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Judiciales

Aprobaron por unanimidad la prisión preventiva en casos por violencia de género

Fue por unanimidad. Plantea la modificación a dos artículos del Código Procesal Penal de Río Negro.

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La Legislatura aprobó en forma unánime el proyecto de ley que plantea la posibilidad de aplicar la prisión preventiva a quienes ejercen violencia de género. Para ello, la iniciativa de Facundo López, Graciela Valdebenito, Julia Fernández y Lucas Pica (Juntos Somos Río Negro), plantea la modificación a dos artículos del Código Procesal Penal de Río Negro.

Esta propuesta llegó al recinto con aval de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y de Presupuesto y Hacienda. En aquella, el Procurador General Jorge Crespo remarcó como necesaria la herramienta que promueve el oficialismo, y en ese sentido también se refirió la representante del Colegio de Magistrados, Rita Coustet.

El proyecto recibió aportes de la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia y del Colegio de Magistrados, el acompañamiento de los Colegios de Abogados de Bariloche, Viedma y Cipolletti, y generó la adhesión de los Concejos Deliberantes de Cipolletti, Villa Regina, San Antonio Oeste y Viedma.

Pica expresó que “los femicidios comienzan con actitudes previas muy marcadas, como los insultos, las lesiones leves y las amenazas, que luego se concretan”.

Por ello, la iniciativa establece un tratamiento especial y diferenciado en casos de violencia de género, que permita a la Justicia dictar prisión preventiva a quien viole medidas cautelares.

El miembro informante de Juntos explicó que el proyecto brinda respuesta a “una realidad que nos explota en la cara”, la cual muestra que se comete un femicidio cada 22 horas.

En tanto, la legisladora Alejandra Más (Frente de Todos) adelantó el acompañamiento de su bancada, pero advirtió que “también debemos trabajar sobre cambios culturales, que es el único camino para modificar conductas machistas sobre mujeres y disidencias” y además solicitó la “jerarquización de los organismos que llevan adelante las políticas integrales en la provincia”.

Por su parte, el legislador Luis Albrieu (Frente Renovador) indicó que “esta ley nos va a permitir llegar a tiempo en muchos casos y ganar tiempo en otros, no es la solución de fondo, pero le permite ganar tiempo a la Justicia, a los organismos que abordan el tema, y fundamentalmente a la víctima”.

Asimismo, la legisladora Helena Herrero, recordó que “durante tres décadas atendí a víctimas de violencia de género” y en ese sentido consideró que el proyecto “viene a resolver una situación, porque le brinda tiempo a quienes atienden a las víctimas, quienes viven verdaderamente un infierno”.

El jefe del bloque de Juntos por el Cambio, Juan Martín, sostuvo que “estamos ante una respuesta concreta para un problema real” y explicó que “es necesario proteger a la victima y separar a los violentos, aunque esto requiere decisiones políticas que van más allá de una ley, y me refiero al accionar de la Justicia”

Su par del Frente Renovador, Nicolás Rochás, expresó que la propuesta “es una herramienta útil y necesaria” y apuntó que “este mensaje que la políltca le da a la Justicia, es la evidencia de que como sociedad no estamos resolviendo el problema”.

La presidenta del bloque Frente de Todos, María Eugenia Martini, consideró que la modificación al Código Penal rionegrino “es una herramienta y un avance importantes” y detalló diferentes casos de femicidios que estuvieron precedidos de denuncias hacia el agresor. “Necesitamos un estado presente no solo en coercitivo, sino también en lo preventivo, en la capacitación”, apuntó.

Otras iniciativas

Se aprobó además, por mayoría, la iniciativa que busca instituir en Río Negro el tercer domingo de agosto de cada año como el “Día de las Infancias”, en lugar del tradicional “Día del Niño”, para promover el bienestar general y la promoción de los derechos de niños y niñas, y avanzar hacia una denominación plural, que sea capaz de contener y representar las experiencias heterogéneas y múltiples de la niñez.

La legisladora Daniela Salzotto, autora del proyecto junto a Alejandro Marinao (FDT), afirmó que “se trata de poder entender a las infancias”, y no solamente por su condición de ser niño o niña, sino en todas sus características. “De cómo cada niña, niño, niñe, vivencia particularmente en función de la calidad de vida que tiene y de las condiciones en las que le toca vivir, es cómo constituye una identidad”.

La Cámara avaló además el proyecto de ley de María Eugenia Martini y Luis Noale (FDT) que propone incorporar en los servicios que se envían o visualizan de forma online las leyendas o información sobre violencia de género. La ley actual dispone la obligatoriedad para las boletas, facturas y recibos en sus formatos impresos.

Judiciales

Inicia el juicio al kinesiólogo roquense acusado de abuso

Los hechos, según consta en la denuncia de la víctima, ocurrieron en 2019.

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Mañana martes (11/5) iniciará en la Ciudad Judicial de Roca el juicio por presunto abuso sexual simple al kinesiólogo Mirko Ledesma.

Este es el segundo proceso judicial que afronta Ledesma por la misma acusación. Ya en 2006 fue condenado a 2 años y 3 meses de ejecución condicional, más la inhabilitación por 3 años para ejercer profesionalmente. No obstante, esa sentencia no influye como antecedente en la nueva causa ya que se cumplió la pena.

