Seguinos

Judiciales

Pidieron 6 años de prisión para el hombre que atacó a dos adolescentes y los obligó a desnudarse

Está detenido desde diciembre pasado, cuando cometió el hecho. Se trata del mismo sujeto que violó a una mujer en el Canal Grande en noviembre del 2019.

el

Tras relatar el hecho, describir el sustento probatorio, y la calificación legal del hecho cometido por el imputado el 5 de diciembre pasado, la Fiscalía propuso la pena de 6 años de prisión efectiva.

Se espera para mañana (04/05) la resolución del Tribunal de Juicio, mientras las partes renunciaron a los plazos procesales, de esta manera y una vez aceptado el procedimiento abreviado, la sentencia quedará firme.

Según el Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron alrededor de las 6 de la tarde, en una zona cercana a la Ruta Provincial N° 6 y el acceso al Aeropuerto, “cuando el imputado interceptó a las víctimas”.

“Los chicos, de 14 y 15 años, se movilizaban en bicicleta y el atacante lo hacía en moto, llevando barreta, piedras, y en su cintura una pistola de utilería. Los obligó a ir a un descampado y allí les robó sus teléfonos celulares y otras pertenencias”, describió la fiscal del caso.

“Además mediante amenazas e intimidación obligó a los menores a realizar actos que se encuadran en la figura de abuso sexual simple”, dijo la representante del Ministerio Público Fiscal.

La calificación legal esgrimida por la acusación pública fue la de “abuso sexual simple agravado por el uso de arma, en concurso ideal con exhibiciones obscenas, agravadas por la edad de la víctima y producción de imágenes de abuso sexual infantil, concursando realmente todas ellas, con robo calificado por haberse cometido con arma impropia, con arma de utilería y en despoblado, coacción agravada por el uso de arma”.

Entre la prueba descripta se encuentran las declaraciones de las víctimas en Cámara Gesell, el acta del allanamiento y de los elementos secuestrados en la vivienda del imputado, el informe de la psicóloga del Cuerpo de Investigación Forense que realizó las Cámara Gesell. Se suma el informe del Gabinete de Criminalística, como también las pericias psicológicas tanto a las víctimas como al imputado. Las actas de las denuncias realizadas, fotografías, croquis del lugar del hecho.

La Fiscalía mencionó que el imputado cuenta con antecedentes penales, como también pesa sobre él una declaración de culpabilidad en otro hecho que cometió siendo menor de edad punible.

La pena propuesta por la Fiscalía y aceptada por la defensa particular es la de 6 años de prisión efectiva, más las costas del proceso, las accesorias legales. Además la fiscal del caso solicitó que el sujeto sea inscripto en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (ReProCoInS).

A través de la plataforma Zoom y desde el penal de Bariloche, el imputado reconoció el hecho y estuvo de acuerdo con la pena propuesta. La sentencia se conocerá mañana martes 4 de mayo a las 12 del mediodía.

Judiciales

Inicia el juicio al kinesiólogo roquense acusado de abuso

Los hechos, según consta en la denuncia de la víctima, ocurrieron en 2019.

el

Mañana martes (11/5) iniciará en la Ciudad Judicial de Roca el juicio por presunto abuso sexual simple al kinesiólogo Mirko Ledesma.

Este es el segundo proceso judicial que afronta Ledesma por la misma acusación. Ya en 2006 fue condenado a 2 años y 3 meses de ejecución condicional, más la inhabilitación por 3 años para ejercer profesionalmente. No obstante, esa sentencia no influye como antecedente en la nueva causa ya que se cumplió la pena.

La denuncia fue radicada en el año 2019 por parte de una paciente. Justamente en agosto del 2020 la Justicia le formuló cargos al kinesiólogo por abuso sexual simple.

Ledesma, de 57 años, llega al juicio con la defensa del abogado Edgardo Pérez. En representación de la víctima, mayor de edad, actúa la Dra. Olga Marín.

Continuar leyendo

Judiciales

Era policía, mató a su pareja y se suicidó: el Estado deberá indemnizar a las hijas de la víctima

El femicida utilizó la pistola reglamentaria de la fuerza rionegrina para cometer el hecho.

el

Un femicidio seguido del suicidio del autor dejó a dos adolescentes sin su madre en una localidad del Alto Valle. El autor del femicidio era un cabo de la Policía de Río Negro y para cometer el asesinato utilizó la pistola reglamentaria que le había proporcionado la institución.

