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La Justicia sancionó a partidos políticos y ahora perderán el derecho a recibir contribuciones

La mayoría son agrupaciones locales, aunque también se encuentra el Partido Río que encabeza Magdalena Odarda. La sanción es por no cumplir con la apertura de cuentas bancarias como lo estipula la ley.

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Foto: Archivo (Patagonia FotoPress)

El Tribunal Electoral Provincial dispuso sanciones a distintos partidos políticos por “la falta de cumplimiento de la obligación de apertura de la cuenta bancaria para el depósito de los fondos partidarios a que hace referencia el art. 104 de la Ley Electoral Provincial”.

De esta manera, decidió que los partidos políticos perdieran el derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público por distintos plazos.

El TEP sancionó con un año de pérdida de derechos a recibir aportes públicos a Viedma Nueva, Partido Nueva Ciudad, Unidos por San Antonio Oeste-Las Grutas-San Antonio Este, Partido Solidario Cinco Saltos, Partido Unión Patria de Viedma, Partido Avancemos Cinco Saltos, Partido Alternativa y Recuperación (PAR Viedma), Partido Obrero, Partido Incluyendo Bariloche, Partido Auténtico Río Negro (PAR) y Partido Río.

Asimismo, fijó un período de sanción de dos años para el Movimiento Comunitario Pluricultural, de tres para el Movimiento Social Valle El Bolsón, Renovación y Cambio (de Bariloche) y Frente de Unidad Trabajadora y de 4 años para el partido Todos por Bariloche, Movimiento por El Bolsón, Movimiento Vecinal por el Golfo (San Antonio Oeste y el partido Renovación y Desarrollo Social (REDES). La mayor sanción se debe a la reincidencia en la falta.

El artículo 104 de la Ley Electoral provincial ordena que “los fondos del partido deberán depositarse en una única cuenta en el Banco de la Nación Argentina, o en el Banco Agente Financiero de la Provincia para el caso de los partidos políticos provinciales y municipales que así lo decidieren, a nombre del partido político y a la orden de las autoridades que determinare la Carta Orgánica hasta un máximo de cuatro miembros, de los cuales dos deberán ser el presidente o el tesorero o sus equivalentes, uno de los cuales deberá suscribir los libramientos que se efectúen. Las cuentas deberán registrarse ante el Tribunal Electoral”.

En el artículo siguiente, establece que “serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público, por un plazo de uno a cuatro años, los partidos políticos que infringieren lo dispuesto en el artículo anterior”.

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Imputaron y dictaron prisión preventiva para el único acusado de matar a Lucas Torres

La víctima fue hallada el pasado 17 de julio en un desagüe ubicado a pocos metros de la Ruta 22, a la altura de Allen.

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Esta mañana (30/07) el Ministerio Público Fiscal formuló cargos y solicitó la prisión preventiva del hombre detenido en la jornada del miércoles en Fernández Oro por la muerte de Lucas Daniel Torres ocurrida el 17 de julio en Allen.

“El hecho ocurrió entre la 1.30 y las 3.30 de la mañana de ese día, en la chacra Nro. 60 sobre el canal ubicado en la margen de la Ruta Nacional N° 22, en el Km 1.196, mientras el imputado y la víctima caminaban por el interior de ese canal”, explicó el equipo fiscal.

“El victimario actuó sobre seguro ya que aprovechó que la víctima se encontraba de espaldas a él y de esa manera desprevenido, le dio al menos cuatro golpes en la zona posterior de la cabeza con un elemento contundente”, dijo la Fiscalía.

“Posteriormente, con los cordones de las zapatillas de Torres y la botamanga del pantalón comenzó a causar fuerza sobre la zona del cuello y le provocó la muerte por asfixia mecánica. Tras esta acción, escondió el cuerpo y se dio a la fuga”, describió el Ministerio Público Fiscal.

La calificación legal esgrimida por el equipo fiscal compuesto por Luciano Garrido y Daniela Martínez es la de “homicidio agravado por haber actuado con alevosía”, según los artículos 80 inc. 2 del Código Penal.

Solicitaron la prisión preventiva del imputado y de esta manera el juez de Garantías interviniente dispuso, además de la imputación tal como fue esgrimida por la Fiscalía, que el sujeto cumpla la medida cautelar por el plazo de 4 meses.

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Caso Gadañoto: Confirmaron la condena por abuso sexual contra una alumna de 13 años

El Tribunal de Juicio de Roca había impuesto la pena de 6 años y 9 meses de prisión para el ex entrenador de básquet.

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Foto: Archivo Diario Río Negro.

El Tribunal de Impugnación confirmó hoy (28/07) la condena de 6 años y 9 meses de prisión que había impuesto en junio un Tribunal de Juicio de Roca a un ex entrenador de básquet de la ciudad, por los abusos sexuales cometidos en contra de una alumna de 13 años de edad.