La denuncia fue radicada en el año 2019 por parte de una paciente. Justamente en agosto del 2020 la Justicia le formuló cargos al kinesiólogo por abuso sexual simple.

Ledesma, de 57 años, llega al juicio con la defensa del abogado Edgardo Pérez. En representación de la víctima, mayor de edad, actúa la Dra. Olga Marín.

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Judiciales

Era policía, mató a su pareja y se suicidó: el Estado deberá indemnizar a las hijas de la víctima

El femicida utilizó la pistola reglamentaria de la fuerza rionegrina para cometer el hecho.

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Un femicidio seguido del suicidio del autor dejó a dos adolescentes sin su madre en una localidad del Alto Valle. El autor del femicidio era un cabo de la Policía de Río Negro y para cometer el asesinato utilizó la pistola reglamentaria que le había proporcionado la institución.

La Cámara Civil de Apelaciones de Roca confirmó esta semana la sentencia de primera instancia, ordenando que las hijas sean indemnizadas por el daño moral sufrido y por la pérdida de chance, tras verificar la responsabilidad última del Estado por haber dado el arma y el “estado policial” al autor del crimen de género.

El femicidio ocurrió en 2008, pero la demanda civil recién pudo ser iniciada después de cerrada la causa penal y cuando una de las hijas de la víctima ya era mayor de edad. Su hermana menor, en tanto, ingresó al proceso civil representada por su padre. Durante la tramitación del proceso se analizaron otras causas del fuero Penal y de Familia vinculadas con el hecho y finalmente se dictó la primera sentencia favorable a las hijas, que ahora fue confirmada prácticamente en su totalidad por la Cámara Civil.

En su apelación, la Provincia intentó excluir su responsabilidad afirmando que el femicida “no actuó en ejercicio de sus funciones, sino que se trató de un acto propio de su vida privada”. Contra esa argumentación, las hijas respondieron “que el estado policial que poseía el agente, que le implicaba la portación permanente del arma de fuego provista por la Institución policial, hacía que la Provincia por añadidura resultara responsable de los actos del agente, de cualquier índole, producidos por el citado arma. Que además, es responsabilidad del Estado provincial la selección de personas con los componentes psíquicos aptos como para esa portación, atento el riesgo que genera hacia terceros; por lo cual, habida cuenta del resultado producido en el caso, debe considerarse e la demandada responsable del hecho”.

En otro punto de la apelación, el Estado Provincial pidió que se reduzca la indemnización de un millón de pesos a cada hija en concepto de daño moral, por considerar la suma “exorbitante”.

Ninguno de los planteos encontró eco en la Cámara Civil, que confirmó la sentencia inicial en casi todos sus alcances. La única modificación admitida fue en torno al modo de calcular la indemnización por “pérdida de chance”, es decir, por la repercusión económica que tuvo el homicidio de la madre en la vida de las hijas.

“Cuando se ocasionan perjuicios a una persona como consecuencia del indebido uso de las armas de fuego, de titularidad de agentes de las fuerzas armadas, se genera la responsabilidad de la entidad pública oficial que los ha incorporado a sus filas, sin que sea causa de justificación el mero hecho de encontrarse de franco, puesto que tales agentes del Estado, se hallan en situación particular. Dicha particularidad deriva de su obligación principal de prevenir el delito y de procurar la seguridad de todos los gobernados, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, aún a riesgo de su vida o integridad personal, resultando ella indivisible de la personalidad del policía. Es en virtud de ello que no puede resultar eximente de la responsabilidad de la entidad oficial -que los ha preparado de manera técnica y psíquica adecuada a tales fines- la circunstancia de que el agente, al momento de suceder el hecho dañino, se encuentre de franco”, fundamentó la Cámara sobre la responsabilidad estatal.

En cuanto al daño moral, la Cámara rechazó cualquier reducción, considerando que las hermanas fueron “testigos del asesinato de su madre, porque estaban en el hogar cuando ocurrió, escucharon las detonaciones y en los instantes siguientes presenciaron el cruento e inminente desenlace recién producido, con el inconmensurable impacto en los sentimientos” que padecieron.

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Judiciales

El Consejo de la Magistratura aceptó las renuncias de Zaratiegui y Mansilla al STJ

El concurso público para cubrir esas vacantes será el 30 de junio.

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Ayer (05/05) al mediodía se constituyó en Viedma el Consejo Grande de la Magistratura, que analizó y aceptó las renuncias de Adriana Zaratiegui y Enrique Mansilla como jueces del Superior Tribunal de Justicia.

El Consejo se reunió con la presencia de todos sus miembros y encabezado por la gobernadora Arabela Carreras.

Las renuncias de Zaratiegui y Mansilla se harán efectivas a partir del 31 de agosto. Se definió que el concurso público para cubrir esas vacantes será el 30 de junio.

Además de Carreras en la Presidencia, integran el Consejo los legisladores Facundo López, Silvia Morales, Claudia Contreras, Soraya Yahuar, Norberto Blanes, Sebastián Caldiero, Elbi Cides, Julia Fernández, Alejandra Mas, Humberto Marinao, Pablo Barreno y Marcelo Mango; además de 12 representantes de los Colegios de Abogados de Viedma, General Roca, San Carlos de Bariloche y Cipolletti.

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