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Judiciales

Crimen de Sofía: Pidieron 39 años de prisión para el padrastro

El próximo miércoles se conocerá el veredicto del Tribunal.

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Esta mañana (11/09) el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de 39 años de prisión para Marcos González, ya declarado responsable penal de una serie de graves delitos de los que resultó víctima fatal una niña de 3 años en Lamarque.

Durante la audiencia de hoy en el juicio semi-presencial de cesura de la pena, la fiscal del caso resaltó en su alegato que “este hecho y este daño es tan inconmensurable, que incluso conlleva en sí mismo la naturaleza del femicidio. Y aún peor, a veces es posible encontrarnos con un homicidio perpetrado por un hombre contra una mujer sin ese plus de tanto dolor físico y psíquico para la víctima, como el que sufrió esta niña”.

Entre los agravantes de la pena, el Ministerio Público Fiscal mencionó que consideró “la edad de la víctima, sólo tenía tres años, por ello existió mayor vulnerabilidad e imposibilidad de defenderse. Se suma la clara asimetría de género, de edad y física, con la predominancia de actos lesivos por las noches y en el interior de la vivienda, lo que marca un mayor poder ofensivo”.

“A través de los testigos ha quedado claro que el sujeto asustaba a la niña con amenazas y con avisos coactivos, se aprovechaba de la convivencia para ejercer cómodamente malos tratos verbales y físicos, y también amenazaba a la progenitora, ya condenada a la pena de 24 años de cárcel, para que ella evitara terminar con el castigo”, detalló la Fiscalía.

La fiscal destacó que los “abusos sexuales y la corrupción de menores, son delitos que junto con el homicidio lideran la escala de delitos más graves del Código Penal, por el impacto arrasador en el cuerpo y la mente de una niña a tan corta edad”.

“El aislamiento impuesto por el ya declarado culpable a todo el grupo familiar, profundizó la imposibilidad de que terceras personas o familiares pudieran acudir en ayuda de la niña. Y además este hombre aconsejaba y no intervenía en la curación de las lesiones sufridas por la víctima luego de realizárselas, no la llevaba a un control médico”, explicó la fiscal del caso.

Entre las condiciones personales del imputado, la representante del Ministerio Público Fiscal dijo que “se trata de un sujeto sano y joven, que tiene la educación suficiente como para entender y remediar en su caso sus acciones. Podemos concluir que tiene la capacidad de culpabilidad plena”.

Teniendo presente lo anterior y los testigos del juicio de cesura, más la declaración de responsabilidad penal que ya pesa sobre el imputado, la fiscalía solicitó la pena de 39 años de prisión efectiva sin posibilidad de acceder a los beneficios establecidos en la Ley 24660 (Art. 56 bis), más las costas del proceso y la anotación en el Registro Nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, según la Ley 26879 y su reglamentación.

Cabe recordar que la calificación legal por la que fue declarado culpable es la de “lesiones leves calificadas por violencia de género, reiteradas en un número indeterminado de veces; abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado, doblemente calificado por el vínculo y por la convivencia preexistente; corrupción de menores agravada por la edad de la víctima y por ser el autor persona conviviente y guardador; desobediencia a una orden judicial y abandono de persona seguida de muerte”.

Por su parte, el representante del Ministerio Público de la Defensa, que asiste al imputado en este proceso, pidió una pena mínima de 10 años de prisión, argumentando que es superior al mínimo del delito de homicidio simple. Agregó además que la Corte Interamericana ha dicho entre sus recomendaciones que las penas no tienen que ser degradantes para el ser humano, y que hay darle una oportunidad de re-socialización.

Luego insistió en que el imputado llevó al hospital a la niña, negó que el consumo de pornografía infantil estuviera en el celular de su asistido, sino que estaba en el de la madre de la victima.

El defensor público penal explicó que el sujeto no tiene antecedentes penales, que colaboró con el juicio, asistió a todas las audiencias, y aceptó pasivamente la realización del debate.

El veredicto de la cesura de la pena del Tribunal de Juicio interviniente en este legajo se dará a conocer el próximo miércoles 16 de septiembre.

Judiciales

La Justicia impuso 30 días para que ocupantes de las tierras del Polígono dejen el lugar

De no ser así, podrían desalojar a las familias con la fuerza pública.

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Esta mañana (23/09) tras concretarse la última audiencia de formulación de cargos a quienes ocupan tierras del Polígono de Tiro de General Roca, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se disponga el desalojo forzoso del predio propiedad de la Asociación Patriótica Tiro Federal.

