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Judiciales

Habeas corpus en favor de un chimpancé que está en cautiverio en Bubalcó

Solicitaron «el inmediato cese de la privación ilegítima de la libertad y el traslado».

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Durante la mañana de este miércoles (18/11) se concretó en el Zoológico Bubalcó una inspección ocular solicitada por el Ministerio Público de la Defensa en el marco del habeas corpus presentado junto a la Asociación de Funcionarios y Abogados por los derechos de los animales (AFADA) en favor de Toti (Nahuel) el chimpancé alojado en ese lugar.

El pasado 6 de noviembre, ante el Juzgado de Familia N° 11 de General Roca, se solicitó un habeas corpus reparador, ya que según la abundante prueba presentada en el expediente se presume que el animal no estaría en condiciones ideales.

“La defensa pública interviene ya que Toti es un ser sintiente, tiene un representante porque es un sujeto de derecho, él no tiene la posibilidad de expresarse. Es el afectado en este caso, es un sujeto de derecho no humano, que no tiene la capacidad procesal para ser escuchado y ahí es que tomamos parte”, expresó la defensora pública Belén Delucchi.

Ayer por la mañana visitaron el lugar la Jueza de Familia Moira Revsin junto a la secretaria Verónica Dietrich, el defensor adjunto Pablo Bustamante, y las dos representantes de AFADA. La comitiva acompañada por empleados del lugar, se dirigió directamente al espacio donde se encuentra alojado el primate.

Una vez allí, y tras hacer una primera observación de Toti, quien estaba en ese momento dentro de la jaula en la parte exterior, se comenzó con las mediciones de ese habitáculo. También se realizaron consultas acerca de la dieta, del tipo de recreación que recibe, de la atención veterinaria, entre otras.

Se tomaron medidas además de la parte interior del lugar donde el chimpancé duerme, como del espacio vidriado, y se constató el sistema de ventilación que posee el sitio.

Durante el tiempo que duró la diligencia una representante del Juzgado realizó videograbación de lo que allí iba sucediendo y culminó con una recorrida general del Zoológico.

Cabe mencionar que la inspección ocular fue solicitada como medida de prueba por la Asociación de Funcionarios y Abogados por los derechos de los animales (AFADA) junto a la Defensoría Pública, entre las que figuran otros puntos como: la carta de aceptación del Santuario Grandes Primates de Sorocaba en Brasil con fecha el 15 de septiembre de este año para que Toti sea trasladado allí, así mismo se solicita una pericia veterinaria, se presentaron informes de especialistas en la temática que han revisado al chimpancé tanto en el 2017 como este año. Además se pide información a las áreas de Fauna tanto de Río Negro como de Córdoba, que es la provincia desde donde fue trasladado Toti a General Roca.

Finalmente, la representante del Ministerio Público de la Defensa, solicitó en el habeas corpus, que se haga lugar al remedio constitucional promovido, ordenando el inmediato cese de la privación ilegítima de la libertad y se ordene el traslado del chimpancé Toti.

Judiciales

Tendrán que pagarle el seguro por accidentes personales tras la muerte de su marido

La compañía de seguros se negaba la cobertura con la excusa de una deuda inexistente.

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Una mujer que quedó viuda cobrará el seguro por accidentes personales de su marido y una cifra de dinero en concepto de daño moral. La compañía, en un primer momento, se negó a prestar la cobertura con la excusa de una deuda inexistente. Un fallo civil le dio la razón a la beneficiaria.

Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A fue condenada a pagar la suma de $237.500 por no liquidar el seguro tal como estaba previsto en el contrato. De esa cifra, $50.000 corresponden al rubro por daño moral, tras la situación de incertidumbre que tuvo que atravesar la mujer viuda.

El hombre había contratado el seguro por medio de una tarjeta de crédito y cuando falleció tras un incendio, la mujer realizó la sucesión y fue declarada heredera. Entonces reclamó el pago del dinero en concepto de accidentes personales, tal como estaba contratada la cobertura.

La compañía alegó que el seguro estaba dado de baja ante la existencia de una deuda pero cuando prosperó la demanda civil, el perito contable constató que la deuda invocada era inexistente puesto que el seguro se pagaba a través de un débito automático.

“No puedo dejar de señalar que este tipo de seguros, como tantos otros, son instrumentos cuya finalidad es, entre otras, la de dar una solución a determinadas cuestiones, sea para el tomador o a favor de un tercero, pero que en modo alguno tienen en mira provocar una incertidumbre más, una molestia o, en el caso, otra preocupación que se sume al fallecimiento de quien en vida fuera su esposo”, dice la sentencia que es de primera instancia y aún no está firme porque puede ser apelada.

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Judiciales

Se encadenaron en la Ciudad Judicial exigiendo una respuesta urgente para Valentín

Familiares del niño de ocho meses que padece atrofia muscular espinal piden que se garantice el tratamiento de su hijo.

