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Judiciales

Por usurpación, imputaron a una pareja y en 15 días deberán desalojar un terreno municipal

Asimismo el Municipio denunció al hombre por amenazar a un inspector que lo fue a notificar.

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Ayer (09/10) al mediodía el Ministerio Público Fiscal formuló cargos a dos personas por el delito de usurpación de un lote perteneciente a la Municipalidad de Roca.

Según la acusación fiscal, la mujer y el hombre hoy imputados, «usurparon, de forma clandestina, de manera oculta a quien tenía derecho a repeler la acción, con claros fines de despojo, desde antes del 8 de septiembre último y continúan allí, un lote ubicado en calle Mitre propiedad del Municipio y que está destinado a gente que salga seleccionada por el programa PROCREAR», describió el equipo fiscal en la audiencia por Zoom.

«Inmediatamente a que lo ocuparon comenzaron con la construcción de una base de hormigón, y ese mismo día personal municipal los intimó a que dejaran de construir pero hicieron caso omiso», dijo el fiscal del caso.

«El 12 de septiembre, sin ocupantes en el lote, la Municipalidad valló el lugar, y dos días después, a la tarde, llegaron cinco autos, dos de ellos ingresaron al patio del vecino lindante al oeste y 9 personas con unos cinco niños ingresaron al terreno, mientras que la parte frontal estaba custodiada por personal policial. Luego de dos horas aproximadamente, sólo se quedaron en el lote la imputada con sus dos hijos, menores de edad», detalló la Fiscalía.

«El 13 de septiembre, cuando un inspector municipal concurrió al predio usurpado para realizar una nueva inspección, el hombre imputado en este legajo, desde el interior de su vehículo, en presencia de dos efectivos policiales, lo intimidó manifestándole: no te olvides de mi cara, provocándole real temor», concluyó la acusación fiscal.

En relación a esos hechos, el Ministerio Público Fiscal imputó a la mujer el delito de «usurpación» (Art. 181 del Código Penal), y al hombre también de «usurpación en concurso real con amenazas simples», (Art. 181, 45 y 55 del Código Penal).

En relación al sustento probatorio presentado para esta instancia de formulación de cargos, la fiscalía mencionó la denuncia penal efectuada por el Área de Asuntos Jurídicos y Técnicos de la Municipalidad de Roca, todas las actas de inspección Municipal, fotografías del lugar, entrevistas realizadas a efectivos policiales, entre otras evidencias.

La querella, representada por la Municipalidad local acompañó el pedido fiscal de la imputación mientras que los abogados particulares de ambas personas se opusieron. De todas maneras, la jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en los términos esgrimidos por el Ministerio Público Fiscal.

Medidas cautelares

En esta audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó además medidas cautelares “tendientes a cesar con el delito de manera inmediata para que no siga avanzando la comisión del mismo por parte de los imputados”.

Es así que el fiscal del caso argumentó que «el desalojo es necesario para evitar que la construcción se afiance, cuestión que ya está sucediendo sobre el terreno usurpado».

«Entiendo que están dados los requisitos del Artículo 118 para imponer el desalojo, dicho Artículo habilita a los jueces a tomar medidas en los casos como los que hoy tenemos aquí, para que cese el delito o que no continúe y de esa manera no tener otro tipo de consecuencias», continuó la Fiscalía.

«La aplicación del Art. 118 requiere la verosimilitud del hecho, ya con la formulación de cargos aceptada por la Jueza de Garantías contamos con ello. Sumamos la certificación catastral que establece con absoluta certeza que el terreno usurpado es de la Municipalidad. No olvidemos el peligro de la demora en relación al avance de la obra, ellos hicieron caso omiso cuando recibieron la notificación municipal, y esto puede provocar una situación que luego no podamos controlar», argumentó el representante fiscal.

Por lo anterior es que se solicitó que en un plazo no superior a 15 días desalojen el inmueble de manera voluntaria, además la fiscalía pidió la aplicación de la medida de no innovar, Artículo 230 del Código Civil, para evitar un daño irreversible a las acciones que se están llevando a cabo, específicamente que se introduzca nuevo material o se avance con la construcción. «Todo bajo apercibimiento de que cometan el delito de desobediencia a una orden judicial y también pedimos que en caso de que se desocupe de manera voluntaria suceda bajo caución juratoria».

La jueza de Garantías interviniente fijó un cuarto intermedio para resolver acerca de las medidas cautelares, a las que también adhirió la querella, y dará a conocer su resolución el próximo martes 13 de octubre a las 11.30 de la mañana.

Judiciales

Si sufriste una afección mamaria y te realizaron una mastectomía tenés derecho a una reconstrucción

Debe ser cubierta por obras sociales, prepagas o salud pública. Todos los detalles en esta nota.

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El derecho a la salud está garantizado en la Constitución Nacional e incluye tanto la salud física como así también la salud mental. Si por alguna afección atravesaste una mastectomía, tenés derecho a una cirugía reconstructiva, la cual debe ser cubierta por obras sociales, prepagas o salud pública. En caso de que no se garantice este derecho, te explicamos como la Defensa Pública te puede ayudar.

