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Fallo del STJ: niña con discapacidad tendrá acompañamiento terapéutico para su inserción escolar

El máximo tribunal de la provincia obligó a Unión Personal a cubrirlo integralmente, ya sea por pago directo o reintegro.

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El STJ confirmó una sentencia que obligó a una obra social a cubrir integralmente un acompañante terapéutico para una niña con discapacidad, ya sea por pago directo o por vía de reintegro.

Oportunamente, la jueza de primera instancia había aceptado la demanda del papá y la mamá de la niña para contar con “una persona con formación suficiente que la acompañe en su proceso de inserción escolar, brindándole apoyo y contención” y que dicho tratamiento fuera cubierta por Unión Personal.

La jueza rechazó en primer término el argumento de la obra social respecto a que se trataba de una cuestión federal. La magistrada “trajo a colación lo dispuesto en el art. 3 de la Ley N° 26.061 en cuanto refiere que debe entenderse al interés superior del niño como la máxima satisfacción integral y simultánea de derechos y garantías reconocidos y la Ley F 4.091 cuyo objeto es la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Recordó que el acompañante terapéutico es «un auxiliar de la salud que contiene y sostiene al paciente en su interrelación con el mundo desde un enfoque integral e integrador» y entre sus funciones está la de «favorecer y promover la integración escolar de niños y adolescentes cuyas problemáticas psíquicas requieran de una atención diaria personalizada, complementaria al docente integrador y del equipo institucional de la escuela».

En su apelación al Superior Tribunal de Justicia, la obra social únicamente planteó que, según su interpretación, la condena la obligaba a brindar cobertura de acompañamiento terapéutico con el profesional elegido por la propia familia, es decir, por fuera del prestador de la obra social.

Alegó, entonces, que “se han vulnerado los derechos de defensa y de propiedad de su representada, al constreñirla a otorgar una cobertura con un profesional ajeno a su red prestacional y a los valores que pretenda facturar”. Advirtió, en este marco, que “no se ve violentado el derecho a la salud”.

El Procurador General dictaminó que el amparo era la vía: “la jueza consideró junto a la normativa legal y convencional involucrada -entre otros elementos- que la necesidad de la niña de contar con acompañante terapéutica fue indicada por las doctoras”.

En este marco, entendió que “el temperamento adoptado por la magistrada se condice con la línea marcada desde la Procuración General y el Superior Tribunal de Justicia en casos similares”.

Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia explicó que “no surge de la sentencia -ni del escrito inicial de amparo- que se pretenda un acompañante terapéutico en particular, tal como parece entender el apelante”.

El máximo tribunal expresó que “no se evidencia de modo nítido que la solicitud de acompañante terapéutico aluda a la una profesional específica, por ser quien exclusivamente debe acompañar a la niña en su proceso educativo”.

De esta manera, esclarecido el punto central de la apelación, rechazó el planteo y confirmó la sentencia.

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Judiciales

Le formularon cargos al joven que golpeó y mató a un perro en la Plaza Belgrano

Lo golpeó brutalmente y de manera deliberada, consideró la Fiscalía.

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Este mediodía (27/10) el Ministerio Público Fiscal imputó a un joven roquense por haber cometido actos de crueldad contra un can llamado Byron, el pasado 21 de septiembre en la Plaza Belgrano, ubicada frente a la Municipalidad de Roca.

Según la acusación, “alrededor de las 11 de la noche, en la esquina de Avenida Roca y Mitre, el imputado golpeó brutalmente y de manera deliberada a Byron, un perro de raza terranova. Le dio una patada en la cabeza”, describió la fiscal.

“El hombre siguió caminando y al observar que el can seguía detrás suyo, sin mediar por parte de éste ningún tipo de agresión, regresó y le volvió a propinar otra patada, esta vez en la zona del abdomen, ocasionando que el canino cayera al suelo y comenzara a convulsionar”, mencionó el Ministerio Público Fiscal.

“Este accionar causó en Byron sufrimiento y lesiones, que le provocaron la muerte en cuestión de minutos”, concluyó la fiscalía.

La calificación legal esgrimida en la audiencia es la de “actos de crueldad contra un animal”, delitos previstos en la Ley 14.346 Art. 1 y Art 3 inc 7.

Entre la evidencia mencionada hoy como sustento probatorio para esta etapa de imputación, la representante fiscal señaló entre otros, el relato del denunciante, el informe del médico veterinario, entrevistas varias, croquis ilustrativo. Se suman el informe de necropsia de Byron, llevado a cabo por un médico veterinario e imágenes audiovisuales.

El sujeto estuvo asistido por la Defensa Penal Pública que no presentó objeciones al hecho, si a las medidas cautelares solicitadas por la querella, tanto la que representa a los dueños del can como las Abogadas de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los derechos de los animales (A.F.A.D.A.).

El juez de Garantías intervinientes tuvo por formulados los cargos y de esta manera el sujeto quedó imputado tal como lo propuso el Ministerio Público Fiscal.

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Judiciales

Fue condenado a 9 años de prisión por un homicidio, pero ahora podría ser una pena menor

El Tribunal de Impugnación de Roca consideró que Tripailao actuó bajo emoción violenta, cansado del «acoso» que sufría él y su familia a diario por parte de Coraza, a quien asesinó a golpes.

