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Rompió la pulsera electrónica, tuvo que volver a la cárcel y pasará dos meses más en prisión

El sujeto estaba con prisión domiciliaria y ahora volverá a estar tras las rejas.

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Foto: Archivo (Patagonia FotoPress).

Un hombre que cumplía prisión domiciliaria rompió la pulsera electrónica que lo monitoreaba. De esta manera, no solo debió volver al Establecimiento Penal N° 2 de Roca de manera inmediata, sino que ahora se le agregaron dos meses más de prisión y sumó una nueva condena a sus antecedentes, como autor del delito de evasión.

Según se expuso en la audiencia penal realizada el 14 de octubre, el delito ocurrió la tarde del pasado 3 de febrero en una vivienda de la zona oeste de Roca, donde el hombre se encontraba detenido bajo la modalidad de prisión domiciliaria, cumpliendo una condena firme de poco más de 6 años de prisión dictada en 2018.

Allí, según la imputación, “se quitó la pulsera electrónica mediante el uso de la fuerza, para lograr evadirse del domicilio”. Apenas detectada la situación la Policía inició la búsqueda y tres días después el hombre fue arrestado y trasladado al Establecimiento de Ejecución Penal, donde continúa detenido. La rotura del dispositivo fue detectada automáticamente por el sistema de monitoreo de la UADME (Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico), dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia, que alertó a la Policía y al Juzgado de Ejecución N° 10 de Roca. El Gabinete de Criminalística peritó la pulsera y confirmó que había sido cortada.

En la audiencia de formulación de cargos, el hombre aceptó su responsabilidad en el hecho y llegó a un acuerdo con la Fiscalía, para finalizar el proceso con un juicio abreviado. La condena de dos meses de prisión efectiva quedó firme de inmediato, porque las partes renunciaron a los plazos procesales para interponer recursos.

“Con los elementos de convicción puestos de manifiesto, sobre todo el informe de la UADME y la declaración de rebeldía oportunamente dictada respecto del interno (…) con más la aceptación y confesión del imputado, es posible adquirir certeza respecto de la existencia del hecho reprochado y la autoría del mismo”, concluyó la jueza del caso al homologar el acuerdo de procedimiento abreviado pleno, condenando al imputado a dos meses de prisión efectiva como responsable del delito de evasión y unificando la nueva condena con la anterior.

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Inicia el juicio al kinesiólogo roquense acusado de abuso

Los hechos, según consta en la denuncia de la víctima, ocurrieron en 2019.

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Mañana martes (11/5) iniciará en la Ciudad Judicial de Roca el juicio por presunto abuso sexual simple al kinesiólogo Mirko Ledesma.

Este es el segundo proceso judicial que afronta Ledesma por la misma acusación. Ya en 2006 fue condenado a 2 años y 3 meses de ejecución condicional, más la inhabilitación por 3 años para ejercer profesionalmente. No obstante, esa sentencia no influye como antecedente en la nueva causa ya que se cumplió la pena.

La denuncia fue radicada en el año 2019 por parte de una paciente. Justamente en agosto del 2020 la Justicia le formuló cargos al kinesiólogo por abuso sexual simple.

Ledesma, de 57 años, llega al juicio con la defensa del abogado Edgardo Pérez. En representación de la víctima, mayor de edad, actúa la Dra. Olga Marín.

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Judiciales

Era policía, mató a su pareja y se suicidó: el Estado deberá indemnizar a las hijas de la víctima

El femicida utilizó la pistola reglamentaria de la fuerza rionegrina para cometer el hecho.

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Un femicidio seguido del suicidio del autor dejó a dos adolescentes sin su madre en una localidad del Alto Valle. El autor del femicidio era un cabo de la Policía de Río Negro y para cometer el asesinato utilizó la pistola reglamentaria que le había proporcionado la institución.

La Cámara Civil de Apelaciones de Roca confirmó esta semana la sentencia de primera instancia, ordenando que las hijas sean indemnizadas por el daño moral sufrido y por la pérdida de chance, tras verificar la responsabilidad última del Estado por haber dado el arma y el “estado policial” al autor del crimen de género.

