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Judiciales

Debían una indemnización y el día del remate pagaron una parte: No pudieron evitarlo

El Superior Tribunal de Justicia ratificó la determinación que habían tomado desde la Cámara Laboral de Roca.

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Un hombre y una mujer fueron condenados a indemnizar a un trabajador por despedirlo sin justa causa. Como no cumplieron la sentencia de la Cámara Laboral Segunda de Roca, se ordenó la subasta pública de un inmueble que era propiedad del hombre para pagar aquella reparación.

El mismo día del remate, dos horas antes de que comience la subasta, la mujer deudora depositó en la cuenta judicial una parte de lo adeudado y pidió al Juzgado que se suspenda el remate. Con los minutos corriendo, el acreedor se opuso a la suspensión de la subasta y el Tribunal decidió avanzar en la venta pública del inmueble, que consistía en un terreno de más de 220 metros cuadrados, con un local comercial y mejoras, en una zona de creciente valor comercial en Roca. El remate terminó, se labraron todos los documentos que reconocían los derechos al comprador, se depositó el dinero de la venta y la subasta fue aprobada por el Juzgado.

En su pago parcial, previo al remate, habían depositado el capital adeudado y parte de los honorarios. Sin embargo, faltaban los intereses que se habían acumulado por la deuda inicial y que, específicamente, estaban calculados y establecidos en la sentencia.

Más adelante, la deudora reunió el dinero de los intereses y a primera hora del día siguiente al remate presentó en el Juzgado la constancia del segundo depósito, pidiendo que se deje sin efecto la subasta o que se declare su nulidad. Aseguró que al momento del remate el depósito ya estaba hecho, aunque presentó la constancia al día siguiente.

A partir de ese momento la discusión del expediente se centró en establecer cuánto y cómo debe pagar un deudor para poder suspender una subasta y para, en definitiva, librarse de la deuda.

La Cámara Laboral rechazó todos los recursos de la deudora y el caso llegó al Superior Tribunal de Justicia, que días atrás confirmó el criterio de los jueces laborales de Roca. “Si la obligación es de dar una suma de dinero con intereses, el pago sólo es íntegro si incluye el capital más los intereses”, recordó la sentencia citando textualmente el Código Civil y Comercial de la Nación.

Por su parte el STJ argumentó que el primer depósito no tenía entidad para suspender el remate “por insuficiente”, pues “no resultó un pago íntegro que pudiera generar su efecto extintivo del crédito y liberador del deudor”. En tanto que el segundo depósito, que sí alcanzaba para cubrir los intereses y las costas adeudados, “fue informado con posterioridad al remate”, por lo que “incumplió el requisito de puntualidad, fue extemporáneo y por lo tanto, inidóneo para generar los efectos extintivos y liberadores del pago”.

El STJ recordó que un pago, para tener todos sus efectos, debe tener cuatro requisitos: “identidad, integridad, puntualidad y localización”, es decir que debe ser idéntico al objeto de la deuda, debe ser total, debe cumplirse en término y debe pagarse en el lugar acordado; de lo contrario, no será apto para liberar al deudor.

En este caso, dijo el STJ, “se encuentra en juego especialmente el principio de integridad del pago”, pues “cuando se deben capital e intereses, debe pagarse todo”.

“La Cámara apreció correctamente que la totalidad de los fondos no estaban depositados antes del día y hora del remate, en tanto debieron ser acreditados ante el Tribunal previamente al momento establecido para llevar a cabo la subasta”, afirmaron los jueces del STJ.

Y “además de haberse afectado el principio de integridad”, con el depósito tardío “se afectó la oportunidad o puntualidad del pago, que es otro de los recaudos que deben cumplimentarse para que el pago tenga el efecto de extinguir el crédito y liberar al deudor”, concluyó.

Judiciales

Preso que perdió un ojo por balas de goma deberá ser resarcido

Fue herida por un agente penitenciario cuando se encontraba detenido en el Establecimiento Penal 3.

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Un fallo civil de Bariloche hizo lugar parcialmente a un pedido de indemnización que hizo una persona que fue herida por un agente penitenciario cuando se encontraba detenida en el Establecimiento Penal 3. El fallo consideró que deberá ser resarcido por los daños sufridos en el siniestro y la graves secuelas incapacitantes que le generó.

El hecho que motivó la presentación de la demanda ocurrió el 2 de mayo de 2016 en horas de la tarde en el pasillo externo del pabellón sector uno de la unidad penal. En la oportunidad y en el marco de una intervención autorizada por el jefe del establecimiento, a fin de morigerar una pelea entre algunos internos, un agente integrante del grupo de Intervención especial Penitenciaria y único «escopetero» utilizó el arma Stopping Power marca «Akkar», cargada con cartuchos calibre 12 UAB AT (anti tumulto) que le fuera suministrada por la fuerza.

En la demanda se manifestó que el agente disparó de frente, a quemarropa y a menos de diez metros de distancia contra el rostro de la persona que resultara victima. De esta manera, según la presentación, provocó severas lesiones al interno.

Una posta de goma impactó en el ojo izquierdo del interno, provocando el estallido del globo ocular, ocasionándole una debilidad permanente del sentido de la visión, comprometiendo además su aspecto. Dos balas más también afectaron su físico.

Por esta causa, en la que también resultaron lesionados otros internos, se abrió antes una causa penal donde se absolvió al agente por el beneficio de la duda, ya que no se pudo acreditar si la bala rebotó primero (como marca el procedimiento) o impactó directamente. Sin embargo, “si bien para responsabilizar al agente en forma personal se requiere que su actuación haya sido irregular, para responsabilizar al estado sólo basta que el agente haya actuado con motivo o en ejercicio de sus funciones», dice la sentencia.

