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El lunes se conocerá la sentencia del acusado de matar a Jorge Coraza

El hecho ocurrió el año pasado en la vivienda de la víctima. El imputado era el vecino. La Fiscalía pidió que se lo declare culpable, mientras que la defensa alega que su asistido estaba en estado de emoción violenta.

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El Ministerio Público Fiscal pidió al Tribunal interviniente que declare culpable al hombre imputado por el homicidio de Jorge Dionisio Coraza de 62 años ocurrido en agosto del año pasado en Roca.

Es así que tras escuchar los detalles de la autopsia brindados por el Médico Forense del Cuerpo de Investigación del Poder Judicial, el fiscal del caso expresó en sus alegatos que “no cabía ninguna duda que el homicidio ocurrió en el interior de la propiedad de la víctima fatal y que el autor es el señalado en la formulación de cargos que se concretó de manera oportuna”.

Asimismo, enfatizó el levantamiento de rastros e indicios que se realizó en ese patio, distintos rastros de sangre humana, tanto en la tapa del pozo ciego, lugar donde estaba sentado Coraza cuando arribó personal policial. También había rastros en el poste de un tendal, en la pared de una letrina, en un pedazo de ladrillo que además tenía pelos y en un palo de un escobillón”, detalló Garrido.

“El celular del imputado se encontró tirado en el piso del patio sobre un charco de sangre. Hablamos de sangre y no de fluido color rojo ya que se realizó la prueba pertinente que resultó positiva. Afirmamos que el teléfono pertenecía al victimario, tras la pericia concretada por la OiTel”, describió la Fiscalía.

“Se llegó a la conclusión de que la sangre era del imputado, tras el análisis de las muestras del Laboratorio de Genética Forense de la ciudad de Bariloche”, aclaró el fiscal.

“En relación a la detención del imputado, la intervención policial fue clave ya que los hermanos del sujeto se enteraron que existía un pedido de detención por parte de la Fiscalía y decidieron trasladarlo a la comisaría”, explicó Garrido.

“Cabe mencionar que el certificado médico dice que el victimario no tenía lesiones, ni se detallaron otras circunstancias, el hombre llegó al lugar bañado. Se agrega como prueba un allanamiento en su casa, donde se secuestró un pantalón blanco que tenía mucha sangre humana en la botamanga”, dijo el representante fiscal.

El fiscal señaló la larga historia de conflictos entre vecinos, que no hubo judicialización del mismo, y que desencadenó en la muerte de Coraza.

Además retomando las pericias psicológicas y psiquiátricas practicadas al imputado, Garrido enfatizó que las mismas no dejaron lugar a duda de que tamaña agresión no encontró ningún tipo de justificación.

Por su parte, el defensor particular del imputado afirmó que su asistido desbordó en un estado de emoción violenta.

El veredicto respecto a la responsabilidad penal se conocerá el próximo lunes 28 de junio a las 11.00.

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Caso Nahiara: Perpetua para el padrastro y 12 años de prisión para la madre

Erbin y Miranda fueron condenados por los delitos que llevaron a la muerte a una niña de tan sólo 3 años. Los hechos ocurrieron el año pasado en Los Menucos.

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Tras el veredicto de culpabilidad que emitió el jurado y el juicio de cesura realizado en Roca, se impusieron hoy (17/09) las penas de prisión efectiva para el hombre y la mujer condenados por los delitos que llevaron a la muerte a una niña de 3 años en Los Menucos.

Carlos Erbin, quien era pareja de la madre de la niña, fue condenado a la pena de prisión perpetua como autor del delito de femicidio. En tanto que Valeria Miranda, madre de la víctima, fue condenada a 12 años de prisión efectiva como responsable del delito de abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo. Respecto de la mujer, el juez de Juicio Gastón Martín dispuso que quede detenida con prisión preventiva hasta tanto la sentencia quede firme, admitiendo así el pedido que formuló el fiscal Andrés Nelli, fundado en el riesgo procesal de fuga. El imputado Erbin, por su parte, cumple prisión preventiva desde el comienzo del proceso.

