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Violencia de género: Golpeó y le gatilló dos veces en la cabeza a su pareja

El sujeto fue imputado y estará al menos tres meses en prisión preventiva.

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Foto: Archivo (Patagonia FotoPress)

Este mediodía (17/11) se formularon cargos a un hombre por haber cometido una serie de delitos enmarcados en violencia de género, además la fiscal del caso solicitó tres meses de prisión preventiva y tras ese pedido el sujeto se encuentra detenido cumpliendo esa medida cautelar.

Según la acusación fiscal, el domingo alrededor de las 20, “el imputado estaba esperando a la víctima en la casa que convivían. El hombre la recibió con reproches, violencia física, dándole golpes en el cuerpo, y en un momento determinado sacó una pistola, le puso dos balas y la amenazó, gatillando en dos oportunidades”.

La calificación legal esgrimida por el Ministerio Público Fiscal es la de “lesiones leves doblemente calificadas por la relación de pareja, por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer en concurso real con el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, todo en el marco de violencia de género”.

Como sustento probatorio la Fiscalía mencionó el informe confeccionado por la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) tras su inmediata intervención y entrevista con la denunciante. “Las especialistas detallaron los indicadores de violencia vividos por la víctima, la joven afirma que el hombre la amenazó con el arma y que el sujeto siempre anda armado. Además la OFAVI señaló que se encuentra en estado de gran vulnerabilidad y atemorizada por lo que pueda llegar a hacer el sujeto”.

Entre otras pruebas, la fiscal detalló: el acta de denuncia penal realizada por la mujer, el acta de procedimiento policial de la Subcomisaría 66°, la constancia de atención médica, entre otras.

La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó además la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de tres meses. “El hecho que hoy se ha ventilado es de suma gravedad, la amenazó y usó un arma para hacerlo, aunque es clara la asimétrica existente, lo que se visualiza es que hay un hombre que la ataca y la lastima y que además usa un arma. Este hombre tiene uso de armas habitualmente, sumado a ello el hecho ocurrió en horas de la noche, y ya venían transitando situaciones de violencia”, explicó.

“El Estado a través de la Fiscalía busca la protección de la victima y evitar represalias del imputado hacia la joven, lo que también buscamos es una efectiva investigación de los hechos, y la misma no debe verse afectada por el posible comportamiento del hombre”, argumentó la fiscal del caso.

“Debemos tomar medidas apropiadas para proteger el derecho de la victima de vivir una vida libre de violencia y de agresiones, más allá de que existen elementos suficientes para considerar que es el autor de estos hechos”, concluyó.

El defensor particular no tuvo objeciones en relación a la formulación de cargos, pero si se opuso a la medida cautelar.

Por su parte, el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en los términos realizados por la Fiscalía, y resolvió que dada la gravedad del hecho y de acuerdo a la información brindada por el Ministerio Público Fiscal en relación a la violencia de género, el sujeto debe cumplir la prisión preventiva por tres meses.

Judiciales

Tendrán que pagarle el seguro por accidentes personales tras la muerte de su marido

La compañía de seguros se negaba la cobertura con la excusa de una deuda inexistente.

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Una mujer que quedó viuda cobrará el seguro por accidentes personales de su marido y una cifra de dinero en concepto de daño moral. La compañía, en un primer momento, se negó a prestar la cobertura con la excusa de una deuda inexistente. Un fallo civil le dio la razón a la beneficiaria.

Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A fue condenada a pagar la suma de $237.500 por no liquidar el seguro tal como estaba previsto en el contrato. De esa cifra, $50.000 corresponden al rubro por daño moral, tras la situación de incertidumbre que tuvo que atravesar la mujer viuda.

El hombre había contratado el seguro por medio de una tarjeta de crédito y cuando falleció tras un incendio, la mujer realizó la sucesión y fue declarada heredera. Entonces reclamó el pago del dinero en concepto de accidentes personales, tal como estaba contratada la cobertura.

La compañía alegó que el seguro estaba dado de baja ante la existencia de una deuda pero cuando prosperó la demanda civil, el perito contable constató que la deuda invocada era inexistente puesto que el seguro se pagaba a través de un débito automático.

“No puedo dejar de señalar que este tipo de seguros, como tantos otros, son instrumentos cuya finalidad es, entre otras, la de dar una solución a determinadas cuestiones, sea para el tomador o a favor de un tercero, pero que en modo alguno tienen en mira provocar una incertidumbre más, una molestia o, en el caso, otra preocupación que se sume al fallecimiento de quien en vida fuera su esposo”, dice la sentencia que es de primera instancia y aún no está firme porque puede ser apelada.

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Judiciales

Se encadenaron en la Ciudad Judicial exigiendo una respuesta urgente para Valentín

Familiares del niño de ocho meses que padece atrofia muscular espinal piden que se garantice el tratamiento de su hijo.

