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Judiciales

Se encadenaron en la Ciudad Judicial exigiendo una respuesta urgente para Valentín

Familiares del niño de ocho meses que padece atrofia muscular espinal piden que se garantice el tratamiento de su hijo.

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Exigiendo respuestas urgentes para poder continuar con el tratamiento de Valentín Carriqueo, el niño roquense de ocho meses que padece Atrofia Muscular Espinal (AME) Tipo 1, familiares se encadenaron en la Ciudad Judicial esta mañana (27/11).

«La Justicia no dicta sentencia porque la provincia se allanó a la demanda pero no compran la medicación ni dan precisiones acerca de cuándo se va a garantizar el tratamiento. La justicia cómplice e inactiva», manifestó uno de los allegados a la familia.

Valentín necesita del medicamento Spinranza, para poder tener una mejor calidad de vida. Desde hace varios meses, los familiares del niño vienen reclamando ya que es necesaria la medicación porque mes a mes pierde la movilidad de sus músculos.

El valor de la medicación para comenzar el tratamiento es de 27.000 dólares e implica 4 dosis: las dos primeras se aplican una cada 15 días y después cada 3 meses.

Judiciales

Río Negro es la segunda provincia con más mecanismos de acceso a la justicia

Así se destaca en un mapa judicial elaborado por la Corte Suprema.

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De acuerdo a un mapa judicial elaborado por la Comisión Nacional de Acceso a Justicia, dependiente de la Corte Suprema, El Poder Judicial de Río Negro es, en el contexto nacional, la segunda jurisdicción provincial que cuenta con más mecanismos de acceso a justicia. El informe, que se actualiza de manera permanente, es de acceso público en la página de la CSJN.

Durante la pandemia, el Poder Judicial de Río Negro fue el primero en el país en implementar de manera remota las mediaciones y demás métodos autocompositivos durante la pandemia.

El informe

En efecto, sobre un total de 13 servicios que la Corte Suprema evalúa, Río Negro cuenta con 10. El promedio provincial es de 6,28 sistemas de acceso.

De acuerdo a lo relevado por el mapa nacional, el Poder Judicial de Río Negro cuenta con los servicios de mediación, facilitación, conciliación, Casas de Justicia, Oficina Multipuertas, servicios itinerantes, Oficina de Atención a la Víctima, Juzgados de Paz, Oficina de Atención al Ciudadano, Protección y Restitución de Niños, junto a otros sistemas.

Los mecanismos de acceso a justicia más extendidos en el país, según el informe de la Corte, son la Protección y Restitución de Niños, la mediación y los jueces de paz. Más de 21 provincias ya tienen estos servicios. En cambio, la facilitación, la oficina multipuertas y los servicios itinerantes solo son sistemas utilizados por seis provincias o menos, entre ellas Río Negro.

Según expresa la Corte Suprema, “el concepto de “Acceso a justicia” es más amplio que el de “acceso a la justicia” ya que incluye una gran variedad de soluciones alternativas de disputas. Las políticas judiciales tendientes a garantizar el acceso a justicia de las poblaciones más vulnerables se centran en ofrecer a la ciudadanía una variedad de métodos de resolución alternativa de conflictos con el objeto de que los propios afectados puedan encontrar vías de solución de disputas sin necesidad de que ello implique la apertura de un proceso judicial, que por lo general es largo y costoso”.

Para la Corte es una línea de trabajo sumamente por importante, por lo que creó la Comisión Nacional de Acceso a Justicia (CNAJ), bajo su órbita.

Para dar cumplimiento a esos objetivos, la CNAJ elaboró ―en la primera etapa de su trabajo― un Mapa Judicial que contiene un exhaustivo relevamiento (actualizado periódicamente y disponible a través de la web) de los diversos métodos de acceso a justicia existentes en todas las jurisdicciones del país y los resultados obtenidos en su aplicación.

