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Agresión en redes sociales: “bozal legal” equilibra libertad de expresión y respeto a la dignidad humana

Un reclamo judicial surgió a través de escraches en las redes sociales.

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El reclamo de una supuesta deuda entre particulares, en Villa Regina, derivó en “escraches” a través de las redes sociales y el hombre que había sido calificado como “chanta”, “delincuente” y “estafador” en aquellas publicaciones inició una demanda contra el que lo acusaba públicamente. A través de una herramienta legal llamada medida autosatisfactiva, pidió que se le imponga un “bozal legal” al autor de los posteos y consiguió un fallo favorable en primera instancia, que fue ahora confirmado parcialmente por la Cámara de Apelaciones de Roca.

Puede nombrarlo, pero no agraviarlo

Tras analizar en profundidad los principios constitucionales y la normativa internacional de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión y sus límites excepcionales para la protección del honor de las personas, la Cámara atenuó el “bozal legal” que había impuesto el fallo de primera instancia pero mantuvo la prohibición para el supuesto acreedor de emitir expresiones intencionalmente agraviantes respecto del supuesto deudor.

La sentencia ordenó al autor de las publicaciones “que se abstenga de expresarse respecto del actor -mencionándolo directamente, o indirectamente mediante expresiones que permitan identificarlo- por cualquier medio de comunicación masivo, incluido redes sociales de todo tipo, así como en reuniones o grupos de personas, utilizando un lenguaje insultante, ultrajante, innecesariamente grosero e hiriente hacia su persona o faltando a la verdad, de modo que resulte infamante o difamatorio”. También resolvió la Cámara que, de comprobarse alguna transgresión a esa orden judicial, el hombre deberá pagar una multa de 10.000 pesos al agraviado.

La Cámara marcó una diferencia con respecto al fallo de primera instancia, que le había impuesto al demandado una restricción mucho más amplia, ya que le prohibía “nombrar, aludir, referir o de cualquier modo mencionar, ya sea en forma directa o indirecta, en cualquier medio de radiodifusión, de comunicación masivo, redes sociales de toda índole, como así también en reuniones o grupos de personas, todo comentario, dato, imagen, noticia y/o cualquier otra circunstancia que resulte difamatoria, injuriante, ofensiva” hacia el supuesto deudor, incluyendo en esa restricción aspectos de “su faz personal, laboral, social, recreativa y familiar”. La sentencia también preveía un apercibimiento “de incurrir en el delito de incumplimiento a una orden judicial” y ordenaba dar intervención a la fiscalía de turno en caso de no acatarse la orden, aspecto que fue revocado por el Tribunal de Apelación.

“Sería un exceso que se le impidiera al demandado referirse al actor en cualquier circunstancia, sino hacerlo de modo insultante, ultrajante, con palabras innecesariamente groseras. Si el actor es un deudor moroso o incumplidor de sus obligaciones, no veo motivo por el que el demandado no pueda expresarlo y publicarlo, siempre con el debido respeto a la dignidad humana”, precisó la Cámara.

Libertad de expresión

“La libertad de expresión solo podría ceder para permitir la censura previa en casos excepcionalísimos, como podría ser la protección niños, o en resguardo de la intimidad de las personas cuando no pueda sostenerse un interés público o razonable en el ejercicio del derecho de expresión. Ello además con un criterio muy restrictivo y con suma prudencia, tal como corresponde a toda restricción de un derecho humano de tal jerarquía”, consideró el Tribunal entre sus argumentos.

Sin embargo, valoró que en el caso hay capturas de pantalla certificadas por una escribana que revelan agravios innecesarios. “Antes que informar (sobre la supuesta condición de deudor moroso del otro hombre), permiten advertir la intención de desacreditar al actor”, concluyó la Cámara.

“Si bien hay que resguardar la libertad de expresión, no podría avalarse la mentira que afecta el honor objetivo y subjetivo de personas, ni tampoco el insulto o agravio siempre perturbador tanto en los viejos (prensa, radiotelevisión) como en los nuevos ámbitos de comunicación (Internet, redes sociales, etc.). Es menester encontrar un equilibrio a partir de una adecuada ponderación de los derechos o intereses en colisión”, concluyó el Tribunal.

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Uno de los delincuentes que asaltó a la empleada que estaba amamantando a su bebé pasará al menos 3 meses en la cárcel

Fue imputado y se le dictó prisión preventiva. Tiene otra causa en su haber por lo que cuando se conozca la pena definitiva, no podrá ser en suspenso.

