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El STJ hizo lugar a planteo del IPROSS para no pagar honorarios más altos que los regulados

No pueden ser superior al monto autorizado por la Junta de Administración de la obra social.

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El Superior Tribunal ratificó en un fallo la cobertura del 100% para afiliados del IPROSS con discapacidad, lo que incluye que no deben pagar ningún coseguro, pero hizo lugar a un planteo de la obra social en cuanto a no pagar más honorarios que los regulados por la Junta de Administración de la obra social estatal.

Un fallo de primera instancia había obligado a la obra social estatal a pagar lo facturado por un acompañante terapéutico para un niño con discapacidad física y retraso mental leve. Los honorarios superaban los expresados en el nomenclador y que IPROSS abona a otros prestadores. La Provincia apeló y argumentó que la cobertura está garantizada hace años, pero que la controversia “se encuentra limitada al precio que debe abonar por el acompañamiento terapéutico”.

Para la obra social, el fallo de primera instancia desconoció “las atribuciones del IPROSS en materia de autorización de prestaciones y somete al instituto a pagar la modalidad y monto de los reintegros en contravención a su propia normativa interna, lo que coloca a las autoridades al borde de una infracción administrativa”.

Según la obra social, hubo un pedido de excepción, pero no fue suficientemente fundada. Finalmente, señaló que esta afectación de fondos públicos, que favorece y privilegia el honorario que pretende cobrar un operador del sistema, viola el principio básico de la división de poderes, inmiscuyéndose en áreas y decisiones que no son de su competencia, y coloca a la obra social del estado en una situación de sometimiento respecto de las pretensiones económicas de los prestadores.

El fallo

El STJ recalcó que “en el caso no existe denegatoria alguna al pedido del amparista. Por el contrario, y a través de los informes del organismo, se da cuenta de la modalidad y alcance de cobertura que se le ha brindado a desde el año 2015, postulando el reconocimiento del 100% de las prestaciones, pero conforme a los valores que reglamentariamente están fijados por el IPROSS”.

Agrega que “resulta desacertada la manda a cubrir los honorarios por la tarea realizada de acuerdo al valor por aquella pretendido (conforme se desprende de los fundamentos de la sentencia), es decir más allá de los topes legales y según los presupuestos que libremente extienden los prestadores (en el caso cuidador domiciliario y/o acompañante terapéutico), sin meritar el sistema arancelario que anima todo el régimen”.

“Cabe reiterar que el principio de cobertura del 100% para afiliados discapacitados significa que los mismos no deben pagar ningún coseguro o porcentaje de las prestaciones. Es decir que la referencia al 100% no significa, en si misma, que los montos cotizados por el especialista para esas prestaciones, no puedan ser revisados en función de los determinados por el IPROSS y de acuerdo a normativa interna en materia arancelaria. En caso contrario, los prestadores podrían facturar sumas sin justificación y la obra social se vería compelida a restituir y/o pagar éstas”, dice en lo medular de la sentencia.

En este punto recordó que el conflicto “no está referido a la falta o no de la cobertura necesitada, sino a la cotización de los honorarios que realiza la acompañante terapéutica, la que resulta superior al monto autorizado por la Junta de Administración del IPROSS”.

De esta manera, tratándose de una cuestión patrimonial y no de cobertura, la vía el amparo no es adecuada, concluye el máximo Tribunal rionegrino: “la prestación se encuentra garantizada, por lo que no hay riesgo de salud, menos aún de vida; no puede alegarse, entonces, rechazo, negativa u omisión de cobertura por parte del IPROSS”.

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Judiciales

Preso que perdió un ojo por balas de goma deberá ser resarcido

Fue herida por un agente penitenciario cuando se encontraba detenido en el Establecimiento Penal 3.

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Un fallo civil de Bariloche hizo lugar parcialmente a un pedido de indemnización que hizo una persona que fue herida por un agente penitenciario cuando se encontraba detenida en el Establecimiento Penal 3. El fallo consideró que deberá ser resarcido por los daños sufridos en el siniestro y la graves secuelas incapacitantes que le generó.

El hecho que motivó la presentación de la demanda ocurrió el 2 de mayo de 2016 en horas de la tarde en el pasillo externo del pabellón sector uno de la unidad penal. En la oportunidad y en el marco de una intervención autorizada por el jefe del establecimiento, a fin de morigerar una pelea entre algunos internos, un agente integrante del grupo de Intervención especial Penitenciaria y único «escopetero» utilizó el arma Stopping Power marca «Akkar», cargada con cartuchos calibre 12 UAB AT (anti tumulto) que le fuera suministrada por la fuerza.

En la demanda se manifestó que el agente disparó de frente, a quemarropa y a menos de diez metros de distancia contra el rostro de la persona que resultara victima. De esta manera, según la presentación, provocó severas lesiones al interno.

Una posta de goma impactó en el ojo izquierdo del interno, provocando el estallido del globo ocular, ocasionándole una debilidad permanente del sentido de la visión, comprometiendo además su aspecto. Dos balas más también afectaron su físico.

Por esta causa, en la que también resultaron lesionados otros internos, se abrió antes una causa penal donde se absolvió al agente por el beneficio de la duda, ya que no se pudo acreditar si la bala rebotó primero (como marca el procedimiento) o impactó directamente. Sin embargo, “si bien para responsabilizar al agente en forma personal se requiere que su actuación haya sido irregular, para responsabilizar al estado sólo basta que el agente haya actuado con motivo o en ejercicio de sus funciones», dice la sentencia.