Una Ley Nacional y una Ley Provincial garantizan la cobertura total de las reconstrucciones para todas aquellas personas que sufrieron afecciones mamarias y que debieron atravesar por una mastectomía. Esto corre tanto para las obras sociales, prepagas y también para salud pública.

En el año 2013, el Congreso de la Nación dictó la Ley N° 26.872 en la cual dispone que todos los agentes que brinden servicios médicos asistenciales independientemente de la figura jurídica – prepagas, obras sociales, establecimientos de salud públicos – “deben incluir la cobertura de la cirugía reconstructiva como consecuencia de una mastectomía por patología mamaria, así como la provisión de las prótesis necesarias”.

En la misma Ley, el Congreso invitaba a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la nueva legislación.

La Legislatura de Río Negro, sancionó el 14 de noviembre de ese mismo año la Ley Provincial N° 4.921 que además de la adhesión, disponía que el Ministerio de Salud de la Provincia se convertiría en la autoridad de aplicación de la prestación.

Entre los argumentos, se mencionan que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr se consagra como derecho humano fundamental de todas las personas” y que “es imprescindible que todos los países definan políticas públicas que hagan posible que la salud sea un derecho de todos, priorizando la inclusión de los sectores más vulnerables de la población”.

“Diversas patologías han proliferado en los últimos años, en este grupo debemos incorporar al cáncer de mama, ya que en la última década, tanto en países desarrollados como en los países en vía de desarrollo, el cáncer de mama ha sido el padecimiento más frecuente en las mujeres a nivel mundial”, agregan, señalando que ya en ese año, la Organización Mundial de la salud ya estimaba que se diagnosticaba esta enfermedad a una persona cada 30 segundos en todo el mundo.

¿Cómo puedo hacer valer este derecho?

Si necesitas asesoramiento jurídico y no tenés los medios económicos para contratar a un abogado particular, podés recurrir a la Defensa Pública comunicándote con cualquier Centro de Atención de la Defensa Pública o defensoría descentralizada.

Por razones sanitarias, los números telefónicos a los que podés llamar son en Viedma 02920 15244798 , en Roca 0298 154694061, en Choele Choel 02946 15411717, en Bariloche 294 154139120 o en Cipolletti 0299 156311684 o 0299 154284580.

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Rompió la pulsera electrónica, tuvo que volver a la cárcel y pasará dos meses más en prisión

El sujeto estaba con prisión domiciliaria y ahora volverá a estar tras las rejas.

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Foto: Archivo (Patagonia FotoPress).

Un hombre que cumplía prisión domiciliaria rompió la pulsera electrónica que lo monitoreaba. De esta manera, no solo debió volver al Establecimiento Penal N° 2 de Roca de manera inmediata, sino que ahora se le agregaron dos meses más de prisión y sumó una nueva condena a sus antecedentes, como autor del delito de evasión.

Según se expuso en la audiencia penal realizada el 14 de octubre, el delito ocurrió la tarde del pasado 3 de febrero en una vivienda de la zona oeste de Roca, donde el hombre se encontraba detenido bajo la modalidad de prisión domiciliaria, cumpliendo una condena firme de poco más de 6 años de prisión dictada en 2018.

Allí, según la imputación, “se quitó la pulsera electrónica mediante el uso de la fuerza, para lograr evadirse del domicilio”. Apenas detectada la situación la Policía inició la búsqueda y tres días después el hombre fue arrestado y trasladado al Establecimiento de Ejecución Penal, donde continúa detenido. La rotura del dispositivo fue detectada automáticamente por el sistema de monitoreo de la UADME (Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico), dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia, que alertó a la Policía y al Juzgado de Ejecución N° 10 de Roca. El Gabinete de Criminalística peritó la pulsera y confirmó que había sido cortada.

En la audiencia de formulación de cargos, el hombre aceptó su responsabilidad en el hecho y llegó a un acuerdo con la Fiscalía, para finalizar el proceso con un juicio abreviado. La condena de dos meses de prisión efectiva quedó firme de inmediato, porque las partes renunciaron a los plazos procesales para interponer recursos.

“Con los elementos de convicción puestos de manifiesto, sobre todo el informe de la UADME y la declaración de rebeldía oportunamente dictada respecto del interno (…) con más la aceptación y confesión del imputado, es posible adquirir certeza respecto de la existencia del hecho reprochado y la autoría del mismo”, concluyó la jueza del caso al homologar el acuerdo de procedimiento abreviado pleno, condenando al imputado a dos meses de prisión efectiva como responsable del delito de evasión y unificando la nueva condena con la anterior.

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Multan a aseguradora y un banco por no brindar información veraz, adecuada y suficiente

Se trata del famoso descuento en las cuentas bancarias denominado Sura. Todos los detalles en esta nota.

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El Superior Tribunal de Justicia confirmó una multa de $300.000 a una aseguradora y de $50.000 a un banco, impuesta por la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro. El máximo órgano judicial reafirmó su doctrina respecto al derecho de los consumidores a recibir información veraz, adecuada y suficiente por parte de las empresas.

