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Judiciales

Piden declarar culpable a ex profesor de básquet acusado de abuso sexual

El veredicto se conocerá el próximo martes 22 de diciembre. En el momento del hecho que se investiga, el sujeto tenía 25 y la víctima sólo 13 años.

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El Ministerio Público Fiscal sostuvo su teoría del caso y solicitó la declaración de responsabilidad penal para quien era profesor de básquet y cometió delitos contra la integridad sexual de una de sus alumnas en el 2015.

“Los hechos están probados, el delito está comprobado de acuerdo al comportamiento del imputado, quien cometió actos vejatorios, humillantes, y estos actos los hizo aprovechando su situación de profesor, siendo encargado de la educación de la adolescente”, comenzó sus alegatos de clausura la fiscal del caso Vanesa Cascallares.

“Este tipo de delitos se cometen en la intimidad, sin presencia de testigos y la certeza viene de la mano de la víctima. El Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia ya estableció que es posible dictar una condena a través de un testimonio único, el de la victima, mientras que sea coherente y encuentre coincidencia con el resto de la prueba. Y esto es lo que ha sucedido en este caso”, continuó la fiscal.

“Pedimos al Tribunal que analice el contexto de los hechos teniendo presente la perspectiva de género, en la relación desigual existente entre la victima y el imputado, cuyas características esenciales de vulnerabilidad son su condición de mujer y ser menor de edad en el momento del hecho. Ella tenía apenas 13 años y él 25, cuestión que no fue contradicha por la defensa”, detalló.

El Ministerio Público Fiscal repasó uno a uno los testimonios escuchados durante estos tres días de debate en los Tribunales de Roca, tanto quienes fueron propuestos por esta parte, como por la querella, y la defensa particular.

Por todo lo anterior es que la Fiscalía solicitó que se lo declare responsable penal de los delitos de “abuso sexual por aprovechamiento de la inexperiencia sexual de la víctima agravado por haber sido cometido por encargado de la educación y por resultar un grave daño en la salud mental de la victima”, según los Artículos 120 segundo párrafo en función del Art. 119 segundo y cuarto párrafo incisos a) y b) del Código Penal, en calidad de autor, conforme al Art. 45.

Por su parte, el estudio jurídico de los abogados Oscar Pineda y Pablo Irribarren solicitó la declaración de culpabilidad, acompañó y subrayó los argumentos brindados por la acusación pública e insistió en la escasa edad de la víctima al momento de los hechos, cuestión que para la querella agrava la situación.

En tanto, la defensa a cargo del abogado particular Juan Luis Vincenty insistió en que la prueba ventilada no es suficiente para declarar culpable a su asistido, y por todo ello pidió al Tribunal la declaración de no culpabilidad.

El Tribunal Colegiado integrado por los jueces Alejandro Pellizón, Gastón Martín y Daniel Tobares dará a conocer el veredicto el próximo martes 22 de diciembre, a las 9 de la mañana, a través de la Plataforma Zoom.

Judiciales

Incrementan multa por ignorar los reclamos de una cliente

La clienta percibirá más de 230.000 pesos.

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Una mujer de Cipolletti que compró una notebook con fallas de fábrica consiguió un incremento en el monto de la indemnización. Después de presentar la demanda, obtuvo un fallo favorable aunque apeló los montos. Ahora, una nueva decisión aumentó el alcance de la multa civil.

La clienta adquirió en Fravega una computadora marca Acer, Modelo E5-573-3268 I3. En ese momento también abonó una extensión de la garantía original. Es decir, en total se llevó la notebook con dos años de garantía, uno por la fábrica y el otro por la aseguradora Assurant.

La computadora presentó fallas luego de los primeros tres meses de uso. En consecuencia la mujer envió el aparato al servicio técnico oficial, que le hizo un recambio de teclado. Sin embargo, los problemas continuaron.

En esa instancia, nadie se hizo cargo de las reparaciones. El comercio adujo que su garantía estaba vencida con los primeros seis meses de uso y que los otros seis meses le correspondían a la fábrica. La compañía de seguros, en tanto, informó que su vigencia comenzaba recién luego del primer de año.

Por ello la clienta impulsó una demanda civil. El fallo de primera instancia concluyó que hubo una infracción al deber de información y trato digno de la Ley de Defensa del Consumidor. Y que la responsabilidad por los daños a la consumidora era de las codemandadas, tanto de la cadena de electrodomésticos como de la aseguradora contratada en el mismo local comercial.

El monto inicial de la indemnización fue fijado en la suma de $81.752 pero la clienta apeló. En la revisión, el tribunal aplicó intereses en el rubro daño material y también incrementó en $200.000 el daño punitivo, que es una multa civil. En total, la mujer percibirá $231.367,18.

En la segunda instancia, la Cámara Civil de Cipolletti consideró que la multa inicial no satisfacía las finalidades punitorias por el desaprensivo accionar desplegado y menos aún los objetivos “preventivos” tendientes a instar a las demandadas a no repetir comportamientos lesivos e incumplimientos obligacionales.

El efecto disuasivo, surge del fallo, pretende evitar que se instale como práctica la metodología de “ignorar” al cliente que reclama por defectos del producto, ni se especule sobre si el consumidor acudirá, o no, a las vías judiciales.