Entre los motivos expuestos por la Fiscalía, se alegó que los imputados usurparon el predio mediante despojo por clandestinidad, «es decir ingresaron mediante ese modo al lugar, y se mantienen allí, privando a sus dueños de la posesión del inmueble. Dicha situación generó la denuncia penal por parte del presidente de la Asociación damnificada».

Asimismo el equipo fiscal agregó que los imputados hicieron caso omiso a los pedidos de la Fiscalía para la restitución del inmueble, como también fracasaron los intentos de la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (DIMARC) y que se llevaron adelante distintas reuniones a fin de lograr una solución al conflicto, sin ningún resultado.

«La ocupación se produjo desde 15 de junio de 2020 y es necesario adoptar medidas inmediatas a fin de lograr el cese de la comisión del delito y de impedir que el ilícito cometido sea llevado a consecuencias ulteriores», explicó el equipo fiscal integrado por la fiscal jefe Graciela Echegaray, el fiscal del caso Ricardo Romero y la fiscal adjunta Natalia Pascual.

Finalmente el Ministerio Público Fiscal mencionó jurisprudencia del Tribunal de Impugnación que abonan su postura, solicitó que se haga lugar a su petición y se intime a los ocupantes al desalojo voluntario en término de 10 días, caso contrario se ordene el desalojo forzoso.

Por su parte la defensa particular solicitó no se haga lugar a la medida cautelar y expresó su negativa.

El juez de Garantías consideró, acogiendo la postura de la Fiscalía, que el Artículo 118 del Código Procesal Penal exige para acceder a la petición fiscal de desalojo forzoso, que se reúnan los requisitos típicos, que el derecho invocado por los damnificados sea verosímil, y existe peligro en la demora.

Marcó la necesidad de que finalice los efectos del delito, dado que hoy continúa usurpado, y se evite la construcción de viviendas en el inmueble. Situación esta última que el propio defensor reconoce, detallaron los fiscales.

El juez tuvo, en su momento, por formulados los cargos contra los imputados por el delito de usurpación, por violación al Artículo 205 del Código Penal y desobediencia a la autoridad pública.

Consideró que la formulación de cargos cumple con el requisito del Artículo 118 en cuanto a que se ha formalizado la investigación de un hecho típico, se acreditó la verosimilitud y la existencia del peligro de demora, entendiendo que la explicación efectuada por la Fiscalía no deja dudas de tal peligro, se trata de un hecho donde la demora natural del proceso y la no concesión de la medida cautelar pueden tornar inviable en el futuro la satisfacción de la pretensión del denunciante.

Agregó que se verificó la investigación de un hecho presuntamente delictuoso cuyos efectos se prolongan en el tiempo y que la permanencia de esa situación puede generar un serio perjuicio al damnificado, que será, cada vez mayor, a medida que transcurra el tiempo. Quedando claro que no puede esperarse a la eventualidad de una sentencia condenatoria.

Por todo lo anterior, el juez de Garantías hizo lugar a la medida cautelar de desalojo forzoso de todos los imputados ocupantes del predio propiedad de la Asociación Patriótica Tiro Federal conforme lo prevé el Art. 118 del Código Procesal Penal. A los fines de hacer efectivo el desalojo se dio un plazo de 30 días a partir de hoy para que los ocupantes imputados en el legajo se retiren voluntariamente.

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Judiciales

No se aplicarán beneficios procesales a quienes cometan actos de crueldad animal

Se trata de los delitos enmarcados en la Ley Nacional de Protección Animal N° 14.346.

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Una nueva Instrucción de la Procuración General determinó que los fiscales de la provincia no podrán aplicar el beneficio de la suspensión de juicio a prueba a aquellas personas imputadas en casos de crueldad animal. Los delitos enmarcados en esta categoría son aquellos que resultan de la infracción a la Ley Nacional de Protección Animal N° 14.346, entre otras de protección de la fauna.

El instrumento jurídico, que servirá de eje para las investigaciones de los fiscales de toda la provincia de Río Negro, fue suscripto en la jornada de ayer (21/09) por el Procurador General, Jorge Crespo.

El mismo destaca que deben calificarse como graves los actos de crueldad animal “atento al carácter que revisten, en tanto la violencia que se despliega para causar sufrimiento, de manera innecesaria por el modo excesivo, perverso o violento de la conducta denota una intencionalidad marcada en infligir sufrimiento”.

El seguimiento de las causas de maltrato animal de cuenta de la clara voluntad de la Procuración General dirigida a la persecución de este tipo de delitos.

Cabe destacar que la Declaración Universal de los Derechos de los Animales sostiene que no sólo tienen derecho a la existencia sino también a atención, cuidados y protección de la humanidad. Al mismo tiempo se considera como otro bien jurídico, la preservación de la diversidad biológica.