En la segunda etapa para cumplir los objetivos fijados por la CNAJ, se realizó la difusión de todas las prácticas, con sus características y resultados. De esta manera, los jueces, el Ministerio Público y la ciudadanía en general tuvieran conocimiento de los distintos sistemas que en materia de acceso a justicia se estaban desarrollando, especialmente de aquellos que han arrojado resultados favorables.

Se llegó así a la tercera y última etapa, que consiste en el diseño e implementación de las experiencias más exitosas. A tal fin se conformó un grupo de trabajo integrado por secretarios de los superiores tribunales provinciales, que actúan de nexo entre la CNAJ y esos tribunales en la coordinación de acciones conjuntas tendientes a la puesta en práctica de sistemas concretos en cada una de las jurisdicciones.

El mapa de situación elaborado permite acceder de manera rápida a la información existente (y actualizada en forma permanente) sobre los métodos de resolución alternativa de conflictos implementados en el Poder Judicial, tanto a nivel nacional como local, y efectuar análisis y comparación de datos a fin obtener un conocimiento integral de la situación, optimizar las experiencias llevadas a cabo hasta el momento y mejorar el servicio al ciudadano.

En su momento, en la presentación del mapa, la Jueza de la Corte Suprema, doctora Elena Highton de Nolasco, expresó que “es necesario evitar la sinonimia entre conflicto y litigio. Acceso a justicia no implica acceso a una sentencia, significa acceso a una resolución del conflicto en forma rápida y poco costosa, no sólo en dinero sino también en tiempo, esfuerzos y energías”.

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Expediente digital para todos los fueros y procesos en el Poder Judicial de Río Negro

Es la tercera provincia en implementar este sistema de manera total.

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En el año de la pandemia, en el Poder Judicial de Río Negro se implementó el expediente electrónico. Así la digitalización se impone a la totalidad de los procesos judiciales de los fueros Civil, Laboral, de Familia y Justicia de Paz, y se utiliza desde el inicio de la tramitación hasta la sentencia. Río Negro es la tercera provincia en implementar este sistema de manera total.

Se dispuso también la continuación en formato digital de todos los expedientes en trámite que se hubieren iniciado en formato papel.

Los beneficios del sistema se evidencian más allá de las medidas preventivas por la pandemia: mayor celeridad a los procesos, descongestión de las mesas de entrada, articulación con auxiliares de Justicia para que intervengan de manera digital en los expedientes, aún más transparencia en la información, ahorro de insumos, drástica reducción de los espacios físicos de guardado y archivo de expedientes, cuidado del ambiente y mayor acceso a la justicia, ya que profesionales y auxiliares que residen en ciudades diferentes a los tribunales pueden litigar sin inconvenientes.

Con la implementación del Expediente Digital, Río Negro se convirtió en la tercera provincia del país en contar con este sistema, con la particularidad en este caso de ser un software de íntegro desarrollo propio a través de los y las profesionales del área de Informatización de la Gestión Judicial.

El sistema se empalma con anteriores implementaciones, también de desarrollo propio, como la mesa de entradas de escritos digitales, las notificaciones electrónicas, el uso de tarjeta de coordenadas para operadores del sistema, firma digital y, desde hace varios años, publicaciones de sentencias y listas de despacho diarias en la web.

El desarrollo incluyó un anexo con los procedimientos de trabajo de los organismos. Previó, además, un plazo de adaptación al nuevo sistema para los operadores, donde se buscará subsanar eventuales inconvenientes en las presentaciones. La Acordada del STJ habilitó el expediente digital a partir del 1 de agosto del 2020.

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Imputaron al único detenido por el femicidio de Jacqueline Pino

Le impusieron prisión preventiva por seis meses. El cuerpo de la víctima fue hallado meses después del crimen en la barda de Allen.

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La fiscal de guardia Belén Calarco formuló cargos a un hombre por un hecho que constituye el delito de homicidio calificado por ser perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y con el concurso de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación de arma de fuego sin la debida autorización legal, coacción agravada por el uso de arma de fuego y amenazas.

