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Judiciales

Más de 4500 causas penales iniciadas en Río Negro por incumplimiento al aislamiento

Las penas van desde los 6 meses a los 2 años de prisión.

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Más de 4500 rionegrinos y rionegrinas deberán enfrentar causas penales en la provincia por haber trasgredido las normas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional de cumplimiento al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que rige desde el 20 de marzo en la mayor parte del territorio provincial.

Las respuestas con las que el fuero penal sanciona a quienes trasgreden las medidas sanitarias dispuestas para evitar la propagación de la pandemia del Covid-19 van desde las penas efectivas, hasta condenas de prisión en suspenso, suspensiones de juicio a prueba y criterios de oportunidad.

Sistemáticamente, desde la reanudación de los plazos judiciales, se trabaja para avanzar ya sea en acusaciones formales producidas en audiencias o en la aplicación de salidas alternativas en los casos en los cuales sólo se estaba cometiendo los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal y la persona no lo realizó de forma reiterada.

Dichos artículos reprimen con penas desde los 6 meses a los 2 años a aquellas personas que “violaren las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o porpagación de una epidemia” (Art. 205); o “de quince días a un año, al que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal” (Art. 239).

En principio, por tratarse de delitos que implican penas menores a tres años, la condena admitiría para la gran mayoría de los casos penas de cumplimiento condicional. Si embargo las mismas conllevarían el computo de un antecedente penal y, en caso de cometer otro delito y ser declarado culpable – aún si el mismo fuera un delito culposo como en un accidente de tránsito – la siguiente pena a aplicar sería de cumplimiento efectivo por menor que la misma fuera.

Se suma a los mencionados delitos, el impuesto a través del artículo 202 del Código Penal que destaca que debe ser sancionado con penas de “reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.

Se encuadrarían en el mismo quienes, siendo portadores del virus, incumplen el aislamiento y las normativas dispuestas por salud pública, poniéndolo en una situación judicial mucho más grave.

De esta forma, teniendo en cuenta la escala penal y los parámetros fijados por la Procuración General para la actuación en este tipo de casos, las posibilidad de acceder a una pena de cumplimiento condicional o a un método autocompositivo de resolución de conflictos son mucho menores.

Es importante destacar finalmente que muchas de las probation o criterios de oportunidad permitieron que hospitales, centros de salud y organizaciones de la sociedad civil recibieran donaciones por parte de imputados en este tipo de causas a través de la aplicación de estas medidas alternativas de resolución de conflicto. Además en muchos casos se han impuesto además diversos tipos de pautas de conducta.

Judiciales

Cuota alimentaria: un padre se queda sin auto y sin teléfono hasta que cumpla con el pago

Debía comenzar a pagar $8.000 a partir de diciembre del año pasado, pero no hizo ni un solo depósito.

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Una resolución del fuero de Familia de Cipolletti adoptó medidas de cumplimiento con un papá que adeuda diez meses de cuota alimentaria. Debía comenzar a pagar $8.000 a partir de diciembre del año pasado, pero no hizo ni un solo depósito. Ahora le quitaron el carnet de conducir y dieron de baja sus líneas telefónicas.

La jueza de Familia de Cipolletti fundó la medida en la Convención de los Derechos del Niño y en el Código Civil y Comercial de la Nación. Puntualmente, el articulo 553 establece que se puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia.

A su vez la magistrada consideró que el Estado debe obligarse a garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con una tutela judicial efectiva en tiempo útil, más aún cuando la normativa otorga herramientas para hacerlo.

En diciembre de 2020, el padre le prometió a la madre que le depositaría todos los meses la suma de $8.000 en concepto de cuota alimentaria por los hijos que tienen en común. Ante el incumplimiento reiterado, la jueza tomó medidas.

Ordenó la suspensión para conducir y el retiro de la licencia de conducir del alimentante y la suspensión de las líneas telefónicas a su nombre.

En la misma resolución les envió oficios a los municipios del Alto Valle y a la dirección nacional de Tránsito para comunicarles la medida que tendrá vigencia “hasta tanto exista resolución judicial en contrario”. Los mismos oficios se enviaron a las compañías de telefonía fija e inalámbrica.

La prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica, correspondientes a la condición del que la recibe, en la medida de sus necesidades y de las posibilidades económicas del alimentante. Si el alimentado es una persona menor de edad, comprende, además, lo necesario para la educación.

La prestación se cumple mediante el pago de una renta en dinero, pero el obligado puede solicitar que se lo autorice a solventarla de otra manera, si justifica motivos suficientes. Los pagos se deben efectuar en forma mensual, anticipada y sucesiva, pero, según las circunstancias, el juez puede fijar cuotas por períodos más cortos.

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Judiciales

Tenía entrega pactada pero no le dieron la camioneta: ahora le deben el reembolso y una multa

Son casi $800.000 con los que una concesionaria deberá indemnizar a un vecino de Roca.

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Con la promesa de la entrega pactada en cuota 5, un hombre de Roca aceptó suscribir un plan de ahorro por una camioneta Volkswagen Amarok y pagó inmediatamente la primera cuota. Pero pronto comenzaron los problemas porque no le llegó el cupón de la segunda cuota, los siguientes cupones le llegaron al límite de la fecha de vencimiento, se comenzó a dilatar la fecha previsible de la entrega y nunca le dieron la documentación anexa del contrato que solicitó. Además, cuando quiso licitar la camioneta por la urgencia de tener una movilidad propia, pretendieron cobrarle cargos que no estaban previstos en la contratación.

