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Judiciales

Tenía entrega pactada pero no le dieron la camioneta: ahora le deben el reembolso y una multa

Son casi $800.000 con los que una concesionaria deberá indemnizar a un vecino de Roca.

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Con la promesa de la entrega pactada en cuota 5, un hombre de Roca aceptó suscribir un plan de ahorro por una camioneta Volkswagen Amarok y pagó inmediatamente la primera cuota. Pero pronto comenzaron los problemas porque no le llegó el cupón de la segunda cuota, los siguientes cupones le llegaron al límite de la fecha de vencimiento, se comenzó a dilatar la fecha previsible de la entrega y nunca le dieron la documentación anexa del contrato que solicitó. Además, cuando quiso licitar la camioneta por la urgencia de tener una movilidad propia, pretendieron cobrarle cargos que no estaban previstos en la contratación.

Tras haber pagado 8 cuotas y un anticipo del 30% del valor de la camioneta sin lograr destrabar la demorada entrega pactada, el hombre dio por rescindido el contrato y pidió a las empresas vendedoras que le devuelvan todo el el dinero con intereses y le reconozcan los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato.

Ante la negativa de Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados -que es la empresa administradora de los planes de ahorro- y de la concesionaria Iruña -donde el hombre suscribió el plan-, el cliente inició la demanda civil. La sentencia de primera instancia le dio la razón y condenó a las dos empresas por el incumplimiento del contrato, por haber negado al cliente la información adecuada y veraz que necesitaba y por no haberle brindado un trato digno.

El fallo original del Juzgado Civil N° 9 de Roca fue apelado y la Cámara de Apelaciones confirmó la condena por violación a los Derechos del Consumidor, aumentó la indemnización en algunos rubros y rechazó todos los planteos de las empresas.

Así, la Cámara confirmó que ambas empresas deben devolver al cliente las 8 cuotas y los $127.170 que había pagado, todo ajustado a valores actuales, y que a eso deben sumar $200.000 por daño moral y $450.000 por daño punitivo, con los intereses acumulados desde que se firmó el malogrado contrato, en 2015.

Sobre el daño punitivo, la Cámara destacó que “el accionar de las demandadas no ha quedado configurado sólo como incumplimientos contractuales sin consecuencias, sino que han generado daños en el actor de consideración”. “Hubo un incumplimiento legal y contractual, en violación los deberes de información veraz y clara, buena fe contractual, trato digno hacia el consumidor”, que tiene “gravedad suficiente para la aplicación de la multa”, dijo el Tribunal.

El fallo explicó que el daño punitivo, como multa civil, es “una herramienta de prevención del daño que se aplica como sanción a quien ha actuado con grave indiferencia hacia los derechos del consumidor. Solo procede, entonces, ante la intención o suficiente negligencia que, como tal, amerite sanciones con el fin de desanimar la ocurrencia futura de acciones similares”, procurando “beneficiar al mercado en general, erradicando o desalentando prácticas no deseadas”.

Sobre el daño moral, la Cámara rechazó el planteo de las empresas, que lo consideraban un “enriquecimiento sin causa” para el cliente. “La indemnización del daño moral importa un crecimiento del patrimonio de la víctima, y por ende, un enriquecimiento, pero aquí ‘con causa lícita’, ya que ante un detrimento que no tiene valor por sí mismo, el ordenamiento manda a pagar una suma de dinero a fin de otorgarle una satisfacción sustitutiva y compensatoria” de las “afecciones espirituales legítimas” que sufrió el cliente por el incumplimiento contractual y el destrato.

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Judiciales

Preso que perdió un ojo por balas de goma deberá ser resarcido

Fue herida por un agente penitenciario cuando se encontraba detenido en el Establecimiento Penal 3.

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Un fallo civil de Bariloche hizo lugar parcialmente a un pedido de indemnización que hizo una persona que fue herida por un agente penitenciario cuando se encontraba detenida en el Establecimiento Penal 3. El fallo consideró que deberá ser resarcido por los daños sufridos en el siniestro y la graves secuelas incapacitantes que le generó.

El hecho que motivó la presentación de la demanda ocurrió el 2 de mayo de 2016 en horas de la tarde en el pasillo externo del pabellón sector uno de la unidad penal. En la oportunidad y en el marco de una intervención autorizada por el jefe del establecimiento, a fin de morigerar una pelea entre algunos internos, un agente integrante del grupo de Intervención especial Penitenciaria y único «escopetero» utilizó el arma Stopping Power marca «Akkar», cargada con cartuchos calibre 12 UAB AT (anti tumulto) que le fuera suministrada por la fuerza.

En la demanda se manifestó que el agente disparó de frente, a quemarropa y a menos de diez metros de distancia contra el rostro de la persona que resultara victima. De esta manera, según la presentación, provocó severas lesiones al interno.

Una posta de goma impactó en el ojo izquierdo del interno, provocando el estallido del globo ocular, ocasionándole una debilidad permanente del sentido de la visión, comprometiendo además su aspecto. Dos balas más también afectaron su físico.

Por esta causa, en la que también resultaron lesionados otros internos, se abrió antes una causa penal donde se absolvió al agente por el beneficio de la duda, ya que no se pudo acreditar si la bala rebotó primero (como marca el procedimiento) o impactó directamente. Sin embargo, “si bien para responsabilizar al agente en forma personal se requiere que su actuación haya sido irregular, para responsabilizar al estado sólo basta que el agente haya actuado con motivo o en ejercicio de sus funciones», dice la sentencia.

