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Judiciales

Reformularon cargos en el juicio que investiga el crimen de Nahiara

Ocurrió en un establecimiento rural cercano a la localidad de Los Menucos en abril pasado.

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El Ministerio Público Fiscal reformuló los hechos por la muerte de Nahiara, la niña de tres años, ocurrida en un establecimiento rural cercano a la localidad de Los Menucos en abril pasado.

A raíz de la ampliación y concreción de la prueba que se ha ido produciendo a lo largo de estos meses, el equipo fiscal imputó nuevos hechos, más detallados, como también explicitó nueva calificación legal tanto para la madre de la niña como para quien era su pareja al momento de la muerte.

Es así que los nuevos hechos se calificaron como “lesiones leves y graves agravadas para la imputada por ser madre de la niña y para el hombre agravadas por violencia de género hacia la niña mujer”, esto en relación al hecho denominado por la acusación como uno.

Para el hecho dos y tres, la calificación legal de la Fiscalía es la de “abandono de persona por no asistir a la niña por las lesiones producidas que pusieron en riesgo su salud, agravada en el caso de la madre”.

Finalmente para el hecho cuatro, es la de “homicidio en grado de co-autoria, en el caso de la mujer agravado por ser su descendiente, y para el imputado agravado por violencia de género”.

“Podemos afirmar, a esta altura de la investigación y contando con mucha prueba ya producida, que existió maltrato infantil, continuo y sistemático contra la niña. Existió la situación típica generadora del deber de asistir a la infante lesionada por el golpe en la cabeza, mas aún cuando ya estaba golpeada y minusválida por las lesiones, y tras ello evidentemente ocurre el resultado típico de homicidio”, explicó el fiscal jefe Andrés Nelli en la audiencia por Zoom.

“Ambos se representaron la posibilidad del resultado muerte y corriendo el riesgo del desenlace final, no les importó. Actuaron dejando a la niña a su suerte con el único afán de lograr un efecto plagado de egoísmo, de ocultar la violencia y el maltrato infantil al que estaba siendo sometida, tanto por parte de la imputada como por parte de su concubino, ocultando los hechos a las autoridades de aplicación, para evitar ser incriminados por los delitos que hoy les estamos enrostrando”, concluyó el representante del Ministerio Público Fiscal.

De esta manera, la jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en los términos esgrimidos por el fiscal jefe, a pesar de la oposición del defensor particular del imputado, y del defensor público de la mujer.

Judiciales

Tendrán que pagarle el seguro por accidentes personales tras la muerte de su marido

La compañía de seguros se negaba la cobertura con la excusa de una deuda inexistente.

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Una mujer que quedó viuda cobrará el seguro por accidentes personales de su marido y una cifra de dinero en concepto de daño moral. La compañía, en un primer momento, se negó a prestar la cobertura con la excusa de una deuda inexistente. Un fallo civil le dio la razón a la beneficiaria.

Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A fue condenada a pagar la suma de $237.500 por no liquidar el seguro tal como estaba previsto en el contrato. De esa cifra, $50.000 corresponden al rubro por daño moral, tras la situación de incertidumbre que tuvo que atravesar la mujer viuda.

El hombre había contratado el seguro por medio de una tarjeta de crédito y cuando falleció tras un incendio, la mujer realizó la sucesión y fue declarada heredera. Entonces reclamó el pago del dinero en concepto de accidentes personales, tal como estaba contratada la cobertura.

La compañía alegó que el seguro estaba dado de baja ante la existencia de una deuda pero cuando prosperó la demanda civil, el perito contable constató que la deuda invocada era inexistente puesto que el seguro se pagaba a través de un débito automático.

“No puedo dejar de señalar que este tipo de seguros, como tantos otros, son instrumentos cuya finalidad es, entre otras, la de dar una solución a determinadas cuestiones, sea para el tomador o a favor de un tercero, pero que en modo alguno tienen en mira provocar una incertidumbre más, una molestia o, en el caso, otra preocupación que se sume al fallecimiento de quien en vida fuera su esposo”, dice la sentencia que es de primera instancia y aún no está firme porque puede ser apelada.

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Judiciales

Se encadenaron en la Ciudad Judicial exigiendo una respuesta urgente para Valentín

Familiares del niño de ocho meses que padece atrofia muscular espinal piden que se garantice el tratamiento de su hijo.

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Exigiendo respuestas urgentes para poder continuar con el tratamiento de Valentín Carriqueo, el niño roquense de ocho meses que padece Atrofia Muscular Espinal (AME) Tipo 1, familiares se encadenaron en la Ciudad Judicial esta mañana (27/11).

