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La Justicia impuso 30 días para que ocupantes de las tierras del Polígono dejen el lugar

De no ser así, podrían desalojar a las familias con la fuerza pública.

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Esta mañana (23/09) tras concretarse la última audiencia de formulación de cargos a quienes ocupan tierras del Polígono de Tiro de General Roca, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se disponga el desalojo forzoso del predio propiedad de la Asociación Patriótica Tiro Federal.

Entre los motivos expuestos por la Fiscalía, se alegó que los imputados usurparon el predio mediante despojo por clandestinidad, «es decir ingresaron mediante ese modo al lugar, y se mantienen allí, privando a sus dueños de la posesión del inmueble. Dicha situación generó la denuncia penal por parte del presidente de la Asociación damnificada».

Asimismo el equipo fiscal agregó que los imputados hicieron caso omiso a los pedidos de la Fiscalía para la restitución del inmueble, como también fracasaron los intentos de la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (DIMARC) y que se llevaron adelante distintas reuniones a fin de lograr una solución al conflicto, sin ningún resultado.

«La ocupación se produjo desde 15 de junio de 2020 y es necesario adoptar medidas inmediatas a fin de lograr el cese de la comisión del delito y de impedir que el ilícito cometido sea llevado a consecuencias ulteriores», explicó el equipo fiscal integrado por la fiscal jefe Graciela Echegaray, el fiscal del caso Ricardo Romero y la fiscal adjunta Natalia Pascual.

Finalmente el Ministerio Público Fiscal mencionó jurisprudencia del Tribunal de Impugnación que abonan su postura, solicitó que se haga lugar a su petición y se intime a los ocupantes al desalojo voluntario en término de 10 días, caso contrario se ordene el desalojo forzoso.

Por su parte la defensa particular solicitó no se haga lugar a la medida cautelar y expresó su negativa.

El juez de Garantías consideró, acogiendo la postura de la Fiscalía, que el Artículo 118 del Código Procesal Penal exige para acceder a la petición fiscal de desalojo forzoso, que se reúnan los requisitos típicos, que el derecho invocado por los damnificados sea verosímil, y existe peligro en la demora.

Marcó la necesidad de que finalice los efectos del delito, dado que hoy continúa usurpado, y se evite la construcción de viviendas en el inmueble. Situación esta última que el propio defensor reconoce, detallaron los fiscales.

El juez tuvo, en su momento, por formulados los cargos contra los imputados por el delito de usurpación, por violación al Artículo 205 del Código Penal y desobediencia a la autoridad pública.

Consideró que la formulación de cargos cumple con el requisito del Artículo 118 en cuanto a que se ha formalizado la investigación de un hecho típico, se acreditó la verosimilitud y la existencia del peligro de demora, entendiendo que la explicación efectuada por la Fiscalía no deja dudas de tal peligro, se trata de un hecho donde la demora natural del proceso y la no concesión de la medida cautelar pueden tornar inviable en el futuro la satisfacción de la pretensión del denunciante.

Agregó que se verificó la investigación de un hecho presuntamente delictuoso cuyos efectos se prolongan en el tiempo y que la permanencia de esa situación puede generar un serio perjuicio al damnificado, que será, cada vez mayor, a medida que transcurra el tiempo. Quedando claro que no puede esperarse a la eventualidad de una sentencia condenatoria.

Por todo lo anterior, el juez de Garantías hizo lugar a la medida cautelar de desalojo forzoso de todos los imputados ocupantes del predio propiedad de la Asociación Patriótica Tiro Federal conforme lo prevé el Art. 118 del Código Procesal Penal. A los fines de hacer efectivo el desalojo se dio un plazo de 30 días a partir de hoy para que los ocupantes imputados en el legajo se retiren voluntariamente.

Judiciales

Si sufriste una afección mamaria y te realizaron una mastectomía tenés derecho a una reconstrucción

Debe ser cubierta por obras sociales, prepagas o salud pública. Todos los detalles en esta nota.

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El derecho a la salud está garantizado en la Constitución Nacional e incluye tanto la salud física como así también la salud mental. Si por alguna afección atravesaste una mastectomía, tenés derecho a una cirugía reconstructiva, la cual debe ser cubierta por obras sociales, prepagas o salud pública. En caso de que no se garantice este derecho, te explicamos como la Defensa Pública te puede ayudar.

Una Ley Nacional y una Ley Provincial garantizan la cobertura total de las reconstrucciones para todas aquellas personas que sufrieron afecciones mamarias y que debieron atravesar por una mastectomía. Esto corre tanto para las obras sociales, prepagas y también para salud pública.

En el año 2013, el Congreso de la Nación dictó la Ley N° 26.872 en la cual dispone que todos los agentes que brinden servicios médicos asistenciales independientemente de la figura jurídica – prepagas, obras sociales, establecimientos de salud públicos – “deben incluir la cobertura de la cirugía reconstructiva como consecuencia de una mastectomía por patología mamaria, así como la provisión de las prótesis necesarias”.

