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Opinión

Discapacidad y trabajo: una mirada reflexiva hacia la inclusión laboral

Nota de opinión por Emilio Epulef. Periodista. Estudiante de Comunicación Social.

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Las personas con discapacidad en Argentina gozan de derechos, pero carecen de algunos por su falta de implementación, en nuestro país la última encuesta censal realizada hace 1 década arrojó como resultado que del total de la población de nuestro país solo el 12,9% padece de algún tipo de discapacidad. Esto traducido a número da un total de 5 millones de personas. Del total de esta población solo el 86,1% padecen una discapacidad permanente, el 40,5 tiene discapacidad visual, el 32% padece más de una discapacidad permanente, el 16,2% padece de una discapacidad motora y el 5,7% tiene una discapacidad cognitiva y auditiva (Fuente INDEC).

A lo largo de los años se han dictaminado leyes que garantizan la protección y otorgamiento de beneficios y derechos hacia las personas con discapacidad, tal es el caso de la ley es la 24,901 que dispone las prestaciones básicas hacia este sector social. Luego la Ley 25.504 como complemento a las leyes mencionadas anteriormente que otorga el Certificado Único de discapacidad ( CUD), y la ley 22,431 que expresa la protección integral de estas personas y en su artículo 8 en el cual establece «El Estado Nacional entendiéndose el mismo por los tres poderes sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos— están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas». Esta última ley va en concordancia con la 26,378 con jerarquía constitucional sancionada en el año 2008, en el cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el cual el artículo 27 expresa el acceso y derecho al trabajo sin discriminación por parte de los empleadores, en tanto en el 2010 se sancionó el decreto 312/10 que ordena al sector empresarial al pleno cumplimiento de la ley.

Pero esta ley es uno de los derechos que los organismo estatales y privados no cumplen, si bien existen programas de inserción laboral (PIL) a modo de pasantías para ir capacitando a las mismas para que en un futuro tengan la idoneidad que se necesita para ocupar un puesto de trabajo, aun así no se logra la plena inclusión de este sector social, para que esto suceda los empleadores deben realizar un llamado a concurso previo teniendo como prioridad la ocupación de dicho cupo, pero la convocatoria al mercado laboral son escasas y no hay llamados para solicitar nuevo personal. Esto dificulta el pleno cumplimiento del cupo y de la ley que reglamenta el derecho y acceso al trabajo. esto demuestra que 1 de 4 personas logra acceder a un empleo y el 40% de las empresas ofrecen programas de inclusión laboral según un informe de ADECCO, estas cifras son alarmantes porque muestra la falta del cumplimiento de las leyes establecidas.

Por su parte AMIA (servicio de empleo) afirmaron que la inclusión crece a medida que pasan los años, pero algunas empresas están teniendo una actitud reacia al incorporar personal porque en su mayoría por falta de información, por no saber cómo generar espacios accesibles, y por los estereotipos que aún marcan que una persona con discapacidad suele ser irresponsable, poco profesional y que no logrará cumplir con su tarea. la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en Febrero del presente año mediante la resolución 34/2020 en su artículo 1° Establece que cuando se verifique la existencia de una vínculo laboral formal bajo relación de dependencia por parte del sujeto de derecho de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en los términos de la Ley N° 13.478 mayor de 18 años de edad, o adolescente emancipado en los términos del artículo 27 del Código Civil y Comercial de la Nación, la suspensión prevista en el artículo 19 inciso c) del Decreto Reglamentario N° 432/97, se mantendrá vigente durante el plazo que dure dicha relación laboral, siempre que los haberes fruto de la relación laboral fueren mensualmente netos superiores a CUATRO (4) jubilaciones mínimas.

Sin dudas es un gran avance en este año de pandemia donde las fuentes laborales son más complejas y escazas para la población y aún más para las personas con discapacidad, pero aún así no se logra una inserción y ejecución de la ley que garantiza a ejercer el derecho al trabajo y lograr una inclusión plena y eliminación de manera efectiva de las barreras que existen para las personas con discapacidad.

Emilio Epulef
Periodista. Estudiante de Comunicación Social.

Opinión

No sólo indignado, también muy molesto; la mierda va

Nota de opinión por Héctor Roncallo, vecino de barrio Los Olmos.