«La Justicia no dicta sentencia porque la provincia se allanó a la demanda pero no compran la medicación ni dan precisiones acerca de cuándo se va a garantizar el tratamiento. La justicia cómplice e inactiva», manifestó uno de los allegados a la familia.

Valentín necesita del medicamento Spinranza, para poder tener una mejor calidad de vida. Desde hace varios meses, los familiares del niño vienen reclamando ya que es necesaria la medicación porque mes a mes pierde la movilidad de sus músculos.

El valor de la medicación para comenzar el tratamiento es de 27.000 dólares e implica 4 dosis: las dos primeras se aplican una cada 15 días y después cada 3 meses.

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Judiciales

Constructora roquense recibió ATP pero despidió a un obrero en pandemia

La Justicia estableció que debe reincorporarlo y pagarle los salarios caídos.

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Una empresa constructora de Roca desvinculó a un electricista alegando la “suspensión de obras” que tenía en ejecución, con el argumento de que el rubro de la construcción no está incluido en los Decretos nacionales de emergencia por Covid-19, que desde marzo prohíben los despidos sin causa.

Cuando el trabajador descubrió que su salario no había sido depositado, inició el reclamo ante la empresa y, ante la negativa de reincorporación, interpuso una demanda autosatisfactiva ante jueces laborales de Roca.

Tras un proceso que tramitó de manera digital, la Cámara Segunda declaró nulo el despido, ordenó la reincorporación inmediata del operario y el pago de los salarios adeudados e impuso a la empresa un apercibimiento de $2.000 de multa por cada día de incumplimiento de la decisión judicial.

El trabajador cumplía el Aislamiento Social Obligatorio, tras la suspensión de actividades de la empresa en el primer período de la pandemia, y nunca recibió una explícita convocatoria a retomar sus labores. Sólo recibió, en abril, un mensaje de WhatsApp en el que un ingeniero de la empresa le remitía un link para tramitar el permiso de circulación.

El 12 de junio la empresa le envió el telegrama de despido, poniendo a su disposición la liquidación final. Pero envió el telegrama a un domicilio equivocado y el trabajador descubrió con sorpresa, en julio, que no le habían depositado su sueldo. Entonces se inició un intercambio de cartas documento que terminó en septiembre, con la presentación de la demanda.

La empresa afirmó que “no le resulta aplicable el Decreto Nº 329/20” (el cual entre otras cosas prohibió los despidos) por las “particularidades” del rubro, que se caracteriza por la “transitoriedad de las prestaciones” y que, por su “naturaleza”, no tiene “estabilidad”.

En su sentencia unánime, la Cámara declaró, en primer lugar, que el proceso especial (medida autosatisfactiva) iniciado por el trabajador era una vía judicial idónea para tramitar el reclamo porque se advertía, a simple vista, una “fuerte probabilidad” de razón por parte del trabajador y “la posibilidad real de un daño inminente e irreparable” si no se satisfacía de manera oportuna su derecho.
Restricciones y beneficios

Luego la Cámara analizó el juego de múltiples DNU dictados por la pandemia -con una visión sistémica e integral del conjunto de normas de la emergencia- y sostuvo que si bien la prohibición de despedir es absoluta y “cercena” derechos de los empleadores por un tiempo limitado, existen en contrapartida programas de ayuda (principalmente el ATP, Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) que les acuerdan beneficios.

El Tribunal constató en el sitio web oficial www.datos.gob.ar que la empresa recibió postergaciones de aportes patronales y subsidios al salario basados en los planes estatales de emergencia. “Entonces, si las empresas constructoras pueden ser beneficiarias del ATP” y además “la demandada se ha inscripto en aquellos programas de ayuda, mal puede venir a sostener que el Decreto 329/20, que forma parte del mismo sistema normativo de emergencia, no lo constriñe”, advirtió el Tribunal.

Luego señaló: “La demandada ha entendido que puede inscribirse a la hora de buscar beneficios, pero no aplicar la parte del mismo sistema normativo de emergencia que le condiciona la libertad contractual”, en referencia a la libertad de despedir a un trabajador. Si “ingresó voluntariamente por uno de los programas” de ayuda, “entiendo justo incluirla como obligada en la parte del sistema que le impone restricciones”, concluyó.

“La demandada, entonces, propone comparar la libertad de contratar o de romper el contrato que le asiste, con el derecho a la subsistencia del actor y su familia, frente a lo cual la respuesta constitucional no puede ser otra que tutelar el derecho (del segundo) sobre el primero. Máxime cuando el empleador tiene a disposición beneficios económicos para amortiguar las cargas que se le imponen”, dice el fallo.

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