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Caso Nahiara: Perpetua para el padrastro y 12 años de prisión para la madre

Erbin y Miranda fueron condenados por los delitos que llevaron a la muerte a una niña de tan sólo 3 años. Los hechos ocurrieron el año pasado en Los Menucos.

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Tras el veredicto de culpabilidad que emitió el jurado y el juicio de cesura realizado en Roca, se impusieron hoy (17/09) las penas de prisión efectiva para el hombre y la mujer condenados por los delitos que llevaron a la muerte a una niña de 3 años en Los Menucos.

Carlos Erbin, quien era pareja de la madre de la niña, fue condenado a la pena de prisión perpetua como autor del delito de femicidio. En tanto que Valeria Miranda, madre de la víctima, fue condenada a 12 años de prisión efectiva como responsable del delito de abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo. Respecto de la mujer, el juez de Juicio Gastón Martín dispuso que quede detenida con prisión preventiva hasta tanto la sentencia quede firme, admitiendo así el pedido que formuló el fiscal Andrés Nelli, fundado en el riesgo procesal de fuga. El imputado Erbin, por su parte, cumple prisión preventiva desde el comienzo del proceso.

La lectura de la sentencia se realizó en la Ciudad Judicial de Roca, con la presencia del imputado, su defensor particular Carlos Vila; el defensor público Eduardo Luis Carrera y el fiscal Nelli. En tanto que la parte querellante, a cargo del abogado Marcelo Hertzriken Velasco, y la mujer imputada participaron de la audiencia a través de la plataforma zoom.

Pena por femicidio

Con respecto a la condena para Erbin, el juez aclaró que la única opción que da la ley penal para el delito de femicidio es la prisión perpetua. “No resulta necesario realizar consideraciones sobre agravantes y atenuantes, toda vez que estamos en presencia de una pena indivisible”, explicó.

La defensa del imputado había planteado al juez la fijación de un tope de 20 años para la prisión perpetua, alegando el derecho a la resocialización y la obligación de fijar límites temporales a las penas. “No existe posibilidad jurídica que me permita esa solución”, señaló el juez. Y aclaró “la prisión perpetua, tal como está legislada, permite la progresividad en el cumplimiento de la pena, pudiendo solicitar su libertad condicional” en la etapa de ejecución, en los plazos y las condiciones que prevé el Código Penal.

“La pena de prisión perpetua es, en definitiva, ajustada a su culpabilidad”, concluyó.

Pena por abandono

En el juicio de cesura la Fiscalía había solicitado una condena de 17 años para la mujer; mientras que su defensor oficial había pedido la pena mínima legal de 6 años y 8 meses. Por su parte, la querella había pedido la no aplicación de una pena de prisión -o en su defecto una condena inferior al mínimo legal- por considerar aplicable la figura de “pena natural” para Miranda, derivada de la muerte de su propia hija.

El juez analizó los pedidos de cada parte y finalmente impuso a Miranda la pena de 12 años de prisión. Como agravantes consideró que “el daño causado por el delito es irreparable y de una magnitud insuperable”. Señaló que las lesiones que presentaba la niña “recrean un cuadro desolador de violencia que culminó con su muerte”. “No fue el abandono de un día lo que causó el desenlace fatal; fue el abandono reiterado, habitual y deliberado frente a la violencia desmedida que se ejercía sobre la niña”, indicó. “Todo ello quedó impreso en su débil humanidad, en las múltiples lesiones -más de 50- que durante un lapso de 100 días sufrió de manera reiterada”, afirmó.

El juez valoró además que “quedó acreditado que, si bien con alguna limitación, sí pudo haberle dado auxilio” a la niña.

Agregó: “Se ha afirmado que Valeria Miranda ha asumido un doble rol de víctima y victimaria. Sin embargo, toda la prueba rendida en el juicio y en la cesura me llevan a la conclusión de que en este caso ha existido una única víctima: la niña muerta”. “Si bien es cierto que ha vivido en un ambiente de violencia que puede haber limitado su libertad, no ha sido de la importancia en el desarrollo de los hechos que se le pretende asignar”, concluyó.

