Judiciales
El STJ mantiene suspendida la ordenanza que habilita los radares en Chimpay
La Provincia de Río Negro y el Municipio de Chimpay sostienen posturas enfrentadas en un proceso judicial en el que se discute si es constitucional o no el cobro de multas en ese tramo de la Ruta 22.
De manera cautelar, sin definir por el momento el fondo de la cuestión, el STJ reafirmó esta semana la suspensión de la ordenanza del Municipio de Chimpay que permite el uso de radares de control de velocidad en la Ruta Nacional N° 22. En la misma decisión, el STJ se declaró competente para seguir interviniendo en el caso hasta definir si la ordenanza es inconstitucional o no y convalidó la legitimación de la Provincia para impulsar el proceso.
La Provincia de Río Negro y el Municipio de Chimpay sostienen posturas enfrentadas en un proceso judicial en el que se discute si es constitucional o no la ordenanza que dispuso la «municipalización» del tramo de la Ruta N° 22 que atraviesa la localidad. Con aquella ordenanza, el Municipio de Chimpay buscó validar la utilización de radares de control de velocidad en su ejido y las multas derivadas de las infracciones detectadas.
Antes de que el Superior Tribunal de Justicia pueda pasar a resolver sobre el fondo del planteo, es decir, si la Ordenanza Municipal N° 06/2020 de Chimpay violenta o no las pautas de la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, las partes introdujeron otros tres elementos de análisis al litigio, que se definieron esta semana.
Por un lado, la Provincia pidió que, a modo de medida cautelar, el STJ “suspenda la vigencia y aplicación de la Ordenanza hasta que se resuelva la cuestión de fondo”; y por el otro, el Municipio pidió al máximo tribunal rionegrino que se declare incompetente para resolver el caso, pues considera que es la Justicia Federal la facultada para resolver. En paralelo, el gobierno comunal pidió que se desconozca a la Provincia la legitimación para entablar la demanda, afirmando que -de existir alguna irregularidad- el único legitimado para cuestionar la Ordenanza sería el Estado Nacional.
El expediente se inició en diciembre de 2020, cuando la Fiscalía de Estado de Río Negro interpuso una “acción de inconstitucionalidad” contra la Ordenanza. Alegó allí que el Municipio de Chimpay “no tiene competencia para ejercer el poder de policía, control de tránsito y la seguridad vial sobre el tramo de la ruta” nacional que atraviesa la localidad y que la ordenanza “afecta los intereses de la provincia de modo directo”, no sólo en un aspecto patrimonial -por el cobro de las multas- sino también porque invade “temáticas de seguridad en el tránsito, el orden vial, la salud y la protección del medio ambiente, entre otros”.
Junto con la demanda, la Provincia pidió al STJ que, como medida cautelar “se suspenda la vigencia y aplicación de la aludida ordenanza, así como toda actuación de hecho y de derecho tendiente a hacerla efectiva, ordenando a la Municipalidad de Chimpay que se abstenga de instalar y/o continuar usando radares y/o cinemómetros en la zona e imponer multa o sanciones a quienes circulen por el tramo en cuestión”.
En una resolución dictada el pasado 4 de abril, el STJ en pleno habilitó la medida cautelar solicitada por la Provincia, suspendiendo la ordenanza y sus efectos. Esa medida fue confirmada esta semana, en una resolución que rechazó un “recurso de reposición” planteado por la Municipalidad.
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Hay cuatro personas demoradas por el asesinato de un joven en la zona norte de Roca
Dos de los sujetos tienen antecedentes penales.
Cuatro personas fueron demoradas por la Policía en dos allanamientos que se hicieron durante la madrugada de hoy (07/05) en el marco de la causa que investiga el homicidio de Luciano Emanuel García, quien fue ultimado a balazos anoche (06/05) en la zona norte de Roca.
La víctima fatal fue asesinada por razones que aun son materia de investigación. Su cuerpo fue hallado cerca de las 10 de la noche en la esquina de Evita y Ameghino. Y aunque en un primer momento se hablaba de otra persona herida, fuentes policiales lo descartaron.
De los cuatro sujetos demorados hasta el momento, dos quedarán detenidos en el marco del legajo fiscal. Tienen antecedentes penales. Por su parte, los otros dos no tienen causas en su haber y quedarían libres en las próximas horas.
Durante la madrugada se realizaron dos allanamientos en los que intervino personal policial, del Gabinete de Criminalística, del COER y del Área de Investigación Judicial. También se hicieron presentes en el lugar las fiscales del caso, Jessica Gonzáles y la adjunta Mónica García.
Judiciales
Comenzó el juicio por jurados por el femicidio de Agustina Fernández
El único imputado actualmente se encuentra detenido.
Con la enunciación de las instrucciones iniciales, el jurado popular conformado el viernes escuchó y observó las teorías de las partes. El debate se inició con los alegatos del fiscal, y luego alegó la querella y finalmente el defensor de Pablo Parra. El imputado se encuentra detenido.
Este caso, en el que se juzga el femicidio de la estudiante de medicina Agustina Fernández, es el juicio por jurados número dieciocho que se realiza en la provincia de Río Negro desde 2020. Fue la última etapa de la reforma procesal penal aplicada en 2017.
