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Opinión

Ley 26160, el Radicalismo y el voto por aclamación en los derechos indígenas

Nota de opinión por Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

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Luego de finalizada la dictadura militar, y desde 1983 en adelante, la lucha de los pueblos indígenas en nuestro país fue dando paso a la confección de un marco normativo, alentados también por los diversos y contundentes pronunciamientos internacionales que avanzaban hacia el reconocimiento de derechos humanos para esos pueblos y comunidades.

La sanción de la ley 23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes (1985), durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, fue un paso trascendental en este camino. Esta normativa declara “de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra…”. Sin dudas, una decisión política preclara y un aspecto distintivo de un gobierno que hizo de la ampliación de derechos su bandera.

Dos años antes de la Reforma Constitucional, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- fue aprobado por la Ley Nº 24.071 en 1992, incorporando al Derecho Interno una normativa de avanzada que -entre otros derechos- reconoce el de la CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA hacia las comunidades indígenas cuando haya normativas o emprendimientos productivos que afecten sus derechos.

Ya en 1994, con la Reforma Constitucional, el Estado reconoció “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, el derecho a la educación bilingüe e intercultural, la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, regulando la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, asegurando la participación en la gestión referida a sus recursos naturales”.

Vale la pena recordar muchos de los discursos pronunciados durante la Convención Constituyente celebrada en Santa Fe aquella noche del 11 de octubre de 1994, bajo el orden día N°10, cuando más de trescientas hermanas y hermanos de distintos pueblos indígenas, viajaron desde todos los puntos del país con la esperanza del volver a sus territorios con el reconocimiento constitucional de sus derechos bajo el brazo. Para ello habían trabajado mucho desde hacía mucho tiempo. Es que estos derechos también fueron concebidos por la lucha de sus ancestros y ancestras. Volver a su tierra con ellos, significaba que el sacrificio y los años de lucha no habían sido en vano. Significaba también tener la certeza de que el Estado y sus representantes no les daban la espalda, como sucedió durante las matanzas en la mal llamada Campaña al Desierto de finales de siglo XIX, o la masacre producida en Napalpí (Chaco) en 1924 o en Rincón Bomba en 1947, en territorio de lo que hoy es la provincia de Formosa.

Fue Carlos “Chacho” Álvarez quien esa noche en Santa Fe pidió que se concrete por fin la votación: -“Sr. Presidente: Nosotros creemos que ha sido un hecho muy importante, que todos los bloques nos hayamos puesto de acuerdo en un tema tan trascendente y que tiene que ver con la reivindicación de derechos muy postergados en nuestro país. Por eso, porque producimos un hecho político fuerte, importante, se retiraron los despachos de minoría, hay una voluntad política muy fuerte de esta Convención, votemos este despacho, leamos el despacho único y votemos por aclamación, por unanimidad, que es lo que quieren estas poblaciones postergadas argentinas”.

En ese momento, el Presidente de la Convención constituyente, el Dr. Eduardo Menem, llamó a votación a todos los bloques ante la expectativa de los hermanos y hermanas indígenas que seguían el debate desde los palcos que ocuparon tan unidos como esperanzados.

Así, uno por uno, los distintos bloques fueron apoyando la propuesta de que el Art. 75 inciso 17 de nuestra Constitución Nacional, sea votado por aclamación.

Al finalizar los discursos emocionados de cada legislador y legisladora, la presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías, la radical Elva Roulet, visiblemente sensibilizada, comenzó la lectura del texto consensuado entre legisladores y los pueblos indígenas. Entre los centenares de hermanos y hermanas de todos los pueblos indígenas, se destacaba la presencia del recordado abogado Kolla, defensor de los Derechos Indígenas, el Dr. Eulogio Frites.

Decía finalmente Elva Roulet: “Sr. Presidente, Sres. Convencionales: considero un honor poder trasmitir este consenso, esta unanimidad en la aprobación de este texto que trabajé con tanto amor. Se trata de la modificación del art. 67 – inciso 15”, y continuó leyendo uno a uno los derechos consagrados de allí en más en nuestra Carta Magna.

