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¿Cómo reclamar la cuota alimentaria en pandemia?

Son muchas las consultas que recibe la Justicia. Todo lo que necesitas saber en esta nota.

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Durante estos meses de confinamiento las consultas que ha recibido el Ministerio Público de la Defensa Civil han ido variado según las necesidades que van atravesando las personas a las que asiste. Una de ellas tiene que ver con encaminar el reclamo del pago de la prestación alimentaria a través de la defensa pública.

“Nada se ha suspendido y seguimos trabajando de la misma manera que antes, sólo que con el correr de estos meses hemos reforzado la atención telefónica y a través de WhatsApp, ya que lo importante es que nuestros asistidos no salgan de sus hogares y tampoco hay necesidad de que concurran al edificio de Tribunales”, explicaron los referentes de la defensa en General Roca.

Es así que en relación al incumplimiento de pago de cuota alimentaria, el reclamo se puede concretar tanto si se ha pactado a través de una mediación en el Centro de Mediación Judicial (CEJUME) como a través de un expediente judicial.

Paso a paso en el reclamo

“Lo primero que debe hacer la persona es comunicarse con el Centro de Atención de la Defensa Pública (CADEP) al celular (0298) 15-4694061, de 07:30 a las 13:30. Por vía telefónica se le solicita que indique si ya tiene trámites iniciados en la defensoría o que realice la “declaración jurada”. De esta manera se determina si podrá ser asistido por nosotros o debe concurrir con un abogado particular”, describieron los defensores.

Una vez que lo anterior se establece, el CADEP le brinda un turno con un defensor público y comienza el trámite.

Es así que la persona brinda a través de la aplicación de WhatsApp, el acta firmada en el CEJUME, el certificado de nacimiento de los y las hijas, y la carta poder, que debe tramitarse ante el Juzgado de Paz. “No necesitamos en soporte papel nada de lo anterior, todo lo concretamos a través de la virtualidad”, insistieron.

“En esa conversación telefónica, quien requiere el servicio de la defensa, recibe el asesoramiento del defensor, y le comunica cuáles son los inconvenientes que está teniendo con el tema de la cuota, y ahí se inicia el reclamo ante el Juzgado”, dijo el equipo de defensores de General Roca.

“Todo se hace desde la casa, lo único que solicitamos es que impriman el escrito, que se les envía por correo electrónico o por WhatsApp, allí se detalla la temática de lo que se requiere, ellos lo firman y nos lo vuelven a mandar por la misma vía”, señalaron.

¿Qué medidas se piden ante el incumplimiento de la cuota alimentaria?

“El Código Civil y Procesal de Familia nos brinda herramientas que se pueden aplicar. La primera y la mejor es el embargo, es decir que si la persona que está incumpliendo tiene un trabajo en relación de dependencia, se solicita inmediatamente esa medida”, detallaron.

“El tema es cuando no existe el recibo de sueldo y el Código nos señala pedir lo que se denomina “medidas razonables”, y aquí dependiendo del caso, se puede requerir por ejemplo retener el carnet de conducir”.

Otra medida es efectuar el reclamo a los familiares ascendientes, es decir a los abuelos, a las abuelas, “este trámite está siendo bastante común porque la realidad es que es efectiva, sin embargo cabe aclarar que no es la misma obligación hacia los hijos e hijas que hacia los nietos y nietas”.

Y la última posibilidad que “tenemos es derivar la solicitud al ámbito penal, ya que el no cumplimiento de la cuota alimentaria es un delito”, concluyeron.

“Para llevar tranquilidad a los y las cuidadanas, nada se deja de hacer por la pandemia del Covid-19. Las medidas se efectivizan a través de oficios judiciales con diversos mecanismos que han suplantado al soporte papel, es decir que las empresas, los organismos, reciben nuestros trámites a través de correo electrónico. Nada se deja de hacer porque no se pueda llevar o acercar el papel al lugar que se necesita para concretar las medidas”.

Datos útiles

Juzgado de Paz en General Roca, calle San Martín 867, Teléfono 0298-4434606, correo electrónico: [email protected].

Judiciales

Si sufriste una afección mamaria y te realizaron una mastectomía tenés derecho a una reconstrucción

Debe ser cubierta por obras sociales, prepagas o salud pública. Todos los detalles en esta nota.

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El derecho a la salud está garantizado en la Constitución Nacional e incluye tanto la salud física como así también la salud mental. Si por alguna afección atravesaste una mastectomía, tenés derecho a una cirugía reconstructiva, la cual debe ser cubierta por obras sociales, prepagas o salud pública. En caso de que no se garantice este derecho, te explicamos como la Defensa Pública te puede ayudar.

Una Ley Nacional y una Ley Provincial garantizan la cobertura total de las reconstrucciones para todas aquellas personas que sufrieron afecciones mamarias y que debieron atravesar por una mastectomía. Esto corre tanto para las obras sociales, prepagas y también para salud pública.