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El Tribunal de Impugnación definió que un hombre de Roca que había sido condenado a 9 años de prisión por “homicidio simple”, en realidad actuó bajo un estado de emoción violenta y por eso ordenó realizar de un nuevo juicio de cesura para definir una pena atenuada bajo la nueva calificación legal. El fallo confirmó que el imputado, Martín Tripailao, fue el autor del hecho, tal como se había demostrado en el juicio oral. Sin embargo, concluyó que el hombre atravesó un “desborde emocional” derivado del histórico hostigamiento que él y todas las mujeres de su familia sufrían por parte de su vecino, y que en esas circunstancias se produjo la golpiza que resultó fatal para el hombre de 62 años.

“Los elementos de la causa dan cuenta de un contexto de violencia de género y hostigamiento continuo y de larga data” de parte de la víctima fatal “hacia las integrantes mujeres de la familia del imputado y de agresiones hacia Tripailao”, indicó el TI entre sus fundamentos.

El Tribunal coincidió con el planteo central de la Defensa particular del imputado y concluyó que la madrugada del 2 de agosto de 2020, cuando ocurrió el homicidio, el acusado llegaba a su casa y fue sorprendido en la calle por su vecino, quien “le sale al cruce en la oscuridad” portando presuntamente un cuchillo.

“Este estallido se torna excusable, justamente porque la interceptación por parte de Coraza (luego de este peregrinar vecinal al que la víctima sometía al imputado y a su familia), sumado al estado en que se encontraba Tripailao luego de beber, lo desbordó emocionalmente y fue la gota que rebalsó el vaso”, sostuvo el Tribunal. Citando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el TI analizó que “esa gota es el hecho desencadenante y puede estar constituido por un suceso relativamente insignificante, pero cargado de sentido” por la historia del conflicto.

El TI enumeró varias denuncias radicadas contra el vecino, tanto por familiares como por personas que frecuentaban la vivienda, que daban cuenta de “permanentes ataques y violencias físicas, psíquicas, verbales y sexuales” hacia la madre y hermanas del imputado y daños materiales a sus bienes, lo que generaba un “contexto de acoso y violencia” que fue acreditado “por elementos de prueba externos e independientes”.

Prisión preventiva

El atenuante que definió el TI redujo la escala penal del delito a un mínimo de 1 año y un máximo de 3 años de prisión, de cara al próximo juicio de cesura. Por esa razón, este mediodía se realizó una audiencia a pedido del Defensor para definir la nueva situación procesal del imputado, quien se encontraba hasta hora cumpliendo prisión preventiva.

La Defensa solicitó la libertad ante el Tribunal de Juicio de Roca y obtuvo el acuerdo de la Fiscalía, por lo que se ordenó el cese inmediato de la medida cautelar, teniendo en cuenta especialmente que la ley no admite la prisión preventiva en delitos con tan baja escala penal y que la pena que se le impondrá en el nuevo juicio no podrá ser de prisión efectiva.

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Condenaron a un mes de prisión en suspenso a la mujer que maltrató a su perro Pancho

Además, la Justicia le prohibió por dos años tener una mascota.

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Una mujer fue condenada a un mes de prisión en suspenso y por el plazo de dos años se le prohibió además tener cualquier tipo de mascota o animal doméstico, medida que si incumple volverá efectiva la pena condicional impuesta.

El Ministerio Público Fiscal en acuerdo con la Defensa Penal Pública, basándose en la Instrucción General N° 4 del año 2020, solicitaron que se le imponga la pena a la señora que abandonó un can de nombre Pancho en mayo de este año en un barrio de Roca.

“Dicha regla de conducta será controlada por la Fiscalía a través del Área de Medio Ambiente del municipio local”, señaló el representante fiscal.

Cabe recordar que el pasado 5 de octubre se le formularon cargos a la señora por el hecho que “ocurrió entre el mes de enero hasta el 31 de mayo de este 2021, cuando la imputada ejerció actos de maltrato animal en un perro mestizo, llamado Pancho, y el abandono consistió en no alimentarlo en la cantidad y calidad suficiente, teniéndolo atado al fondo de la propiedad, hasta que el can murió”.

La mujer fue imputada y ahora condenada por el delito especificado en la Ley de Maltrato N° 14346 que integra el Código Penal, Artículo 2 inc. 1°, en función del Artículo 1° de dicha ley.

Entre la evidencia mencionada por la Fiscalía se puede describir la intervención de la Dirección Municipal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Roca, quienes toman conocimiento del hecho a través de la Organización Ranhu, contra el maltrato animal.

“A raíz del hecho, oportunamente se solicitó un allanamiento con intervención de la Unidad 48, y junto al personal de la Municipalidad y la presidenta de Ranhu, se corroboró la presencia del animal en el fondo del patio, que habría sido prendido fuego, y se procedió a sacarlo de dicha propiedad”, explicó el fiscal del caso.

Además, para la imputación se realizaron entrevistas fiscales y se contó con el informe de las actuaciones que realizó la Municipalidad local en el momento del allanamiento.

La jueza de Garantías interviniente condenó de esta manera a la mujer por maltrato animal según la pena solicitada por las partes del Ministerio Público.

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