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Política

Betiana Minor será la nueva ministra de Seguridad y Justicia

Carreras suma otra mujer al gabinete provincial.

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La gobernadora Arabela Carreras designará a Betiana Minor como nueva titular de la cartera de Seguridad y Justicia del Gobierno de Río Negro. La funcionaria, quien actualmente se desempeña como secretaria de Justicia, reemplazará a Gastón Pérez Estevan, marcando así una continuidad en las políticas que lleva adelante ese organismo.

A partir de la designación de Minor, Seguridad y Justicia se denominará Secretaría de Estado, y tendrá rango de Ministerio y dependencia directa de la gobernadora, para lo cual se modificará la Ley de Ministerios en la próxima sesión de la Legislatura.

De esta forma, el gobierno provincial sumará siete mujeres en la primera línea de conducción, contando a la propia gobernadora Carreras y otras seis con rango ministerial. Se consolida así la perspectiva de género en los ámbitos de decisión

Con la incorporación de Minor, serán siete de 15 las mujeres que estarán conduciendo los destinos de Río Negro. Esto representa el 46,6% del gabinete provincial.

Dentro del equipo de trabajo que encabeza Carreras, Minor se sumará a Mercedes Jara Tracchia en Educación y Derechos Humanos; Martha Vélez en Turismo, Cultura y Deportes; Laura Perilli en Planificación y Desarrollo Sustentable; Andrea Confini en Energía y Roxana Méndez en Niñez, Adolescencia y Familia.

La trayectoria de Minor

Betiana Alicia Minor nació en 1979. Estudió abogacía en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde egresó en 2007. Actualmente se encuentra cursando la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno de Universidad Nacional de Río Negro

Durante su trayectoria, ha sumado cursos de capacitación y especializaciones de todo tipo, principalmente sobre derecho civil, penal, procesal y lucha contra el narcotráfico.

Respecto a su experiencia laboral, Minor fue asesora del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Cuando volvió a Viedma, comenzó a desempeñarse como directora de Relaciones con el Poder Judicial y Convenios de la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) de Río Negro. Luego, en 2018, fue designada secretaria de Justicia hasta la fecha.

En ese cargo impulsó una serie de políticas de género, como la creación de la nueva área de Género en el marco del Programa Río Negro Emergencia; la capacitación para el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial en perspectiva de género; la creación de la División de Atención a las Problemáticas de Género (DAPGe) para las mujeres dentro de la fuerza; la implementación dentro de la nueva currícula de formación de agentes penitenciarios de una materia específica destinada a la formación en género y la articulación con la Oficina de Género del Poder Judicial en el marco del Proyecto Premura, sobre la situación de las mujeres en contexto de encierro.

También desde ese espacio, consolidó el funcionamiento de las áreas a su cargo como Subsecretaria de Prevención y Participación Comunitaria, el Servicio Penitenciario Provincial, el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, la Dirección de Asistencia a las Víctimas y la Dirección de Acceso a la Justicia.

Política

Proponen que se inhabilite a quienes quieran ser candidatos y posean condenas de corrupción

La iniciativa es de la UCR Río Negro y piden que sea una ordenanza en cada ciudad de la provincia. También incluye condenas por violencia de género.

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«Erradicar la corrupción en el ejercicio de la función pública, es una responsabilidad ineludible y la UCR de impulsará a través de sus concejales en cada localidad de la provincia», destacan en el denominado Proyecto de Ordenanza de Ficha Limpia que busca inhabilitar las precandidaturas y candidaturas, de aquellos que posean una condena en segunda instancia por actos de corrupción y/o de violencia de género.

«Si no es desde la legislación nacional hacia abajo, será desde abajo hacia arriba» es la consigna que propone la iniciativa, que impulsa la lucha contra la corrupción en los niveles locales, en virtud del freno que desde el actual oficialismo nacional, se le ha puesto al Proyecto de Ley, en el orden nacional.

Entre los fundamentos se consigna que «la sociedad argentina nos ha dado y da, claras señales de hartazgo frente a la corrupción de Estado. Esa corrupción, ejercida por funcionarios, electos o no, que muchas veces atraviesa transversalmente a la política, y la coloca en un terreno de desprestigio integral y generalizado, del que debe salir para poder abocarse seriamente a la tarea de construir un país mejor para todos los argentinos. Ello, sin contar con los daños estructurales que la corrupción le produce al aparato estatal y productivo del país, a partir de la generación de ineficiencias y exclusión, gastos indebidos, costos altísimos, desigualdades e inequidades, a través de las cuales se daña el tejido social y la credibilidad nacional».

