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Judiciales

Declararon culpable de abuso sexual al ex entrenador de básquet

En la próxima etapa del juicio se realizará la cesura, para determinar el monto de la pena de prisión efectiva que le corresponderá cumplir.

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El Tribunal de Juicio de Roca, por unanimidad, declaró culpable a un ex entrenador de básquet por los abusos sexuales que sufrió una de sus alumnas a los 13 años. El veredicto le atribuyó los delitos de “abuso sexual por aprovechamiento de la inexperiencia sexual de la víctima, agravado por haber sido cometido por encargado de la educación y por resultar un grave daño en la salud mental de la víctima”. En la próxima etapa del juicio se realizará la cesura, para determinar el monto de la pena de prisión efectiva que le corresponderá cumplir.

Los jueces tuvieron por acreditados al menos tres episodios de abuso sexual que ocurrieron en el verano de 2015 en dos inmuebles pertenecientes al imputado, quien por entonces tenía 25 años.

Pese a la dificultad probatoria que normalmente presentan los hechos de este tipo, por las circunstancias en las que se cometen, en el caso los jueces destacaron la coherencia y el nivel de detalle de la declaración de la víctima y su apuntalamiento con indicios, testimonios e informes forenses.

En función de las declaraciones recibidas en el juicio oral, el entrenador tenía ante el conjunto de sus alumnas “una imagen de referente” que fue aprovechada para cometer los abusos. Tanto a la víctima como a otras adolescentes del equipo, el hombre les provocaba “admiración y temor reverencial”, concluyó el tribunal. “A él no se le podía decir que no”, graficó uno de los testimonios.

Los jueces analizaron especialmente las circunstancias en las que, tres años después, los hechos fueron revelados. “El develamiento tardío es usual, las víctimas declaran cuando pueden, si es que alguna vez pueden, a lo largo de sus vidas”, dijeron. En ese punto, valoraron los motivos que en general suelen llevar al silencio inicial de las víctimas, y sumaron las circunstancias especiales de este caso, en el que los peritos acreditaron un proceso psicológico de “negación interna” del hecho como “mecanismo de defensa” en la adolescente, hasta que circunstancias ajenas a ella dejaron los abusos al descubierto.

El daño a la salud mental de la víctima, como agravante del delito de abuso, resultó evidente para el Tribunal tras las pericias e informes psicológicos y psiquiátricos aportados al juicio. Ella “guardó un secreto venenoso. Logró demorar los síntomas hasta el develamiento. Y a partir de allí entró en un estado agudo de angustia y culpa por no haber contado antes”, dijeron los jueces.

Negaron, finalmente, que haya existido cualquier influencia sobre la adolescente o animosidad de su parte para mentir en perjuicio de quien era su referente y entrenador.

A lo largo del veredicto los jueces destacaron la situación de “desigualdad” y “preeminencia” del imputado sobre la víctima, no sólo por su género sino también por su edad y por ser su entrenador. Existió, para los jueces, un aprovechamiento de esas circunstancias para cometer los abusos sexuales. Eso afectó el “libre desarrollo de la sexualidad de la persona como aspecto integral de su personalidad”, agravando las consecuencias de los ultrajes.

Cabe mencionar que la condena no se encuentra firme, puesto que la defensa tiene diversas instancias posteriores de impugnación.

Judiciales

Servían el desayuno cuando el colectivo bajó bruscamente a la banquina: Quemaron a la pasajera con el café

Deberán indemnizarla con más de 1 millón de pesos.

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Una pasajera que viajaba desde la provincia de Chubut a Cipolletti sufrió graves quemaduras en medio de un control de tránsito en la Ruta Nacional N° 22. Justo cuando el auxiliar servía el desayuno, el micro detuvo la marcha en Contralmirante Guerrico. El chofer bajó bruscamente a la banquina y el café se volcó sobre las piernas de la joven. Será indemnizada en más de 1 millón de pesos.

Una sentencia del fuero civil de Cipolletti condenó a la empresa de transporte por su responsabilidad en el incidente. El monto de la indemnización se fijó en $1.090.982,72 y la cifra incluye el tratamiento psicológico al que debe someterse la pasajera para superar el episodio, el daño moral y los gastos de farmacia y tratamiento médico. La compañía de seguros también fue incluida en la condena, salvo en la multa civil de $300.000 que se le impuso exclusivamente a Transportes Don Otto S.A.

En ese aspecto el fallo estimó que la empresa incurrió en incumplimientos tanto legales como contractuales. No solo por la maniobra brusca en la conducción del vehículo que provocó la caída del café servido por el auxiliar de la empresa, sino también por la falta de medidas de seguridad para evitar accidentes, y su conducta posterior con un total desprecio por la integridad humana.