Tras analizar cada uno de los agravios de la defensa, el TI resolvió confirmar íntegramente la decisión de los jueces locales, tal como lo solicitaron la Fiscalía y la parte querellante. De todos modos, el fallo no está firme puesto que la defensa tiene más instancias recursivas.

El defensor alegó en su impugnación que la reconstrucción histórica de los hechos fue “arbitraria y ficticia”; que el relato de la víctima no fue tan “coherente, creíble, firme y contundente” como lo consideraron los jueces de Roca; que el importante crecimiento deportivo de la jugadora durante los años de entrenamiento con el acusado no sería compatible con el daño psicológico que provocan los abusos sexuales; que “la sentencia es arbitraria al realizar una evaluación sesgada de la prueba” y que “esta condena no se sostiene racionalmente”.

También cuestionó la defensa la calificación legal asignada a los hechos, dijo que todos los actos sexuales fueron consentidos por la víctima con “libertad y autodeterminación sexual” y que las agravantes del daño psíquico y del aprovechamiento del rol de entrenador por parte del acusado no fueron probados.

El TI analizó en detalle la sentencia de primera instancia y concluyó que la adolescente “fue utilizada, instrumentalizada, en la conducta sexual que desarrolló” el entrenador. Afirmó además que “la gravedad del daño psíquico está totalmente fuera de discusión” a la luz de las pericias, la evolución del tratamiento que aún recibe la víctima y ciertos hechos significativos de su historia vital.

“Los agravios de la defensa son insuficientes para rebatir los fundamentos de la sentencia en crisis, pues se basan en la reedición de los planteados durante el juicio oral y desechados motivadamente”, definió el Tribunal de Impugnación. En otras palabras, sostuvo que “la interpretación subjetiva de la defensa no se corresponde con la prueba del caso”.

El TI analizó 24 puntos específicos de la declaración de la víctima, cuestionada por la defensa, y confirmó su veracidad a la luz de otros testimonios e indicios. También descartó que haya existido libre consentimiento sexual de la alumna, tras acreditarse la “manipulación” y “asimetría” de poder que el entrenador ejercía.

Queriendo probar el consentimiento de la víctima, la defensa “pide valorar el contexto”, pero “es justamente el conjunto de circunstancias y conductas anteriores, concomitantes y posteriores lo que determina la ausencia de un consentimiento válido”, respondió el TI. Destacó en este punto la posición de “manipulador”, “salvador”, “controlador” y “violento” del imputado, sumada a la “diferencia de edades, inmadurez sexual, intimidación” que afectaron a la víctima.

Tanto para los jueces de Roca como para el TI, el imputado “conocía lo delictivo de su accionar, tal es así, que le pedía/exigía a su víctima guarde silencio sobre lo ocurrido y pretendía asegurar así su impunidad, en lo que él sabía que era un delito. Además, conocía y aprovechó en su beneficio qué efectos tenía su persona en ella, inmadura sexual y sentimentalmente. Se inmiscuyó sin ningún derecho en la psiquis, pensamientos, ideas, sentimientos y el cuerpo de la joven, violando su cuerpo, su libertad y sus decisiones, confundiéndola desde su situación de poder, la que surgía de la diferencia de edad y de su condición de profesor”.

Así, la condena penal fue confirmada por el delito de “abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, agravado por haber sido cometido por encargado de la educación y por resultar un grave daño en la salud mental de la víctima”.

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Último momento: Detuvieron al presunto autor del homicidio ocurrido el pasado 17 de julio

Al joven de 22 años se le formularán cargos por el sujeto que apareció muerto en un desagüe en Allen, en cercanías a la Ruta 22.

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Esta mañana (28/07), tras un trabajo en conjunto del Ministerio Público Fiscal, el Área Judicial de Investigación de Allen y el Gabinete de Criminalística de esa ciudad, se logró detener al sujeto señalado como autor del homicidio ocurrido el pasado 17 de julio.

Así lo confirmó el fiscal del caso Luciano Garrido quien se encuentra presente junto a la fiscal adjunta Daniela Martínez y el titular de la Unidad Operativa para la Investigación, Juan Pablo Accorinti, en la localidad de Fernández Oro, ciudad donde se concretaron dos allanamientos.

“En el marco de esas medidas de prueba, tras la exhaustiva investigación realizada por las áreas específicas de la Policía de Río Negro, detuvimos a un hombre de 22 años, a quien se le formularán cargos por la muerte del joven que fue encontrado en un desagüe en Allen”, explicó Garrido.

Además de la detención se secuestraron elementos que se sumarán a los datos y pruebas que ya se tienen en el legajo fiscal de este homicidio.

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