Se propone una adecuación normativa que inhabilite precandidaturas y candidaturas a cargos electivos, para aquellos que «se encuentren en proceso judicial con una causa por actos de corrupción, en sus distintas acepciones, en el ejercicio de funciones en la administración pública, y hayan sido condenados en segunda instancia, aún cuando la misma se encuentre recurrida». Se le agregan en este caso las conductas delictivas vinculadas con la violencia de género, «a partir de la convicción que la misma y sus expresiones más aberrantes, como son los femicidios y el abuso sexual, no sólo no deben quedar impunes, sino que es necesario limitar a sus perpetradores el acceso a cargos de representación o participación política», dice el proyecto de la UCR.

«Se busca expresamente, fortalecer un abordaje responsable en el derecho electoral ciudadano en una democracia, en pos de un bien mayor, que es el bien común de una dirigencia honesta, para la sociedad en su conjunto», finalizaron desde el radicalismo rionegrino.

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Política

Proponen quitarles subsidios y ayudas a quienes usurpen terrenos

La propuesta es del legislador de Juntos por el Cambio, Juan Martín.

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Mediante un proyecto de ley presentado ayer (21/10), el legislador provincial Juan Martin (Juntos por el Cambio) pidió excluir de todo tipo de programa de ayuda oficial a quienes participen de usurpaciones de terrenos y viviendas públicos o privados. La iniciativa contempla también la cesantía en caso de que se trate de empleados públicos y prohíbe la conexión de servicios a ocupaciones ilegales.

“Tenemos casos en los que desde el Estado se da apoyo material a quienes participan de las usurpaciones, o como las ayudas se usan de prenda de negociación”, señaló Juan Martin, considerando que “el Estado no puede negociar con delincuentes y mucho menos fomentarlos”.

El legislador detalló que “la propuesta es que quienes participen de usurpaciones queden excluidos por cinco años de los programas de ayuda, y en el caso de los empleados públicos que queden inhabilitados por dos años”.

Según el proyecto, no hará falta una sentencia judicial firme, “ya que se trata de delitos en flagrancia, donde los autores están filmados y son conocidos. Además, en muchos casos, llegan los funcionarios y reparten las ayudas en el lugar, y esto es lo que queremos terminar”.

“Además estamos creando un registro único de programas sociales, a cargo del Ministerio de Gobierno, para que haya un mayor control de quienes reciben ayudas”, explicó el parlamentario.

Juan Martin consideró que “con estas medidas lo que buscamos es desalentar las tomas, que en definitiva son el negocio de algunos vivos que en muchos casos se aprovechan de necesidades reales y que en otros directamente quieren sacar provecho o extorsionar al Estado y a los dueños de las tierras”.

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Gremios

«Argentina no está preparada para dejar de percibir el IFE»

Aguiar exigió «terminar con las especulaciones, garantizar la cuarta ayuda y darle continuidad bajo la figura de salario universal».

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Ante la incertidumbre generada por la posible llegada de un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 4), el secretario adjunto nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, reclamó que «se ponga fin a todas las especulaciones y se garantice el cuarto pago» del programa que busca ayudar a los sectores más golpeados por la pandemia.

«La Argentina no está preparada para dejar de recibir esta ayuda y además se debe pensar de manera responsable que la misma se debe transformar en un salario universal», indicó el dirigente. Hasta el momento, 9 millones de personas cobraron este beneficio, de los cuales el 61% (5,6 millones) son desocupados o trabajadores informales y aún no se confirmó su continuidad para los últimos meses del año.

Aguiar señaló que «se debe pensar en una renta básica destinada al mismo universo de personas y cuyo monto sea por lo menos el del nuevo salario mínimo, vital y móvil», considerando que «aunque sea insuficiente, permitiría a millones de hogares salir de la pobreza y la indigencia». El gobierno ya oficializó una actualización del ingreso mínimo que pasará a ser de $21.600 en marzo.

«Tenemos que superar este tipo de medidas que significan un paliativo o tienen un efecto mitigante frente a aquellos sectores que vieron disminuir o desaparecer sus ingresos por incidencia de la pandemia, y estructurar políticas de ingresos reales que contribuyan a reactivar la economía y ponerle fin a los problemas estructurales de nuestro país como son la pobreza y la desigualdad», explicó el sindicalista. Según el Indec, con un aumento del 3,8% en la canasta básica, una familia tipo necesitó de $47.216 en septiembre para superar la línea de pobreza.

Paralelamente, el adjunto de ATE insistió en exigir un impuesto a las grandes riquezas de carácter permanente. «Por supuesto que tenemos que promover la inclusión laboral y la contraprestación de los beneficiarios de distintos programas, pero para ello resulta necesario producir transformaciones profundas en un sistema impositivo actualmente regresivo y empezar por aprobar el tributo sobre las grandes fortunas».

Aguiar resaltó que «este gobierno heredó una Argentina empobrecida y con una deuda externa ilegítima e inmoral», pero sostuvo que «la crisis existirá un largo tiempo y no creemos que la podamos superar si los interlocutores son sólo la UIA y la CGT».

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