El fallo civil de primera instancia estableció que la intervención del grupo especial al que pertenecía el agente involucrado se encontraba justificada por la situación generada en el pabellón entre los reclusos

En este fuero, “la única norma aplicable al caso sólo requiere que la actuación del agente se haya desarrollado con motivo o en ejercicio de sus funciones, con independencia de la regularidad o irregularidad del acto” se destacó.

La sentencia ha tenido en cuenta la indemnización por lesiones e incapacidad física. Se ha consignado que la pericia oftalmológica surge que la persona víctima sufrió lesiones gravísimas sobre el globo ocular y lesiones graves en la región de los párpados.

El fallo reconoció todos los gastos médicos que tuvo que afrontar la víctima y su familiares y el daño moral ocasionados por las severas lesiones sufridas.

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Hasta conocer su sentencia, Báez seguirá detenido pero en su domicilio

Hubo un acuerdo para que el dirigente de la ODEL acceda a la prisión domiciliaria hasta que quede firme la condena por abuso sexual simple.

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En virtud de un acuerdo presentado por la Fiscalía, la parte querellante y la defensa, un Tribunal de Juicio de Roca admitió la prisión preventiva domiciliaria para el dirigente social de Roca recientemente declarado responsable del delito de abuso sexual simple contra una mujer mayor de edad. En principio, la medida estará vigente hasta que quede firme la condena. El 14 de diciembre próximo se realizará el juicio de cesura y se definirá el monto de la pena de prisión que deberá cumplir el imputado.

Ante el acuerdo expreso de todas las partes, incluida la víctima, el sistema penal acusatorio vigente en la provincia impone a los jueces y juezas admitir la voluntad consensuada entre los litigantes, haciendo únicamente un control formal de legalidad. En este caso, el Tribunal ante el cual se realizó la audiencia dejó a salvo su opinión y destacó el carácter vinculante del acuerdo alcanzado entre las partes acusadoras y la defensa del imputado.

Cabe señalar que la prisión preventiva no fue revocada, puesto que el hombre no está en libertad. En la audiencia realizada esta mañana en Roca se definió que la prisión preventiva se siga cumpliendo en forma domiciliaria, con monitoreo mediante pulsera electrónica para detectar cualquier salida de la vivienda, más pautas de conducta. El fundamento de la defensa, que fue aceptado por las partes acusadoras, se basó en las necesidades del grupo familiar del imputado.

El abogado querellante y la víctima manifestaron su acuerdo, con la condición de que se le asegure a la mujer una seguridad policial en su casa y la prohibición de cualquier tipo de contacto o comunicación del hombre con ella y su familia. Tampoco podrá contactarla a través de terceras personas. “Cualquier violación de las condiciones impuestas deberá ser inmediatamente informada e implicará la revocación del beneficio”, destacaron los jueces Verónica Rodríguez, Alejandro Pellizzón y Gastón Martín.

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Indemnizarán a una trabajadora de un galpón de empaque tras lesión cervical

La Justicia corroboró que la enfermedad que presenta la víctima es consecuencia de la actividad laboral.

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Una trabajadora de un galpón de empaque de Chimpay deberá ser indemnizada, tras sufrir una enfermedad cervical incapacitante por el trabajo repetitivo y de muchas horas. El STJ rechazó un planteo de la ART y de la empresa en ese sentido, pero admitió que deben calcularse de otra forma los intereses.

En su demanda, la trabajadora afirmó no tenía antecedentes patológicos, ni traumáticos, e ingresó en perfecto estado salud con 22 años de edad a la empresa, primero como cosechadora y luego al galpón de empaque.

Según su relato, empezó a sentir dolores intensos en ambos miembros superiores, desde la articulación del hombro hasta la muñeca. Se le diagnosticó como tendinitis, recibiendo tratamiento sin mejoría.

Persistiendo en dicha dolencia durante los dos años siguientes, recibió prestación de parte de la ART. Consultó un médico traumatólogo, quien le prescribió una RMN, la que determinó la presencia de “discopatía cervical múltiple”.

En su demanda expresó que “el movimiento repetitivo de la columna cervical que realiza una persona que se desempeña como clasificadora en un galpón de empaque, y la cantidad de horas trabajadas en el día”, le permite afirmar que la enfermedad que presenta es consecuencia de la actividad laboral.

Sostuvo que ni el servicio médico de la empleadora, ni el Servicio de Higiene y Seguridad de la misma desplegaron jamás actividad y/o recomendaciones de ninguna naturaleza en torno a la protección de la salud.

La contraparte argumentó que “la enfermedad que padece la señora tiene su génesis en un trastorno degenerativo, crónico y preexistente al supuesto evento dañoso, conforme exámenes realizados por especialistas”.

En el expediente se intenta una conciliación, pero no da resultado. Se realiza una pericia, que arroja como resultado Secuelas compatibles con Enfermedad Profesional: Limitación funcional de columna cervical, hernia de disco intervertebral, entre otras consecuencias. También estudios psicológicos que dan cuenta de las secuelas.

Finalmente, el fallo de primera instancia condena tanto a la empresa exportadora de frutas abonar una reparación civil, y a la ART -por no brindar la información preventiva necesaria a la trabajadora- en concepto de reparación sistémica.

El STJ, tras hacer un repaso general de los agravios, hizo lugar a la presentación de la empresa y la ART en cuanto al cálculo de intereses, pero no hizo lugar a los otros planteos.

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