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Caso Gadañoto: Confirmaron la condena por abuso sexual contra una alumna de 13 años

El Tribunal de Juicio de Roca había impuesto la pena de 6 años y 9 meses de prisión para el ex entrenador de básquet.

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Foto: Archivo Diario Río Negro.

El Tribunal de Impugnación confirmó hoy (28/07) la condena de 6 años y 9 meses de prisión que había impuesto en junio un Tribunal de Juicio de Roca a un ex entrenador de básquet de la ciudad, por los abusos sexuales cometidos en contra de una alumna de 13 años de edad.

Tras analizar cada uno de los agravios de la defensa, el TI resolvió confirmar íntegramente la decisión de los jueces locales, tal como lo solicitaron la Fiscalía y la parte querellante. De todos modos, el fallo no está firme puesto que la defensa tiene más instancias recursivas.

El defensor alegó en su impugnación que la reconstrucción histórica de los hechos fue “arbitraria y ficticia”; que el relato de la víctima no fue tan “coherente, creíble, firme y contundente” como lo consideraron los jueces de Roca; que el importante crecimiento deportivo de la jugadora durante los años de entrenamiento con el acusado no sería compatible con el daño psicológico que provocan los abusos sexuales; que “la sentencia es arbitraria al realizar una evaluación sesgada de la prueba” y que “esta condena no se sostiene racionalmente”.

También cuestionó la defensa la calificación legal asignada a los hechos, dijo que todos los actos sexuales fueron consentidos por la víctima con “libertad y autodeterminación sexual” y que las agravantes del daño psíquico y del aprovechamiento del rol de entrenador por parte del acusado no fueron probados.

El TI analizó en detalle la sentencia de primera instancia y concluyó que la adolescente “fue utilizada, instrumentalizada, en la conducta sexual que desarrolló” el entrenador. Afirmó además que “la gravedad del daño psíquico está totalmente fuera de discusión” a la luz de las pericias, la evolución del tratamiento que aún recibe la víctima y ciertos hechos significativos de su historia vital.

“Los agravios de la defensa son insuficientes para rebatir los fundamentos de la sentencia en crisis, pues se basan en la reedición de los planteados durante el juicio oral y desechados motivadamente”, definió el Tribunal de Impugnación. En otras palabras, sostuvo que “la interpretación subjetiva de la defensa no se corresponde con la prueba del caso”.

El TI analizó 24 puntos específicos de la declaración de la víctima, cuestionada por la defensa, y confirmó su veracidad a la luz de otros testimonios e indicios. También descartó que haya existido libre consentimiento sexual de la alumna, tras acreditarse la “manipulación” y “asimetría” de poder que el entrenador ejercía.

Queriendo probar el consentimiento de la víctima, la defensa “pide valorar el contexto”, pero “es justamente el conjunto de circunstancias y conductas anteriores, concomitantes y posteriores lo que determina la ausencia de un consentimiento válido”, respondió el TI. Destacó en este punto la posición de “manipulador”, “salvador”, “controlador” y “violento” del imputado, sumada a la “diferencia de edades, inmadurez sexual, intimidación” que afectaron a la víctima.

Tanto para los jueces de Roca como para el TI, el imputado “conocía lo delictivo de su accionar, tal es así, que le pedía/exigía a su víctima guarde silencio sobre lo ocurrido y pretendía asegurar así su impunidad, en lo que él sabía que era un delito. Además, conocía y aprovechó en su beneficio qué efectos tenía su persona en ella, inmadura sexual y sentimentalmente. Se inmiscuyó sin ningún derecho en la psiquis, pensamientos, ideas, sentimientos y el cuerpo de la joven, violando su cuerpo, su libertad y sus decisiones, confundiéndola desde su situación de poder, la que surgía de la diferencia de edad y de su condición de profesor”.

Así, la condena penal fue confirmada por el delito de “abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, agravado por haber sido cometido por encargado de la educación y por resultar un grave daño en la salud mental de la víctima”.

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Reuniones en Roca para coordinar cambios en los fueros Laboral y Civil

El fuero Civil atraviesa una reorganización que contempla la futura distribución de competencias con el fuero Contencioso Administrativo y las vacantes temporales que se prevén en tres juzgados civiles de primera instancia.