Apenas se inició el debate, el juez técnico Guillermo Baquero Lazcano le tomó juramento al jurado popular, conformado por la misma cantidad de hombres y de mujeres de distintas localidades del Alto Valle Oeste, jurisdicción de la Cuarta Circunscripción.
Luego se enunciaron las instrucciones iniciales y se habilitó a las partes a exponer sus teorías del caso mediante los alegatos de apertura.
La Fiscalía y la querella acusan a Pablo Parra por el femicidio de Agustina Fernández, ocurrido el 2 de julio de 2022 en Cipolletti. Según la teoría del caso, Parra habría asesinado a la víctima agrediéndola físicamente en el interior del departamento que el acusado alquilaba en un complejo ubicado en calle Confluencia al 1300 de Cipolletti.
El abogado del acusado negó la participación de su cliente en el homicidio, cuestionó las pruebas genéticas y se dirigió al jurado popular con la teoría de que el autor del crimen aún no fue hallado.
Concluido el alegato, se inició la etapa probatoria. El debate está previsto entre hoy, 6 de mayo, y el 17 de mayo, en once jornadas de audiencias por la mañana y por la tarde que se inician a las 8 am y a las 14 pm. Declararán 115 testigos y se analizará prueba documental y científica.
Por la Fiscalía intervienen el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, el fiscal del caso Martín Pezzetta y el adjunto Juan Pablo Escalada. Por la querella, en representación de la madre y el padre de la víctima, los abogados Emanuel Roa Moreno y Damián Moreyra. El defensor del acusado es Juan Coto. El juez de juicio es Guillermo Baquero Lazcano.
Transmisión en vivo
Las áreas de Comunicación tanto del Superior Tribunal de Justicia como de la Procuración transmiten las partes públicas del juicio por el canal de YouTube. Esa difusión en vivo está prevista para las instrucciones iniciales del debate, alegatos de apertura, alegatos de cierre y veredicto. El resto del juicio, que incluye la parte probatoria, conserva la publicidad pero en formato presencial, es decir en la Sala 6 de los tribunales de Urquiza y España de Cipolletti. La normativa no autoriza la transmisión en vivo de la parte probatoria. Las y los jurados no deben ser identificados a través de sus nombres y apellidos ni expuestos a la toma de fotografías o imágenes video filmadas.
Como la capacidad de la Sala 6 es limitada, la Oficina Judicial habilitó un espacio contiguo desde donde se puede presenciar el juicio. Se trata de la Sala 1, cuyo ingreso es por la calle España.
Judiciales
Femicidio de Agustina Fernández: Conformado el jurado popular, comienza el juicio
Se espera que declaren 115 testigos.
El juicio por jurados en el que se juzgará a Pablo Parra, acusado por el femicidio de Agustina Fernández se inicia este lunes (06/05). La conformación del Tribunal popular se produjo en una audiencia realizada el viernes pasado. Las partes entrevistaron a un grupo de personas preseleccionadas y, mediante la aplicación de filtros legales, escogieron a ocho mujeres y ocho hombres.
La audiencia de selección estuvo a cargo del juez técnico Guillermo Baquero Lazcano, quién conducirá el debate, inicialmente previsto entre el 6 y el 17 de mayo en once jornadas de audiencias por la mañana y por la tarde. Declararán 115 testigos y se analizará prueba documental y científica.
Tanto la Fiscalía y la querella como la defensa sometieron a una serie de preguntas, primero generales y luego particulares, a todas las personas citadas. De esa manera eligieron al jurado adecuado para los hechos que se van a juzgar.
Al inicio, el juez les consultó sobre las circunstancias particulares de los hombres y mujeres preseleccionadas. En esa instancia, algunas personas quedaron eximidas de participar.
Luego se indagó en temas de opinión pública, laborales y de medios de comunicación. Finalmente, se analizaron otras situaciones que tanto los hombres como las mujeres expusieron en la audiencia.
Mediante la conjugación de los impedimentos, opiniones ofrecidas, recusaciones con causa y sin causa y la aplicación de otros filtros legales se llegó a la conformación de un jurado imparcial, tal como lo impone la ley, con la misma representación de hombres y de mujeres. En total el jurado popular se compone de 16 personas, aunque solo 12 votarán al final del juicio de responsabilidad. La normativa prevé que se cuente con cuatro personas suplentes.
Las y los jurados son de varias localidades del Alto Valle de la Cuarta Circunscripción que abarca desde Catriel hasta Fernández Oro.
Al finalizar la audiencia, el juez Guillermo Baquero Lazcano les informó a las y los jurados que no deben tomar contacto con las partes, ni buscar información por su cuenta. Les advirtió que no pueden emitir opiniones durante el juicio ni entre el grupo seleccionado ni con terceras personas.
Por la Fiscalía intervienen el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y el adjunto Juan Pablo Escalada. Por la querella en representación de la madre y el padre de la víctima lo harán los abogados Emanuel Roa Moreno y Damian Moreyra. El defensor del acusado es Juan Coto.
El hecho investigado fue caratulado legalmente como femicidio. Según la acusación, el 2 de julio de 2022 Parra habría asesinado a Agustina Fernández agrediéndola físicamente en el interior del departamento que el acusado alquilaba en un complejo ubicado en calle Confluencia al 1300 de Cipolletti.
