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Opinión

Agradecimiento al Sargento Raschella y al Cabo Quintero por salvarle la vida a mi papá

Por Constanza Fernández.

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Muchas veces escuchamos opinar de la policía, muchas veces mal y otras pocas bien; pero a mi y a mis hermanos nos enseñaron que la policía nos cuida y es lo que hoy con más convicción aún le transmito a mi hijo, y los hechos me demuestran que esto es así; ayer dos policías le salvaron la vida a mi papá, el Sargento Luis Eduardo Raschella y el Cabo Milton Quintero.

Que decirles? Cómo agradecerles? No encuentro aún las palabras suficientes para que ellos entiendan y sepan lo que esto significa para toda mi familia incluso para mi papá.
Ustedes le dieron la posibilidad de que siga vivo, de seguir disfrutando de su vida, de sus nietos, de sus amigos, de la familia! Y eso no tiene precio.

Pude hablar con uno de ellos y cuando le agradecí, me dijo, es mi trabajo, entiendo que si pero hicieron mas que su trabajo, se quedaron acompañándolo, tranquilizándolo, teniéndole la mano y estoy segura de que ese no era su trabajo, y eso habla de la calidad humana que hay atrás de un uniforme.

Gracias por haber pasado en ese momento por ahí, gracias por saber realizar maniobras de RCP y gracias por cuidarlo y contenerlo hasta que llegábamos nosotros.

Ojalá la vida les devuelva mucho más de lo ayer ustedes nos dieron! Gracias infinitas!

Constanza Fernández

Opinión

Discapacidad y educación: Una mirada reflexiva sobre un derecho conquistado

…Pero que a su vez no es del todo accesible para las personas con discapacidad.
Nota de opinión por Emilio Epulef, Periodista y estudiante de Comunicación Social.

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En 1884 bajo la Ley N° 1420, la Educación en nuestro país se declara universal y gratuita para todos los habitantes de nuestro país, ergo genero cambios y evolución social.

A fines de la década de los 80 y principios de los 90, se comenzó a trabajar la discapacidad, desde la arista de la educación, teniendo como lugar de origen países del continente Europeo, a medida que ha transcurrido el tiempo la misma se fue extendiendo al resto de los países y a estar presente en nuestra Nación. Las personas con discapacidad tienen acceso al ámbito educativo sin discriminación. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad sancionada en el año 2008 y en año 2014 mediante la ley 27,044 le otorga jerarquía constitucional, establece en su articulo 24 el derecho a la educación y afirma que los estados partes deben reconocer este derecho sin discriminación, con miras a hacerlo efectivo sobre la base e igualdad de oportunidades, además los estados deben asegurar un sistema de educación inclusiva a todos los niveles, así como la enseñanza lo largo de la vida.

Este sector social debe enfrentar Barreras en el sistema educativo y cabe mencionar a las siguientes: Las barreras arquitectónicas, comunicacionales, pero fundamentalmente actitudinales y culturales, también existen barreras académicas, esta última consiste en que las propuestas educativas no tengan en cuenta a todos, que no exista flexibilidad de las cátedras o materias, que existan prejuicios y que los docentes no estén capacitados para educar a personas con algún tipo de discapacidad. Existen también barreras psicosociales, las personales y familiares, esta última alude a la falta de apoyo a los estudiantes, a sus trayectorias educativas en las cuales primo el paternalismo y el asistencialismo. Estas barreras deben ser superadas con la finalidad de lograr una educación inclusiva.

La educación inclusiva es el respeto por la condición humana, por otro lado, es aquella que tiene en cuenta a todos los miembros de la comunidad educativa en sus propuestas pedagógicas y en la accesibilidad al entorno. No sólo propone soluciones variadas a las estudiantes con discapacidad sino también a todos aquellos que por alguna razón se encuentran excluidos o con algún riesgo de exclusión.

Si bien el sistema educativo más que nada el nivel primario se cuenta con equipos interdisciplinarios, no cuenta con los recursos necesarios y las condiciones laborales no son las adecuadas, por otro lado, en el sistema universitario no se cuenta con equipos de apoyos ni recursos económicos para financiar programas y planes de inclusión de personas con discapacidad y hacer del sistema educativo mas accesible.

La accesibilidad es hacer más alcanzable las propuestas de nuestro entorno, interponiendo alternativas para resolver situaciones y problemas de los más variados, además está muy presente en las propuestas formativas en el ámbito de la educación. La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en su articulo 9° explica que la accesibilidad es responsabilidad del estado y que adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso. Esta normativa en nuestro país tiene jerarquía constitucional y representación federal stricto sensu, sin embargo, el sistema educativo no es accesible ya que no ofrece una gama de respuestas a la diversidad.