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El fuero del Trabajo de Roca se encamina al modelo de gestión de expedientes a través de una Oficina de Tramitación Integral Laboral (OTIL) como la que ya funciona en Viedma. En tanto que el fuero Civil atraviesa una reorganización que contempla la futura distribución de competencias con el fuero Contencioso Administrativo y las vacantes temporales que se prevén en tres juzgados civiles de primera instancia.

Para coordinar esos procesos con sus principales actores, el juez Delegado del STJ Sergio Barotto, mantuvo múltiples reuniones en los últimos días.

Sobre el cambio de dinámica en la gestión de las dos Cámaras Laborales que funcionan en Roca, el encuentro fue con las juezas Daniela Perramón y Paula Bisogni y el juez Juan Huenumilla. Se acordó allí comenzar con la implementación de la OTIL a modo de prueba piloto. Al igual que los sistemas de Oficinas Integrales ya implementados en los Fueros Penal y de Familia, el modelo tiene como objetivo que las y los jueces concentren sus esfuerzos diarios en su misión esencial, que es la de dictar sentencias, y que un organismo específico (la OTIL) asuma el peso administrativo de gestión de agendas de audiencias, licencias del personal, insumos para el organismo, entre muchas otras. El cambio, además, no implica la asignación de mayores recursos ni de más personal, sino una redistribución de los existentes.

Para conocer los pormenores del modelo de la OTIL, una delegación de dos jueces y dos funcionarias laborales de Roca visitó días atrás la Cámara del Trabajo de Viedma. Al regreso, volcaron sus impresiones positivas al resto del fuero local y cobró más impulso la propuesta del proyecto piloto para la Segunda Circunscripción.

En otra reunión realizada el pasado viernes, el juez Barotto compartió la iniciativa con la presidenta del Colegio de Abogados de General Roca, Yudith Riquelme Catalán; el vicepresidente, Francisco Brown, y el vocal Federico Ambroggio.

En cuanto al fuero Civil, junto a la jueza de primera instancia Verónica Hernández, titular del Juzgado N° 9 de Roca, Barotto definió su asunción como subrogante del Juzgado Civil y Comercial N° 5 a partir del 19 de noviembre de este año, cuando cese en sus funciones por renuncia la actual titular del organismo, Laura Fontana.

Ese punto y otros vinculados con el fuero también fueron analizados en la reunión con el Colegio de Abogados. En la oportunidad se abordó la particular situación del Juzgado Civil N° 1, cuya titularidad está vacante desde la jubilación de la jueza María del Carmen Villalba. En la última sesión del Consejo de la Magistratura, realizada el pasado jueves, se declaró desierto el concurso para la designación del nuevo titular, por lo que el juez Barotto informó que se promoverá a la brevedad el llamado a un nuevo concurso.

Por último, se informó la designación de una jueza sustituta al frente del Juzgado Civil N° 21 de Villa Regina con motivo de la suspensión disciplinaria por 60 días que aplicó recientemente el Consejo de la Magistratura a la titular del organismo.

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Fallo confirma que el permiso provincial no exime a laboratorios bioquímicos de tener habilitación municipal

La Cámara Civil de Apelaciones de Roca respondieron a demandas que presentaron por separado dos bioquímicos, dueños de laboratorios. Cuestionaban que el Municipio invadía facultades provinciales.

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Un Tribunal de Roca confirmó que la Municipalidad tiene competencia para hacer inspecciones de seguridad e higiene, cobrar tasas por habilitación comercial y aplicar multas en los locales donde funcionan los laboratorios de análisis clínicos en la ciudad.

Los fallos de la Cámara Civil de Apelaciones de Roca respondieron a demandas que presentaron por separado dos bioquímicos de Roca, dueños de laboratorios. Cuestionaban que el municipio invadía facultades provinciales y que las tasas locales por habilitación comercial les generaban un doble tributo, superpuesto con el que percibe la Provincia.