Según la acusación se le atribuye lo ocurrido en la ciudad de Allen en fecha ubicable entre fines de octubre y los primeros días del mes de noviembre de 2020, en hora no precisada con exactitud, en el domicilio del acusado, con plena convergencia intencional y munidos de un plan común junto a dos personas aún no identificadas a la fecha; le habría efectuado un disparo a la altura del pecho, con un arma de fuego calibre 32 que portaba sin la debida autorización legal, provocando la muerte de Jacqueline del Carmen Pino.

Todo ello aprovechándose de la asimetría física y de poder existente respecto de la víctima. La que habría fallecido por taponamiento cardiaco (por lesión muy probablemente cardiaca o de grandes vasos torácicos) en hemitórax izquierdo. Luego los tres hombres habrían dejado el cuerpo en la zona del basural. En tanto que el mismo fue descubierto el día 3 de enero por una familia que recorría el lugar.

La fiscal describió la profusa evidencia colectada en el marco de la tarea realizada junto a la Brigada de Investigaciones de Allen, personal de la Comisaria 33° y 6° de Allen, Gabinete de Criminalística de Allen y Roca y peritos del Poder Judicial de Río Negro y Neuquen, desde el momento del hallazgo del cuerpo.

Entre los documentos descriptos; denuncia de hallazgo de cadáver, diversas entrevistas testimoniales a quienes serían familiares de la víctima y allegados, informes de las tareas desplegadas por la Oficina de Informática y Telecomunicaciones dependiente de la Procuración General, diligencias realizadas sobre el taxi autorizadas por la Jueza de Garantías en turno, donde mediante la aplicación del sistema Blue Star de detectó la presencia de manchas de sangre. Las que luego serán enviadas a analizar y realizar estudios comparativos de ADN, en el Laboratorio de Genética Forense.

Se agrega el informe preliminar de autopsia realizado en primera instancia en General Roca y luego en Neuquén donde se señaló que uno de los proyectiles alojados es de antigua data. Se pudo además determinar algunas señas particulares como tatuajes que permiten presuponer la identidad. De igual modo se pidieron nuevos estudios para comprobar de manera fehaciente la misma. Se llevarán a cabo estudios entomológicos en la ciudad de Buenos Aires para obtener data de la muerte o achicar el rango temporal.

Se solicitó además una muestra de ADN del acusado para realizar estudios comparativos con diversos elementos secuestrados.

El acusado fue asistido por la defensa pública penal quien no manifestó objeciones a la formulación de cargos ni al plazo requerido para llevar adelante la investigación. En cambio se opuso el defensor respecto a la prisión preventiva. El acusado declaró «que negaba los hechos que se le imputan» y no respondió preguntas.

La Jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en función de la evidencia probatoria presente en el legajo por el delito de homicidio calificado por ser perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y con el concurso de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación de arma de fuego sin la debida autorización legal, coacción agravada por el uso de arma de fuego y amenazas. Todo ello de acuerdo a lo normado en los artículos 80 inciso 6º Y 11, 41 bis, 149 bis párrafo 1° y 2º y 149 ter inciso 1, 189 bis inciso 2º párrafo 3º y 55 -de calificación legal- y Art. 45 del Código Penal. Salvo en el delito de portación de arma de fuego sin la debida autorización legal, el resto en calidad de coautor.

Otorgó la prisión preventiva por seis meses atento a los planteos de la Fiscalía dado que aún restan realizar medidas y algunas de ellas destinadas a dar con la identidad de las otras personas que habrían participado del hecho, la pena en caso de caer condena la pena sería de cumplimiento, el riesgo de entorpecimiento a la investigación valorando las amenazas recibidas por un testigo esencial en la causa y el peligro de fuga.

Permanecerá con prisión preventiva hasta el día 6 de julio en un establecimiento penal provincial. En tanto continuará detenido en la misma unidad policial atento a los protocolos COVID 19 por el término de 14 días.

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