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Judiciales

Imputaron a 7 personas por el partido de polo en plena cuarentena

Se dispuso un plazo de investigación de 4 meses. Les formularon cargos a 5 hombres y 2 mujeres por violación a las medidas sanitarias.

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Foto: Gentileza.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a 7 personas por el hecho ocurrido en mayo en el Establecimiento Huitru Polo Club de la ciudad de General Roca.

Según la acusación fiscal, “alrededor de las 16.30 de ese día, en el Barrio Isla 32 este grupo de personas participaban de un partido de polo, desobedeciendo la dispositiva de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesta por el Presidente de la Nación mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020, sin encontrarse comprendidos en las excepciones establecidas en el mismo”.

“De esta manera, transgredieron las normas dispuestas por la autoridad competente para contener la pandemia de COVID-19, poniendo con su accionar en peligro la salud pública de la población”, explicó la fiscal del caso.

“La prevención policial de Comisaría 48° fue alertada por llamado telefónico de la situación y se hicieron presentes en el lugar, que desde el cerco perimetral cardinal norte de la cancha de polo, divisan a la distancia a 8 personas montando caballos y jugando al polo”, describió la Fiscalía.

“Los empleados policiales los comenzaron a llamar pero éstos al advertir la presencia policial, se dirigen al interior de las caballerizas perdiéndose de vista”, explicó la representante del Ministerio Público Fiscal.

Posteriormente “los empleados policiales se dirigen al acceso por cardinal Oeste del predio, llamando a las personas que se encontraban en el interior. Sólo salió un hombre, que no se identificó y al mencionarle que no podían realizar actividades deportivas en razón del aislamiento social dispuesto, se disculpó aduciendo estar en conocimiento de la medida de cuarentena y que no se iba a repetir”.

La acusación detalló que “al ser consultado sobre el resto de los infractores, ese hombre se negó a colaborar, ingresando hacia el interior de las instalaciones. Tras la investigación policial, las personas fueron identificadas”.

La prueba presentada para esta instancia de formulación de cargos, la Fiscalía detalló que cuenta con el informe de la Comisaría 48°, el acta del Municipio local donde se deja de manifiesto que se clausura el Campo de Polo, también el informe realizado por personal del Cuerpo de Investigación Judicial, y entrevistas.

La calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal para los hechos es la de “violación a las medidas sanitarias dispuestas por autoridad competente para impedir introducción o propagación de una pandemia en concurso ideal con desobediencia, (Arts. 45, 205, 239, 54 y 55 del Código Penal).

En la audiencia realizada a través de la aplicación Zoom estuvieron presentes como querellante la Municipalidad de General Roca, dos defensores particulares y los siete imputados, cinco hombres y dos mujeres.

De esta manera, la jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en los términos esgrimidos por la Fiscalía y se estableció un plazo de investigación de 4 meses.

Judiciales

Le dijo a su cocinera «Andate, no me servís más»: tendrá que pagar indemnización y multa

La cifra incluye las diferencias salariales adeudadas, proporcionales de aguinaldo y de vacaciones, la integración del mes de despido, una suma por falta de preaviso y otra por la antigüedad.

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Una mujer que se desempeñaba en una confitería de Cipolletti promovió un juicio por todas las irregularidades del vínculo laboral. El día que la despidieron le dijeron: “Andate, no me servís más” y no le pagaron lo que correspondía. La sentencia no solo le dio la razón a la cocinera sino que notificó a los organismos de control al advertir trabajo no registrado.

El caso tramitó ante la Cámara Laboral de Cipolletti pero la parte demandada nunca se presentó al juicio ni a la instancia de conciliación. La mujer probó que trabajó en la confitería por más de tres años. Sus tareas eran la de cocinera y bachera. El local funciona en el centro de Cipolletti bajo la denominación de Galo Gastronomía S.R.L.

El día que la despidieron le pagaron una indemnización menor a la que le correspondía por ley y en tres cuotas. La cocinera y sus compañeros de tareas trabajaban en la informalidad, es decir que no estaban debidamente registrados.

La Cámara Laboral fijó una indemnización por la suma de $661.756,11 más intereses. La cifra incluye las diferencias salariales adeudadas, proporcionales de aguinaldo y de vacaciones, la integración del mes de despido, una suma por falta de preaviso y otra por la antigüedad. Además le aplicaron a la empleadora tres multas por empleo no registrado y por no abonar la indemnización en tiempo y forma. Una de las multas dispone el incremento del cincuenta por ciento calculado sobre las indemnizaciones.

Durante el juicio, se presentaron a declarar dos compañeros de trabajo de la mujer. Ambos acreditaron las circunstancias del despido y afirmaron que ellos tampoco estaban debidamente registrados.

El fallo consideró que, como se advirtió empleo no registrado, la sentencia debía ser notificada a los organismos de control: AFIP, Agencia de Recaudación Tributaria, Secretaría de Estado de Trabajo y Sindicato de Gastronómicos en su sede local “toda vez que dicho comercio continúa en funcionamiento, en el mismo rubro”.

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Habrá salas de lactancia en los principales edificios judiciales de la provincia

Los espacios están destinados “al personal judicial que alimente a hijos e hijas de hasta dos años de edad”.