Se mencionó que no se derivó a la pasajera a ningún centro de salud cercano al lugar del accidente, a pesar de que el chofer y el auxiliar sabían que la mujer estaba gravemente quemada y manifestaba extremos dolores. «Ello con el único y evidente fin de llegar al destino de Cipolletti, y aun al arribar a esta ciudad, una vez en la Terminal de Ómnibus la empresa demoró más de dos horas en trasladarla a un centro médico asistencial», dice el fallo que todavía no está firme porque puede ser apelado.

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Judiciales

Deberán indemnizarlo con más de 4 millones luego de que lo atacaron en la vereda de un conocido bar

La víctima estuvo 17 días internado con traumatismo de cráneo y rostro. La condenada es la sociedad que administró el pub.

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El cliente de un pub de Cipolletti que fue atacado en la vereda percibirá una indemnización mayor a la fijada inicialmente. Mientras el personal de seguridad estaba desalojando el local, el hombre recibió un golpe en el rostro que le causó múltiples fracturas. Con el reajuste, la indemnización supera los 4 millones y medio de pesos.

La sentencia de primera instancia sostuvo que el titular o concesionario de una discoteca debe velar porque ni las prestaciones o servicios brindados, ni los objetos o dependientes suyos, ni la actividad, desórdenes y pasiones que genera el objeto propio de su quehacer comercial provoquen daños en las personas o los bienes de sus clientes. «Como derivación de la obligación legal de seguridad impuesta por el citado art. 5 de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.440 el titular de la disco debe asegurar la salida de sus cocontratantes sanos y salvos, esto es, en la misma forma que ingresaron al local», se cita en el fallo.

También se consignó en esa resolución que la obligación del «deber de seguridad» incluye la zona de ingreso y egreso, como en este caso, puesto que el episodio ocurrió en la vereda.

El hombre que resultó herido había concurrido al local bailable que funcionó bajo el nombre de Única, ubicado en la intersección de las calles Fernández Oro y Miguel Muñoz de Cipolletti. Allí se generaron disturbios entre algunos de los clientes y, tras la expulsión de los involucrados por parte del personal de seguridad, el damnificado recibió de manera imprevista un golpe de puño en su rostro que le causó una caída al piso, con traumatismo de cráneo y rostro.

Estuvo 17 días internado y debieron colocarle una placa con tornillos. El perito dictaminó que el paciente presentó secuelas anatómicas y funcionales con una incapacidad laborativa parcial y permanente del 15%.

En la apelación, un segundo fallo reajustó el rubro de incapacidad y fijó una suma de dinero por los gastos médicos y de farmacia. El monto total se fijó en la suma de $4.537.616,14 y la condenada es la sociedad que administró el pub.

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Sufría violencia de género y la echaron de la Policía: Un fallo confirmó la indemnización

Además, la Justicia exige capacitación obligatoria para toda la institución policial.

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Una joven policía del Alto Valle fue desafectada de la fuerza porque la violencia doméstica y de género que padecía afectó su rendimiento. El día del ataque más grave, el agresor la golpeó, le quitó el arma reglamentaria y finalmente se suicidó. En respuesta, la institución le inició un sumario por negligencia en el cuidado de la pistola y finalmente la dio de baja, al dar por desaprobado su primer año de período de prueba en la fuerza de seguridad.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó el fallo de la Cámara Laboral que declaró nula la resolución de la baja, ordenó su reincorporación y una nueva evaluación de su desempeño con perspectiva de género, dispuso una indemnización por daño moral para la mujer y condenó a la institución a dictar capacitaciones internas.

El caso se juzgó ante la Cámara Segunda del Trabajo de Roca que dictó la sentencia en mayo del año pasado. Luego, la provincia de Río Negro presentó un recurso ante el STJ. Discrepó con el monto de la indemnización que el Tribunal había fijado en $1.500.000 con intereses y en la obligación que le impuso a la fuerza de capacitarse en materia de género.

La provincia, en representación de la Jefatura de Policía, remarcó algunos cambios en la institución que fueron posteriores al despido de la mujer, ocurrido en 2015, y entre ellos mencionó la Resolución N° 8178-JEF-2021 que convocó a un curso abierto de la Ley Micaela.

El STJ, por unanimidad, confirmó la indemnización económica y, por mayoría, mantuvo la capacitación obligatoria para toda la institución.

Se destacó en el fallo que la condena impuesta tiene base normativa -la Ley Nacional N° 27.499, más conocida como Ley Micaela y promulgada en enero de 2019, y la Ley de adhesión provincial N° 5410- y se sustenta en los hechos que el Tribunal de juicio tuvo por acreditados en la causa. También se recalcó que es un tema de gran relevancia social, que debe merecer especial atención por parte de la Jefatura policial.

Se remarcó además que la sentencia de la Cámara Laboral no hace más que ordenar el cumplimiento de lo que la ley impone como obligación a todas las personas que integran los tres poderes del Estado. En ese aspecto se resolvió que en caso de que el personal policial ya haya recibido las capacitaciones en materia de violencia laboral y de género, tal como se argumentó en el recurso, esa circunstancia deberá ser acreditada en el expediente en la etapa de ejecución de la sentencia.

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