La actividad civil, en números

En lo que va del año, las cuatro Cámara Civiles de la provincia registraron 799 nuevos expedientes. El número se compone de 91 expedientes ingresados directamente a las Cámaras (competencia originaria) y de 708 causas de apelación.

Los procesos más frecuentes son los recursos de queja, las acciones de amparo, apelaciones, medidas cautelares y los trámites del fuero Contencioso Administrativo.

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Judiciales

Sobreseyeron al abogado que habían detenido por tener supuesta droga sintética

La sustancia hallada en el estudio jurídico dio negativo a las pruebas realizadas y la Justicia le dio la razón a Daniel Arce.

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El juez Federal Hugo Greca sobreseyó al abogado Daniel Arce, a quien le habían iniciado una causa en el marco de la Ley de Estupefacientes. Todos los test realizados a la sustancia encontrada dieron negativos.

Todo sucedió el pasado 19 de agosto cuando en el marco de la causa que investiga el asesinato de Sofía Vera, la Policía rionegrina desplegó un importante operativo en Roca en el que se efectuaron 5 allanamientos autorizados por la Justicia, y que culminaron con dos personas detenidas; una de ellas era justamente el letrado que defiende a Emanuel Kaigar -único sospechoso que tiene el caso y que se encuentra prófugo-.

La Policía había asegurado que en el allanamiento al estudio jurídico de Arce detectaron cerca de un kilo de droga sintética. Las pericias de las mismas para establecer la composición y el origen estuvieron a cargo de Prefectura Naval Argentina, en la provincia de Neuquén, y finalmente dieron negativo. No obstante, el abogado quedó detenido 24 horas por infracción a la Ley N° 23.737 por solicitud del propio juez Greca.

Finalmente, luego de un mes y medio de ocurrido el hecho y varias pruebas que fueron demostrando lo que Arce aseguraba, el magistrado federal resolvió su sobreseimiento.

Además, la Justicia deberá reintegrarle la suma de $300.000 que el letrado puso como caución al quedar en libertad.

Arce había sostenido su inocencia desde el primer momento, manifestando que la sustancia encontrada era parte de los materiales a utilizarse para una remodelación del lugar.

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Botón del arrepentido: no le avisaron que podía desuscribirse y tendrán que devolverle el dinero

La víctima pretendía un plan de pago para comprar un automóvil, hizo la contratación por WhatsApp y tiempo después advirtió que estaba en un círculo de ahorro.

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Pretendía un plan de pago para comprar un cero kilómetro en Cipolletti, hizo la contratación por WhatsApp y tiempo después advirtió que estaba en un círculo de ahorro. Intentó irse pero no lo logró. Presentó una demanda por menor cuantía en el Juzgado de Paz y ahora tendrán que devolverle el dinero invertido.

El fallo condenó a dos sociedades a pagarle a la clienta la suma de $81.591,50 por el monto de las tres cuotas debitadas. Ella quería comprar una Fiat Strada Endurance.

La sentencia sostiene que no se cumplió con el deber de información previsto en la Ley de Defensa del Consumidor. La mujer pretendía un plan de pago y terminó dentro de un círculo de ahorro, junto con otras personas que pagaban el vehículo en 84 cuotas.

Cuando advirtió esa situación quiso retirarse de la modalidad. Y en ese aspecto el fallo consideró que las proveedoras tenían la obligación legal de extender la información por escrito o a través de medios electrónicos u otra tecnología similar. En el caso la contratación fue ciento por ciento telefónica. También se resolvió que la clienta poseía el derecho a revocar la suscripción. La ley establece que las empresas tienen el deber de informar lo que se conoce como “botón del arrepentido”. En esos casos, las y los clientes pueden – en el plazo de diez días desde la entrega del bien o desde la firma del contrato – anular la compra. Esa circunstancia surge tanto del artículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor como del artículo 1.110 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Se afirmó además que se trataba de una venta vía telefónica, es decir que hubo una contratación a distancia y por eso la consumidora asumió un riesgo distinto. Esta situación tiene un tratamiento legal especial. Por eso, en cuanto a la prueba las firmas demandadas tuvieron la carga de aportar al proceso todos los elementos en su poder y el deber de colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en juicio. Se advirtió que hubo una actividad probatoria deficiente.

En función de los argumentos, el fallo condenó a Pinerolo S.A y a FCA S.A de Ahorros para Fines Determinados a devolverle el dinero a la clienta.

La menor cuantía es uno de los procesos más frecuentes en los juzgados de Paz. En números, durante el primer semestre del año 2022 ingresaron a los 49 juzgados de Paz de Río Negro 22.573 expedientes. Se realizaron, en el mismo periodo, 13.734 audiencias. Hubo además 805 acciones de menor cuantía en toda la provincia.

¿Qué es el botón de arrepentimiento?

Es un link que deben incluir las páginas web que venden productos o servicios para que se pueda revocar fácilmente la compra. El “botón de arrepentimiento” debe ser de acceso fácil y directo desde la página de inicio del sitio de internet. Debe estar en un lugar destacado y visible. Las y los clientes poseen además el derecho a ser informados respecto del procedimiento para anular la compra o la contratación.

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