El fallo civil de primera instancia estableció que la intervención del grupo especial al que pertenecía el agente involucrado se encontraba justificada por la situación generada en el pabellón entre los reclusos

En este fuero, “la única norma aplicable al caso sólo requiere que la actuación del agente se haya desarrollado con motivo o en ejercicio de sus funciones, con independencia de la regularidad o irregularidad del acto” se destacó.

La sentencia ha tenido en cuenta la indemnización por lesiones e incapacidad física. Se ha consignado que la pericia oftalmológica surge que la persona víctima sufrió lesiones gravísimas sobre el globo ocular y lesiones graves en la región de los párpados.

El fallo reconoció todos los gastos médicos que tuvo que afrontar la víctima y su familiares y el daño moral ocasionados por las severas lesiones sufridas.

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Hasta conocer su sentencia, Báez seguirá detenido pero en su domicilio

Hubo un acuerdo para que el dirigente de la ODEL acceda a la prisión domiciliaria hasta que quede firme la condena por abuso sexual simple.

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En virtud de un acuerdo presentado por la Fiscalía, la parte querellante y la defensa, un Tribunal de Juicio de Roca admitió la prisión preventiva domiciliaria para el dirigente social de Roca recientemente declarado responsable del delito de abuso sexual simple contra una mujer mayor de edad. En principio, la medida estará vigente hasta que quede firme la condena. El 14 de diciembre próximo se realizará el juicio de cesura y se definirá el monto de la pena de prisión que deberá cumplir el imputado.

Ante el acuerdo expreso de todas las partes, incluida la víctima, el sistema penal acusatorio vigente en la provincia impone a los jueces y juezas admitir la voluntad consensuada entre los litigantes, haciendo únicamente un control formal de legalidad. En este caso, el Tribunal ante el cual se realizó la audiencia dejó a salvo su opinión y destacó el carácter vinculante del acuerdo alcanzado entre las partes acusadoras y la defensa del imputado.

Cabe señalar que la prisión preventiva no fue revocada, puesto que el hombre no está en libertad. En la audiencia realizada esta mañana en Roca se definió que la prisión preventiva se siga cumpliendo en forma domiciliaria, con monitoreo mediante pulsera electrónica para detectar cualquier salida de la vivienda, más pautas de conducta. El fundamento de la defensa, que fue aceptado por las partes acusadoras, se basó en las necesidades del grupo familiar del imputado.

El abogado querellante y la víctima manifestaron su acuerdo, con la condición de que se le asegure a la mujer una seguridad policial en su casa y la prohibición de cualquier tipo de contacto o comunicación del hombre con ella y su familia. Tampoco podrá contactarla a través de terceras personas. “Cualquier violación de las condiciones impuestas deberá ser inmediatamente informada e implicará la revocación del beneficio”, destacaron los jueces Verónica Rodríguez, Alejandro Pellizzón y Gastón Martín.

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Indemnizarán a una trabajadora de un galpón de empaque tras lesión cervical

La Justicia corroboró que la enfermedad que presenta la víctima es consecuencia de la actividad laboral.

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Una trabajadora de un galpón de empaque de Chimpay deberá ser indemnizada, tras sufrir una enfermedad cervical incapacitante por el trabajo repetitivo y de muchas horas. El STJ rechazó un planteo de la ART y de la empresa en ese sentido, pero admitió que deben calcularse de otra forma los intereses.

En su demanda, la trabajadora afirmó no tenía antecedentes patológicos, ni traumáticos, e ingresó en perfecto estado salud con 22 años de edad a la empresa, primero como cosechadora y luego al galpón de empaque.

Según su relato, empezó a sentir dolores intensos en ambos miembros superiores, desde la articulación del hombro hasta la muñeca. Se le diagnosticó como tendinitis, recibiendo tratamiento sin mejoría.

Persistiendo en dicha dolencia durante los dos años siguientes, recibió prestación de parte de la ART. Consultó un médico traumatólogo, quien le prescribió una RMN, la que determinó la presencia de “discopatía cervical múltiple”.

En su demanda expresó que “el movimiento repetitivo de la columna cervical que realiza una persona que se desempeña como clasificadora en un galpón de empaque, y la cantidad de horas trabajadas en el día”, le permite afirmar que la enfermedad que presenta es consecuencia de la actividad laboral.

Sostuvo que ni el servicio médico de la empleadora, ni el Servicio de Higiene y Seguridad de la misma desplegaron jamás actividad y/o recomendaciones de ninguna naturaleza en torno a la protección de la salud.

La contraparte argumentó que “la enfermedad que padece la señora tiene su génesis en un trastorno degenerativo, crónico y preexistente al supuesto evento dañoso, conforme exámenes realizados por especialistas”.

En el expediente se intenta una conciliación, pero no da resultado. Se realiza una pericia, que arroja como resultado Secuelas compatibles con Enfermedad Profesional: Limitación funcional de columna cervical, hernia de disco intervertebral, entre otras consecuencias. También estudios psicológicos que dan cuenta de las secuelas.

Finalmente, el fallo de primera instancia condena tanto a la empresa exportadora de frutas abonar una reparación civil, y a la ART -por no brindar la información preventiva necesaria a la trabajadora- en concepto de reparación sistémica.

El STJ, tras hacer un repaso general de los agravios, hizo lugar a la presentación de la empresa y la ART en cuanto al cálculo de intereses, pero no hizo lugar a los otros planteos.

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