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El Ministerio Público Fiscal imputó a un sujeto de 20 años por el robo agravado ocurrido en un local de Rapipago de Roca, ubicado en calle San Juan, y además solicitó la prisión preventiva por el plazo de 3 meses.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el pasado jueves 3 de junio, alrededor de las 17.50, cuando “en forma sorpresiva y violenta ingresaron dos personas, el imputado y su consorte de causa. De inmediato uno de ellos le apuntó a la víctima con un arma de fuego tipo revolver, mientras que la joven estaba amamantando a su bebé en un sector separado del acceso al local detrás de un vidrio y un mostrador”, describió la fiscal del caso.

“A la vez que el otro sujeto rompió a patadas la puerta cerrada que les impedía entrar a dicho sector, y sustrajeron una caja registradora con dinero. Acto seguido ambos se dieron a la fuga por Avenida San Juan a bordo de una moto”, enunció el Ministerio Público Fiscal.

La calificación legal que le corresponde al sujeto que fue imputado ayer es la de “robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada”, de conformidad con los Artículos 166 Inc. 2, primer supuesto y último párrafo, y 45 del Código Penal.

Entre el sustento probatorio presentado para la imputación, la fiscal del caso mencionó entre otros, el relato de la víctima, los informes confeccionados por la Brigada de Investigaciones, que analizaron las filmaciones del comercio, los allanamientos con resultados positivos.

En relación a la medida cautelar de prisión preventiva que solicitó la Fiscalía por el plazo de 3 meses, la representante explicó que se trató de un hecho muy violento, que se tiene por acreditado que existió, que además el imputado cuenta con un antecedente computable, y en caso de recaer condena en este legajo la pena no podrá ser en suspenso.

Los riesgos procesales que sustentaron la preventiva se relacionan con que el imputado no cuenta con arraigo, tiene domicilios transitorios, y cuando se presentó la policía a realizar un allanamiento en uno de los lugares, familiares dijeron que hacía varios meses que no vivía ahí. Además en otro allanamiento, en otra dirección, el sujeto estaba presente y se fue. Esto fue considerado por la fiscalía como peligro de fuga. Y sumó además la posibilidad de que el imputado del día de ayer intente entorpecer la investigación, ya que aún quedan pruebas por concretar.

De esta manera, la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos y el sujeto quedó detenido cumpliendo los tres meses de prisión preventiva.

Cabe mencionar que la Fiscalía ya solicitó a la Oficina Judicial la audiencia de formulación de cargos por el mismo hecho a quien, tal como señala la investigación, sería co-autor de los delitos cometidos.

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8 años y 9 meses de prisión para el joven que violó a una mujer en el Canal Grande

Cuando cometió el hecho era menor de edad. Ya está cumpliendo otra condena por atacar a una pareja en la zona del Aeropuerto, les robó los teléfonos y los obligó a desnudarse.

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Tras la propuesta de un acuerdo pleno presentando por Fiscalía y Defensa Penal de Menores, el Tribunal resolvió dictar sentencia, contando con la aceptación de la víctima, acerca del hecho cometido por un sujeto menor de edad punible, en la zona del Canal Principal de Riego y Ruta Provincial N° 6 de Roca.

En la audiencia concretada por Zoom se leyeron las pericias realizadas al joven en el marco de este legajo, como también los resultados del programa al que estuvo sometido con anterioridad siendo menor de edad. Se mencionaron los antecedentes de condena que ya tenía, específicamente por un hecho ocurrido en diciembre de 2020 que cometió siendo mayor y que ya se encontraba cumpliendo la pena.

Tal como lo establece el Código de Procedimiento Penal, en el marco de un acuerdo abreviado pleno, la pena dictada se unificó y comprende ambos legajos, tanto la causa donde el imputado era menor punible como la iniciada cuando cometió otro delito siendo mayor de edad.

Así, resultó la pena única de 8 años y 9 meses de prisión efectiva, que contó con el consentimiento del acusado, y que ya está cumpliendo. Cabe aclarar que de acuerdo a la ley vigente y jurisprudencia en materia penal Juvenil la pena en este caso fue del mínimo legal.

Además, el Tribunal de Juicio tras el pedido fiscal y de la defensa, y de acuerdo a lo que surgió de las pericias efectuadas, ordenó que el joven reciba tratamiento psicológico. Como el acusado era menor de edad al momento de los hechos, a la hora de imponer la pena se tuvieron en cuenta los parámetros que establece el plexo penal juvenil, en especial los de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, la Ley 22.278, la Ley 26.061, la Ley Provincial 4.109, para concluir que era merecedor de pena.

