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Más de 45 millones de pesos para peones rurales que fueron víctimas de vaciamiento de empresas

Se les asignaron indemnizaciones de entre 1 y 4 millones de pesos a cada uno en función de sus diferentes escalafones y circunstancias particulares.

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Un grupo de 14 trabajadores rurales deberá ser indemnizado con más de 45 millones de pesos luego de verificarse que perdieron sus empleos por el manejo fraudulento de un grupo de empresas que estaban todas vinculadas entre sí. Un fallo de la Cámara Laboral Segunda de Roca, que no se encuentra firme, concluyó que las sociedades formaron un “conjunto económico” que llevó adelante “conductas o acciones tendientes a burlar los derechos de los trabajadores”. Algunas de esas acciones fueron cambiarlos reiteradamente de empleador y traspasar bienes -chacras, galpones, etc.- de una sociedad a otra, generando el vaciamiento de la gran empresa original y dejando a los obreros en una empresa sin capital.

La historia de cada trabajador es prácticamente idéntica: comenzaron a mediados de los ’90 o comienzos de la década del 2000 en las chacras que su primer empleador poseía en Villa Regina, Ingeniero Huergo y General E. Godoy. En 2004 ese empleador, junto con su esposa, formaron una SRL y transfirieron allí a todos los empleados para continuar con las mismas tareas. Y en 2005, la misma pareja formó una Sociedad Anónima a la que transfirió más de una docena de chacras, empaque y frigorífico. En esa triangulación empresarial los obreros trabajaron sin inconvenientes durante un tiempo, hasta que en 2009 dejaron de pagarles los aportes. Luego, en 2016 fueron transferidos a una nueva Sociedad Anónima, recién creada y sin capital significativo, la que en 2017 comenzó a interrumpirles los pagos y finalmente dejó de darles tareas. Los trabajadores pidieron por carta documento a la nueva empresa que les aclare su situación laboral y que les asigne trabajo en alguna chacra, pero ante el silencio de la empleadora, a mediados de ese año todos se consideraron despedidos e iniciaron el reclamo judicial.

La demanda fue iniciada por un grupo mayor de trabajadores, pero algunos de ellos alcanzaron acuerdos de conciliación particulares y finalmente 14 obtuvieron la sentencia, que les asignó indemnizaciones de entre 1 y 4 millones de pesos a cada uno en función de sus diferentes escalafones y circunstancias particulares.

La condena a indemnizar fue dictada “en forma conjunta y solidaria” contra el dueño inicial de todas las chacras, su esposa, la SRL y la SA que juntos formaron, la SA que finalmente dejó sin empleo a los obreros, y el representante de esta última empresa, quien había contratado con las otras en carácter de “fiador principal pagador”.

Para la Cámara, las “maniobras fraudulentas” se verificaron en el “funcionamiento del conjunto económico en perjuicio de los trabajadores”, que incluyó la “transferencia de los contratos laborales” a “una empresa vacía de capital” que, por lo tanto, era incapaz “de afrontar los pasivos que podrían llegar a producirse con los trabajadores”. También se vio en la interrupción del pago de las cargas sociales a partir de 2009 y en “la confusión de patrimonios, de administración, de ganancias, gestiones y otros beneficios” entre todas las empresas que estaban relacionadas pero que en definitiva reportaban los beneficios a la misma pareja de empresarios que fundó el “conjunto económico”.

El art. 31 de la Ley de Contratos de Trabajo dice: “Siempre que una o más empresas, aunque estuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, solidariamente responsables, cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria”.

Agro

Centro Chacra Alimenta: ¿De qué se trata la Sala de Deshidratado de frutas y verduras que construirán en Roca

La jefa comunal roquense firmó junto al ministro Katopodis un convenio para la financiación de este nuevo espacio.

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La intendenta de Roca, María Emilia Soria, firmó junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, un convenio para la financiación de una Sala de Deshidratado de frutas y verduras, en el marco del Programa de Infraestructura para Entramados Productivos Regionales.

Se trata del proyecto Centro Chacra Alimenta, ubicado en una superficie productiva municipal, denominada La Chacra Alimenta, donde interactúan actores productivos y organizaciones sociales vinculadas a comedores de la ciudad.

Teniendo en cuenta la existencia de gran proporción de superficie en blanco bajo riego y la necesidad de aumentar el autoabastecimiento local, la Secretaría de Producción del Municipio presentó este proyecto para la construcción de una Sala de Deshidratado de frutas y verduras con la finalidad de dar respuesta a una de las limitantes productivas que se presenta en las producciones hortícolas y frutícolas de pequeños productores, dado que Roca no cuenta con este tipo de espacios. En su implementación se trabajará en conjunto con pequeños productores hortícolas de la localidad para mejorar la calidad productiva a partir de intervenciones en el agregado de valor, descentralizar los momentos de venta y mejorar los canales de comercialización.

