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Opinión

Y los legisladores, ¿para qué?

Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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Esta pandemia ha sacado a relucir la compleja situación política e institucional de los gobiernos, a partir de dos concretos frentes. Por un lado, los renovados y constantes requerimientos de la sociedad en la que se desarrollan, a la vez que su relación inestable con las tecnologías de la información y la comunicación, que los rodea.

Pero bien, no son ni los únicos, ni los más grandes desafíos a los que se enfrentan y es dentro del sistema político, donde se debe comenzar a comprender desde dónde se parte y hacia dónde se avanza.

Esto es lo mismo que afirmar que hay viejos desafíos que presenta la representación política e institucional que deben ser atendidos y a continuación brevemente listados, para su consideración.

I. Existe una suerte de ruptura entre buena parte de la sociedad y los partidos políticos, ya que en buena medida, éstos no dan seguridad y/o garantía futura de acción y/o decisión futura de política pública. Es decir no hay mayor compromiso, ni detalle en plataformas.

II. Por ello, se votan candidatos y no espacios o partidos políticos.

III. Estos candidatos en la mayoría de las veces no representan a sectores, ni a organizaciones libres del pueblo, sino que son apellidos distinguidos de la política o de algunos sectores representantes de las economías concentradas, que pretenden fungir de referencias.

IV. Si bien hay un reclamo que por debajo, cuestiona la falta de requisitos (académicos y/o técnicos – institucionales) para ingresar al cargo público, lo que podría ponerse en valor es la necesidad de brindar y dotar a quienes los ocupan de conocimientos indispensables para la gestión de y en la cosa pública.

V. Quizá lo más alarmante sea la falta de deliberación. Es que en los ámbitos legislativos la idea de deliberar hace alusión a un debate sostenido para llegar a un acuerdo, cuando en los últimos tiempos los debates tienden a no darse y tienden a ser esquivados. Somos entonces, espectadores de ataques cruzados y expresiones irracionales más allá de los parámetros esperados en las instituciones. Aquí vemos que el intento por encontrar un acuerdo queda trunco, y lo que acaba prevaleciendo es la imposición de la mayoría.

Esta pandemia, nos ha traído también nuevos interrogantes, esos que nos interpelan y nos invitan a reflexionar sobre qué uso le dan las administraciones públicas y/o cómo las toman, suponiendo que siempre es tarde y/o sin acabar de comprender el potencial que ellas revisten. Mientras que este uso interno (tan diferente al que la ciudadanía le otorga), no hace más que erigir barreras de desentendimiento entre unos y otros, representantes y representados.

Joan Subirats, da cuenta de una experiencia (que ya parece antigua), al ilustrarnos cómo en el año 2014 en el ayuntamiento de Barcelona se debía votar un tema importante y de forma excepcional le permiten a una Diputada (que se veía imposibilitada a concurrir), participar de esta sesión de manera virtual, desde su casa.

Esta situación se vuelve a repetir seis años más tarde en la gran mayoría de los países del mundo, vemos legisladores (de diversos órdenes y niveles de gobierno) trabajando desde sus casas, a la vez que encontramos a sus asesores legislativos asistiendo a comisiones de forma remota.

Entonces aparece una rápida y concreta pregunta, esa que cala hondo y desordena esa normalidad que nos garantiza la máxima de la representación “no gobernarás, sino a través de tus representantes”; es que si los ciudadanos descubrimos que las administraciones públicas son más permeables a las tecnologías y se abren, ¿para que necesitamos representantes?

En medio de ello una crisis socio económica profunda y mundial que va a requerir (inclusive bajo receta y recomendación del Fondo Monetario Internacional), de más Estado, más presente, con más y mejores servicios públicos, mejores representantes, mejores legisladores, mejores o más actualizados partidos políticos y relaciones con la sociedad civil.

Algunas de las notas que deberían guiar las acciones de los gobiernos deberían estar vinculadas a comprender que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han venido para quedarse y que con ellas o a pesar de ellas, deben mediarse las relaciones con las comunidades.

Que si bien la pandemia nos ha tomado por sorpresa, desprevenidos, también es cierto que nos debe servir para reflexionar a todos por igual (ciudadanos, representantes, estado) debiendo entonces velar por la apertura de nuevos y mejores canales de comunicación y participación activa.

Que sin dudas se renueva el interrogante de para qué tenemos representantes, de para qué sirven los legisladores, y que quizá haya que propender a la construcción de esquemas de Participación Comunitaria Directa. Y que gracias al esfuerzo que esto conlleva, pero también a la oportunidad que las tecnologías nos ofrecen, lo ideal sería avanzar en profundizar las relaciones y con ello comenzar a tejer en la capilaridad social.