Han pasado muchos años desde aquel momento histórico. Y si bien celebramos los pasos adelante que se fueron dando, ciertamente muchas cuestiones han quedado en el plano del deseo, muy distantes del día a día que viven las comunidades indígenas. La famosa frase del Dr. Alfonsín “tenemos la libertad, nos falta la igualdad”, debe hacernos reflexionar a todos acerca de las limitaciones que hemos tenido para avanzar en este plano. Pero también, es la gran oportunidad que tenemos para modificar la realidad.

En la víspera del tratamiento de la media sanción de la nueva prórroga de la ley 26160 en la Cámara de Diputados de la Nación, pedimos que esta vez la historia se repita y quizás podamos ser testigos de un nuevo voto “por aclamación y unanimidad de todos los bloques legislativos”.

Los abrazos y lágrimas entre hermanos y hermanas indígenas con sus representantes, de todos y cada uno de los partidos políticos, consagraron esa noche fría de 1994 en Santa Fe, la clara presencia del Estado consciente de la necesaria reparación histórica por tanto despojo, por tanta muerte, por tantos siglos de vulneración de derechos.

Quizá esas lágrimas y esos abrazos puedan replicarse hoy, cuando todos los partidos políticos dejen sus diferencias de lado y los legisladores comprendan que somos un país intercultural, y protejan de desalojos violentos a las 1.760 comunidades indígenas a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina. Y en ese momento, quizás, asumamos juntos el compromiso de una gesta colectiva, el objetivo irrenunciable de saldar una deuda que ya cumple 27 años: sancionar la ley que otorgue títulos comunitarios a todas las comunidades aborígenes sobre sus territorios.

Dra. María Magdalena Odarda
Presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

Opinión

Que no se repita la historia del Censo 2010

Nota de opinión por Eduardo Luis Fernández.

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Realmente, es muy importante tener estadísticas confiables y reales. Son necesarias para llevar adelante políticas públicas a todo nivel, nacionales, provinciales y municipales. Importantes para que el sector privado planifique acciones empresariales.

La salud, la educación, la justicia, los presupuestos oficiales, las obras públicas, las viviendas, los recintos educativos, las inversiones privadas, la generación de puestos de trabajo, etc. todo lo que quiera agregar necesita de estadísticas fiables para tomar decisiones.

Tuvimos algunos períodos en los que fueron degradadas las estadísticas oficiales y esto, aunque muchos tratan de disimularlo u ocultarlo, generó muchos problemas. Uno de los más graves fue el descreimiento en las cifras de censos y estadísticas. En los últimos años, hay que ser y parecer, fueron reconstruyendo al principal organismo nacional que elabora estos datos fundamentales.

Los datos del Censo 2010 fueron mal elaborados, no es un secreto, y como un país necesita tener información básica fueron tomados como válidos, otros no había.

Con estos datos se distribuyeron durante doce años los presupuestos oficiales, las coparticipaciones de Nación a las provincias y de éstas a las distintas localidades. Y, asimismo, se deberían haber adjudicado viviendas, edificios y elementos para la salud y educación, rutas, etc. todo lo que se debe distribuir a nivel nacional o provincial.

Siendo autorreferencial, creo, sin duda, que el Censo 2010 fue muy mal realizado. En la cuadra donde se encuentra FM La Súper, Mitre al 1600 de General Roca, había trece viviendas habitadas, las conté personalmente y además consulté si habían sido censadas. La respuesta fue negativa, ninguna fue visitada por los censistas a pesar de que estuvimos un día y medio esperándolos. Más tarde, volví a consultar si había sucedido con ellos como con mi vivienda, si alguna persona había solucionado el error y la respuesta también fue negativa.

Ya con esta mala impresión comencé a preguntar y averiguar. Esto había sucedido en muchos casos más. En ocasiones, a los periodistas nos suelen contar cosas que jamás lo harían en público, por ello no tuve las pruebas necesarias. Lo que me dijeron y ya era también la impresión que ya tenía, los datos poblacionales habrían sido distorsionados para castigar a la ciudad de General Roca. ¿Cómo? Con menos habitantes habría menores envíos de partidas coparticipables y todo aquello que deba ser distribuido.