Tras haber pagado 8 cuotas y un anticipo del 30% del valor de la camioneta sin lograr destrabar la demorada entrega pactada, el hombre dio por rescindido el contrato y pidió a las empresas vendedoras que le devuelvan todo el el dinero con intereses y le reconozcan los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato.

Ante la negativa de Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados -que es la empresa administradora de los planes de ahorro- y de la concesionaria Iruña -donde el hombre suscribió el plan-, el cliente inició la demanda civil. La sentencia de primera instancia le dio la razón y condenó a las dos empresas por el incumplimiento del contrato, por haber negado al cliente la información adecuada y veraz que necesitaba y por no haberle brindado un trato digno.

El fallo original del Juzgado Civil N° 9 de Roca fue apelado y la Cámara de Apelaciones confirmó la condena por violación a los Derechos del Consumidor, aumentó la indemnización en algunos rubros y rechazó todos los planteos de las empresas.

Así, la Cámara confirmó que ambas empresas deben devolver al cliente las 8 cuotas y los $127.170 que había pagado, todo ajustado a valores actuales, y que a eso deben sumar $200.000 por daño moral y $450.000 por daño punitivo, con los intereses acumulados desde que se firmó el malogrado contrato, en 2015.

Sobre el daño punitivo, la Cámara destacó que “el accionar de las demandadas no ha quedado configurado sólo como incumplimientos contractuales sin consecuencias, sino que han generado daños en el actor de consideración”. “Hubo un incumplimiento legal y contractual, en violación los deberes de información veraz y clara, buena fe contractual, trato digno hacia el consumidor”, que tiene “gravedad suficiente para la aplicación de la multa”, dijo el Tribunal.

El fallo explicó que el daño punitivo, como multa civil, es “una herramienta de prevención del daño que se aplica como sanción a quien ha actuado con grave indiferencia hacia los derechos del consumidor. Solo procede, entonces, ante la intención o suficiente negligencia que, como tal, amerite sanciones con el fin de desanimar la ocurrencia futura de acciones similares”, procurando “beneficiar al mercado en general, erradicando o desalentando prácticas no deseadas”.

Sobre el daño moral, la Cámara rechazó el planteo de las empresas, que lo consideraban un “enriquecimiento sin causa” para el cliente. “La indemnización del daño moral importa un crecimiento del patrimonio de la víctima, y por ende, un enriquecimiento, pero aquí ‘con causa lícita’, ya que ante un detrimento que no tiene valor por sí mismo, el ordenamiento manda a pagar una suma de dinero a fin de otorgarle una satisfacción sustitutiva y compensatoria” de las “afecciones espirituales legítimas” que sufrió el cliente por el incumplimiento contractual y el destrato.

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Judiciales

Mediaciones familiares: el 86% de los acuerdos entre las partes se cumplieron

La pandemia había modificado los procesos y la virtualidad implicó hacer un mayor seguimiento de las personas que recurren a la mediación en temas del ámbito familiar.

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La Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos realizó un relevamiento para conocer el resultado de las mediaciones familiares, el primer semestre de 2021. El dato central es que hay un 86% de cumplimiento de los acuerdos.

La necesidad de realizar un relevamiento para conocer los niveles de cumplimiento surgió de la Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Dimarc). La pandemia había modificado los procesos y la virtualidad implicó hacer un mayor seguimiento de las personas que recurren a la mediación en temas del ámbito familiar.

Los equipos de los Centros Integrales de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Cimarc) consultaron telefónicamente a partir de los datos consignados en los legajos digitales. En todos los casos quienes realizaron las llamadas fueron las directoras, subdirectora o secretarias.

“La información colectada fue muy alentadora y reconfortante, ya que en principio la gran mayoría de personas consideraron este contacto como un interés por parte del Poder Judicial respecto del cumplimiento de los acuerdos. Por ello se mostraron con predisposición a contestarles y agradecidas por ocuparse”, surge del informe que se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Respecto de los niveles de cumplimiento sobre los 599 procesos relevados, el 86% de acuerdos se concretó (514 de ellos) y el 14% (85 casos) no se cumplieron. Se midió el primer semestre de este año y las consultas fueron dirigidas a las partes que intervinieron en mediaciones de las cuatro circunscripciones judiciales.

“Como conclusión podemos decir que la apuesta a los de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos demuestra seguir siendo adecuada para aportar soluciones pacíficas y una mejora en las relaciones y vínculos, lo que posibilita una gestión de los conflictos familiares que creemos progresista. La flexibilidad que diseños como la mediación y conciliación aportan les permite adaptarse a la diversidad de contextos y realidades que acontecen, sin resentirse ante las contingencias y manteniendo la esencia que promueven”, finaliza el informe.

Los motivos

Algunas de las expresiones transmitidas en las conversaciones telefónicas fueron: “estaban muy conformes con los resultados alcanzados”; “la mediación les resultó una buena oportunidad para mejorar el vínculo con la otra parte”; “esta fue el punto de partida para una mejor comunicación, lo que permitió en algunos casos que aplicaran variantes a los acuerdos, adaptándolos a los cambios necesarios que surgieron con posterioridad al mismo”.

Algunos de los motivos que llevaron al incumplimiento de los acuerdos fueron: “se quedó sin trabajo”; “se dieron cambios familiares”; “cumplía y dejó de hacerlo”.

La mediación en Río Negro tiene un recorrido de más de 10 años y en la actualidad el servicio es gratuito y obligatorio para los temas patrimoniales y del ámbito familiar, excepto la violencia de género.

Además, la provincia fue la primera en aprobar un protocolo para continuar prestando el servicio durante la pandemia. Actualmente, el Consejo de la Magistratura se encuentra reforzando la estructura de la defensa pública que interviene en los métodos autocompositivos.

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