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Opinión

La educación no es prioridad en la agenda del gobierno

Nota de opinión por Nicolás Suárez Colman, Abogado, especialista en Derecho Administrativo.

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El brutal recorte presupuestario a la educación para el 2022 alcanza los $34.000 millones de pesos, algo más que un 6.2% y ello sin tomar en cuenta que la inflación proyectada es del 52% para el año próximo. Es el mayor recorte educativo de la historia argentina. El gobierno con esta acción acaba de confirmarle a los argentinos algo que ya todos sabíamos, la educación no es prioritaria en la agenda de gobierno.

La situación de la educación argentina sigue siendo crítica, no sólo las pruebas PISA daban cuenta del bajo nivel educativo, básicamente los contenidos de los papeles no tienen correlato con lo que se aprende en el aula. Estos resultados por demás preocupante se ven agravados por dos factores importantes: El cierre masivo de escuelas durante toda la pandemia y el alto nivel de deserción escolar, casi un millón de chicos dejaron la escuela en el último año y medio.

Los exámenes PISA y Aprender indicaron que antes de la Pandemia el 72% de los alumnos terminaba el secundario sin los conocimientos mínimos de lectura y matemáticas. Básicamente en el sistema educativo argentino solo 3 de cada 10 alumnos pueden comprender textos y resolver problemas matemáticos básicos.

¿Es sólo un problema de inversión? Por supuesto que no, es un problema de dirección del gasto, ya lo expliqué en otros análisis sobre el costo de la educación universitaria. El gasto público por alumno en la argentina debería estar arrojando muchos mejores resultados.

Entonces ¿por qué tenemos tan malos resultados? Básicamente porque los sistemas educativos siguen iguales al 1900, donde rige el modelo aristotélico donde hay un docente que imparte el conocimiento a alumnos que no les interesa escucharlo porque esa información ya está en sus dispositivos electrónicos. En este contexto de sobreabundancia de información en Argentina la incorporación de tecnologías y métodos de enseñanza modernos son de los más bajos del mundo.

Especialistas en políticas educativas recomiendan fortalecer la educación emocional para que los alumnos puedan adaptarse mejor a un mundo que evoluciona tan velozmente que el 85% de los trabajos que van a existir en el 2030 todavía no fueron creados.

Un modelo educativo fuerte no sólo requiere buena inversión estatal y modernización a las eras digitales y de internet, sino que además requiere inteligencia en uso de esos presupuestos y mayores controles sobre la actividad docente. Evaluar periódicamente a quien están frente a las aulas es también fundamental para garantizar el resultado del proceso educativo. El control además en una república es fundamental, porque al fin y al cabo el dinero que se invierte no viene de los políticos, sino de los propios contribuyentes que son los que hacen el esfuerzo.

Nicolás Suárez Colman
Abogado, especialista en Derecho Administrativo (UNLP-UNCO)

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Opinión

Ley 26160, el Radicalismo y el voto por aclamación en los derechos indígenas

Nota de opinión por Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

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Luego de finalizada la dictadura militar, y desde 1983 en adelante, la lucha de los pueblos indígenas en nuestro país fue dando paso a la confección de un marco normativo, alentados también por los diversos y contundentes pronunciamientos internacionales que avanzaban hacia el reconocimiento de derechos humanos para esos pueblos y comunidades.

La sanción de la ley 23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes (1985), durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, fue un paso trascendental en este camino. Esta normativa declara “de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra…”. Sin dudas, una decisión política preclara y un aspecto distintivo de un gobierno que hizo de la ampliación de derechos su bandera.

Dos años antes de la Reforma Constitucional, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- fue aprobado por la Ley Nº 24.071 en 1992, incorporando al Derecho Interno una normativa de avanzada que -entre otros derechos- reconoce el de la CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA hacia las comunidades indígenas cuando haya normativas o emprendimientos productivos que afecten sus derechos.

Ya en 1994, con la Reforma Constitucional, el Estado reconoció “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, el derecho a la educación bilingüe e intercultural, la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, regulando la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, asegurando la participación en la gestión referida a sus recursos naturales”.