Esto es posible, cuando la política mete la cola en donde no debiera. En estos días, varios municipios del Gran Buenos Aires denunciaron que el Partido de la Matanza recibió decenas de miles de millones de pesos de más por datos poblacionales que habrían sido adulterados en su beneficio.

Recordemos que en esos momentos había una difícil relación entre el entonces intendente de General Roca, Carlos Soria, y el gobernador provincial, Miguel Saiz. Una relación demasiado conflictiva y que permite pensar que no sería imposible que los datos poblacionales del Censo 2010 habrían perjudicado a General Roca durante todos estos años. ¿Por qué no? Hubo discusiones sobre los datos de J.J. Gómez y Stefenelli que estaban separados y por pobladores de Paso Córdoba que no habían sido incluidos.

No voy a ocultar que este tema también lo hablé y consulté con el entonces intendente Carlos Soria, mi planteo lo sorprendió pero le pareció posible. No agregaré más sobre esta conversación pues está fallecido.

Los censos nacionales son organizados por Estadísticas y Censos a nivel nacional pero los realiza efectivamente la dependencia especializada de la Provincia de Río Negro. Así fue en el 2010 y es, ahora, en el 2022. Luego, envía la información recogida a Buenos Aires.

Haciendo un poco más de historia, en el 2001 el sindicato docente Unter manifestó “su rechazo al censo nacional porque desde lo político y técnico no refleja las necesidades del pueblo trabajador, no indaga sobre la realidad de las minorías oprimidas, esconde el trabajo de los menores, oculta la explotación del trabajo en negro y los contratos a término, desvía la mirada sobre la desarticulación de la producción, falsea la distribución de la renta nacional.” Los docentes eran la base del amplio número de censistas que necesitaba el operativo. Un porcentaje importante no participó del mismo.

Hace unos días, el jefe comunal de San Carlos de Bariloche, ingeniero Gustavo Gennuso, afirmó que las estimaciones municipales son de 145.000 habitantes, en el Censo 2010 tenía 112.887 ¿No se debería tomar como una marca, una cifra, que esa ciudad pone sobre los próximos datos del censo?

María Emilia Soria, actual intendente roquense, afirmó públicamente que realizan una proyección poblacional con un piso de 110.000 personas, estimando que el próximo censo registrará unos 130.000 habitantes.

Es evidente que algunos jefes comunales tienen en cuenta la importancia de las estadísticas y observo que miran críticamente los datos surgidos del Censo 2010. Es importante ver de qué modo se controla para que no se repita.

Me parece que sería conveniente que cada ciudadano que no es censado lo manifieste públicamente o lo denuncie a la autoridad municipal y ésta que ejerza el mayor control posible.

Yendo a la base del problema, el organismo de Estadísticas y Censos debería ser absolutamente independiente, con su propio presupuesto y ley que lo regule, con sus funcionarios seleccionados por concurso y sin que la política y sus intereses metan la cola. Su trabajo e informaciones son muy importantes para un país en serio.

Eduardo Luis Fernández
DNI 7.691.903

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Opinión

El conflicto se soluciona con respuestas concretas no con discursos falaces

Nota de opinión por Sandra Schieroni y Consejo Directivo Central de UnTER.

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El viceministro de Educación este domingo 3 de abril perdió todo tipo de rumbo; sale públicamente a hacer declaraciones no solo falaces sino amenazantes y mezquinas.

Son miserables y lamentables los dichos de Adrián Carrizo, que, alejados de toda veracidad, denotan mal intención e intentos fortuitos de poner a lxs trabajadorxs de la educación en contra de la sociedad.

Desde el sindicato, quienes seguimos formando parte, porque nunca nos cruzamos de vereda por intereses individuales; quienes, teniendo algunas diferencias metodológicas e ideológicas, seguimos apostando a lo colectivo; le requerimos, una vez más que en vez de ocupar su tiempo en opinar sobre situaciones y circunstancias que no le competen, haga su trabajo, que para eso el pueblo rionegrino le paga su salario. Este conflicto, es exclusiva responsabilidad de Carrizo, Jara Tracchia, Buteler, Stopiello y todxs lxs funcionarioxs, que no convocaron a la UnTER en los tiempos comprometidos, pretenden que lxs docentes a punto de jubilarse paguen una deuda que le cabe a la patronal, no actualiza el valor de la movilidad por lo que muchxs compañerxs ponen desde hace varios años ya, dinero de sus bolsillos para poder llegar a sus escuelas, no realiza las obras y mantenimiento de las escuelas, miles de veces denunciadas por el sindicato y las comunidades educativas, no garantiza el funcionamiento de los comedores ni el transporte escolar, y podríamos seguir enumerando todas las “responsabilidades” que incumplen estxs personajes vestidxs de funcionarixs.