El femicidio ocurrió en 2008, pero la demanda civil recién pudo ser iniciada después de cerrada la causa penal y cuando una de las hijas de la víctima ya era mayor de edad. Su hermana menor, en tanto, ingresó al proceso civil representada por su padre. Durante la tramitación del proceso se analizaron otras causas del fuero Penal y de Familia vinculadas con el hecho y finalmente se dictó la primera sentencia favorable a las hijas, que ahora fue confirmada prácticamente en su totalidad por la Cámara Civil.

En su apelación, la Provincia intentó excluir su responsabilidad afirmando que el femicida “no actuó en ejercicio de sus funciones, sino que se trató de un acto propio de su vida privada”. Contra esa argumentación, las hijas respondieron “que el estado policial que poseía el agente, que le implicaba la portación permanente del arma de fuego provista por la Institución policial, hacía que la Provincia por añadidura resultara responsable de los actos del agente, de cualquier índole, producidos por el citado arma. Que además, es responsabilidad del Estado provincial la selección de personas con los componentes psíquicos aptos como para esa portación, atento el riesgo que genera hacia terceros; por lo cual, habida cuenta del resultado producido en el caso, debe considerarse e la demandada responsable del hecho”.

En otro punto de la apelación, el Estado Provincial pidió que se reduzca la indemnización de un millón de pesos a cada hija en concepto de daño moral, por considerar la suma “exorbitante”.

Ninguno de los planteos encontró eco en la Cámara Civil, que confirmó la sentencia inicial en casi todos sus alcances. La única modificación admitida fue en torno al modo de calcular la indemnización por “pérdida de chance”, es decir, por la repercusión económica que tuvo el homicidio de la madre en la vida de las hijas.

“Cuando se ocasionan perjuicios a una persona como consecuencia del indebido uso de las armas de fuego, de titularidad de agentes de las fuerzas armadas, se genera la responsabilidad de la entidad pública oficial que los ha incorporado a sus filas, sin que sea causa de justificación el mero hecho de encontrarse de franco, puesto que tales agentes del Estado, se hallan en situación particular. Dicha particularidad deriva de su obligación principal de prevenir el delito y de procurar la seguridad de todos los gobernados, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, aún a riesgo de su vida o integridad personal, resultando ella indivisible de la personalidad del policía. Es en virtud de ello que no puede resultar eximente de la responsabilidad de la entidad oficial -que los ha preparado de manera técnica y psíquica adecuada a tales fines- la circunstancia de que el agente, al momento de suceder el hecho dañino, se encuentre de franco”, fundamentó la Cámara sobre la responsabilidad estatal.

En cuanto al daño moral, la Cámara rechazó cualquier reducción, considerando que las hermanas fueron “testigos del asesinato de su madre, porque estaban en el hogar cuando ocurrió, escucharon las detonaciones y en los instantes siguientes presenciaron el cruento e inminente desenlace recién producido, con el inconmensurable impacto en los sentimientos” que padecieron.

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El Consejo de la Magistratura aceptó las renuncias de Zaratiegui y Mansilla al STJ

El concurso público para cubrir esas vacantes será el 30 de junio.

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Ayer (05/05) al mediodía se constituyó en Viedma el Consejo Grande de la Magistratura, que analizó y aceptó las renuncias de Adriana Zaratiegui y Enrique Mansilla como jueces del Superior Tribunal de Justicia.

El Consejo se reunió con la presencia de todos sus miembros y encabezado por la gobernadora Arabela Carreras.

Las renuncias de Zaratiegui y Mansilla se harán efectivas a partir del 31 de agosto. Se definió que el concurso público para cubrir esas vacantes será el 30 de junio.

Además de Carreras en la Presidencia, integran el Consejo los legisladores Facundo López, Silvia Morales, Claudia Contreras, Soraya Yahuar, Norberto Blanes, Sebastián Caldiero, Elbi Cides, Julia Fernández, Alejandra Mas, Humberto Marinao, Pablo Barreno y Marcelo Mango; además de 12 representantes de los Colegios de Abogados de Viedma, General Roca, San Carlos de Bariloche y Cipolletti.

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