Habrá propuestas más técnicas, que pregonen por cuerpos administrativos muy formados, utilización de aplicaciones, aplicativos y/o plataformas digitales para realizar votaciones y/o consultas populares vinculantes (pero no obligatorias) masivas y abiertas a una gran cantidad de temáticas.

Habrá otras de índole política, más vinculadas a la necesidad de acordar, de repensar los mecanismos y funcionamientos de minorías y mayorías, del rol de los partidos políticos y de las representaciones en los territorios, casi minimizando el asunto de la formación técnico – académica, reduciéndola al mundillo de los asesores.

Por mi parte estaría profundamente satisfecho si todo esto nos permite mapear los tejidos asociativos locales, tratando de determinar quién marca y organiza las agendas locales. Es que si descubrimos que no son los gobiernos ni sus representantes quienes comandan los asuntos públicos, sino que por el contrario son las demandas y los grupos “de afuera” quienes marcan el rumbo: ¿de qué tipo de representación estaríamos hablando?

Federico Vasches.
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

Opinión

Discapacidad y trabajo: una mirada reflexiva hacia la inclusión laboral

Nota de opinión por Emilio Epulef. Periodista. Estudiante de Comunicación Social.

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Las personas con discapacidad en Argentina gozan de derechos, pero carecen de algunos por su falta de implementación, en nuestro país la última encuesta censal realizada hace 1 década arrojó como resultado que del total de la población de nuestro país solo el 12,9% padece de algún tipo de discapacidad. Esto traducido a número da un total de 5 millones de personas. Del total de esta población solo el 86,1% padecen una discapacidad permanente, el 40,5 tiene discapacidad visual, el 32% padece más de una discapacidad permanente, el 16,2% padece de una discapacidad motora y el 5,7% tiene una discapacidad cognitiva y auditiva (Fuente INDEC).

A lo largo de los años se han dictaminado leyes que garantizan la protección y otorgamiento de beneficios y derechos hacia las personas con discapacidad, tal es el caso de la ley es la 24,901 que dispone las prestaciones básicas hacia este sector social. Luego la Ley 25.504 como complemento a las leyes mencionadas anteriormente que otorga el Certificado Único de discapacidad ( CUD), y la ley 22,431 que expresa la protección integral de estas personas y en su artículo 8 en el cual establece «El Estado Nacional entendiéndose el mismo por los tres poderes sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos— están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas». Esta última ley va en concordancia con la 26,378 con jerarquía constitucional sancionada en el año 2008, en el cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el cual el artículo 27 expresa el acceso y derecho al trabajo sin discriminación por parte de los empleadores, en tanto en el 2010 se sancionó el decreto 312/10 que ordena al sector empresarial al pleno cumplimiento de la ley.

Pero esta ley es uno de los derechos que los organismo estatales y privados no cumplen, si bien existen programas de inserción laboral (PIL) a modo de pasantías para ir capacitando a las mismas para que en un futuro tengan la idoneidad que se necesita para ocupar un puesto de trabajo, aun así no se logra la plena inclusión de este sector social, para que esto suceda los empleadores deben realizar un llamado a concurso previo teniendo como prioridad la ocupación de dicho cupo, pero la convocatoria al mercado laboral son escasas y no hay llamados para solicitar nuevo personal. Esto dificulta el pleno cumplimiento del cupo y de la ley que reglamenta el derecho y acceso al trabajo. esto demuestra que 1 de 4 personas logra acceder a un empleo y el 40% de las empresas ofrecen programas de inclusión laboral según un informe de ADECCO, estas cifras son alarmantes porque muestra la falta del cumplimiento de las leyes establecidas.

Por su parte AMIA (servicio de empleo) afirmaron que la inclusión crece a medida que pasan los años, pero algunas empresas están teniendo una actitud reacia al incorporar personal porque en su mayoría por falta de información, por no saber cómo generar espacios accesibles, y por los estereotipos que aún marcan que una persona con discapacidad suele ser irresponsable, poco profesional y que no logrará cumplir con su tarea. la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en Febrero del presente año mediante la resolución 34/2020 en su artículo 1° Establece que cuando se verifique la existencia de una vínculo laboral formal bajo relación de dependencia por parte del sujeto de derecho de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en los términos de la Ley N° 13.478 mayor de 18 años de edad, o adolescente emancipado en los términos del artículo 27 del Código Civil y Comercial de la Nación, la suspensión prevista en el artículo 19 inciso c) del Decreto Reglamentario N° 432/97, se mantendrá vigente durante el plazo que dure dicha relación laboral, siempre que los haberes fruto de la relación laboral fueren mensualmente netos superiores a CUATRO (4) jubilaciones mínimas.