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Exigiendo respuestas urgentes para poder continuar con el tratamiento de Valentín Carriqueo, el niño roquense de ocho meses que padece Atrofia Muscular Espinal (AME) Tipo 1, familiares se encadenaron en la Ciudad Judicial esta mañana (27/11).

«La Justicia no dicta sentencia porque la provincia se allanó a la demanda pero no compran la medicación ni dan precisiones acerca de cuándo se va a garantizar el tratamiento. La justicia cómplice e inactiva», manifestó uno de los allegados a la familia.

Valentín necesita del medicamento Spinranza, para poder tener una mejor calidad de vida. Desde hace varios meses, los familiares del niño vienen reclamando ya que es necesaria la medicación porque mes a mes pierde la movilidad de sus músculos.

El valor de la medicación para comenzar el tratamiento es de 27.000 dólares e implica 4 dosis: las dos primeras se aplican una cada 15 días y después cada 3 meses.

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Judiciales

Constructora roquense recibió ATP pero despidió a un obrero en pandemia

La Justicia estableció que debe reincorporarlo y pagarle los salarios caídos.

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Una empresa constructora de Roca desvinculó a un electricista alegando la “suspensión de obras” que tenía en ejecución, con el argumento de que el rubro de la construcción no está incluido en los Decretos nacionales de emergencia por Covid-19, que desde marzo prohíben los despidos sin causa.

Cuando el trabajador descubrió que su salario no había sido depositado, inició el reclamo ante la empresa y, ante la negativa de reincorporación, interpuso una demanda autosatisfactiva ante jueces laborales de Roca.

Tras un proceso que tramitó de manera digital, la Cámara Segunda declaró nulo el despido, ordenó la reincorporación inmediata del operario y el pago de los salarios adeudados e impuso a la empresa un apercibimiento de $2.000 de multa por cada día de incumplimiento de la decisión judicial.

El trabajador cumplía el Aislamiento Social Obligatorio, tras la suspensión de actividades de la empresa en el primer período de la pandemia, y nunca recibió una explícita convocatoria a retomar sus labores. Sólo recibió, en abril, un mensaje de WhatsApp en el que un ingeniero de la empresa le remitía un link para tramitar el permiso de circulación.

El 12 de junio la empresa le envió el telegrama de despido, poniendo a su disposición la liquidación final. Pero envió el telegrama a un domicilio equivocado y el trabajador descubrió con sorpresa, en julio, que no le habían depositado su sueldo. Entonces se inició un intercambio de cartas documento que terminó en septiembre, con la presentación de la demanda.

La empresa afirmó que “no le resulta aplicable el Decreto Nº 329/20” (el cual entre otras cosas prohibió los despidos) por las “particularidades” del rubro, que se caracteriza por la “transitoriedad de las prestaciones” y que, por su “naturaleza”, no tiene “estabilidad”.

En su sentencia unánime, la Cámara declaró, en primer lugar, que el proceso especial (medida autosatisfactiva) iniciado por el trabajador era una vía judicial idónea para tramitar el reclamo porque se advertía, a simple vista, una “fuerte probabilidad” de razón por parte del trabajador y “la posibilidad real de un daño inminente e irreparable” si no se satisfacía de manera oportuna su derecho.
Restricciones y beneficios

Luego la Cámara analizó el juego de múltiples DNU dictados por la pandemia -con una visión sistémica e integral del conjunto de normas de la emergencia- y sostuvo que si bien la prohibición de despedir es absoluta y “cercena” derechos de los empleadores por un tiempo limitado, existen en contrapartida programas de ayuda (principalmente el ATP, Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) que les acuerdan beneficios.

El Tribunal constató en el sitio web oficial www.datos.gob.ar que la empresa recibió postergaciones de aportes patronales y subsidios al salario basados en los planes estatales de emergencia. “Entonces, si las empresas constructoras pueden ser beneficiarias del ATP” y además “la demandada se ha inscripto en aquellos programas de ayuda, mal puede venir a sostener que el Decreto 329/20, que forma parte del mismo sistema normativo de emergencia, no lo constriñe”, advirtió el Tribunal.

Luego señaló: “La demandada ha entendido que puede inscribirse a la hora de buscar beneficios, pero no aplicar la parte del mismo sistema normativo de emergencia que le condiciona la libertad contractual”, en referencia a la libertad de despedir a un trabajador. Si “ingresó voluntariamente por uno de los programas” de ayuda, “entiendo justo incluirla como obligada en la parte del sistema que le impone restricciones”, concluyó.

“La demandada, entonces, propone comparar la libertad de contratar o de romper el contrato que le asiste, con el derecho a la subsistencia del actor y su familia, frente a lo cual la respuesta constitucional no puede ser otra que tutelar el derecho (del segundo) sobre el primero. Máxime cuando el empleador tiene a disposición beneficios económicos para amortiguar las cargas que se le imponen”, dice el fallo.

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