En el año 2013, el Congreso de la Nación dictó la Ley N° 26.872 en la cual dispone que todos los agentes que brinden servicios médicos asistenciales independientemente de la figura jurídica – prepagas, obras sociales, establecimientos de salud públicos – “deben incluir la cobertura de la cirugía reconstructiva como consecuencia de una mastectomía por patología mamaria, así como la provisión de las prótesis necesarias”.

En la misma Ley, el Congreso invitaba a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la nueva legislación.

La Legislatura de Río Negro, sancionó el 14 de noviembre de ese mismo año la Ley Provincial N° 4.921 que además de la adhesión, disponía que el Ministerio de Salud de la Provincia se convertiría en la autoridad de aplicación de la prestación.

Entre los argumentos, se mencionan que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr se consagra como derecho humano fundamental de todas las personas” y que “es imprescindible que todos los países definan políticas públicas que hagan posible que la salud sea un derecho de todos, priorizando la inclusión de los sectores más vulnerables de la población”.

“Diversas patologías han proliferado en los últimos años, en este grupo debemos incorporar al cáncer de mama, ya que en la última década, tanto en países desarrollados como en los países en vía de desarrollo, el cáncer de mama ha sido el padecimiento más frecuente en las mujeres a nivel mundial”, agregan, señalando que ya en ese año, la Organización Mundial de la salud ya estimaba que se diagnosticaba esta enfermedad a una persona cada 30 segundos en todo el mundo.

¿Cómo puedo hacer valer este derecho?

Si necesitas asesoramiento jurídico y no tenés los medios económicos para contratar a un abogado particular, podés recurrir a la Defensa Pública comunicándote con cualquier Centro de Atención de la Defensa Pública o defensoría descentralizada.

Por razones sanitarias, los números telefónicos a los que podés llamar son en Viedma 02920 15244798 , en Roca 0298 154694061, en Choele Choel 02946 15411717, en Bariloche 294 154139120 o en Cipolletti 0299 156311684 o 0299 154284580.

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Rompió la pulsera electrónica, tuvo que volver a la cárcel y pasará dos meses más en prisión

El sujeto estaba con prisión domiciliaria y ahora volverá a estar tras las rejas.

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Foto: Archivo (Patagonia FotoPress).

Un hombre que cumplía prisión domiciliaria rompió la pulsera electrónica que lo monitoreaba. De esta manera, no solo debió volver al Establecimiento Penal N° 2 de Roca de manera inmediata, sino que ahora se le agregaron dos meses más de prisión y sumó una nueva condena a sus antecedentes, como autor del delito de evasión.

Según se expuso en la audiencia penal realizada el 14 de octubre, el delito ocurrió la tarde del pasado 3 de febrero en una vivienda de la zona oeste de Roca, donde el hombre se encontraba detenido bajo la modalidad de prisión domiciliaria, cumpliendo una condena firme de poco más de 6 años de prisión dictada en 2018.

Allí, según la imputación, “se quitó la pulsera electrónica mediante el uso de la fuerza, para lograr evadirse del domicilio”. Apenas detectada la situación la Policía inició la búsqueda y tres días después el hombre fue arrestado y trasladado al Establecimiento de Ejecución Penal, donde continúa detenido. La rotura del dispositivo fue detectada automáticamente por el sistema de monitoreo de la UADME (Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico), dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia, que alertó a la Policía y al Juzgado de Ejecución N° 10 de Roca. El Gabinete de Criminalística peritó la pulsera y confirmó que había sido cortada.

En la audiencia de formulación de cargos, el hombre aceptó su responsabilidad en el hecho y llegó a un acuerdo con la Fiscalía, para finalizar el proceso con un juicio abreviado. La condena de dos meses de prisión efectiva quedó firme de inmediato, porque las partes renunciaron a los plazos procesales para interponer recursos.

“Con los elementos de convicción puestos de manifiesto, sobre todo el informe de la UADME y la declaración de rebeldía oportunamente dictada respecto del interno (…) con más la aceptación y confesión del imputado, es posible adquirir certeza respecto de la existencia del hecho reprochado y la autoría del mismo”, concluyó la jueza del caso al homologar el acuerdo de procedimiento abreviado pleno, condenando al imputado a dos meses de prisión efectiva como responsable del delito de evasión y unificando la nueva condena con la anterior.

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Multan a aseguradora y un banco por no brindar información veraz, adecuada y suficiente

Se trata del famoso descuento en las cuentas bancarias denominado Sura. Todos los detalles en esta nota.

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El Superior Tribunal de Justicia confirmó una multa de $300.000 a una aseguradora y de $50.000 a un banco, impuesta por la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro. El máximo órgano judicial reafirmó su doctrina respecto al derecho de los consumidores a recibir información veraz, adecuada y suficiente por parte de las empresas.

Oportunamente, la Dirección de Comercio había multado a la aseguradora y al banco. Un cliente manifestó que no fue debidamente informado sobre las condiciones del contrato y que nunca le habían hecho llegar la póliza. Un fallo de la Cámara Civil confirmó la multa.