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A fines del año pasado se rompe la conexión de cloacas en el Barrio Los Olmos, en calles Lisandro de la Torre y República del Líbano. Pasaron varios días con aguas servidas, altas temperaturas, perros tomando agua servida, bicicletas, autos, personas circulando y NADA. Aparece en este medio una noticia de la denuncia de los Concejales de Roca por la queja de vecinos. Esto se publica el el 7 de enero de 2021 y ese mismo día intervengo en el programa de Radio de la Super y ante los Periodistas manifesté que tenía doble indignación por el tiempo transcurrido de convivir con río de mierda, que no es la primera vez ya que en la cercanía desde hace más de tres años que se rompe sistemáticamente la cañería y circulan ríos en el barrio; siendo la segunda indignación que ese día algo motorizaron y supuestamente se preocuparon, ya que salió esa denuncia publicada cuestión que para quienes deben trabajar por la salud y el ambiente, lo deben hacer en forma inmediata y sin mediar la necesidad de la denuncia.

Al día siguiente 8 de enero el Gerente General de Aguas Rionegrinas, presuroso en las palabras, pero no en las acciones manifestó a este medio “…que la semana próxima iniciarán las tareas necesarias para resolver finalmente el problema”, y afirmó que “aplicaron un by pass con una bomba nueva para poder atender estas situaciones de emergencia. Luego se dejó instalada una bomba eléctrica”, todo ello con el supuesto “arreglo de que no fluya el agradable río de mierda. Claro, eso duró unos días ya que las fotos que adjunto tomadas en este instante no sólo demuestra que nadie está trabajando, sino que además el by pass no funciona y el río volvió a emerger, multiplicando no sólo los olores que durante las 24 horas del día venimos soportando desde el final del pandémico año 2020, sino que además circula nuevamente por las calles, el río.

Ahora molesto, muy molesto ya que además de tener que escuchar palabras y mentiras para decir algo sobre un claro y evidente hecho que no se soluciona, no de ahora, sino desde hace más de tres años, al menos en la zona del barrio. Muy molesto porque el gerente habló de que ellos mismos se encargarían de hacer la obra para no tener que entrar en una licitación por el tiempo que demora la misma y hasta hablo de un monto importante para la ejecución de la misma y hasta se mostró asombrado al manifestar: “…Recordó no obstante que «esta obra se licitó y se llevó a cabo en 2019, pero no sabemos porque esos 300 metros donde hoy está el inconveniente no se reemplazaron; seguramente inspeccionaron y observaron en buen estado la cañería”, lo que evidencia no sólo desconocimiento del movimiento de obras y del destino de fondos.

Lo concreto que seguimos igual que fines del año pasado. Por eso estoy molesto, indignado y no me queda otra cosa que repudiar esta situación y exigirles a las autoridades provinciales que se preocupen seriamente por la salud de los ciudadanos y critiquen menos a la sociedad, que no se defiendan de las críticas y ejecuten más.

Héctor Roncallo – DNI 8280317
Vecino de barrio Los Olmos

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Opinión

Tres aumentos en los primeros quince días del año es algo inadmisible

Nota de opinión por Rodolfo Aguiar,
secretario adjunto de ATE Nacional.

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Un nuevo aumento impactó en los precios de los combustibles al aplicarse la suba automática tributaria del 7,7%, el cual es inadmisible por tratarse de un tercer aumento en lo que apenas son los primeros quince días del año.

Es necesaria una intervención más decidida del Estado para evitar que la actualización de impuestos que deberían afrontar las empresas se traslade de manera directa y sin ningún escrúpulo a los consumidores. Los valores de venta de los combustibles ya se habían incrementado en un 2,9% durante la primera semana de 2021.

Sumado a esto, nos preocupa la posible suba a un ritmo acelerado de otros bienes, productos y servicios. Si no se pone un freno en tiempo oportuno, las proyecciones inflacionarias oficiales pueden verse alteradas, afectando a los trabajadores, jubilados y sectores populares.

La Ley del Presupuesto para el corriente año presentada en el Congreso prevé una inflación del 29%. Por su parte, la inflación de 2020 cerró en 36,1%, aunque algunos productos sufrieron aumentos muy superiores como la carne que, en promedio, subió un 74% según un informe de Rosgan (mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario y compañías consignatarias).

Rodolfo Aguiar
Secretario adjunto de ATE Nacional.

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Opinión

Participación ciudadana, ¿La clave para el 2021?

Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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Esta pandemia por el Covid-19 reveló la importancia y la necesidad de la presencia del Estado en sus distintos niveles, las Administraciones Públicas gestionando y trabajando en los territorio para sus habitantes y entonces, debemos consultamos: ¿es la clave para el 2021 (en y para el fortalecimiento institucional), la Participación Ciudadana directa?