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El Superior Tribunal de Justicia ordenó, mediante una Acordada, la instalación de salas de lactancia en los edificios judiciales de Roca, Cipolletti, Villa Regina y Bariloche, replicando la positiva experiencia de la que funciona en el complejo judicial de Viedma desde hace poco más de un año. Esos espacios están destinados “al personal judicial que alimente a hijos e hijas de hasta dos años de edad”.

La decisión del STJ se basa en la Ley Nacional N° 26.873, que dispone la promoción y la generación de conciencia pública sobre la importancia de la lactancia y de las practicas óptimas de nutrición segura para lactantes. Esa misma ley promueve la creación de centros de lactancia, estrategias que promuevan la práctica de la lactancia y “el establecimiento de lactarios en los lugares de trabajo”.

“Este Superior Tribunal de Justicia ha incorporado la perspectiva de Derechos Humanos y Género como política pública institucional y transversal”, dice la Acordada. Por eso, la Oficina de Derechos Humanos y Género ha impulsado el cumplimiento gradual de la creación de los centros de lactancia en el Poder Judicial.

La primera experiencia fue la sala de lactancia de Viedma, que funciona desde el 31 de agosto de 2021. Desde su implementación, la necesidad de ese espacio y su utilización concreta quedaron rápidamente a la vista. Funciona dentro de las instalaciones de la Oficina de Derechos Humanos y Género y cuenta con la privacidad y los elementos necesarios para la comodidad de la dupla durante la lactancia.

La Acordada asignó al área de Arquitectura Judicial el diseño de un plan de implementación progresiva de las salas, que funcionarán en Cipolletti, en el edificio ubicado en la esquina de las calles Roca y Sarmiento y en el futuro Complejo Judicial de esa ciudad; en la Ciudad de Roca; en el edificio judicial de calle O’Connor 20 de Bariloche y en el futuro Complejo Judicial de esa ciudad, y en el Complejo Judicial de Villa Regina.

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Judiciales

Llamaba al trabajo de su ex para denigrarla: La Justicia determinó que esa conducta también es violencia de género

El sujeto anteriormente había publicado en un medio de comunicación circunstancias de su vida personal.

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Una medida cautelar del fuero de Familia de Cipolletti dispuso la prohibición de acercamiento de un hombre a la madre de sus hijas. Se probó en el proceso que él llamó al área de Recursos Humanos de la empresa donde trabaja la mujer para hablar mal de ella. Anteriormente había publicado en un medio de comunicación circunstancias de su vida personal. Desde el Juzgado se hizo un serio llamado de atención al demandado.

En un contexto de conflicto familiar permanente, la mujer denunció en el Juzgado de Familia que su ex había llamado a la empresa en la que ella trabaja. En esa comunicación hizo referencias a su vida personal y cuestionó su rol como madre.

En su descargo, el denunciado admitió el llamado telefónico, pero dijo que pretendía conseguir autorización para que la mujer asistiera a una mediación. Cuestionó que con los “dichos y expresiones falaces” de la denunciante se adoptara una medida cautelar como la prohibición de acercamiento.

El Juzgado de Familia no estuvo de acuerdo con el planteo de la defensa. Consideró que no se requieren pruebas materiales para hacer una denuncia de violencia de género porque tal situación “llevaría al extremo de delimitar la violencia a cuestiones físicas, probándolos con un certificado médico, cuando se sabe que los hechos de violencia no son solo físicos sino también psicológico, económico, moral y tantos otros modos de violencia que la ley incluso no los enumera de manera taxativa”. En esos mismos términos se había expresado la abogada que representa a la víctima.

La resolución también tuvo en cuenta que los llamados al área de Recursos Humanos ponían en riesgo la fuente laboral de la mujer, quien además es el único sustento de sus hijas puesto que el padre no paga la cuota alimentaria.

En el fuero de Familia se concluyó que la conducta del hombre denunciado configura un claro acto de hostigamiento hacia la mujer. Se observó además que la víctima viene sufriendo y padeciendo violencia psicológica desde hace años, sobre todo con la publicación que el hombre protagonizó en un medio local en el que denigraba a la madre de sus hijas.

Con esos argumentos, la conducta del denunciado fue considerada como un acto de violencia de género y por ello se justificó la medida cautelar de prohibición de acercamiento. Además, desde el juzgado se hizo un serio llamado de atención respecto del modo en el que el hombre había ejercido su defensa. Y pidió que el caso se abordara sin afirmaciones “improponibles por vejatorias, retrógradas, temerarias y alejadas totalmente de una necesaria mirada de género”.

¿Qué dice la ley provincial sobre violencia de género?

La Ley N° 4241 de Protección Integral contra la Violencia en el Ámbito de las Relaciones Familiares otorga un amplio margen al momento de adoptar las medidas de protección en beneficio de las víctimas.

Se parte de la base de la “verosimilitud de la denuncia” y, como persigue la prevención, se pueden adoptar medidas urgentes incluso ante la mera sospecha de la existencia de violencia, sin necesidad de intervención de la parte denunciada.

El procedimiento está instrumentado como un proceso urgente en el que se prioriza el principio de celeridad por sobre el principio de bilateralidad y genera un contexto de protección para luego poder avanzar en el expediente hacia un análisis más profundo de la problemática planteada.

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