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Exigiendo respuestas urgentes para poder continuar con el tratamiento de Valentín Carriqueo, el niño roquense de ocho meses que padece Atrofia Muscular Espinal (AME) Tipo 1, familiares se encadenaron en la Ciudad Judicial esta mañana (27/11).

«La Justicia no dicta sentencia porque la provincia se allanó a la demanda pero no compran la medicación ni dan precisiones acerca de cuándo se va a garantizar el tratamiento. La justicia cómplice e inactiva», manifestó uno de los allegados a la familia.

Valentín necesita del medicamento Spinranza, para poder tener una mejor calidad de vida. Desde hace varios meses, los familiares del niño vienen reclamando ya que es necesaria la medicación porque mes a mes pierde la movilidad de sus músculos.

El valor de la medicación para comenzar el tratamiento es de 27.000 dólares e implica 4 dosis: las dos primeras se aplican una cada 15 días y después cada 3 meses.

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Judiciales

Constructora roquense recibió ATP pero despidió a un obrero en pandemia

La Justicia estableció que debe reincorporarlo y pagarle los salarios caídos.

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Una empresa constructora de Roca desvinculó a un electricista alegando la “suspensión de obras” que tenía en ejecución, con el argumento de que el rubro de la construcción no está incluido en los Decretos nacionales de emergencia por Covid-19, que desde marzo prohíben los despidos sin causa.

Cuando el trabajador descubrió que su salario no había sido depositado, inició el reclamo ante la empresa y, ante la negativa de reincorporación, interpuso una demanda autosatisfactiva ante jueces laborales de Roca.

Tras un proceso que tramitó de manera digital, la Cámara Segunda declaró nulo el despido, ordenó la reincorporación inmediata del operario y el pago de los salarios adeudados e impuso a la empresa un apercibimiento de $2.000 de multa por cada día de incumplimiento de la decisión judicial.

El trabajador cumplía el Aislamiento Social Obligatorio, tras la suspensión de actividades de la empresa en el primer período de la pandemia, y nunca recibió una explícita convocatoria a retomar sus labores. Sólo recibió, en abril, un mensaje de WhatsApp en el que un ingeniero de la empresa le remitía un link para tramitar el permiso de circulación.

El 12 de junio la empresa le envió el telegrama de despido, poniendo a su disposición la liquidación final. Pero envió el telegrama a un domicilio equivocado y el trabajador descubrió con sorpresa, en julio, que no le habían depositado su sueldo. Entonces se inició un intercambio de cartas documento que terminó en septiembre, con la presentación de la demanda.

La empresa afirmó que “no le resulta aplicable el Decreto Nº 329/20” (el cual entre otras cosas prohibió los despidos) por las “particularidades” del rubro, que se caracteriza por la “transitoriedad de las prestaciones” y que, por su “naturaleza”, no tiene “estabilidad”.

En su sentencia unánime, la Cámara declaró, en primer lugar, que el proceso especial (medida autosatisfactiva) iniciado por el trabajador era una vía judicial idónea para tramitar el reclamo porque se advertía, a simple vista, una “fuerte probabilidad” de razón por parte del trabajador y “la posibilidad real de un daño inminente e irreparable” si no se satisfacía de manera oportuna su derecho.
Restricciones y beneficios

Luego la Cámara analizó el juego de múltiples DNU dictados por la pandemia -con una visión sistémica e integral del conjunto de normas de la emergencia- y sostuvo que si bien la prohibición de despedir es absoluta y “cercena” derechos de los empleadores por un tiempo limitado, existen en contrapartida programas de ayuda (principalmente el ATP, Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) que les acuerdan beneficios.

El Tribunal constató en el sitio web oficial www.datos.gob.ar que la empresa recibió postergaciones de aportes patronales y subsidios al salario basados en los planes estatales de emergencia. “Entonces, si las empresas constructoras pueden ser beneficiarias del ATP” y además “la demandada se ha inscripto en aquellos programas de ayuda, mal puede venir a sostener que el Decreto 329/20, que forma parte del mismo sistema normativo de emergencia, no lo constriñe”, advirtió el Tribunal.

Luego señaló: “La demandada ha entendido que puede inscribirse a la hora de buscar beneficios, pero no aplicar la parte del mismo sistema normativo de emergencia que le condiciona la libertad contractual”, en referencia a la libertad de despedir a un trabajador. Si “ingresó voluntariamente por uno de los programas” de ayuda, “entiendo justo incluirla como obligada en la parte del sistema que le impone restricciones”, concluyó.

“La demandada, entonces, propone comparar la libertad de contratar o de romper el contrato que le asiste, con el derecho a la subsistencia del actor y su familia, frente a lo cual la respuesta constitucional no puede ser otra que tutelar el derecho (del segundo) sobre el primero. Máxime cuando el empleador tiene a disposición beneficios económicos para amortiguar las cargas que se le imponen”, dice el fallo.

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