La Instrucción General expresa además que “el nuevo paradigma de la justicia penal fomenta la participación ciudadana, procurando la paz social y la armonía”.

“Una política de Persecución Penal que incida en la vida ciudadana debe ser transparente, de público conocimiento y encontrarse en una constante revisión en virtud de su aplicación en la realidad, dispuesta a integrar las observaciones, sugerencias o señalamientos que realicen los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, las demás instituciones del sector de justicia y del Estado en general. Por ello, la opinión de la comunidad será tenida en cuenta al momento de establecer políticas de persecución penal, para que la misma resulte socialmente legitimada por sus destinatarios”.

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Judiciales

Muerte de niña en Los Menucos: Lo imputaron por femicidio al padrastro

Además le renovaron la prisión preventiva al sujeto, que continuará detenido.

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Esta mañana (18/09) el Ministerio Público Fiscal reformuló cargos por la muerte de una niña de tres años, ocurrida en un establecimiento rural cercano a la localidad de Los Menucos en abril pasado.

La nueva calificación legal propuesta para el imputado es la de “lesiones leves, lesiones graves agravadas por haber sido provocadas por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género; y homicidio doblemente agravado por haber sido provocado por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género, y por alevosía, todo en concurso real, en calidad de autor”, (Artículos 89, en función de los Art. 92 y 80 inc. 11; Art. 90 en función de los Art. 92 y 80 inc. 1; Art. 80, inc. 2, segundo supuesto, inc. 11, Art. 55 y 45 del Código Penal).

En relación a esta nueva calificación de los delitos que habrían sido cometidos por el hombre, la Fiscalía argumentó que durante la etapa preparatoria de investigación se realizaron medidas que arrojaron resultados que agravaron al hecho.

Entre ellas, los informes forenses que señalaron, por ejemplo que la alopecia que presentó la criatura es indicador de maltrato psíquico, otra medida de prueba fue analizar un rebenque donde se halló material genético de la niña.

“La pequeña presentaba quemaduras, además contamos con la prueba histopatológica que se concretó en el último mes, tampoco podemos desconocer que la niña tenía fracturas de tiempo anterior al que quedó descripto en el hecho, es decir que era golpeada sistemáticamente”, describió la Fiscalía.

El representante del Ministerio Público Fiscal mencionó que agrega en esta etapa “una denuncia de Ley 3040 de la madre de la víctima, nuevos testigos, denuncias anóminas realizadas con anterioridad al hecho, el informe del Cuerpo de Investigación Forense donde se solicitó que se identificara cada lesión, con su evolución y calidad”.

Por su parte, la querella acompañó el pedido fiscal y el defensor particular del imputado, solicitó que la nueva imputación fuera rechazada.

Mientras que el defensor público penal que asiste a la madre de la niña solicitó que “también deberían ser reformulados los cargos a su asistida, ya que se descartan muchos hechos y la calificación legal que en su momento se le enrostró a la imputada”.

“Voy a reforzar la evidencia aportada por el fiscal, en relación a que la pareja de mi asistida maltrataba a la niña, tal como aparece en las entrevistas que ya están incorporadas en el legajo”, dijo el representante de la Defensa Pública Penal.

La jueza de Garantías interviniente explicó que “pasó mucho tiempo desde el 7 de abril y la recalificacion legal entiendo que responde a la prueba que se ha ido produciendo durante este lapso”.

También resaltó que “desde el principio de la investigación en este legajo, se plantearon cuestiones relativas a la violencia de género, tanto hacia la niña como a su mamá. Ademas señaló que las lesiones que presentaba la víctima fatal son imposibles de habérselas provocado ella misma”.

Tal como dijo el fiscal “la niña vivía en un paraje, solamente con su madre y con el otro imputado, y que las lesiones son de aproximadamente siete días antes a la muerte”.

Con esta nueva calificación legal, explicó la jueza, “el marco de la investigación ahora se ve atravesado por la cuestión de violencia de género”.

Cabe mencionar que la madre de la víctima sigue imputada por los delitos enmarcados en el “homicidio agravado por el vínculo”.

Además el fiscal jefe solicitó que el imputado continúe bajo la medida cautelar de prisión preventiva teniendo presente como peligro procesal el entorpecimiento a la investigación, el temor fundado de testigos hacia posibles represalías del hombre, y el peligro de fuga.

Es así que la jueza de Garantías tuvo por reformulados los cargos tal como lo propuso la Fiscalía en el día de hoy, y resolvió que el imputado continúe en prisión preventiva hasta el 9 de diciembre próximo.

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