Este sistema para que sea accesible, es decir que no haya barreras y sea un derecho para todos los habitantes de nuestro país, debe adoptar la siguientes medidas y recursos: debe haber personal con mirada inclusiva y de género, se deben aplicar políticas públicas en materia de discapacidad,  debe existir una articulación entre modalidades y niveles del sistema educativo,  debe haber corresponsabilidad e implicancia, también debe estar presente la sensibilización para acompañar el camino educativo de forma individual y grupal.

La educación ha evolucionado, pero no satisface las necesidades concretas de estas personas, además se deben superar barreras, diversas instancias y que los gobiernos trabajen e inviertan dinero en mejorar la calidad educativa para que las personas con discapacidad se integren y vivan en una sociedad sin barreras ni discriminación, ya que se trata de ampliar derechos para las personas con discapacidad y que estos no sean jibarizados.

Emilio Epulef
Periodista. Estudiante de Comunicación Social.

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Opinión

La educación no es prioridad en la agenda del gobierno

Nota de opinión por Nicolás Suárez Colman, Abogado, especialista en Derecho Administrativo.

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El brutal recorte presupuestario a la educación para el 2022 alcanza los $34.000 millones de pesos, algo más que un 6.2% y ello sin tomar en cuenta que la inflación proyectada es del 52% para el año próximo. Es el mayor recorte educativo de la historia argentina. El gobierno con esta acción acaba de confirmarle a los argentinos algo que ya todos sabíamos, la educación no es prioritaria en la agenda de gobierno.

La situación de la educación argentina sigue siendo crítica, no sólo las pruebas PISA daban cuenta del bajo nivel educativo, básicamente los contenidos de los papeles no tienen correlato con lo que se aprende en el aula. Estos resultados por demás preocupante se ven agravados por dos factores importantes: El cierre masivo de escuelas durante toda la pandemia y el alto nivel de deserción escolar, casi un millón de chicos dejaron la escuela en el último año y medio.

Los exámenes PISA y Aprender indicaron que antes de la Pandemia el 72% de los alumnos terminaba el secundario sin los conocimientos mínimos de lectura y matemáticas. Básicamente en el sistema educativo argentino solo 3 de cada 10 alumnos pueden comprender textos y resolver problemas matemáticos básicos.

¿Es sólo un problema de inversión? Por supuesto que no, es un problema de dirección del gasto, ya lo expliqué en otros análisis sobre el costo de la educación universitaria. El gasto público por alumno en la argentina debería estar arrojando muchos mejores resultados.

Entonces ¿por qué tenemos tan malos resultados? Básicamente porque los sistemas educativos siguen iguales al 1900, donde rige el modelo aristotélico donde hay un docente que imparte el conocimiento a alumnos que no les interesa escucharlo porque esa información ya está en sus dispositivos electrónicos. En este contexto de sobreabundancia de información en Argentina la incorporación de tecnologías y métodos de enseñanza modernos son de los más bajos del mundo.

Especialistas en políticas educativas recomiendan fortalecer la educación emocional para que los alumnos puedan adaptarse mejor a un mundo que evoluciona tan velozmente que el 85% de los trabajos que van a existir en el 2030 todavía no fueron creados.

Un modelo educativo fuerte no sólo requiere buena inversión estatal y modernización a las eras digitales y de internet, sino que además requiere inteligencia en uso de esos presupuestos y mayores controles sobre la actividad docente. Evaluar periódicamente a quien están frente a las aulas es también fundamental para garantizar el resultado del proceso educativo. El control además en una república es fundamental, porque al fin y al cabo el dinero que se invierte no viene de los políticos, sino de los propios contribuyentes que son los que hacen el esfuerzo.

Nicolás Suárez Colman
Abogado, especialista en Derecho Administrativo (UNLP-UNCO)

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Opinión

Ley 26160, el Radicalismo y el voto por aclamación en los derechos indígenas

Nota de opinión por Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

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Luego de finalizada la dictadura militar, y desde 1983 en adelante, la lucha de los pueblos indígenas en nuestro país fue dando paso a la confección de un marco normativo, alentados también por los diversos y contundentes pronunciamientos internacionales que avanzaban hacia el reconocimiento de derechos humanos para esos pueblos y comunidades.

La sanción de la ley 23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes (1985), durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, fue un paso trascendental en este camino. Esta normativa declara “de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra…”. Sin dudas, una decisión política preclara y un aspecto distintivo de un gobierno que hizo de la ampliación de derechos su bandera.

Dos años antes de la Reforma Constitucional, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- fue aprobado por la Ley Nº 24.071 en 1992, incorporando al Derecho Interno una normativa de avanzada que -entre otros derechos- reconoce el de la CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA hacia las comunidades indígenas cuando haya normativas o emprendimientos productivos que afecten sus derechos.