Haciendo referencia a distintos proyectos productivos del mismo tipo que se financian en todo el país por una inversión de $654 millones, Katopodis destacó que este tipo de infraestructura permite «potenciar entramados productivos en distintas regiones con obra pública, multiplicando oportunidades y generando empleo. Son proyectos productivos que fortalecen el desarrollo en estas comunidades, para poder construir en todo el territorio una gran red de experiencias sobre la economía social y solidaria».

Por su parte, la intendenta Soria agradeció «el acompañamiento del gobierno nacional para fortalecer el entramado productivo local y concretar oportunidades de generación empleo digno para las trabajadoras y trabajadores autogestivos de Roca».

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Agro

El Senasa rechazó el ingreso de fruta infestada al Área Libre de Mosca de los Frutos

La mercadería fue detectada en los puestos de la barrera sanitaria del organismo en La Adela y 25 de Mayo.

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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) rechazó el ingreso al Área Libre de Mosca de los Frutos de 11 cargas comerciales de frutas y hortalizas que transportaban pomelos en los que se detectó presencia de larvas de dicha plaga. Estas acciones forman parte de las tareas que lleva a cabo el sistema cuarentenario para mantener el estatus sanitario de la región.

En un primer momento se decomisaron, en el Puesto de La Adela, provincia de La Pampa, 528 kilogramos de pomelos originarios del Noroeste Argentino que eran transportados para su comercialización final en Tierra del Fuego. Los mismos fueron detectados durante la inspección de rutina que se realiza en la barrera sanitaria. Allí se tomaron muestras que fueron enviadas al laboratorio para su correspondiente análisis y confirmación.

De inmediato se indagó para conocer el origen de la mercadería y determinar si otras partidas del mismo lote estaban siendo enviadas a la zona. Esto permitió el rechazo de otras 11 cargas que fueron retornadas a origen, en las que se encontraban 1.648 kilogramos de pomelos.

A su vez, se dio aviso a otras dependencias del organismo para efectuar las alertas correspondientes que permitieron reforzar de inmediato las tareas de control preventivas en centros de distribución dentro del área protegida. De este modo se logró, mediante un trabajo institucional articulado entre distintas áreas del Senasa, dar una rápida respuesta preventiva. Es importante destacar que la región cuenta con el reconocimiento internacional de Área Libre de Mosca de los Frutos, y que dicha condición fitosanitaria es protegida por el trabajo permanente de las instituciones y organizaciones del sector.

Con este tipo de acciones, el Senasa resguarda el trabajo de quienes producen y salvaguarda la sanidad de la fruta producida en la región patagónica.

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La Justicia ordenó la inmediata captura de los dueños de conocida frutícola roquense

Fueron declarados en rebeldía porque no pueden ser notificados por el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social.

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La Justicia Federal ordenó la inmediata captura de cinco empresarios luego de declararlos en rebeldía. Se trata de Manuel Muñoz, Hugo Muñoz, Fernando Muñoz, Elvira Muñoz y Eladio Muñoz, integrantes de la familia propietaria de la firma frutícola San Formerio.

La resolución fue firmada por el Juez Federal de Roca Hugo Greca. Esto se encuadra en la denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por haber incurrido en el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social. En la ocasión, se señaló que la sociedad denunciada ha mantenido en su poder los montos retenidos en concepto de Aportes SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y Aportes de Obra Social, poco más de 9 millones y medio de pesos.

Por esta denuncia es que se ordenó la citación a indagatoria de los empresarios, encomendado la notificación a la División Unidad Operativa Federal, algo que no se pudo concretar ya que nunca fueron encontrados en ningún domicilio, tampoco en la sede de la empresa.

Las tareas desplegadas por la División Unidad Operativa Federal de la sede arrojaron una y otra vez resultados negativos. La justicia explica en la resolución que «se presume que se encontraban en el interior, sin embargo evadirían el llamado policial» y que en la empresa la «seguridad privada no permitió el ingreso de los efectivos policiales».

En este sentido se ordenó «su inmediata captura a los fines de recibírseles declaración indagatoria», indica el escrito firmado por Greca.

Por apropiación indebida de recursos de la seguridad social, la ley establece que «será reprimido con prisión de 2 a 6 años el empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes con destino al sistema de la seguridad social, siempre que el monto no ingresado superase la suma de $100.000, por cada mes».

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