Pareciera una buena manera de comenzar a dilucidar el asunto, el tratar de suponer en qué ciudadano pensamos y/o nos inclinamos a pensar cuando nos referimos a participación ciudadana.

Porque al parecer en lo que se refiere a “participación” habría cierto acuerdo; una participación más o menos vinculante, relacionada a la decisión sobre mayor o menor cantidad de dinero público disponible, pero en línea general, la idea sería ser oído y que eso produjera alguna modificación a la situación o ante la convocatoria pública que motivó la intervención.

Aquí es que debemos realizar un breve apartado sobre el asunto, ya que en el ideal sería de suponer que nos referimos a alguna persona, más o menos formada, que entienda, conozca y sepa discernir más allá (de la instrucción recibida en educación cívica / instrucción ciudadana, en el nivel secundario). Que sepa qué esperar de la Administración Pública y de sus funcionarios, y que conozca y maneje los mecanismos para ello. Aún sin formación específica y con bastante desconocimiento sobre el funcionamiento interno, pero con la suficiente motivación, podría haber también participación.

Es necesario detallar que no se consideran a los fines de participación ciudadana, a los niños, los adultos mayores, las personas violentadas y/o a las personas en situación de vulnerabilidad y/o privados de la libertad.

Observemos lo que pasó en esta pandemia, (entendiendo que la participación ciudadana debe ser abordada en su concepto amplio, ese que propone revisar cómo interactúa y/o respeta/acata el ciudadano las normas), para comenzar a pensar con qué escenario y requisitos nos podemos encontrar el año próximo. Es decir qué se puede esperar que pase luego, de esta pandemia, en la post pandemia que estamos comenzando a transitar.

Hubo un grupo de personas de Menores Recursos: el cual está caracterizado por disponer de menor nivel soco-económico, menor formación específica relacionada a las instituciones y a la administración pública (quizá por falta de instrucción), por ende con menor participación social, menor apego y cumplimiento estricto de las normas y reglas vigentes en esta pandemia

Un segundo grupo de personas con Mayores Recursos: el cual está caracterizado por disponer de mayor nivel socio-económico, menor formación específica relacionada a las instituciones (quizá por suponer la poca importancia de ella), por ende con menor participación social, menor apego y cumplimiento estricto de las normas y reglas vigentes en esta pandemia

Un tercer grupo de personas con Recursos Medios: el cual está caracterizado por disponer de un nivel socio-económico medio (que les permite la suficiente soltura de pensar más allá de sus necesidades más concretas y básicas); siendo una clase media, con media o alguna formación específica relacionada a las instituciones (quizá por conciencia de clase), por ende con mayor participación social, y mayor apego y cumplimiento de las reglas vigentes en esta pandemia

Frente a esta panorama tan brevemente presentado, algunas conclusiones saltan a la vista; esas que relacionan querer cumplir con las reglas, con participar activamente de las decisiones y políticas públicas; a la vez que el apego y cumplimiento de las normas parecieran no estar relacionadas con el nivel socio-económico.

Entonces como gran desafío para el 2021, al Estado todo y a las administraciones en particular, les queda un arduo trabajo de pensarse situadas y repensarse con sus ciudadanías; lo que implicaría un diseño y desarrollo de herramientas, espacios e instancia de participación y construcción ciudadana, a la vez que, los procesos y garantías para ello.

Quizá de los temas menos en los discursos, pero que son de suma importancia, es el de la agenda de capacitaciones (externas e internas), que van de la mano de los mecanismos de participación.

Es decir el esfuerzo de embarcar a la administración pública en la dialéctica de la enseñanza – aprendizaje, en torno a la ciudadanía y sus propios empleados, las herramientas para acceder a los pareceres de los/as vecinos/as y los instrumentos necesarios para procesar esos resultados.

Un buen punto de partida pareciera ser, trabajar sobre los pares: enseñar a participar – aprender a participar; enseñar a enseñar – aprender a enseñar; querer aprender – querer enseñar; querer participar – poder participar.

Quizá, entonces, estemos en condiciones de garantizar canales de participación (con empleados comprometidos en y con ello), a la vez que una ciudadanía capacitada y segura de que sus reclamos, quejas y sugerencias, serán consideradas.

Quizá entonces, dejemos de discutir sobre participación ciudadana, para comenzar a abonar la construcción ciudadana.

Federico Vasches.
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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