Sin dudas es un gran avance en este año de pandemia donde las fuentes laborales son más complejas y escazas para la población y aún más para las personas con discapacidad, pero aún así no se logra una inserción y ejecución de la ley que garantiza a ejercer el derecho al trabajo y lograr una inclusión plena y eliminación de manera efectiva de las barreras que existen para las personas con discapacidad.

Emilio Epulef
Periodista. Estudiante de Comunicación Social.

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Opinión

Las elecciones estadounidenses de 2020

Nota de opinión por Isidoros Karderinis, novelista, poeta y columnista.

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La elección presidencial del 3 de noviembre de 2020 fue indudablemente la elección más importante en la historia de la posguerra de EE. UU. En estas elecciones, por tanto, la participación de los votantes estadounidenses fue la mayor desde 1900, lo que demuestra el resurgimiento de su interés político y el clima fuertemente polarizador que imperaba en el país. Al mismo tiempo, Joe Biden puede haber ganado el voto popular (4,5 millones de votos más que Trump) y los electores necesarios, pero Donald Trump ha demostrado una gran durabilidad, teniendo de hecho en su contra casi todos los medios, la gran mayoría de Hollywood y el todo establecido.

Estas elecciones mostraron la profunda división en los Estados Unidos, que en muchos lugares llevó a resultados electorales extremadamente marginales. El intenso enfrentamiento entre las dos partes y la retórica y práctica extremas no es un hecho aislado y puede profundizarse aún más, teniendo un impacto negativo en el país.

Las razones de la resiliencia electoral de Trump se deben a que el presidente Trump había adoptado una retórica antisistémica de denuncia de las élites, a las que sin embargo pertenece, así como una táctica agresiva contra las fuerzas de la globalización, aspectos que tocaron fuertemente grandes sectores de la clase media y, por supuesto, la clase trabajadora.

Entonces, a los desempleados, a las personas que sienten que no tienen voz, a los habitantes de la provincia que son ridiculizados por sus modales y costumbres por los arrogantes residentes metropolitanos, incluso a los ciudadanos pertenecientes a minorías pero también a todas las grandes comunidades, como los afroamericanos y latinos, el discurso de Donald Trump ha encontrado y sigue encontrando una gran resonancia. Y esto a pesar de que todos los movimientos por la protección de los derechos (black lives matter, etc.) estaban claramente en su contra.

Y si no se hubiera producido la pandemia de coronavirus y no hubiera estallado la segunda ola, que está golpeando a Estados Unidos con tanta violencia como la primera, Donald Trump habría ganado fácilmente las elecciones. Así, después de los primeros tres años de resultados económicos positivos de la administración Trump, el cierre de marzo provocó el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas, mientras que más de 20 millones de estadounidenses se quedaron repentinamente sin trabajo.

Y Donald Trump sin duda habría ganado las elecciones presidenciales sin la crisis de salud dado el hecho de que Joe Biden, quien expresa el internacionalismo neoliberal, el proceso de globalización relacionado y la «sociedad abierta» de las ONG y las muy poderosas instituciones económicas como las fundaciones George Soros y Bill Gates. etc., claramente parecía haberse quedado sin fuerzas, propuestas y consignas antes incluso de llegar a la línea de meta.

Los oponentes políticos de Trump y la mayoría de los analistas y encuestadores se habían centrado en los rasgos arrogantes y egoístas de su personalidad, un excéntrico y muy impulsivo sin duda multimillonario, y por supuesto se equivocaron al creer que sería derrotado con una gran diferencia. El trumpismo como fenómeno ideológico y social es cierto, por tanto, no se ha ido, está presente y seguirá existiendo. Trump no es solo un paréntesis en la historia política de Estados Unidos, sino que expresa tendencias obvias específicas en la sociedad estadounidense y la burguesía.

Los ciudadanos estadounidenses quieren prosperar económicamente en un país donde prevalecerá la paz social, el orden y la seguridad. Debido a la globalización, muchas unidades industriales se han ido a países pobres donde hay una mano de obra barata. Entonces, la clase trabajadora de Estados Unidos resultó muy herida. Trump fue quien reclamó el regreso de las fábricas a su país, anteponiendo a EE.UU. y al pueblo estadounidense, en el contexto de la tendencia ideológica del conservadurismo etnocéntrico.