Vale la pena recordar muchos de los discursos pronunciados durante la Convención Constituyente celebrada en Santa Fe aquella noche del 11 de octubre de 1994, bajo el orden día N°10, cuando más de trescientas hermanas y hermanos de distintos pueblos indígenas, viajaron desde todos los puntos del país con la esperanza del volver a sus territorios con el reconocimiento constitucional de sus derechos bajo el brazo. Para ello habían trabajado mucho desde hacía mucho tiempo. Es que estos derechos también fueron concebidos por la lucha de sus ancestros y ancestras. Volver a su tierra con ellos, significaba que el sacrificio y los años de lucha no habían sido en vano. Significaba también tener la certeza de que el Estado y sus representantes no les daban la espalda, como sucedió durante las matanzas en la mal llamada Campaña al Desierto de finales de siglo XIX, o la masacre producida en Napalpí (Chaco) en 1924 o en Rincón Bomba en 1947, en territorio de lo que hoy es la provincia de Formosa.

Fue Carlos “Chacho” Álvarez quien esa noche en Santa Fe pidió que se concrete por fin la votación: -“Sr. Presidente: Nosotros creemos que ha sido un hecho muy importante, que todos los bloques nos hayamos puesto de acuerdo en un tema tan trascendente y que tiene que ver con la reivindicación de derechos muy postergados en nuestro país. Por eso, porque producimos un hecho político fuerte, importante, se retiraron los despachos de minoría, hay una voluntad política muy fuerte de esta Convención, votemos este despacho, leamos el despacho único y votemos por aclamación, por unanimidad, que es lo que quieren estas poblaciones postergadas argentinas”.

En ese momento, el Presidente de la Convención constituyente, el Dr. Eduardo Menem, llamó a votación a todos los bloques ante la expectativa de los hermanos y hermanas indígenas que seguían el debate desde los palcos que ocuparon tan unidos como esperanzados.

Así, uno por uno, los distintos bloques fueron apoyando la propuesta de que el Art. 75 inciso 17 de nuestra Constitución Nacional, sea votado por aclamación.

Al finalizar los discursos emocionados de cada legislador y legisladora, la presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías, la radical Elva Roulet, visiblemente sensibilizada, comenzó la lectura del texto consensuado entre legisladores y los pueblos indígenas. Entre los centenares de hermanos y hermanas de todos los pueblos indígenas, se destacaba la presencia del recordado abogado Kolla, defensor de los Derechos Indígenas, el Dr. Eulogio Frites.

Decía finalmente Elva Roulet: “Sr. Presidente, Sres. Convencionales: considero un honor poder trasmitir este consenso, esta unanimidad en la aprobación de este texto que trabajé con tanto amor. Se trata de la modificación del art. 67 – inciso 15”, y continuó leyendo uno a uno los derechos consagrados de allí en más en nuestra Carta Magna.

Han pasado muchos años desde aquel momento histórico. Y si bien celebramos los pasos adelante que se fueron dando, ciertamente muchas cuestiones han quedado en el plano del deseo, muy distantes del día a día que viven las comunidades indígenas. La famosa frase del Dr. Alfonsín “tenemos la libertad, nos falta la igualdad”, debe hacernos reflexionar a todos acerca de las limitaciones que hemos tenido para avanzar en este plano. Pero también, es la gran oportunidad que tenemos para modificar la realidad.

En la víspera del tratamiento de la media sanción de la nueva prórroga de la ley 26160 en la Cámara de Diputados de la Nación, pedimos que esta vez la historia se repita y quizás podamos ser testigos de un nuevo voto “por aclamación y unanimidad de todos los bloques legislativos”.

Los abrazos y lágrimas entre hermanos y hermanas indígenas con sus representantes, de todos y cada uno de los partidos políticos, consagraron esa noche fría de 1994 en Santa Fe, la clara presencia del Estado consciente de la necesaria reparación histórica por tanto despojo, por tanta muerte, por tantos siglos de vulneración de derechos.

Quizá esas lágrimas y esos abrazos puedan replicarse hoy, cuando todos los partidos políticos dejen sus diferencias de lado y los legisladores comprendan que somos un país intercultural, y protejan de desalojos violentos a las 1.760 comunidades indígenas a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina. Y en ese momento, quizás, asumamos juntos el compromiso de una gesta colectiva, el objetivo irrenunciable de saldar una deuda que ya cumple 27 años: sancionar la ley que otorgue títulos comunitarios a todas las comunidades aborígenes sobre sus territorios.

Dra. María Magdalena Odarda
Presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

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Opinión

La falta de apoyo del gobierno nacional es el símbolo del abandono

Nota de opinión por la Mesa local de Juntos Somos Río Negro, General Roca.

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Ante los violentos hechos ocurridos en la Comarca Andina, que afecta a nuestros comprovincianos de esa región, los dirigentes, militantes y simpatizantes de Juntos Somos Río Negro de General Roca, expresamos nuestro más enérgico repudio a todo tipo de ataque violento, amenazas y asedios perpetrados con intencionalidad y enmascarado con un reclamo que -lejos está de ser genuino-, mancillan el honor de los pueblos originarios con delitos propios de forajidos.

