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Opinión

La agenda municipal, ¿Quién la marca?

Nota de opinión por Federico Vasches y Pedro Videla, integrantes del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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Uno de los grandes temas que ha surgido a la luz de la pandemia por el Covid-19, es el de los esfuerzos institucionales que debieron realizar las administraciones públicas y los gobiernos locales en particular. Quienes en muchas ocasiones, tuvieron que administrar y reasignar los fondos disponibles, para la pronta atención de las muchas problemáticas y la fragilidad, que desnudó esta pandemia.

Pero bien, estamos ya transcurriendo el último mes del año y de alguna manera debemos comenzar a repensar los procesos públicos en el marco de esta nueva normalidad, esta postpandemia que inclusive ya tiene los presupuestos públicos aprobados para funcionar en 2021, nos depara una rápida y concreta pregunta: la agenda municipal, ¿quién la marca?

Si bien la intención no es dar una única respuesta, debemos tener presente al momento de su diseño, algunos puntos que se conjugan para comenzar a dilucidar este asunto:

La dimensión Institucional

– un primer abordaje sería revisar la Carta Orgánica municipal, donde podríamos advertir que la mayoría de las funciones y definiciones del norte de la localidad, quedan reservadas para el Intendente

– es de esperar un papel de preponderancia de los Legisladores Comunales, en tanto representantes y conocedores del pueblo y de la localidad

– a la vez que los espacios constituidos como Consejos Locales sirven en tiempos normales, de encuentro, diálogo y generación de algunas propuestas de asesoramiento y acompañamiento al poder ejecutivo en la temática que los convoca

– hay bastante expectativa y reconocimiento en el afuera de los gobiernos locales, en toda esa acción que desarrollan las Asociaciones Civiles, las Organizaciones No Gubernamentales, los Consejos y Colegios Profesionales, los que sin dudas trabajan, en muchas ocasiones, en vías y direcciones paralelas a la de los municipios

– son bastantes los gobiernos locales que reconocen a las juntas vecinales, les garantizan organización y un área ejecutiva para su acompañamiento

– por último existen ordenanzas que garantizan Mecanismos de Participación Ciudadana, lo cual permitiría el hecho de que quienes cumplan con los requisitos, puedan hacer uso de ellos. Aún así pueden quedar vecinos que opten (o no puedan reunir lo necesario), por buscar otras vías de vinculación con las administraciones.

La construcción del concepto de Políticas Públicas

En este punto es particularmente importante entender que la mera definición de Políticas Públicas, es trascendental. Esto es lo mismo que afirmar que las políticas no son unívocas, sino que deben ser construidas en su concepto y en su ejecución, desde la comunidad, y para la comunidad.

Allí cobran particular relevancia el aporte de Eugenio Zaffaroni cuando nos ilustra que en nuestras sociedades hay vigente un “modelo de sociedad excluyente” en dónde un 30% es incluido (el que decide) y un 70% excluido (el que obedece); mientras que Álvaro García Linera, cuando se refiere ”al rol del estado en la construcción de comunidad” nos da cuenta de que las administraciones públicas no están únicamente para administrar, sino que deben liderar los procesos de cogobierno e inclusión en los territorios.

Entonces tratar de dar respuestas, de construir respuestas a las preguntas que se suceden, pueden colaborar a ello. ¿Qué son las Políticas Públicas?, ¿Para qué sirven?, ¿Cómo deben ser entendidas?, ¿Cómo pueden y deben ser medidas?, y acaso ¿Cómo se pueden mejorar y redireccionarlas hacia la sociedad?

El entendimiento de los Nuevos Desafíos

Es clave poder situarnos en el momento histórico que estamos atravesando, a la vez que también tener presente el futuro que se avecina, esta postpandemia que nos interpela y nos demanda nuevas construcciones que deben ser legitimadas y pensadas desde las bases.

Asoma el reclamo en el momento de más y un mejor Estado, uno que comprenda la importancia de la comunicación en dos direcciones y entonces vele por la garantización de nuevas vías para ello.

Este nuevo proceso de trabajo con la comunidad debe ser pensando desde la horizontalidad, y debe contener una instancia amplia de evaluación y retroalimentación, en donde las personas y las instituciones tengan participación plena y que entonces esta interacción actualice y dinamice a los gobiernos.

