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Una nueva denuncia de abuso sexual contra un ex juez de Roca

Es la segunda acusación en menos de dos meses contra el abogado y ex docente de Derecho de la UNCo. No obstante, la anterior denuncia fue retirada por la víctima.

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Foto: Archivo (Patagonia FotoPress).

Una joven denunció esta madrugada al ex juez de Roca, abogado y quien fuera docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, Daniel Tobares, por presunto abuso sexual. El hecho habría ocurrido cerca de las 3 de la madrugada en la casa del acusado.

La víctima asistió con amigos a un conocido resto-bar céntrico de la ciudad y allí Tobares la habría engañado para llevarla hasta su casa, donde según consta en la denuncia, cometió el presunto abuso sexual.

Ya fue notificado de la causa el fiscal en turno, quien convocó a un médico policial y al Gabinete de Criminalística para realizar los trabajos correspondientes en el Hospital Francisco López Lima.

Ésta no es la primera vez que Tobares es denunciado. Hace dos meses fue acusado por una mujer que a las pocas semanas retiró la denuncia. En esa causa, la Justicia allanó el domicilio particular del ex juez.

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Inicia el juicio al kinesiólogo roquense acusado de abuso

Los hechos, según consta en la denuncia de la víctima, ocurrieron en 2019.

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Mañana martes (11/5) iniciará en la Ciudad Judicial de Roca el juicio por presunto abuso sexual simple al kinesiólogo Mirko Ledesma.

Este es el segundo proceso judicial que afronta Ledesma por la misma acusación. Ya en 2006 fue condenado a 2 años y 3 meses de ejecución condicional, más la inhabilitación por 3 años para ejercer profesionalmente. No obstante, esa sentencia no influye como antecedente en la nueva causa ya que se cumplió la pena.

La denuncia fue radicada en el año 2019 por parte de una paciente. Justamente en agosto del 2020 la Justicia le formuló cargos al kinesiólogo por abuso sexual simple.

Ledesma, de 57 años, llega al juicio con la defensa del abogado Edgardo Pérez. En representación de la víctima, mayor de edad, actúa la Dra. Olga Marín.

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Era policía, mató a su pareja y se suicidó: el Estado deberá indemnizar a las hijas de la víctima

El femicida utilizó la pistola reglamentaria de la fuerza rionegrina para cometer el hecho.

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Un femicidio seguido del suicidio del autor dejó a dos adolescentes sin su madre en una localidad del Alto Valle. El autor del femicidio era un cabo de la Policía de Río Negro y para cometer el asesinato utilizó la pistola reglamentaria que le había proporcionado la institución.

La Cámara Civil de Apelaciones de Roca confirmó esta semana la sentencia de primera instancia, ordenando que las hijas sean indemnizadas por el daño moral sufrido y por la pérdida de chance, tras verificar la responsabilidad última del Estado por haber dado el arma y el “estado policial” al autor del crimen de género.

El femicidio ocurrió en 2008, pero la demanda civil recién pudo ser iniciada después de cerrada la causa penal y cuando una de las hijas de la víctima ya era mayor de edad. Su hermana menor, en tanto, ingresó al proceso civil representada por su padre. Durante la tramitación del proceso se analizaron otras causas del fuero Penal y de Familia vinculadas con el hecho y finalmente se dictó la primera sentencia favorable a las hijas, que ahora fue confirmada prácticamente en su totalidad por la Cámara Civil.

En su apelación, la Provincia intentó excluir su responsabilidad afirmando que el femicida “no actuó en ejercicio de sus funciones, sino que se trató de un acto propio de su vida privada”. Contra esa argumentación, las hijas respondieron “que el estado policial que poseía el agente, que le implicaba la portación permanente del arma de fuego provista por la Institución policial, hacía que la Provincia por añadidura resultara responsable de los actos del agente, de cualquier índole, producidos por el citado arma. Que además, es responsabilidad del Estado provincial la selección de personas con los componentes psíquicos aptos como para esa portación, atento el riesgo que genera hacia terceros; por lo cual, habida cuenta del resultado producido en el caso, debe considerarse e la demandada responsable del hecho”.

En otro punto de la apelación, el Estado Provincial pidió que se reduzca la indemnización de un millón de pesos a cada hija en concepto de daño moral, por considerar la suma “exorbitante”.

Ninguno de los planteos encontró eco en la Cámara Civil, que confirmó la sentencia inicial en casi todos sus alcances. La única modificación admitida fue en torno al modo de calcular la indemnización por “pérdida de chance”, es decir, por la repercusión económica que tuvo el homicidio de la madre en la vida de las hijas.

“Cuando se ocasionan perjuicios a una persona como consecuencia del indebido uso de las armas de fuego, de titularidad de agentes de las fuerzas armadas, se genera la responsabilidad de la entidad pública oficial que los ha incorporado a sus filas, sin que sea causa de justificación el mero hecho de encontrarse de franco, puesto que tales agentes del Estado, se hallan en situación particular. Dicha particularidad deriva de su obligación principal de prevenir el delito y de procurar la seguridad de todos los gobernados, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, aún a riesgo de su vida o integridad personal, resultando ella indivisible de la personalidad del policía. Es en virtud de ello que no puede resultar eximente de la responsabilidad de la entidad oficial -que los ha preparado de manera técnica y psíquica adecuada a tales fines- la circunstancia de que el agente, al momento de suceder el hecho dañino, se encuentre de franco”, fundamentó la Cámara sobre la responsabilidad estatal.

En cuanto al daño moral, la Cámara rechazó cualquier reducción, considerando que las hermanas fueron “testigos del asesinato de su madre, porque estaban en el hogar cuando ocurrió, escucharon las detonaciones y en los instantes siguientes presenciaron el cruento e inminente desenlace recién producido, con el inconmensurable impacto en los sentimientos” que padecieron.

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El Consejo de la Magistratura aceptó las renuncias de Zaratiegui y Mansilla al STJ

El concurso público para cubrir esas vacantes será el 30 de junio.

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Ayer (05/05) al mediodía se constituyó en Viedma el Consejo Grande de la Magistratura, que analizó y aceptó las renuncias de Adriana Zaratiegui y Enrique Mansilla como jueces del Superior Tribunal de Justicia.

El Consejo se reunió con la presencia de todos sus miembros y encabezado por la gobernadora Arabela Carreras.

Las renuncias de Zaratiegui y Mansilla se harán efectivas a partir del 31 de agosto. Se definió que el concurso público para cubrir esas vacantes será el 30 de junio.

Además de Carreras en la Presidencia, integran el Consejo los legisladores Facundo López, Silvia Morales, Claudia Contreras, Soraya Yahuar, Norberto Blanes, Sebastián Caldiero, Elbi Cides, Julia Fernández, Alejandra Mas, Humberto Marinao, Pablo Barreno y Marcelo Mango; además de 12 representantes de los Colegios de Abogados de Viedma, General Roca, San Carlos de Bariloche y Cipolletti.

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