Como atenuantes, el juez valoró que no tiene antecedentes y que, por ser una persona joven, podrá “evaluar los hechos desde otra perspectiva asumiendo las responsabilidades que le son propias”. Otros atenuantes fueron “la falta de referentes paternales que puedan haberla contenido mejor; la difícil situación económica y social en la que se desarrolló su vida; la diferencia de edad con quien era su pareja, la falta de recursos emocionales para detectar la violencia y erradicarla o protegerse de ella; y la realidad compleja de la situación familiar y de pareja en la que vivió; la precaria educación recibida, que la privó de las herramientas necesarias para dimensionar debidamente la situación en la que se encontraba su hija y su rol de madre”.

Respecto del pedido de la querella de eximir de la pena de prisión a la mujer por aplicación de la “pena natural”, el juez dijo que hacer lugar a ese pedido sería ignorar la decisión del jurado popular soberano. “Si así lo hubiese querido el pueblo, la hubiese declarado no culpable”, afirmó.

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Le formularon cargos al joven que golpeó y mató a un perro en la Plaza Belgrano

Lo golpeó brutalmente y de manera deliberada, consideró la Fiscalía.

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Este mediodía (27/10) el Ministerio Público Fiscal imputó a un joven roquense por haber cometido actos de crueldad contra un can llamado Byron, el pasado 21 de septiembre en la Plaza Belgrano, ubicada frente a la Municipalidad de Roca.

Según la acusación, “alrededor de las 11 de la noche, en la esquina de Avenida Roca y Mitre, el imputado golpeó brutalmente y de manera deliberada a Byron, un perro de raza terranova. Le dio una patada en la cabeza”, describió la fiscal.

“El hombre siguió caminando y al observar que el can seguía detrás suyo, sin mediar por parte de éste ningún tipo de agresión, regresó y le volvió a propinar otra patada, esta vez en la zona del abdomen, ocasionando que el canino cayera al suelo y comenzara a convulsionar”, mencionó el Ministerio Público Fiscal.

“Este accionar causó en Byron sufrimiento y lesiones, que le provocaron la muerte en cuestión de minutos”, concluyó la fiscalía.

La calificación legal esgrimida en la audiencia es la de “actos de crueldad contra un animal”, delitos previstos en la Ley 14.346 Art. 1 y Art 3 inc 7.

Entre la evidencia mencionada hoy como sustento probatorio para esta etapa de imputación, la representante fiscal señaló entre otros, el relato del denunciante, el informe del médico veterinario, entrevistas varias, croquis ilustrativo. Se suman el informe de necropsia de Byron, llevado a cabo por un médico veterinario e imágenes audiovisuales.

El sujeto estuvo asistido por la Defensa Penal Pública que no presentó objeciones al hecho, si a las medidas cautelares solicitadas por la querella, tanto la que representa a los dueños del can como las Abogadas de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los derechos de los animales (A.F.A.D.A.).

El juez de Garantías intervinientes tuvo por formulados los cargos y de esta manera el sujeto quedó imputado tal como lo propuso el Ministerio Público Fiscal.

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Fue condenado a 9 años de prisión por un homicidio, pero ahora podría ser una pena menor

El Tribunal de Impugnación de Roca consideró que Tripailao actuó bajo emoción violenta, cansado del «acoso» que sufría él y su familia a diario por parte de Coraza, a quien asesinó a golpes.

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El Tribunal de Impugnación definió que un hombre de Roca que había sido condenado a 9 años de prisión por “homicidio simple”, en realidad actuó bajo un estado de emoción violenta y por eso ordenó realizar de un nuevo juicio de cesura para definir una pena atenuada bajo la nueva calificación legal. El fallo confirmó que el imputado, Martín Tripailao, fue el autor del hecho, tal como se había demostrado en el juicio oral. Sin embargo, concluyó que el hombre atravesó un “desborde emocional” derivado del histórico hostigamiento que él y todas las mujeres de su familia sufrían por parte de su vecino, y que en esas circunstancias se produjo la golpiza que resultó fatal para el hombre de 62 años.

“Los elementos de la causa dan cuenta de un contexto de violencia de género y hostigamiento continuo y de larga data” de parte de la víctima fatal “hacia las integrantes mujeres de la familia del imputado y de agresiones hacia Tripailao”, indicó el TI entre sus fundamentos.