La necesidad de que los Gobiernos Locales se vinculen

Una de las notas más salientes en esta pandemia, ha sido la de encontrarnos frente a una ciudadanía activa. Pareciera que ya no es suficiente con el ejercicio del civismo cada 2 o 4 años, sino que ahora pretenden ser partes constantes de los procesos y decisiones democráticas.

Este nuevo rol de los vecinos, invita a repensar cómo deberían vincularse los gobiernos locales con el medio y acaso con quiénes deberían asociarse para nutrirse de prácticas, experiencias de gestión y conocimientos académicos aplicados a la administración.

Así como para la participación y comunicación ciudadana debe pensar nuevas vías y formas de comunicación, deberá también advertir esa necesidad de vincularse, de gestionarse con las Universidades Públicas Nacionales de forma diferente.

Ya no alcanza con que las autoridades de unas y otras se reúnan esporádica y concretamente para revisar la posibilidad de la instalación de nuevas carreras y participen como miembros externos o informantes en los Consejos; sino que debemos repensar los territorios y a sus actores para garantizar el potenciamiento de sus capacidades y entonces el desarrollo de las regiones, siempre con una mirada desde lo local.

La agenda de los gobiernos locales es compleja, presenta constantes restricciones de recursos para su ejecución, pero eso no libera a los municipios de su papel y su responsabilidad en el marcar y comandar el destino de su ciudad.

Entonces, ¿no sería siempre mejor tomar el desafío y asociándose comenzar a dar esos grandes debates que nos debemos y que esta pandemia dejó en evidencia, que aún estamos a tiempo de dar?

Federico Vasches y Pedro Videla
Integrantes del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

Opinión

Nuestro país y nuestra provincia no necesitan más impuestos

Nota de opinión por Aníbal Tortoriello,
Diputado Nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro.

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Nuevamente el Gobierno Nacional insiste en ahogar a los productores, empresarios y emprendedores con impuestos y medidas que no generan crecimiento ni desarrollo.

Nuestro país no necesita más impuestos, ni prorrogar muchos de los impuestos temporarios o de emergencia, como planteó el oficialismo, sino que se requiere de generar un marco fiscal y regulatorio que aliente la producción y por tanto, genere nuevos puestos de trabajo genuino.

En la sesión del Congreso de la Nación ayer voté de manera negativa al nuevo consenso fiscal para crear más presión tributaria con la prórroga de Ganancias, Bienes Personales, a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (conocido como impuesto al cheque), el Monotributo, asignaciones específicas en el IVA, el adicional de emergencia sobre la venta de cigarrillos y el Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.

Lamentablemente los otros diputados rionegrinos acompañaron la medida que afecta a la población que produce, arriesga e invierte. Sería importante que los diputados puedan explicar a los votantes por qué razón están acompañando la suba y creación de impuestos.

Este es uno de los principales temas que me plantean comerciantes, empresario y emprendedores en todas las ciudades de Río Negro. La semana pasada estuve en Bariloche donde los comerciantes manifestaron la necesidad de bajar la presión tributaria que no les permite crecer y evita la creación de nuevos empleos.

No vamos a acompañar la creación de más impuestos a los que producen. Para crecer tenemos que reducir la reducir la burocracia, bajar el gasto público. disminuir la presión tributaria y a poner estímulos para quienes generen trabajo.

Aníbal Tortoriello
Diputado Nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro
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Gremios

Ante las desacertadas declaraciones de Buteler

Nota de opinión por Héctor Roncallo, jubilado docente y ex Secretario General de UnTER.

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Los estudiantxs de Río Negro, los ciudadanos de la Provincia no pueden ser rehenes de las internas de Gobierno al mejor estilo de querer demostrar quien juega mejor en esto de apretar a los docentes y a su organización gremial. El Ministro de Gobierno tiene la clara intención de provocar a los docentes y azuzar la interna sindical o es alguien que no sabe de legislación del trabajo ya que el dictado de la conciliación Obligatoria es para las dos partes, el Gremio y el Gobierno. Esto quiere decir que la conciliación obliga por una parte al gremio, en cesar las medidas, pero también al Gobierno en retrotraer cualquier medida que dio origen a la acción sindical. De no ser así, este señor, que dice ser Ministro de Gobierno, poco  ha leído de legislación Laboral o sólo le interesa actuar desde los medios apretando y actuando al mejor estilo patoteril, en lugar de sentir y decir en sus manifiestos que como Gobierno van a trabajar en las mejores respuestas para garantizar las necesidades de trabajadores y de estudiantes, para sí honrar la Educación Pública que intenta hacer aparecer como que ES el único que la defiende, este señor venido a Ministro de Gobierno.

