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Opinión

Discapacidad y trabajo: una mirada reflexiva hacia la inclusión laboral

Nota de opinión por Emilio Epulef. Periodista. Estudiante de Comunicación Social.

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Las personas con discapacidad en Argentina gozan de derechos, pero carecen de algunos por su falta de implementación, en nuestro país la última encuesta censal realizada hace 1 década arrojó como resultado que del total de la población de nuestro país solo el 12,9% padece de algún tipo de discapacidad. Esto traducido a número da un total de 5 millones de personas. Del total de esta población solo el 86,1% padecen una discapacidad permanente, el 40,5 tiene discapacidad visual, el 32% padece más de una discapacidad permanente, el 16,2% padece de una discapacidad motora y el 5,7% tiene una discapacidad cognitiva y auditiva (Fuente INDEC).

A lo largo de los años se han dictaminado leyes que garantizan la protección y otorgamiento de beneficios y derechos hacia las personas con discapacidad, tal es el caso de la ley es la 24,901 que dispone las prestaciones básicas hacia este sector social. Luego la Ley 25.504 como complemento a las leyes mencionadas anteriormente que otorga el Certificado Único de discapacidad ( CUD), y la ley 22,431 que expresa la protección integral de estas personas y en su artículo 8 en el cual establece «El Estado Nacional entendiéndose el mismo por los tres poderes sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos— están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas». Esta última ley va en concordancia con la 26,378 con jerarquía constitucional sancionada en el año 2008, en el cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el cual el artículo 27 expresa el acceso y derecho al trabajo sin discriminación por parte de los empleadores, en tanto en el 2010 se sancionó el decreto 312/10 que ordena al sector empresarial al pleno cumplimiento de la ley.

Pero esta ley es uno de los derechos que los organismo estatales y privados no cumplen, si bien existen programas de inserción laboral (PIL) a modo de pasantías para ir capacitando a las mismas para que en un futuro tengan la idoneidad que se necesita para ocupar un puesto de trabajo, aun así no se logra la plena inclusión de este sector social, para que esto suceda los empleadores deben realizar un llamado a concurso previo teniendo como prioridad la ocupación de dicho cupo, pero la convocatoria al mercado laboral son escasas y no hay llamados para solicitar nuevo personal. Esto dificulta el pleno cumplimiento del cupo y de la ley que reglamenta el derecho y acceso al trabajo. esto demuestra que 1 de 4 personas logra acceder a un empleo y el 40% de las empresas ofrecen programas de inclusión laboral según un informe de ADECCO, estas cifras son alarmantes porque muestra la falta del cumplimiento de las leyes establecidas.

Por su parte AMIA (servicio de empleo) afirmaron que la inclusión crece a medida que pasan los años, pero algunas empresas están teniendo una actitud reacia al incorporar personal porque en su mayoría por falta de información, por no saber cómo generar espacios accesibles, y por los estereotipos que aún marcan que una persona con discapacidad suele ser irresponsable, poco profesional y que no logrará cumplir con su tarea. la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en Febrero del presente año mediante la resolución 34/2020 en su artículo 1° Establece que cuando se verifique la existencia de una vínculo laboral formal bajo relación de dependencia por parte del sujeto de derecho de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en los términos de la Ley N° 13.478 mayor de 18 años de edad, o adolescente emancipado en los términos del artículo 27 del Código Civil y Comercial de la Nación, la suspensión prevista en el artículo 19 inciso c) del Decreto Reglamentario N° 432/97, se mantendrá vigente durante el plazo que dure dicha relación laboral, siempre que los haberes fruto de la relación laboral fueren mensualmente netos superiores a CUATRO (4) jubilaciones mínimas.

Sin dudas es un gran avance en este año de pandemia donde las fuentes laborales son más complejas y escazas para la población y aún más para las personas con discapacidad, pero aún así no se logra una inserción y ejecución de la ley que garantiza a ejercer el derecho al trabajo y lograr una inclusión plena y eliminación de manera efectiva de las barreras que existen para las personas con discapacidad.

Emilio Epulef
Periodista. Estudiante de Comunicación Social.

Opinión

Nuestro país y nuestra provincia no necesitan más impuestos

Nota de opinión por Aníbal Tortoriello,
Diputado Nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro.

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Nuevamente el Gobierno Nacional insiste en ahogar a los productores, empresarios y emprendedores con impuestos y medidas que no generan crecimiento ni desarrollo.

Nuestro país no necesita más impuestos, ni prorrogar muchos de los impuestos temporarios o de emergencia, como planteó el oficialismo, sino que se requiere de generar un marco fiscal y regulatorio que aliente la producción y por tanto, genere nuevos puestos de trabajo genuino.

En la sesión del Congreso de la Nación ayer voté de manera negativa al nuevo consenso fiscal para crear más presión tributaria con la prórroga de Ganancias, Bienes Personales, a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (conocido como impuesto al cheque), el Monotributo, asignaciones específicas en el IVA, el adicional de emergencia sobre la venta de cigarrillos y el Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.

Lamentablemente los otros diputados rionegrinos acompañaron la medida que afecta a la población que produce, arriesga e invierte. Sería importante que los diputados puedan explicar a los votantes por qué razón están acompañando la suba y creación de impuestos.

Este es uno de los principales temas que me plantean comerciantes, empresario y emprendedores en todas las ciudades de Río Negro. La semana pasada estuve en Bariloche donde los comerciantes manifestaron la necesidad de bajar la presión tributaria que no les permite crecer y evita la creación de nuevos empleos.