El Tribunal coincidió con el planteo central de la Defensa particular del imputado y concluyó que la madrugada del 2 de agosto de 2020, cuando ocurrió el homicidio, el acusado llegaba a su casa y fue sorprendido en la calle por su vecino, quien “le sale al cruce en la oscuridad” portando presuntamente un cuchillo.

“Este estallido se torna excusable, justamente porque la interceptación por parte de Coraza (luego de este peregrinar vecinal al que la víctima sometía al imputado y a su familia), sumado al estado en que se encontraba Tripailao luego de beber, lo desbordó emocionalmente y fue la gota que rebalsó el vaso”, sostuvo el Tribunal. Citando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el TI analizó que “esa gota es el hecho desencadenante y puede estar constituido por un suceso relativamente insignificante, pero cargado de sentido” por la historia del conflicto.

El TI enumeró varias denuncias radicadas contra el vecino, tanto por familiares como por personas que frecuentaban la vivienda, que daban cuenta de “permanentes ataques y violencias físicas, psíquicas, verbales y sexuales” hacia la madre y hermanas del imputado y daños materiales a sus bienes, lo que generaba un “contexto de acoso y violencia” que fue acreditado “por elementos de prueba externos e independientes”.

Prisión preventiva

El atenuante que definió el TI redujo la escala penal del delito a un mínimo de 1 año y un máximo de 3 años de prisión, de cara al próximo juicio de cesura. Por esa razón, este mediodía se realizó una audiencia a pedido del Defensor para definir la nueva situación procesal del imputado, quien se encontraba hasta hora cumpliendo prisión preventiva.

La Defensa solicitó la libertad ante el Tribunal de Juicio de Roca y obtuvo el acuerdo de la Fiscalía, por lo que se ordenó el cese inmediato de la medida cautelar, teniendo en cuenta especialmente que la ley no admite la prisión preventiva en delitos con tan baja escala penal y que la pena que se le impondrá en el nuevo juicio no podrá ser de prisión efectiva.

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Condenaron a un mes de prisión en suspenso a la mujer que maltrató a su perro Pancho

Además, la Justicia le prohibió por dos años tener una mascota.

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Una mujer fue condenada a un mes de prisión en suspenso y por el plazo de dos años se le prohibió además tener cualquier tipo de mascota o animal doméstico, medida que si incumple volverá efectiva la pena condicional impuesta.

El Ministerio Público Fiscal en acuerdo con la Defensa Penal Pública, basándose en la Instrucción General N° 4 del año 2020, solicitaron que se le imponga la pena a la señora que abandonó un can de nombre Pancho en mayo de este año en un barrio de Roca.

“Dicha regla de conducta será controlada por la Fiscalía a través del Área de Medio Ambiente del municipio local”, señaló el representante fiscal.

Cabe recordar que el pasado 5 de octubre se le formularon cargos a la señora por el hecho que “ocurrió entre el mes de enero hasta el 31 de mayo de este 2021, cuando la imputada ejerció actos de maltrato animal en un perro mestizo, llamado Pancho, y el abandono consistió en no alimentarlo en la cantidad y calidad suficiente, teniéndolo atado al fondo de la propiedad, hasta que el can murió”.

La mujer fue imputada y ahora condenada por el delito especificado en la Ley de Maltrato N° 14346 que integra el Código Penal, Artículo 2 inc. 1°, en función del Artículo 1° de dicha ley.

Entre la evidencia mencionada por la Fiscalía se puede describir la intervención de la Dirección Municipal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Roca, quienes toman conocimiento del hecho a través de la Organización Ranhu, contra el maltrato animal.

“A raíz del hecho, oportunamente se solicitó un allanamiento con intervención de la Unidad 48, y junto al personal de la Municipalidad y la presidenta de Ranhu, se corroboró la presencia del animal en el fondo del patio, que habría sido prendido fuego, y se procedió a sacarlo de dicha propiedad”, explicó el fiscal del caso.

Además, para la imputación se realizaron entrevistas fiscales y se contó con el informe de las actuaciones que realizó la Municipalidad local en el momento del allanamiento.

La jueza de Garantías interviniente condenó de esta manera a la mujer por maltrato animal según la pena solicitada por las partes del Ministerio Público.

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