En la misma Ley, el Congreso invitaba a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la nueva legislación.

La Legislatura de Río Negro, sancionó el 14 de noviembre de ese mismo año la Ley Provincial N° 4.921 que además de la adhesión, disponía que el Ministerio de Salud de la Provincia se convertiría en la autoridad de aplicación de la prestación.

Entre los argumentos, se mencionan que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr se consagra como derecho humano fundamental de todas las personas” y que “es imprescindible que todos los países definan políticas públicas que hagan posible que la salud sea un derecho de todos, priorizando la inclusión de los sectores más vulnerables de la población”.

“Diversas patologías han proliferado en los últimos años, en este grupo debemos incorporar al cáncer de mama, ya que en la última década, tanto en países desarrollados como en los países en vía de desarrollo, el cáncer de mama ha sido el padecimiento más frecuente en las mujeres a nivel mundial”, agregan, señalando que ya en ese año, la Organización Mundial de la salud ya estimaba que se diagnosticaba esta enfermedad a una persona cada 30 segundos en todo el mundo.

¿Cómo puedo hacer valer este derecho?

Si necesitas asesoramiento jurídico y no tenés los medios económicos para contratar a un abogado particular, podés recurrir a la Defensa Pública comunicándote con cualquier Centro de Atención de la Defensa Pública o defensoría descentralizada.

Por razones sanitarias, los números telefónicos a los que podés llamar son en Viedma 02920 15244798 , en Roca 0298 154694061, en Choele Choel 02946 15411717, en Bariloche 294 154139120 o en Cipolletti 0299 156311684 o 0299 154284580.

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Rompió la pulsera electrónica, tuvo que volver a la cárcel y pasará dos meses más en prisión

El sujeto estaba con prisión domiciliaria y ahora volverá a estar tras las rejas.

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Foto: Archivo (Patagonia FotoPress).

Un hombre que cumplía prisión domiciliaria rompió la pulsera electrónica que lo monitoreaba. De esta manera, no solo debió volver al Establecimiento Penal N° 2 de Roca de manera inmediata, sino que ahora se le agregaron dos meses más de prisión y sumó una nueva condena a sus antecedentes, como autor del delito de evasión.

Según se expuso en la audiencia penal realizada el 14 de octubre, el delito ocurrió la tarde del pasado 3 de febrero en una vivienda de la zona oeste de Roca, donde el hombre se encontraba detenido bajo la modalidad de prisión domiciliaria, cumpliendo una condena firme de poco más de 6 años de prisión dictada en 2018.

Allí, según la imputación, “se quitó la pulsera electrónica mediante el uso de la fuerza, para lograr evadirse del domicilio”. Apenas detectada la situación la Policía inició la búsqueda y tres días después el hombre fue arrestado y trasladado al Establecimiento de Ejecución Penal, donde continúa detenido. La rotura del dispositivo fue detectada automáticamente por el sistema de monitoreo de la UADME (Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico), dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia, que alertó a la Policía y al Juzgado de Ejecución N° 10 de Roca. El Gabinete de Criminalística peritó la pulsera y confirmó que había sido cortada.

En la audiencia de formulación de cargos, el hombre aceptó su responsabilidad en el hecho y llegó a un acuerdo con la Fiscalía, para finalizar el proceso con un juicio abreviado. La condena de dos meses de prisión efectiva quedó firme de inmediato, porque las partes renunciaron a los plazos procesales para interponer recursos.

“Con los elementos de convicción puestos de manifiesto, sobre todo el informe de la UADME y la declaración de rebeldía oportunamente dictada respecto del interno (…) con más la aceptación y confesión del imputado, es posible adquirir certeza respecto de la existencia del hecho reprochado y la autoría del mismo”, concluyó la jueza del caso al homologar el acuerdo de procedimiento abreviado pleno, condenando al imputado a dos meses de prisión efectiva como responsable del delito de evasión y unificando la nueva condena con la anterior.

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Multan a aseguradora y un banco por no brindar información veraz, adecuada y suficiente

Se trata del famoso descuento en las cuentas bancarias denominado Sura. Todos los detalles en esta nota.

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El Superior Tribunal de Justicia confirmó una multa de $300.000 a una aseguradora y de $50.000 a un banco, impuesta por la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro. El máximo órgano judicial reafirmó su doctrina respecto al derecho de los consumidores a recibir información veraz, adecuada y suficiente por parte de las empresas.

Oportunamente, la Dirección de Comercio había multado a la aseguradora y al banco. Un cliente manifestó que no fue debidamente informado sobre las condiciones del contrato y que nunca le habían hecho llegar la póliza. Un fallo de la Cámara Civil confirmó la multa.