Hubo dos instancias de contacto. Una telefónica y otra personal. Al contactarse por teléfono solo se le dijo que por ser cliente del Banco contaba con una cobertura de seguro por robo. En la conversación el cliente se negó a dar los números de su tarjeta, pero “se lo induce a hacerlo pidiéndole que confíe, diciendo el agente bancario que él no lo va a engañar”. También se verificaron “ejemplos similares de operadores que, hablando excesivamente rápido, dando abundante información y con términos ambiguos, impiden a los clientes prestar un consentimiento pleno, libre e informado”.

Ya en sede bancaria, al momento de contratar otros productos, se le incorporó un contrato de seguro. Para el fallo inicial, “en ambos casos se puede advertir que existe un ocultamiento del verdadero acuerdo obligacional que se celebra, de la contratación que se ofrece bajo el velo de un beneficio, de información o de otro contrato o servicio en el cual efectivamente se encontraban interesados los damnificados”.

La apelación al STJ

La aseguradora Sura dijo que no se tomaron en cuenta las “constancias impresas del alta de los seguros” con las firmas de los clientes “ni los audios telefónicos de los que surge el ofrecimiento y aceptación de la cobertura”. Asimismo advirtió que no se ha valorado la página de Internet del banco donde se brinda información detallada a los clientes como tampoco su falta de cuestionamiento de los débitos mensuales. Además, dijo que la multa impuesta era desproporcionada.

Por su parte, el Banco Patagonia advirtió que en la sentencia recurrida subyace el equívoco de considerar que toda contratación telefónica o presencial de un seguro fue o es defectuosa por falta de consentimiento. También argumentó que los contratos de seguro fueron realizados en formularios individuales y que tampoco se observa que fueran confusos o en letra chica o con términos técnicos que no pudieran ser comprendidos por el cliente.

En su dictamen, el Fiscal General afirmó que se garantizó el derecho de defensa y consideró que el fallo recurrido aplicó correctamente la Ley de Defensa del Consumidor, al igual que la Ley de Seguros.
Consumidor, la parte más débil.

El máximo Tribunal aseguró que “nos encontramos en una relación que se enmarca en un contrato de seguros, que tiene un régimen específico. Ahora bien, tampoco se puede obviar que la operatoria de contratación del seguro es una relación de consumo”. De esa manera, la operatoria “se encuentra alcanzada por la protección que brinda la Ley 24240, y dentro de ella específicamente por el principio «pro consumidor» que, a fin de proteger a la parte débil en el marco de dicha relación, dispone la interpretación de las dudas a favor del consumidor”.

La sentencia del STJ recuerda que es preciso que “se brinde al usuario información adecuada, veraz, detallada, eficaz y suficiente” y en este caso, de acuerdo a las pruebas “las operatorias de comercialización de seguros no cumplieron con la normativa vigente, violando aquél derecho de información”.

Omisión informativa

El máximo Tribunal rionegrino reafirmó su doctrina: “es necesario insistir que la omisión informativa no es inocua, dado que priva al consumidor de la posibilidad de elegir libremente evaluando los pro y los contras de lo que se le está ofreciendo, quedando solo en su consideración las virtudes del producto o servicio que le relata el vendedor, incrementándose notoriamente de tal forma la chance de contratación y, por lo tanto, el beneficio económico de los proveedores”.

También recordó que no se trata de un reclamo aislado: “no nos encontramos en un supuesto donde un único denunciante alega esa falta de comunicación, sino que en autos hay una cantidad de testimonios (denunciantes) consignados en numerosos expedientes (sin ser desconocidos por las demandadas) que en una misma dirección no solo dan cuenta de la falta de información del producto que se le descuenta, sino que, aun más grave, afirman que nunca tomaron conocimiento de la contratación del seguro”.

“Prueba de esta falta de información -violatoria del art. 11 de la Ley 17418- es la falta de entrega a cada uno de los asegurados de la copia de la póliza respectiva. Es probable que la mera entrega de la póliza no hubiera sido suficiente para subsanar la ausencia de información veraz que tutela al consumidor, le permite conocer de antemano y obtener el mejor producto de acuerdo a sus necesidades pero, al menos, le hubiera puesto en conocimiento acabado de esa contratación”, agregó.

También desestimó uno de los argumentos de la apelación: “aquí no se trata de distinguir la validez o invalidez de los contratos; sino que lo que se encuentra en entredicho es si se ha dado o no un supuesto de infracción a las normas sobre información que se debe brindar al consumidor del seguro”.

En cuanto al planteo de Sura por el monto de la multa, si bien el STJ recuerda que “no corresponde al control judicial inmiscuirse en el ejercicio de una facultad discrecional cuando no se advierte irrazonabilidad o arbitrariedad”, asegura que en el fallo se ponderó “su actividad, la posición que ocupa en el mercado, el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización”.

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