El conflicto se inició cuando inspectores municipales constataron que dos laboratorios no tenían habilitación comercial del Municipio (aunque sí tenían habilitación de funcionamiento provincial) y labraron las respectivas actas de infracción. A eso siguieron las intimaciones para que regularicen la situación y finalmente, ante la negativa de los profesionales, se aplicaron las multas.

Los bioquímicos rechazaron desde un primer momento la competencia municipal para habilitar los laboratorios y para cobrar las tasas derivadas de ese servicio. Afirmaron que todo lo relacionado con la prestación de servicios vinculados con la salud corresponde exclusivamente a la Provincia, incluidas las habilitaciones de los locales y las inspecciones de seguridad, higiene y salubridad.

Al rechazar la demanda de los bioquímicos, la Cámara admitió que los dueños de laboratorios pudieron válidamente “creerse con derecho a litigar” porque esa aparente superposición de controles y cargas tributarias que cuestionaban fue un tema “discutible” hasta hace poco tiempo. Sin embargo, la Cámara recordó que el Superior Tribunal de Justicia ya sentó posición a favor de la competencia municipal en un planteo idéntico surgido en Bariloche. Aquel fallo del STJ quedó firme a finales de 2020, al ser convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y fijó un criterio de aplicación obligatoria para todos los juzgados de la provincia.

El fallo advirtió que “el constitucionalismo moderno brega por una mayor autonomía municipal”, pero que “la concertación no puede estar ausente en las relaciones Nación-Provincia y Provincia-Municipios”. Aunque aclaró que el punto no es competencia de los tribunales, afirmó que “parece claro que deberían, Provincia y Municipio, evitar duplicar innecesariamente ciertos controles bajando además las trabas y la presión tributaria”.

Recalcó también, citando al STJ, que el Municipio “tiene la potestad originaria -que nace del ejercicio del poder de policía- sobre la seguridad, salubridad, higiene, control y fiscalización del mantenimiento de las condiciones edilicias, respecto del cual ejerce todas funciones que hacen al control y fiscalización correspondiente, tal como lo es la habilitación comercial para el ejercicio de la actividad” de los bioquímicos, por más que la misma esté regulada y paralelamente controlada -en aspectos similares pero no idénticos- por el Estado provincial.

La sentencia reconoció que “es cierto que todo lo relativo al desarrollo de la actividad de los bioquímicos clínicos se encuentra bajo la órbita de fiscalización del Consejo Provincial de la Salud” y que existen Resoluciones precisas del Ministerio de Salud que “aprueban las normas de habilitación y categorización de un laboratorio de análisis clínicos, detallando específicamente las condiciones edilicias para ser habilitado”. “Sin embargo, que la Provincia ejerza la atribución que tiene en función del contralor del ejercicio de la actividad profesional, no significa que el poder local (el Municipio) deba relegar el ejercicio de su potestad en materia de control, que surge de su autonomía en todos los asuntos de incumbencia comunal”, agregó la sentencia.

“El control en materia de habilitación municipal corresponde a las autoridades locales, de modo que no existe superposición sino concurrencia de las atribuciones que poseen el Municipio y la Provincia; y ello será así en tanto no surja una seria incompatibilidad entre ambas”, concluyó el fallo.

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Caso Nahiara: Perpetua para el padrastro y 12 años de prisión para la madre

Erbin y Miranda fueron condenados por los delitos que llevaron a la muerte a una niña de tan sólo 3 años. Los hechos ocurrieron el año pasado en Los Menucos.

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Tras el veredicto de culpabilidad que emitió el jurado y el juicio de cesura realizado en Roca, se impusieron hoy (17/09) las penas de prisión efectiva para el hombre y la mujer condenados por los delitos que llevaron a la muerte a una niña de 3 años en Los Menucos.

Carlos Erbin, quien era pareja de la madre de la niña, fue condenado a la pena de prisión perpetua como autor del delito de femicidio. En tanto que Valeria Miranda, madre de la víctima, fue condenada a 12 años de prisión efectiva como responsable del delito de abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo. Respecto de la mujer, el juez de Juicio Gastón Martín dispuso que quede detenida con prisión preventiva hasta tanto la sentencia quede firme, admitiendo así el pedido que formuló el fiscal Andrés Nelli, fundado en el riesgo procesal de fuga. El imputado Erbin, por su parte, cumple prisión preventiva desde el comienzo del proceso.