Ya en 1994, con la Reforma Constitucional, el Estado reconoció “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, el derecho a la educación bilingüe e intercultural, la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, regulando la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, asegurando la participación en la gestión referida a sus recursos naturales”.

Vale la pena recordar muchos de los discursos pronunciados durante la Convención Constituyente celebrada en Santa Fe aquella noche del 11 de octubre de 1994, bajo el orden día N°10, cuando más de trescientas hermanas y hermanos de distintos pueblos indígenas, viajaron desde todos los puntos del país con la esperanza del volver a sus territorios con el reconocimiento constitucional de sus derechos bajo el brazo. Para ello habían trabajado mucho desde hacía mucho tiempo. Es que estos derechos también fueron concebidos por la lucha de sus ancestros y ancestras. Volver a su tierra con ellos, significaba que el sacrificio y los años de lucha no habían sido en vano. Significaba también tener la certeza de que el Estado y sus representantes no les daban la espalda, como sucedió durante las matanzas en la mal llamada Campaña al Desierto de finales de siglo XIX, o la masacre producida en Napalpí (Chaco) en 1924 o en Rincón Bomba en 1947, en territorio de lo que hoy es la provincia de Formosa.

Fue Carlos “Chacho” Álvarez quien esa noche en Santa Fe pidió que se concrete por fin la votación: -“Sr. Presidente: Nosotros creemos que ha sido un hecho muy importante, que todos los bloques nos hayamos puesto de acuerdo en un tema tan trascendente y que tiene que ver con la reivindicación de derechos muy postergados en nuestro país. Por eso, porque producimos un hecho político fuerte, importante, se retiraron los despachos de minoría, hay una voluntad política muy fuerte de esta Convención, votemos este despacho, leamos el despacho único y votemos por aclamación, por unanimidad, que es lo que quieren estas poblaciones postergadas argentinas”.

En ese momento, el Presidente de la Convención constituyente, el Dr. Eduardo Menem, llamó a votación a todos los bloques ante la expectativa de los hermanos y hermanas indígenas que seguían el debate desde los palcos que ocuparon tan unidos como esperanzados.

Así, uno por uno, los distintos bloques fueron apoyando la propuesta de que el Art. 75 inciso 17 de nuestra Constitución Nacional, sea votado por aclamación.

Al finalizar los discursos emocionados de cada legislador y legisladora, la presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías, la radical Elva Roulet, visiblemente sensibilizada, comenzó la lectura del texto consensuado entre legisladores y los pueblos indígenas. Entre los centenares de hermanos y hermanas de todos los pueblos indígenas, se destacaba la presencia del recordado abogado Kolla, defensor de los Derechos Indígenas, el Dr. Eulogio Frites.

Decía finalmente Elva Roulet: “Sr. Presidente, Sres. Convencionales: considero un honor poder trasmitir este consenso, esta unanimidad en la aprobación de este texto que trabajé con tanto amor. Se trata de la modificación del art. 67 – inciso 15”, y continuó leyendo uno a uno los derechos consagrados de allí en más en nuestra Carta Magna.

Han pasado muchos años desde aquel momento histórico. Y si bien celebramos los pasos adelante que se fueron dando, ciertamente muchas cuestiones han quedado en el plano del deseo, muy distantes del día a día que viven las comunidades indígenas. La famosa frase del Dr. Alfonsín “tenemos la libertad, nos falta la igualdad”, debe hacernos reflexionar a todos acerca de las limitaciones que hemos tenido para avanzar en este plano. Pero también, es la gran oportunidad que tenemos para modificar la realidad.

En la víspera del tratamiento de la media sanción de la nueva prórroga de la ley 26160 en la Cámara de Diputados de la Nación, pedimos que esta vez la historia se repita y quizás podamos ser testigos de un nuevo voto “por aclamación y unanimidad de todos los bloques legislativos”.

Los abrazos y lágrimas entre hermanos y hermanas indígenas con sus representantes, de todos y cada uno de los partidos políticos, consagraron esa noche fría de 1994 en Santa Fe, la clara presencia del Estado consciente de la necesaria reparación histórica por tanto despojo, por tanta muerte, por tantos siglos de vulneración de derechos.

Quizá esas lágrimas y esos abrazos puedan replicarse hoy, cuando todos los partidos políticos dejen sus diferencias de lado y los legisladores comprendan que somos un país intercultural, y protejan de desalojos violentos a las 1.760 comunidades indígenas a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina. Y en ese momento, quizás, asumamos juntos el compromiso de una gesta colectiva, el objetivo irrenunciable de saldar una deuda que ya cumple 27 años: sancionar la ley que otorgue títulos comunitarios a todas las comunidades aborígenes sobre sus territorios.

Dra. María Magdalena Odarda
Presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

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