La lectura de la sentencia se realizó en la Ciudad Judicial de Roca, con la presencia del imputado, su defensor particular Carlos Vila; el defensor público Eduardo Luis Carrera y el fiscal Nelli. En tanto que la parte querellante, a cargo del abogado Marcelo Hertzriken Velasco, y la mujer imputada participaron de la audiencia a través de la plataforma zoom.

Pena por femicidio

Con respecto a la condena para Erbin, el juez aclaró que la única opción que da la ley penal para el delito de femicidio es la prisión perpetua. “No resulta necesario realizar consideraciones sobre agravantes y atenuantes, toda vez que estamos en presencia de una pena indivisible”, explicó.

La defensa del imputado había planteado al juez la fijación de un tope de 20 años para la prisión perpetua, alegando el derecho a la resocialización y la obligación de fijar límites temporales a las penas. “No existe posibilidad jurídica que me permita esa solución”, señaló el juez. Y aclaró “la prisión perpetua, tal como está legislada, permite la progresividad en el cumplimiento de la pena, pudiendo solicitar su libertad condicional” en la etapa de ejecución, en los plazos y las condiciones que prevé el Código Penal.

“La pena de prisión perpetua es, en definitiva, ajustada a su culpabilidad”, concluyó.

Pena por abandono

En el juicio de cesura la Fiscalía había solicitado una condena de 17 años para la mujer; mientras que su defensor oficial había pedido la pena mínima legal de 6 años y 8 meses. Por su parte, la querella había pedido la no aplicación de una pena de prisión -o en su defecto una condena inferior al mínimo legal- por considerar aplicable la figura de “pena natural” para Miranda, derivada de la muerte de su propia hija.

El juez analizó los pedidos de cada parte y finalmente impuso a Miranda la pena de 12 años de prisión. Como agravantes consideró que “el daño causado por el delito es irreparable y de una magnitud insuperable”. Señaló que las lesiones que presentaba la niña “recrean un cuadro desolador de violencia que culminó con su muerte”. “No fue el abandono de un día lo que causó el desenlace fatal; fue el abandono reiterado, habitual y deliberado frente a la violencia desmedida que se ejercía sobre la niña”, indicó. “Todo ello quedó impreso en su débil humanidad, en las múltiples lesiones -más de 50- que durante un lapso de 100 días sufrió de manera reiterada”, afirmó.

El juez valoró además que “quedó acreditado que, si bien con alguna limitación, sí pudo haberle dado auxilio” a la niña.

Agregó: “Se ha afirmado que Valeria Miranda ha asumido un doble rol de víctima y victimaria. Sin embargo, toda la prueba rendida en el juicio y en la cesura me llevan a la conclusión de que en este caso ha existido una única víctima: la niña muerta”. “Si bien es cierto que ha vivido en un ambiente de violencia que puede haber limitado su libertad, no ha sido de la importancia en el desarrollo de los hechos que se le pretende asignar”, concluyó.

Como atenuantes, el juez valoró que no tiene antecedentes y que, por ser una persona joven, podrá “evaluar los hechos desde otra perspectiva asumiendo las responsabilidades que le son propias”. Otros atenuantes fueron “la falta de referentes paternales que puedan haberla contenido mejor; la difícil situación económica y social en la que se desarrolló su vida; la diferencia de edad con quien era su pareja, la falta de recursos emocionales para detectar la violencia y erradicarla o protegerse de ella; y la realidad compleja de la situación familiar y de pareja en la que vivió; la precaria educación recibida, que la privó de las herramientas necesarias para dimensionar debidamente la situación en la que se encontraba su hija y su rol de madre”.

Respecto del pedido de la querella de eximir de la pena de prisión a la mujer por aplicación de la “pena natural”, el juez dijo que hacer lugar a ese pedido sería ignorar la decisión del jurado popular soberano. “Si así lo hubiese querido el pueblo, la hubiese declarado no culpable”, afirmó.

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«Entendemos por el informe preliminar que los restos óseos encontrados no son los de Videla»

Esperan el primer informe del perito para conocer sexo y edad aproximada.