La lectura de la sentencia se realizó en la Ciudad Judicial de Roca, con la presencia del imputado, su defensor particular Carlos Vila; el defensor público Eduardo Luis Carrera y el fiscal Nelli. En tanto que la parte querellante, a cargo del abogado Marcelo Hertzriken Velasco, y la mujer imputada participaron de la audiencia a través de la plataforma zoom.

Pena por femicidio

Con respecto a la condena para Erbin, el juez aclaró que la única opción que da la ley penal para el delito de femicidio es la prisión perpetua. “No resulta necesario realizar consideraciones sobre agravantes y atenuantes, toda vez que estamos en presencia de una pena indivisible”, explicó.

La defensa del imputado había planteado al juez la fijación de un tope de 20 años para la prisión perpetua, alegando el derecho a la resocialización y la obligación de fijar límites temporales a las penas. “No existe posibilidad jurídica que me permita esa solución”, señaló el juez. Y aclaró “la prisión perpetua, tal como está legislada, permite la progresividad en el cumplimiento de la pena, pudiendo solicitar su libertad condicional” en la etapa de ejecución, en los plazos y las condiciones que prevé el Código Penal.

“La pena de prisión perpetua es, en definitiva, ajustada a su culpabilidad”, concluyó.

Pena por abandono

En el juicio de cesura la Fiscalía había solicitado una condena de 17 años para la mujer; mientras que su defensor oficial había pedido la pena mínima legal de 6 años y 8 meses. Por su parte, la querella había pedido la no aplicación de una pena de prisión -o en su defecto una condena inferior al mínimo legal- por considerar aplicable la figura de “pena natural” para Miranda, derivada de la muerte de su propia hija.

El juez analizó los pedidos de cada parte y finalmente impuso a Miranda la pena de 12 años de prisión. Como agravantes consideró que “el daño causado por el delito es irreparable y de una magnitud insuperable”. Señaló que las lesiones que presentaba la niña “recrean un cuadro desolador de violencia que culminó con su muerte”. “No fue el abandono de un día lo que causó el desenlace fatal; fue el abandono reiterado, habitual y deliberado frente a la violencia desmedida que se ejercía sobre la niña”, indicó. “Todo ello quedó impreso en su débil humanidad, en las múltiples lesiones -más de 50- que durante un lapso de 100 días sufrió de manera reiterada”, afirmó.

El juez valoró además que “quedó acreditado que, si bien con alguna limitación, sí pudo haberle dado auxilio” a la niña.

Agregó: “Se ha afirmado que Valeria Miranda ha asumido un doble rol de víctima y victimaria. Sin embargo, toda la prueba rendida en el juicio y en la cesura me llevan a la conclusión de que en este caso ha existido una única víctima: la niña muerta”. “Si bien es cierto que ha vivido en un ambiente de violencia que puede haber limitado su libertad, no ha sido de la importancia en el desarrollo de los hechos que se le pretende asignar”, concluyó.

Como atenuantes, el juez valoró que no tiene antecedentes y que, por ser una persona joven, podrá “evaluar los hechos desde otra perspectiva asumiendo las responsabilidades que le son propias”. Otros atenuantes fueron “la falta de referentes paternales que puedan haberla contenido mejor; la difícil situación económica y social en la que se desarrolló su vida; la diferencia de edad con quien era su pareja, la falta de recursos emocionales para detectar la violencia y erradicarla o protegerse de ella; y la realidad compleja de la situación familiar y de pareja en la que vivió; la precaria educación recibida, que la privó de las herramientas necesarias para dimensionar debidamente la situación en la que se encontraba su hija y su rol de madre”.

Respecto del pedido de la querella de eximir de la pena de prisión a la mujer por aplicación de la “pena natural”, el juez dijo que hacer lugar a ese pedido sería ignorar la decisión del jurado popular soberano. “Si así lo hubiese querido el pueblo, la hubiese declarado no culpable”, afirmó.

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