Oportunamente, la Dirección de Comercio había multado a la aseguradora y al banco. Un cliente manifestó que no fue debidamente informado sobre las condiciones del contrato y que nunca le habían hecho llegar la póliza. Un fallo de la Cámara Civil confirmó la multa.

Hubo dos instancias de contacto. Una telefónica y otra personal. Al contactarse por teléfono solo se le dijo que por ser cliente del Banco contaba con una cobertura de seguro por robo. En la conversación el cliente se negó a dar los números de su tarjeta, pero “se lo induce a hacerlo pidiéndole que confíe, diciendo el agente bancario que él no lo va a engañar”. También se verificaron “ejemplos similares de operadores que, hablando excesivamente rápido, dando abundante información y con términos ambiguos, impiden a los clientes prestar un consentimiento pleno, libre e informado”.

Ya en sede bancaria, al momento de contratar otros productos, se le incorporó un contrato de seguro. Para el fallo inicial, “en ambos casos se puede advertir que existe un ocultamiento del verdadero acuerdo obligacional que se celebra, de la contratación que se ofrece bajo el velo de un beneficio, de información o de otro contrato o servicio en el cual efectivamente se encontraban interesados los damnificados”.

La apelación al STJ

La aseguradora Sura dijo que no se tomaron en cuenta las “constancias impresas del alta de los seguros” con las firmas de los clientes “ni los audios telefónicos de los que surge el ofrecimiento y aceptación de la cobertura”. Asimismo advirtió que no se ha valorado la página de Internet del banco donde se brinda información detallada a los clientes como tampoco su falta de cuestionamiento de los débitos mensuales. Además, dijo que la multa impuesta era desproporcionada.

Por su parte, el Banco Patagonia advirtió que en la sentencia recurrida subyace el equívoco de considerar que toda contratación telefónica o presencial de un seguro fue o es defectuosa por falta de consentimiento. También argumentó que los contratos de seguro fueron realizados en formularios individuales y que tampoco se observa que fueran confusos o en letra chica o con términos técnicos que no pudieran ser comprendidos por el cliente.

En su dictamen, el Fiscal General afirmó que se garantizó el derecho de defensa y consideró que el fallo recurrido aplicó correctamente la Ley de Defensa del Consumidor, al igual que la Ley de Seguros.
Consumidor, la parte más débil.

El máximo Tribunal aseguró que “nos encontramos en una relación que se enmarca en un contrato de seguros, que tiene un régimen específico. Ahora bien, tampoco se puede obviar que la operatoria de contratación del seguro es una relación de consumo”. De esa manera, la operatoria “se encuentra alcanzada por la protección que brinda la Ley 24240, y dentro de ella específicamente por el principio «pro consumidor» que, a fin de proteger a la parte débil en el marco de dicha relación, dispone la interpretación de las dudas a favor del consumidor”.

La sentencia del STJ recuerda que es preciso que “se brinde al usuario información adecuada, veraz, detallada, eficaz y suficiente” y en este caso, de acuerdo a las pruebas “las operatorias de comercialización de seguros no cumplieron con la normativa vigente, violando aquél derecho de información”.

Omisión informativa

El máximo Tribunal rionegrino reafirmó su doctrina: “es necesario insistir que la omisión informativa no es inocua, dado que priva al consumidor de la posibilidad de elegir libremente evaluando los pro y los contras de lo que se le está ofreciendo, quedando solo en su consideración las virtudes del producto o servicio que le relata el vendedor, incrementándose notoriamente de tal forma la chance de contratación y, por lo tanto, el beneficio económico de los proveedores”.

También recordó que no se trata de un reclamo aislado: “no nos encontramos en un supuesto donde un único denunciante alega esa falta de comunicación, sino que en autos hay una cantidad de testimonios (denunciantes) consignados en numerosos expedientes (sin ser desconocidos por las demandadas) que en una misma dirección no solo dan cuenta de la falta de información del producto que se le descuenta, sino que, aun más grave, afirman que nunca tomaron conocimiento de la contratación del seguro”.

“Prueba de esta falta de información -violatoria del art. 11 de la Ley 17418- es la falta de entrega a cada uno de los asegurados de la copia de la póliza respectiva. Es probable que la mera entrega de la póliza no hubiera sido suficiente para subsanar la ausencia de información veraz que tutela al consumidor, le permite conocer de antemano y obtener el mejor producto de acuerdo a sus necesidades pero, al menos, le hubiera puesto en conocimiento acabado de esa contratación”, agregó.

También desestimó uno de los argumentos de la apelación: “aquí no se trata de distinguir la validez o invalidez de los contratos; sino que lo que se encuentra en entredicho es si se ha dado o no un supuesto de infracción a las normas sobre información que se debe brindar al consumidor del seguro”.

En cuanto al planteo de Sura por el monto de la multa, si bien el STJ recuerda que “no corresponde al control judicial inmiscuirse en el ejercicio de una facultad discrecional cuando no se advierte irrazonabilidad o arbitrariedad”, asegura que en el fallo se ponderó “su actividad, la posición que ocupa en el mercado, el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización”.

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