Asimismo, respaldamos de manera rotunda la posición adoptada institucionalmente por nuestros representantes gubernamentales a nivel municipal, como el intendente Bruno Pgliano, y acompañamos el accionar de nuestra gobernadora, Arabela Carreras, de nuestro senador, Alberto Weretilnck, del diputado nacional Luis Di Giacomo, y demás funcionarios comprometidos con las paz social en nuestra provincia.

Con la misma contundencia que nos caracteriza como partido a la hora de defender los intereses de los rionegrinos y rionegrinas, le hacemos saber al gobierno nacional que no nos sorprende el desaire y el destrato hacia nuestra provincia, ya lo vivimos en carne propia con el actual ministro de Justicia, y alguna vez con el actual ministro de Seguridad. Pero sabemos que en ésta no estamos solos, está el pueblo de Río Negro repudiando estos ataques.

Por ello, le recordamos que acá, estamos juntos y seguiremos juntos para protegernos del abandono, defendernos de la violencia, asegurar la Paz Interior, y revalorizar, desde la Patagonia, el verdadero federalismo.

Mesa local de Juntos Somos Río Negro, General Roca.

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Opinión

Ya conocemos que pasa cuando nos gobiernan los representantes del empresariado; no deben volver

Nota de opinión por Sandra Schieroni, secretaria general de UnTER.

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Como trabajadora me permito hacer algunas reflexiones con vistas a las próximas elecciones del 14 de noviembre.

Más allá de elegir candidatxs para la Cámara de Diputadxs y Senadorxs, lxs argentinxs definimos el modelo de país que queremos para nosotrxs y para nuestrxs hijxs. Un amplio sector de nuestra sociedad, aspira construir un país que nos contenga a todxs, que respete la diversidad, un país con políticas sociales, que proteja a lxs más vulneradxs, un país que genere propuestas para el desarrollo de nuestra industria nacional, que fortalezca las Pymes, un país con políticas públicas, que garantice el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad en igualdad de condiciones para todxs lxs argentinxs.

Como argentinxs hemos transitado distintas etapas en nuestra historia, muchas de ellas en las que hemos tenido que resistir ante políticas de ajuste y pérdida de derechos. Como clase trabajadora transitamos la reciente pandemia macrista que nos despojó de toda posibilidad concreta de crecer económica y socialmente. Construyeron un país que respondía a los intereses de quienes más tienen, definiendo políticas económicas que permitieron la destrucción de la industria nacional y las economías regionales, una política de endeudamiento y blanqueo de capitales para garantizar bajo una “legalidad trucha” la fuga de millones de dólares. Todo esto legitimado por los medios de comunicación, que también son de su propiedad.

La pandemia macrista eliminó miles de puestos de trabajo y elevó significativamente los niveles de pobreza. Atrás quedaron las promesas de “pobreza cero”, de mantener las políticas que daban resultado y mejorar lo que estaba mal. El compromiso de que lxs trabajadorxs no pagaríamos impuestos a las ganancias, generar puestos de trabajo, mejorar lo haberes jubilatorios. Nada de eso ocurrió.

La pandemia macrista significó un retroceso en derechos, un atentado permanente a los sindicatos que representan la lucha de los sectores populares. Ya ni siquiera lo disimulan, ni se sonrojan al realizar proyectos como el recientemente presentado ante la cámara de diputados para la eliminación de la doble indemnización.

Sienten un desprecio por lo público y lo popular, por esta razón eliminaron los Ministerios de Trabajo y de Salud, desfinanciaron la educación, la ciencia y la tecnología. Eliminaron por decreto la paritaria nacional docente, espacio de debate y discusión de políticas públicas de educación y políticas salariales.

Como argentina, como parte de la clase trabajadora, aspiro a construir un país con justicia social, con independencia económica, con soberanía política, con una justa distribución de la riqueza.

La participación democrática es fundamental, es la oportunidad que tiene la ciudadanía de optar por el modelo social que le permita acceder a una vida digna. Ya conocemos que pasa, cuando nos gobiernan los representantes del empresariado. No deben volver. No permitamos que nos roben nuestros sueños, no permitamos que nos roben nuestras esperanzas, no permitamos que nos roben nuestro futuro y el de nuestrxs hijxs y nietos.

Sandra Schieroni
Secretaria general de UnTER
DNI 14.872.882

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