Son muchos años de atropello, de agachadas y de poca inversión (de la real en salarios y en el funcionamiento acorde del sistema educativo), por eso existen las reacciones naturales y lógicas ante las injusticias y por la desidia manifiesta de no profundizar la preocupación de fondo para el sistema educativo que dicen defender como Gobierno.

Como me gustaría alguna vez que los ministros y gobernantes reconocieran los errores de sus políticas  y que en la realidad no se está haciendo todo lo que debiera hacerse para que la educación en su conjunto contara con los elementos acordes a las necesidades actuales de un mundo diferente, diverso, de escuelas que cada vez más necesitan presupuestos, instrumentos, edificios, tecnología, conectividad real, alimentos para hablar seriamente de comedores escolares y de apoyo a las necesidades de alimentación saludable, además de salarios dignos y de condiciones dignas de trabajo para estudiantes y docentes. Además de todo esto conocer la legislación educativa a fondo para no tener que escuchar aberraciones, apretadas y desconocimiento total del concepto “derecho a la educación” que dice exigir Buteler.

Sr. Ministro, basta de querer aparecer como el ordenador y la autoridad, no le queda bien esa pedagogía en la política, el autoritarismo no va con la educación, mucho menos con la política real y con mayúscula. Es su obligación velar para resolver los problemas no para insultar a los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación que siempre se preocupan para que el sistema funciones a pesar del abandono de Gobierno.

Héctor Roncallo
Jubilado Docente – Ex Secretario General de UnTER.

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Opinión

La discapacidad no es gasto público: No a la jibarización de los derechos de las personas con discapacidad

Nota de opinión por Emilio Epulef, Periodista y estudiante de Comunicación Social.

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El actual gobierno Nacional esta llevando a cabo un plan de ajuste para cumplir con los diversos acuerdos firmados por el FMI conocido como Fondo Monetario Internacional, y uno de los requisitos para el cumplimiento casi efectivo de ese acuerdo es el recorte del gasto público, en el cual consiste que el estado Nacional gaste menos con el objetivo de que no haya déficit fiscal y así poder bajar la inflación galopante que atraviesa la economía de la Nación.

Uno de esos ajustes es el recorte en las prestaciones básicas que le corresponden a las persona con discapacidad, para poder realizar diversos tratamientos para poder convivir en sociedad con una mejor calidad de vida, estas prestaciones que hoy ponen en jaque, no solo a este colectivo, sino también a los tutores, familias, y personas que trabajan en pos de mejorar la calidad de vida de estas personas, estas prestaciones están garantizadas no solo por la Ley N° 22.431 en su artículo número 4, sino también por la Ley N° 24.901 en su artículo N° 1 y 2, promulgada de facto el 2 de diciembre de 1997, además también por el articulo 7 y 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada en el año 2006, e implementada en nuestra Nación en el año 2008, mediante la Ley N° 26.378 y en el año 2014 este documento cuenta con jerarquía constitucional mediante la Ley N° 27.044.

El Gobierno Nacional no solo pretende jibarizar el acceso a la salud, mediante el recorte presupuestario, sino que también busca la reducción de puestos de trabajo en el ámbito mencionado ut supra. El Gobierno Nacional no solo aquí se encuentra violando leyes establecidas, sino que además pretende excluir a la discapacidad de las obras sociales, y ponerlas en manos de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), delegando la responsabilidad a ese organismo, y obviando la obligación que tienen el Estado Nacional hacia este sector social.

Con este ajuste lo que la política pretende es no solo reducir el déficit fiscal mediante la jibarización de los derechos de este colectivo social, sino también los derechos que gozan las personas que ejercen la medicina y diferentes trabajos para las personas con discapacidad.

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