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Foto: Archivo.

En diálogo con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3) el fiscal Luciano Garrido brindó mayores precisiones sobre el hallazgo de restos óseos en la barda norte, entre General Roca y Cervantes. En este sentido adelantó que «calculamos que antes del fin de semana tengamos un informe preliminar».

No obstante aclaró que «se va a limitar a conocer el sexo, si se puede dar algún dato de edad aproximada y talla para así poder relacionarlo con los casos que estamos trabajando sobre desaparición de personas». Adelantó que «según el informe preliminar, se trata de restos óseos de larga data por lo que no se trataría de Javier Videla» -el trabajador judicial desaparecido desde el 4 de marzo de este año-.

Si confirmó Garrido que «estamos investigando si se puede tratar de Marcos Herrera -joven que salió caminando hacia la barda norte en enero del 2015 y no se supo más nada sobre su paradero- o Magdalena Curaqueo -la mujer que desapareció en febrero de 2020-«.

Respecto a signos de violencia, el fiscal sostuvo que «es imposible, al ser solo huesos, establecer si hubo violencia o no. Excepto si hay restos de un proyectil, pero no hemos encontrado nada».

Agregó que los restos encontrados «estaban a cielo abierto, en un radio muy pequeño, tal vez producto de los propios movimientos que generan los animales del lugar».

Agregó que «estaba en un lugar de acceso difícil, no se puede acceder vía vehículo»

Finalmente ratificó que «mañana viernes podríamos tener algún tipo de orientación para continuar con la investigación».

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Los tipos de delitos más frecuentes en 2021: casi el 30% fueron contra la propiedad

En el primer semestre ingresaron a las Oficinas Judiciales de toda la provincia un total de 2.964 legajos. Más de la mitad de esas causas corresponden a delitos contra la propiedad, contra la administración pública y contra la integridad sexual.

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En el primer semestre de este año ingresaron a las Oficinas Judiciales de toda la provincia un total de 2.964 legajos. Más de la mitad de esas causas corresponden a delitos contra la propiedad, contra la administración pública y contra la integridad sexual.

Según el informe estadístico semestral elaborado por el Centro de Planificación Estratégica que depende del Superior Tribunal de Justicia (STJ) los delitos contra la propiedad representan el 29,12% de todos los legajos ingresados. Le siguen los delitos contra la administración pública (16,80%), los delitos contra la integridad sexual (12,28%), los delitos contra las personas (11,17%), contra la libertad (10,70%) y los delitos contra la seguridad pública (9,31%).

Los delitos contra la propiedad incluyen los hurtos, robos, estafas y daños materiales, entre otros.

La categoría de delitos contra la administración pública incluye el atentado y resistencia a la autoridad, la falsa denuncia, el falso testimonio, el encubrimiento y la desobediencia a una orden judicial que, entre otros legajos, se aplica ante el incumplimiento de medidas cautelares en violencia de género.

Los delitos contra la integridad sexual contemplan los abusos con o sin acceso carnal, la corrupción de menores, la facilitación a la prostitución y las exhibiciones obscenas.

En la categoría delitos contra las personas se encuentran todos los tipos de homicidios (culposos, dolosos, con agravantes y atenuantes), las lesiones, el abuso de armas y el abandono de personas. Y los delitos contra la libertad contienen la privación ilegítima de la libertad, la violación del domicilio, las amenazas y la coacción, por ejemplo.

Los delitos contra la seguridad pública incluyen, entre otros, el artículo 205 que es el que se aplica por incumplimiento de las medidas por la pandemia.

Audiencias

Durante el primer semestre se realizaron 5.050 audiencias. Formulaciones de cargo, controles de acusación, suspensión de juicio a prueba y juicios abreviados son las audiencias más frecuentes.

En el mismo periodo 25 personas recibieron una sentencia absolutoria y 523 personas sentencias condenatorias.

El Tribunal de Impugnación llevó adelante 48 audiencias y dictaron 112 sentencias. La mayoría de las audiencias realizadas son de impugnación de sentencia y, en menor medida, queja e impugnación de interlocutorios.

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