No vamos a permitir que nos difamen y nos pongan, a lxs trabajadorxs, en el lugar de no empatizar con lxs estudiantes y las comunidades educativas, cuando todos y todas sabemos que fuimos y somos nosotrxs quienes hacemos que la educación funcione, que la rueda gire en las paupérrimas condiciones que nos toca trabajar a diario. Lo hemos demostrado en pandemia y lo seguimos haciendo.

No nos sorprende que nos amenacen con descuentos de días de paro; tampoco que intenten desprestigiar nuestra lucha. Sólo les decimos que no lograrán amedrentarnos. Somos un sindicato con 47 años de historia, que reclamamos condiciones dignas para enseñar y aprender; somos trabajadorxs de la educación, que ponemos nuestro cuerpo, nuestros recursos y nuestro tiempo extra cada vez que un/a estudiante lo necesita.

Este gobierno provincial es el único que tiene en sus manos resolver este conflicto, al que nos han empujado, dilatando los tiempos, improvisando, y mintiendo. Para que le quede claro a la sociedad quien es quien a la hora de emitir opiniones. Y sobre todo quien es el verdadero responsable de la situación en la que nos encontramos. Sean sensatos y resuelvan los problemas que les plantea el sindicato y no sigan agregando nuevos, lo único que hacen es evidenciar el estado permanente de tensión en que se encuentra este gobierno provincial.

La UnTER, siempre del lado de la defensa de los derechos de lxs trabajadorxs de la educación y la escuela pública. El gobierno, ¿de qué lado estará de acá en más?

Nota de opinión por Sandra Schieroni y Consejo Directivo Central de UnTER.

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Opinión

No es la propuesta, es el poder de la política

Nota de opinión por Adrián Carrizo, secretario de Educación de Río Negro.

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La interna que relega a los/as estudiantes, la interna que se vuelve externa al afectar a las familias en su organización. Cuando un inicio lectivo requería de la mayor responsabilidad de reconstruir el tejido social que nos dejó la pandemia, la mezquindad sectorial vuelve a ser mella con intereses parciales y sectoriales. No es la propuesta salarial la que se cuestiona, sino cómo se comprende que ante un 22% la declararon insuficiente y con un 24% superior es Rechazada.

Solicitaban que se iguale a la paritaria nacional: se superó en un 59,42% de diferencia.

Lo que nunca solicitaron es ser parte de la gran responsabilidad que implica buscar a nuestros estudiantes para que vuelvan a la escuela, generar nuevas ideas para afrontar las secuelas de estos dos últimos años.

La responsabilidad institucional que el propio sindicato debe asumir también es de cara a la sociedad, las familias y la comunidad educativa en general, en el marco del compromiso como sociedad en su conjunto, luego de dos años de pandemia, donde continuaron cobrando sus salarios, en un contexto donde las economías regionales se derrumbaron y las familias tuvieron que paliar la crisis sanitaria, económica y social. Sumado a ello, nuestros/as estudiantes -en algunos casos- tuvieron que sumarse a esas actividades del trabajo familiar para garantizarse la alimentación cotidiana.

Ese tejido social lesionado afectó a nuestros/as estudiantes, que merecen la continuidad y fortalecimiento de sus trayectorias, lo proponemos en las aulas, con un refrigerio y un plato de comida, con acompañamiento pedagógico y socio-comunitatio con la intención de coadyuvar las realidades familiares, que muchas veces es cruda.

No es un paro a las políticas de Gobierno, es un paro hacia ellos mismos con efectos en las escuelas.

Adrián Carrizo
Secretario de Educación de Río Negro.-

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