Y a otros países, especialmente a los poderosos, puede que no les guste la política de «Estados Unidos primero», pero no ocurre lo mismo con el ciudadano estadounidense promedio, especialmente en América profunda y los estados centrales.

El 20 de enero, Joe Biden se sentará en su silla en la Oficina Oval con Kamala Harris, en el cargo de vicepresidenta, por primera vez en el cargo, una mujer de ascendencia africana, jamaicana e indio. Durante su mandato y en base a lo que dijo, Estados Unidos volverá al Tratado Climático de París, según el cual el objetivo mínimo de los estados es mantener la temperatura en más 2 grados Celsius (+2 C), y eso será un desarrollo positivo, ya que el cambio climático no es un «mito». Y esto se puede ver fácilmente si se observan los fenómenos meteorológicos extremos que ocurren en el planeta. No olvidemos que Estados Unidos es el segundo mayor contaminante del mundo después de China.

Además, los organismos multilaterales, como p.ej. La OTAN, la ONU y sus ramificaciones, que han sido fuertemente desafiadas por el presidente saliente Trump, probablemente serán tratadas de manera diferente por la administración de Joe Biden, pero las relaciones de Estados Unidos con sus aliados europeos pueden moverse en otras direcciones.

Cabe señalar en este punto que Donald Trump había amenazado repetidamente con retirar a Estados Unidos de la OTAN y reducir su contribución si otros miembros no mostraban voluntad de aumentar su gasto en la organización. Las relaciones entre Alemania y Estados Unidos también se han tensado durante los últimos cuatro años, con Trump amenazando a la industria automotriz alemana y a la Unión Europea en su conjunto varias veces con impuestos. Las relaciones de Washington con Bruselas también se congelaron después de su decisión de retirar a Estados Unidos de los acuerdos climáticos internacionales e Irán por su programa nuclear.

Sin embargo, si los republicanos finalmente logran el control del Senado, causarán muchos problemas profundos al nuevo presidente Joe Biden, ya que bloqueará la mayor parte de su agenda legislativa.

Para terminar, me gustaría enfatizar que el predominio de Joe Biden, quien también ha protagonizado todas las características patogénicas que llevaron a Estados Unidos a su declive actual, es decir, las desigualdades sociales generalizadas, el estado de bienestar problemático, el favor a las élites financieramente fuertes, la anarquía internacional, etc., no va a llevar a Estados Unidos por caminos brillantes. Además, no presentó un plan de programa inspirador, integral y convincente para la reorganización social, económica y política de la sociedad y el país.

Isidoros Karderinis
Novelista, poeta y columnista.

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Opinión

Con los jubilados no

Nota de opinión por la Asociación Jubilados Río Negro.

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Los jubilados venimos sufriendo mermas en nuestros haberes jubilatorios en forma sistemática con distintos gobiernos. A ello, debimos sumarle últimamente la falta de previsibilidad, al haberse resuelto las actualizaciones vía DNU, lo que objetivamente, ya lo hemos dicho desde esta Asociación, disminuyó el haber previsional de la mayoría de los jubilados. El Gobierno Nacional ha enviado un proyecto de Ley al Congreso con una nueva fórmula.

La fórmula establecida en la Ley de Movilidad suspendida, estaba integrada en un 70% por el índice de inflación y 30% por índice de aumento de salarios de trabajadores estables..

El reciente proyecto de ley del Gobierno elimina el índice de inflación e impulsa que las jubilaciones vuelvan a ajustarse por un mix entre el RIPTE – Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables – (salarios) y Recaudación.

Esta fórmula implicará un manotazo a los bolsillos de la inmensa mayoría de los jubilados. Ello así porque además de quitar el componente «inflación» en los índices de cálculo, también se modifica la periodicidad de su aplicación estableciéndose en seis meses en lugar de los tres meses establecidos en la Ley suspendida, lo que pauperiza aún más el ingreso al sufrir el efecto inflacionario acumulado durante ese período semestral.

En pocas palabras, el «ajuste» será sobre los jubilados, traicionando las promesas expresadas respecto a la clase pasiva por el actual Presidente durante la campaña electoral.

Desde la Asociación Jubilados Río Negro, rechazamos firmemente el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que pretende establecer la fórmula de cálculo de la actualización de las jubilaciones sin el componente inflacionario, entendiendo que debe utilizarse la variable «inflación», que permite preservar el poder adquisitivo, y manteniendo el período de actualización cada tres meses como lo estableció la Ley 27.426.

Miguel Ciliberto, Mercedes Fluriach y Lina Ruggeri
Presidente, vicepresidenta y secretaria de la Asociación Jubilados Río Negro.

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