La víctima del hecho fue asistida durante todo el proceso penal por las profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) y por la fiscalía específica de la temática, y en ese marco se le explicaron los alcances del acuerdo, y la señora comprendió y aceptó la pena, requisito necesario para este procedimiento.

Cabe señalar que le asisten al joven en el día de hoy los derechos que tuviera en su calidad de imputado menor de edad, por lo que se encuentra prohibido publicar datos, fotografías o cualquier tipo de información que de lugar a su identificación según la dispuesto por la Ley 4.109.

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Prisión preventiva por 6 meses para el único acusado del homicidio en Quinta 25

El hecho ocurrió ayer. La víctima fatal fue identificada como Lucas Oscar Pinilla, quien tras quedar inconsciente por un fuerte golpe en su cabeza, fue prendido fuego. Su cuerpo presenta más de 20 heridas.

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El Ministerio Público Fiscal imputó a un hombre el delito de homicidio agravado por ensañamiento por la muerte violenta de Lucas Oscar Pinilla ocurrida en la madrugada de ayer. Asimismo solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de 6 meses.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió en calle Los Cisnes entre Sarmiento e Italia, «en una zona donde existe una toma, a las 2.40 horas. Allí el imputado de manera cruel e inhumanamente atacó a la víctima utilizando un cuchillo y lo agredió en diversas partes del cuerpo. Luego tomó un palo, provocándole múltiples lesiones, muchas de ellas en la zona de la cabeza. Mientras Pinilla estaba en el piso inconsciente, el victimario prendió fuego una media sombra y se la tiró sobre el cuerpo, para luego darse a la fuga».

La calificación legal por la cual fue imputado es la de homicidio agravado por haber actuado con ensañamiento, según el Artículo 80 inc. 2 del Código Penal.

En relación al sustento probatorio, el fiscal Luciano Garrido expresó que «hay que tener presente que el hecho ocurrió en la madrugada de ayer, y que se cuenta con el acta de procedimiento policial de las Unidades 21 y 31, las declaraciones testimoniales de los empleados policiales que intervinieron, como también de algunos testigos que estaban en el lugar del hecho».

Además mencionó el trabajo realizado por el Gabinete de Criminalística, que determinó en primera instancia que se observa en el lugar una escena dinámica que se pueden ver importantes depósitos de sangre, y que se evidencia un arrastre de un cuerpo. El equipo secuestró allí un palo de gran longitud con manchas símil sangre.

Respecto a la autopsia, teniendo presente el contexto actual de pandemia, se le practicó a la víctima fatal el hisopado correspondiente de COVID-19 y en vistas de ello se completará el examen en el día de hoy, ya que resultó negativo. Sin embargo, el médico del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial, pudo constatar tras un examen externo del cuerpo de Pinilla 22 heridas, siendo las de mayor envergadura las que presentaba en la zona del cráneo.

Para dar con el autor del homicidio, el fiscal describió que «personal policial realizó un operativo cerrojo, y concretó además un rastrillaje, encontrando al hombre escondido, con manchas símil sangre en las zapatillas, en las medias y en la campera».

Por su parte, la defensa pública penal se opuso parcialmente a la formulación, argumentando que «el agravante no se encuentra lógicamente descripto en el hecho y tampoco está detallado con los requisitos necesarios para esta etapa», por ello solicitó que se lo impute por homicidio simple.

Medida cautelar

Para argumentar el pedido de la medida cautelar la fiscalía indicó que «existen serias sospechas de que el imputado intentará sustraerse del accionar de la justicia para entorpecer la investigación, y para evitar que esto suceda, solicitamos la prisión preventiva por el plazo de 6 meses, ya que intentó evadirse inmediatamente luego de cometer el hecho».

«Pesa sobre nuestro pedido que el imputado cuenta con antecedentes penales computables, del año 2009, que fue condenado a la pena de 12 años de prisión, y que en dicha oportunidad fue declarado por tercera vez como reincidente», expresó el representante fiscal.

El defensor público penal explicó que no está de acuerdo con el plazo, «la gran mayoría de la prueba ya se ha producido y podría aplicarse un mes de preventiva».

Sin embargo, la jueza de Garantías asistió en razón al Ministerio Público Fiscal y de esta manera los cargos se tuvieron por formulados por homicidio agravado por ensañamiento y la prisión preventiva fue resuelta por 6 meses.

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