Hubo dos instancias de contacto. Una telefónica y otra personal. Al contactarse por teléfono solo se le dijo que por ser cliente del Banco contaba con una cobertura de seguro por robo. En la conversación el cliente se negó a dar los números de su tarjeta, pero “se lo induce a hacerlo pidiéndole que confíe, diciendo el agente bancario que él no lo va a engañar”. También se verificaron “ejemplos similares de operadores que, hablando excesivamente rápido, dando abundante información y con términos ambiguos, impiden a los clientes prestar un consentimiento pleno, libre e informado”.

Ya en sede bancaria, al momento de contratar otros productos, se le incorporó un contrato de seguro. Para el fallo inicial, “en ambos casos se puede advertir que existe un ocultamiento del verdadero acuerdo obligacional que se celebra, de la contratación que se ofrece bajo el velo de un beneficio, de información o de otro contrato o servicio en el cual efectivamente se encontraban interesados los damnificados”.

La apelación al STJ

La aseguradora Sura dijo que no se tomaron en cuenta las “constancias impresas del alta de los seguros” con las firmas de los clientes “ni los audios telefónicos de los que surge el ofrecimiento y aceptación de la cobertura”. Asimismo advirtió que no se ha valorado la página de Internet del banco donde se brinda información detallada a los clientes como tampoco su falta de cuestionamiento de los débitos mensuales. Además, dijo que la multa impuesta era desproporcionada.

Por su parte, el Banco Patagonia advirtió que en la sentencia recurrida subyace el equívoco de considerar que toda contratación telefónica o presencial de un seguro fue o es defectuosa por falta de consentimiento. También argumentó que los contratos de seguro fueron realizados en formularios individuales y que tampoco se observa que fueran confusos o en letra chica o con términos técnicos que no pudieran ser comprendidos por el cliente.

En su dictamen, el Fiscal General afirmó que se garantizó el derecho de defensa y consideró que el fallo recurrido aplicó correctamente la Ley de Defensa del Consumidor, al igual que la Ley de Seguros.
Consumidor, la parte más débil.

El máximo Tribunal aseguró que “nos encontramos en una relación que se enmarca en un contrato de seguros, que tiene un régimen específico. Ahora bien, tampoco se puede obviar que la operatoria de contratación del seguro es una relación de consumo”. De esa manera, la operatoria “se encuentra alcanzada por la protección que brinda la Ley 24240, y dentro de ella específicamente por el principio «pro consumidor» que, a fin de proteger a la parte débil en el marco de dicha relación, dispone la interpretación de las dudas a favor del consumidor”.

La sentencia del STJ recuerda que es preciso que “se brinde al usuario información adecuada, veraz, detallada, eficaz y suficiente” y en este caso, de acuerdo a las pruebas “las operatorias de comercialización de seguros no cumplieron con la normativa vigente, violando aquél derecho de información”.

Omisión informativa

El máximo Tribunal rionegrino reafirmó su doctrina: “es necesario insistir que la omisión informativa no es inocua, dado que priva al consumidor de la posibilidad de elegir libremente evaluando los pro y los contras de lo que se le está ofreciendo, quedando solo en su consideración las virtudes del producto o servicio que le relata el vendedor, incrementándose notoriamente de tal forma la chance de contratación y, por lo tanto, el beneficio económico de los proveedores”.

También recordó que no se trata de un reclamo aislado: “no nos encontramos en un supuesto donde un único denunciante alega esa falta de comunicación, sino que en autos hay una cantidad de testimonios (denunciantes) consignados en numerosos expedientes (sin ser desconocidos por las demandadas) que en una misma dirección no solo dan cuenta de la falta de información del producto que se le descuenta, sino que, aun más grave, afirman que nunca tomaron conocimiento de la contratación del seguro”.

“Prueba de esta falta de información -violatoria del art. 11 de la Ley 17418- es la falta de entrega a cada uno de los asegurados de la copia de la póliza respectiva. Es probable que la mera entrega de la póliza no hubiera sido suficiente para subsanar la ausencia de información veraz que tutela al consumidor, le permite conocer de antemano y obtener el mejor producto de acuerdo a sus necesidades pero, al menos, le hubiera puesto en conocimiento acabado de esa contratación”, agregó.

También desestimó uno de los argumentos de la apelación: “aquí no se trata de distinguir la validez o invalidez de los contratos; sino que lo que se encuentra en entredicho es si se ha dado o no un supuesto de infracción a las normas sobre información que se debe brindar al consumidor del seguro”.

En cuanto al planteo de Sura por el monto de la multa, si bien el STJ recuerda que “no corresponde al control judicial inmiscuirse en el ejercicio de una facultad discrecional cuando no se advierte irrazonabilidad o arbitrariedad”, asegura que en el fallo se ponderó “su actividad, la posición que ocupa en el mercado, el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización”.

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