El fallo civil de primera instancia estableció que la intervención del grupo especial al que pertenecía el agente involucrado se encontraba justificada por la situación generada en el pabellón entre los reclusos

En este fuero, “la única norma aplicable al caso sólo requiere que la actuación del agente se haya desarrollado con motivo o en ejercicio de sus funciones, con independencia de la regularidad o irregularidad del acto” se destacó.

La sentencia ha tenido en cuenta la indemnización por lesiones e incapacidad física. Se ha consignado que la pericia oftalmológica surge que la persona víctima sufrió lesiones gravísimas sobre el globo ocular y lesiones graves en la región de los párpados.

El fallo reconoció todos los gastos médicos que tuvo que afrontar la víctima y su familiares y el daño moral ocasionados por las severas lesiones sufridas.

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Hasta conocer su sentencia, Báez seguirá detenido pero en su domicilio

Hubo un acuerdo para que el dirigente de la ODEL acceda a la prisión domiciliaria hasta que quede firme la condena por abuso sexual simple.

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En virtud de un acuerdo presentado por la Fiscalía, la parte querellante y la defensa, un Tribunal de Juicio de Roca admitió la prisión preventiva domiciliaria para el dirigente social de Roca recientemente declarado responsable del delito de abuso sexual simple contra una mujer mayor de edad. En principio, la medida estará vigente hasta que quede firme la condena. El 14 de diciembre próximo se realizará el juicio de cesura y se definirá el monto de la pena de prisión que deberá cumplir el imputado.

Ante el acuerdo expreso de todas las partes, incluida la víctima, el sistema penal acusatorio vigente en la provincia impone a los jueces y juezas admitir la voluntad consensuada entre los litigantes, haciendo únicamente un control formal de legalidad. En este caso, el Tribunal ante el cual se realizó la audiencia dejó a salvo su opinión y destacó el carácter vinculante del acuerdo alcanzado entre las partes acusadoras y la defensa del imputado.

Cabe señalar que la prisión preventiva no fue revocada, puesto que el hombre no está en libertad. En la audiencia realizada esta mañana en Roca se definió que la prisión preventiva se siga cumpliendo en forma domiciliaria, con monitoreo mediante pulsera electrónica para detectar cualquier salida de la vivienda, más pautas de conducta. El fundamento de la defensa, que fue aceptado por las partes acusadoras, se basó en las necesidades del grupo familiar del imputado.

El abogado querellante y la víctima manifestaron su acuerdo, con la condición de que se le asegure a la mujer una seguridad policial en su casa y la prohibición de cualquier tipo de contacto o comunicación del hombre con ella y su familia. Tampoco podrá contactarla a través de terceras personas. “Cualquier violación de las condiciones impuestas deberá ser inmediatamente informada e implicará la revocación del beneficio”, destacaron los jueces Verónica Rodríguez, Alejandro Pellizzón y Gastón Martín.

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Indemnizarán a una trabajadora de un galpón de empaque tras lesión cervical

La Justicia corroboró que la enfermedad que presenta la víctima es consecuencia de la actividad laboral.

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Una trabajadora de un galpón de empaque de Chimpay deberá ser indemnizada, tras sufrir una enfermedad cervical incapacitante por el trabajo repetitivo y de muchas horas. El STJ rechazó un planteo de la ART y de la empresa en ese sentido, pero admitió que deben calcularse de otra forma los intereses.

En su demanda, la trabajadora afirmó no tenía antecedentes patológicos, ni traumáticos, e ingresó en perfecto estado salud con 22 años de edad a la empresa, primero como cosechadora y luego al galpón de empaque.

Según su relato, empezó a sentir dolores intensos en ambos miembros superiores, desde la articulación del hombro hasta la muñeca. Se le diagnosticó como tendinitis, recibiendo tratamiento sin mejoría.

Persistiendo en dicha dolencia durante los dos años siguientes, recibió prestación de parte de la ART. Consultó un médico traumatólogo, quien le prescribió una RMN, la que determinó la presencia de “discopatía cervical múltiple”.

En su demanda expresó que “el movimiento repetitivo de la columna cervical que realiza una persona que se desempeña como clasificadora en un galpón de empaque, y la cantidad de horas trabajadas en el día”, le permite afirmar que la enfermedad que presenta es consecuencia de la actividad laboral.

Sostuvo que ni el servicio médico de la empleadora, ni el Servicio de Higiene y Seguridad de la misma desplegaron jamás actividad y/o recomendaciones de ninguna naturaleza en torno a la protección de la salud.

La contraparte argumentó que “la enfermedad que padece la señora tiene su génesis en un trastorno degenerativo, crónico y preexistente al supuesto evento dañoso, conforme exámenes realizados por especialistas”.

En el expediente se intenta una conciliación, pero no da resultado. Se realiza una pericia, que arroja como resultado Secuelas compatibles con Enfermedad Profesional: Limitación funcional de columna cervical, hernia de disco intervertebral, entre otras consecuencias. También estudios psicológicos que dan cuenta de las secuelas.

Finalmente, el fallo de primera instancia condena tanto a la empresa exportadora de frutas abonar una reparación civil, y a la ART -por no brindar la información preventiva necesaria a la trabajadora- en concepto de reparación sistémica.

El STJ, tras hacer un repaso general de los agravios, hizo lugar a la presentación de la empresa y la ART en cuanto al cálculo de intereses, pero no hizo lugar a los otros planteos.

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