbitraria al realizar una evaluación sesgada de la prueba” y que “esta condena no se sostiene racionalmente”.

También cuestionó la defensa la calificación legal asignada a los hechos, dijo que todos los actos sexuales fueron consentidos por la víctima con “libertad y autodeterminación sexual” y que las agravantes del daño psíquico y del aprovechamiento del rol de entrenador por parte del acusado no fueron probados.

El TI analizó en detalle la sentencia de primera instancia y concluyó que la adolescente “fue utilizada, instrumentalizada, en la conducta sexual que desarrolló” el entrenador. Afirmó además que “la gravedad del daño psíquico está totalmente fuera de discusión” a la luz de las pericias, la evolución del tratamiento que aún recibe la víctima y ciertos hechos significativos de su historia vital.

“Los agravios de la defensa son insuficientes para rebatir los fundamentos de la sentencia en crisis, pues se basan en la reedición de los planteados durante el juicio oral y desechados motivadamente”, definió el Tribunal de Impugnación. En otras palabras, sostuvo que “la interpretación subjetiva de la defensa no se corresponde con la prueba del caso”.

El TI analizó 24 puntos específicos de la declaración de la víctima, cuestionada por la defensa, y confirmó su veracidad a la luz de otros testimonios e indicios. También descartó que haya existido libre consentimiento sexual de la alumna, tras acreditarse la “manipulación” y “asimetría” de poder que el entrenador ejercía.

Queriendo probar el consentimiento de la víctima, la defensa “pide valorar el contexto”, pero “es justamente el conjunto de circunstancias y conductas anteriores, concomitantes y posteriores lo que determina la ausencia de un consentimiento válido”, respondió el TI. Destacó en este punto la posición de “manipulador”, “salvador”, “controlador” y “violento” del imputado, sumada a la “diferencia de edades, inmadurez sexual, intimidación” que afectaron a la víctima.

Tanto para los jueces de Roca como para el TI, el imputado “conocía lo delictivo de su accionar, tal es así, que le pedía/exigía a su víctima guarde silencio sobre lo ocurrido y pretendía asegurar así su impunidad, en lo que él sabía que era un delito. Además, conocía y aprovechó en su beneficio qué efectos tenía su persona en ella, inmadura sexual y sentimentalmente. Se inmiscuyó sin ningún derecho en la psiquis, pensamientos, ideas, sentimientos y el cuerpo de la joven, violando su cuerpo, su libertad y sus decisiones, confundiéndola desde su situación de poder, la que surgía de la diferencia de edad y de su condición de profesor”.

Así, la condena penal fue confirmada por el delito de “abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, agravado por haber sido cometido por encargado de la educación y por resultar un grave daño en la salud mental de la víctima”.

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Último momento: Detuvieron al presunto autor del homicidio ocurrido el pasado 17 de julio

Al joven de 22 años se le formularán cargos por el sujeto que apareció muerto en un desagüe en Allen, en cercanías a la Ruta 22.

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Esta mañana (28/07), tras un trabajo en conjunto del Ministerio Público Fiscal, el Área Judicial de Investigación de Allen y el Gabinete de Criminalística de esa ciudad, se logró detener al sujeto señalado como autor del homicidio ocurrido el pasado 17 de julio.

Así lo confirmó el fiscal del caso Luciano Garrido quien se encuentra presente junto a la fiscal adjunta Daniela Martínez y el titular de la Unidad Operativa para la Investigación, Juan Pablo Accorinti, en la localidad de Fernández Oro, ciudad donde se concretaron dos allanamientos.

“En el marco de esas medidas de prueba, tras la exhaustiva investigación realizada por las áreas específicas de la Policía de Río Negro, detuvimos a un hombre de 22 años, a quien se le formularán cargos por la muerte del joven que fue encontrado en un desagüe en Allen”, explicó Garrido.

Además de la detención se secuestraron elementos que se sumarán a los datos y pruebas que ya se tienen en el legajo fiscal de este homicidio.

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