No vamos a acompañar la creación de más impuestos a los que producen. Para crecer tenemos que reducir la reducir la burocracia, bajar el gasto público. disminuir la presión tributaria y a poner estímulos para quienes generen trabajo.

Aníbal Tortoriello
Diputado Nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro
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Gremios

Ante las desacertadas declaraciones de Buteler

Nota de opinión por Héctor Roncallo, jubilado docente y ex Secretario General de UnTER.

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Los estudiantxs de Río Negro, los ciudadanos de la Provincia no pueden ser rehenes de las internas de Gobierno al mejor estilo de querer demostrar quien juega mejor en esto de apretar a los docentes y a su organización gremial. El Ministro de Gobierno tiene la clara intención de provocar a los docentes y azuzar la interna sindical o es alguien que no sabe de legislación del trabajo ya que el dictado de la conciliación Obligatoria es para las dos partes, el Gremio y el Gobierno. Esto quiere decir que la conciliación obliga por una parte al gremio, en cesar las medidas, pero también al Gobierno en retrotraer cualquier medida que dio origen a la acción sindical. De no ser así, este señor, que dice ser Ministro de Gobierno, poco  ha leído de legislación Laboral o sólo le interesa actuar desde los medios apretando y actuando al mejor estilo patoteril, en lugar de sentir y decir en sus manifiestos que como Gobierno van a trabajar en las mejores respuestas para garantizar las necesidades de trabajadores y de estudiantes, para sí honrar la Educación Pública que intenta hacer aparecer como que ES el único que la defiende, este señor venido a Ministro de Gobierno.

Son muchos años de atropello, de agachadas y de poca inversión (de la real en salarios y en el funcionamiento acorde del sistema educativo), por eso existen las reacciones naturales y lógicas ante las injusticias y por la desidia manifiesta de no profundizar la preocupación de fondo para el sistema educativo que dicen defender como Gobierno.

Como me gustaría alguna vez que los ministros y gobernantes reconocieran los errores de sus políticas  y que en la realidad no se está haciendo todo lo que debiera hacerse para que la educación en su conjunto contara con los elementos acordes a las necesidades actuales de un mundo diferente, diverso, de escuelas que cada vez más necesitan presupuestos, instrumentos, edificios, tecnología, conectividad real, alimentos para hablar seriamente de comedores escolares y de apoyo a las necesidades de alimentación saludable, además de salarios dignos y de condiciones dignas de trabajo para estudiantes y docentes. Además de todo esto conocer la legislación educativa a fondo para no tener que escuchar aberraciones, apretadas y desconocimiento total del concepto “derecho a la educación” que dice exigir Buteler.

Sr. Ministro, basta de querer aparecer como el ordenador y la autoridad, no le queda bien esa pedagogía en la política, el autoritarismo no va con la educación, mucho menos con la política real y con mayúscula. Es su obligación velar para resolver los problemas no para insultar a los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación que siempre se preocupan para que el sistema funciones a pesar del abandono de Gobierno.

Héctor Roncallo
Jubilado Docente – Ex Secretario General de UnTER.

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Opinión

La discapacidad no es gasto público: No a la jibarización de los derechos de las personas con discapacidad

Nota de opinión por Emilio Epulef, Periodista y estudiante de Comunicación Social.

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El actual gobierno Nacional esta llevando a cabo un plan de ajuste para cumplir con los diversos acuerdos firmados por el FMI conocido como Fondo Monetario Internacional, y uno de los requisitos para el cumplimiento casi efectivo de ese acuerdo es el recorte del gasto público, en el cual consiste que el estado Nacional gaste menos con el objetivo de que no haya déficit fiscal y así poder bajar la inflación galopante que atraviesa la economía de la Nación.

Uno de esos ajustes es el recorte en las prestaciones básicas que le corresponden a las persona con discapacidad, para poder realizar diversos tratamientos para poder convivir en sociedad con una mejor calidad de vida, estas prestaciones que hoy ponen en jaque, no solo a este colectivo, sino también a los tutores, familias, y personas que trabajan en pos de mejorar la calidad de vida de estas personas, estas prestaciones están garantizadas no solo por la Ley N° 22.431 en su artículo número 4, sino también por la Ley N° 24.901 en su artículo N° 1 y 2, promulgada de facto el 2 de diciembre de 1997, además también por el articulo 7 y 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada en el año 2006, e implementada en nuestra Nación en el año 2008, mediante la Ley N° 26.378 y en el año 2014 este documento cuenta con jerarquía constitucional mediante la Ley N° 27.044.

El Gobierno Nacional no solo pretende jibarizar el acceso a la salud, mediante el recorte presupuestario, sino que también busca la reducción de puestos de trabajo en el ámbito mencionado ut supra. El Gobierno Nacional no solo aquí se encuentra violando leyes establecidas, sino que además pretende excluir a la discapacidad de las obras sociales, y ponerlas en manos de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), delegando la responsabilidad a ese organismo, y obviando la obligación que tienen el Estado Nacional hacia este sector social.

Con este ajuste lo que la política pretende es no solo reducir el déficit fiscal mediante la jibarización de los derechos de este colectivo social, sino también los derechos que gozan las personas que ejercen la medicina y diferentes trabajos para las personas con discapacidad.

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