La Cámara Civil de Apelaciones de Roca confirmó esta semana la sentencia de primera instancia, ordenando que las hijas sean indemnizadas por el daño moral sufrido y por la pérdida de chance, tras verificar la responsabilidad última del Estado por haber dado el arma y el “estado policial” al autor del crimen de género.

El femicidio ocurrió en 2008, pero la demanda civil recién pudo ser iniciada después de cerrada la causa penal y cuando una de las hijas de la víctima ya era mayor de edad. Su hermana menor, en tanto, ingresó al proceso civil representada por su padre. Durante la tramitación del proceso se analizaron otras causas del fuero Penal y de Familia vinculadas con el hecho y finalmente se dictó la primera sentencia favorable a las hijas, que ahora fue confirmada prácticamente en su totalidad por la Cámara Civil.

En su apelación, la Provincia intentó excluir su responsabilidad afirmando que el femicida “no actuó en ejercicio de sus funciones, sino que se trató de un acto propio de su vida privada”. Contra esa argumentación, las hijas respondieron “que el estado policial que poseía el agente, que le implicaba la portación permanente del arma de fuego provista por la Institución policial, hacía que la Provincia por añadidura resultara responsable de los actos del agente, de cualquier índole, producidos por el citado arma. Que además, es responsabilidad del Estado provincial la selección de personas con los componentes psíquicos aptos como para esa portación, atento el riesgo que genera hacia terceros; por lo cual, habida cuenta del resultado producido en el caso, debe considerarse e la demandada responsable del hecho”.

En otro punto de la apelación, el Estado Provincial pidió que se reduzca la indemnización de un millón de pesos a cada hija en concepto de daño moral, por considerar la suma “exorbitante”.

Ninguno de los planteos encontró eco en la Cámara Civil, que confirmó la sentencia inicial en casi todos sus alcances. La única modificación admitida fue en torno al modo de calcular la indemnización por “pérdida de chance”, es decir, por la repercusión económica que tuvo el homicidio de la madre en la vida de las hijas.

“Cuando se ocasionan perjuicios a una persona como consecuencia del indebido uso de las armas de fuego, de titularidad de agentes de las fuerzas armadas, se genera la responsabilidad de la entidad pública oficial que los ha incorporado a sus filas, sin que sea causa de justificación el mero hecho de encontrarse de franco, puesto que tales agentes del Estado, se hallan en situación particular. Dicha particularidad deriva de su obligación principal de prevenir el delito y de procurar la seguridad de todos los gobernados, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, aún a riesgo de su vida o integridad personal, resultando ella indivisible de la personalidad del policía. Es en virtud de ello que no puede resultar eximente de la responsabilidad de la entidad oficial -que los ha preparado de manera técnica y psíquica adecuada a tales fines- la circunstancia de que el agente, al momento de suceder el hecho dañino, se encuentre de franco”, fundamentó la Cámara sobre la responsabilidad estatal.

En cuanto al daño moral, la Cámara rechazó cualquier reducción, considerando que las hermanas fueron “testigos del asesinato de su madre, porque estaban en el hogar cuando ocurrió, escucharon las detonaciones y en los instantes siguientes presenciaron el cruento e inminente desenlace recién producido, con el inconmensurable impacto en los sentimientos” que padecieron.

Continuar leyendo

Judiciales

El Consejo de la Magistratura aceptó las renuncias de Zaratiegui y Mansilla al STJ

El concurso público para cubrir esas vacantes será el 30 de junio.

el

Ayer (05/05) al mediodía se constituyó en Viedma el Consejo Grande de la Magistratura, que analizó y aceptó las renuncias de Adriana Zaratiegui y Enrique Mansilla como jueces del Superior Tribunal de Justicia.

El Consejo se reunió con la presencia de todos sus miembros y encabezado por la gobernadora Arabela Carreras.

Las renuncias de Zaratiegui y Mansilla se harán efectivas a partir del 31 de agosto. Se definió que el concurso público para cubrir esas vacantes será el 30 de junio.

Además de Carreras en la Presidencia, integran el Consejo los legisladores Facundo López, Silvia Morales, Claudia Contreras, Soraya Yahuar, Norberto Blanes, Sebastián Caldiero, Elbi Cides, Julia Fernández, Alejandra Mas, Humberto Marinao, Pablo Barreno y Marcelo Mango; además de 12 representantes de los Colegios de Abogados de Viedma, General Roca, San Carlos de Bariloche y Cipolletti.

Continuar leyendo
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement