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Judiciales

Las cifras de los cinco juicios por jurados de 2021 en Río Negro

En Roca se desarrolló el proceso judicial por la muerte de una niña de 3 años en la cercanías de Los Menucos.

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Cinco juicios por jurados se hicieron en 2021 en Río Negro. De esta manera, la totalidad de las circunscripciones judiciales ya vivieron al menos una vez esta modalidad que significa la última etapa de la Reforma Procesal Penal de la provincia.

Los cinco juicios por jurados terminaron con veredictos de culpabilidad para 7 personas: 6 varones y una mujer. Tres fueron por muertes violentas y dos por abusos de niñas.

Los primeros cuatro juicios tuvieron veredictos unánimes de las 12 ciudadanas y ciudadanos que conformaron el jurado popular. En cambio, el último, la declaración de culpabilidad llegó con la mayoría especial mínima que requiere el Código: 10 de los 12 jurados. Además, fue la deliberación más extensa: duró más de 8 horas.

Tras los juicios de cesura, dos personas fueron condenados a prisión perpetua, una a 16 años, otra a 14, una a 11 y medio, una a 6 y la última a 3 años y 8 meses.

Antes de la pandemia, en Bariloche se había realizado el primer juicio por jurado. Una mujer fue absuelta por unanimidad de la acusación por homicidio.

Además, los juicios por las muertes violentas implicaron las primera transmisiones por youtube de debates penales que realizó el Poder Judicial de Río Negro. De esta manera, en pandemia, la ciudadanía tuvo mayor acceso a esta modalidad de participación popular.

Un dato relevante es la celeridad que tiene el nuevo sistema penal en Río Negro: en los tres casos de muertes violentas, los hechos habían ocurrido un año o menos antes del juicio. Este dato es compatible con las cifras de la Oficina Judicial: 120 días hábiles dura un proceso penal en promedio en Río Negro desde la formulación de cargos hasta la sentencia de primera instancia.

Los casos

En Cipolletti se llevó a cabo el primer juicio por jurados de el Alto Valle. Tras el debate, el jurado popular consideró por unanimidad que Ezequiel Rebolledo era culpable por el femicidio de Agustina, ocurrido en Catriel.

En Roca se desarrolló el juicio por jurados por la muerte de una niña de 3 años en la cercanías de Los Menucos. Doce ciudadanas y ciudadanos declararon culpable por el homicidio a la pareja de la mamá y por abandono de persona a la madre. Finalmente, fueron sentenciados a cadena perpetua y 6 años y medio de prisión respectivamente, tras las apelaciones al Tribunal de Impugnación.

En Viedma, tras la deliberación, el jurado popular emitió su veredicto por unanimidad por la muerte de una persona en las cercanías de Sierra Grande. Dos personas se hallaban acusadas. El padre, Víctor Massetta, fue declarado culpable de homicidio agravado por el uso de armas. El hijo, César, fue hallado responsable de lesiones leves dolosas, también agravadas por el uso de armas. Ambos, además, fueron encontrados culpables de abuso de armas. Luego recibieron penas de 11 años y medio y 3 años y 8 meses, respectivamente.

El cuarto juicio tuvo lugar en Bariloche, aunque ventiló hechos ocurridos en otra ciudad. Por unanimidad el jurado popular declaró culpable a un hombre por delitos de abuso sexual contra la una niña hija de su pareja. Fue condenado a 14 años.

El último juicio por jurados del año también se dio en Bariloche. Tras la deliberación más larga en la breve historia rionegrina, y en el único caso que se definió por mayoría (10 de los 12 votos) y no por unanimidad, se declaró culpable a un hombre por abuso sexual de una niña. Finalmente, fue condenado a 16 años de prisión.

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Derecho a la identidad: llevará el apellido de su padre, desaparecido en la dictadura

La madre estaba embarazada de cuatro meses cuando, en 1976, agentes del Ejército secuestraron a su pareja en el Alto Valle.

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Un hombre consiguió ser inscripto como hijo biológico de su padre, desaparecido durante la última dictadura. La madre estaba embarazada de cuatro meses cuando, en 1976, agentes del Ejército secuestraron a su pareja en el Alto Valle. Ella se exilió en Paraguay y formó familia con otra persona. El caso tuvo muchísimas dificultades por la falta de un ADN certero.

El fallo judicial ponderó el derecho a la identidad y buscó poner fin a la incertidumbre respecto a la filiación paterna del hombre que impulsó la demanda. La sentencia es del juzgado Civil 3 de Cipolletti.

En el expediente quedó reconstruida parte de la historia que se inició el 12 de junio de 1976. Ese día las fuerzas militares rodearon el domicilio de la familia y secuestraron al hombre, quien hasta la fecha sigue desaparecido. Su caso se presentó ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén en uno de los juicios de lesa humanidad.

Tiempo después, la mujer consiguió llegar a Buenos Aires y luego cruzó a Paraguay. Su bebé nació y fue inscripto únicamente con su apellido.

Cuando el hombre que interpuso la demanda tenía ocho años le planteó a la madre el hecho de que solo llevaba el apellido materno y no el de sus hermanos, que tenían otro padre. En ese momento, por cuestiones de seguridad y para evitar represalias, la mujer optó por inscribir al niño con el apellido del padre del resto de sus hijos.

El joven tenía 25 años el día que conoció su verdadera historia y decidió empezar a reconstruir sus vínculos. Por entonces encontró a un hermano de su padre desaparecido. Pero el ADN no fue concluyente para determinar su filiación.

El Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial recomendó un cotejo con los progenitores de su padre, previa exhumación de los cuerpos. Luego de efectuar averiguaciones supo que 2010 los cadáveres habían sido trasladados a un osario común. En esa instancia no contaba ni con el cuerpo de su padre, ni con el de su abuelo y abuela. La prueba de ADN practicada con el tío solo configuraba un indicio. No era concluyente.

La jueza, para resolver, consideró que “el accionante se encuentra en una situación ciertamente delicada, pues en lo que atañe a su identidad; se le ha suprimido el dato de su ascendiente en el documento respectivo”. Por ello tomó como pruebas el informe de la Conadi respecto al caso, el testimonio de la madre y del hombre que le dió el apellido (en ese aspecto hubo un juicio de impugnación de paternidad en Buenos Aires). También la corroboración de la historia que provino por parte de otra mujer que estaba casada legalmente con el desaparecido, el expediente del juicio de lesa humanidad que se hizo en Neuquén y las fotografías obrantes en el informe del Banco Nacional de Datos Genéticos, que demuestran similitud de algunos rasgos faciales entre el hombre y su presunto tío.

La jueza reconoció que la Ley N° 23.511 le otorgó a la prueba biológica (ADN) el carácter de ineludible, a la par de crearse el Banco Nacional de Datos Genéticos aunque admitió que insistir en la prueba del ADN en relación a los abuelos demostraría un excesivo rigorismo en desatención a otras mandas legislativas.

Ponderó además que en el caso se presentan otros elementos que permiten un abordaje integral de la prueba, sopesando también los bienes y principios comprometidos en el proceso. “Esta postura considero además que es la que mejor se compadece con la justicia como valor y fin, y se traduce en la labor propia y esencial del ejercicio de la función judicial”, escribió en la sentencia.

En función del análisis hizo lugar a la acción de filiación y ordenó al Registro Civil y Capacidad de las Personas que inscribiera al hombre como hijo biológico de su padre desaparecido.

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Trabajadores de la ex empresa 18 de Mayo reclaman el pago de la indemnización

Son 10 empleados que decidieron no sumarse a la Cooperativa y hoy mantienen un juicio con la firma que prestaba el servicio de transporte urbano en Roca.

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Tras el cierre definitivo de la empresa 18 de Mayo, quien históricamente prestó el servicio de transporte urbano de pasajeros en General Roca, la mayoría de la planta de trabajadores se unió y conformaron la Cooperativa 1° de Septiembre, justamente quien hoy está a cargo del recorrido de los colectivos en la ciudad. No obstante, 10 empleados decidieron no sumarme a la cooperativa e iniciar una demanda laboral en reclamo de la correspondiente indemnización laboral.

En este sentido, a más de dos años de la quiebra de 18 de Mayo, los 10 trabajadores aún no tienen novedades sobre una resolución judicial y piden que se aceleren los trámites. «Son más de 20 millones de pesos que nos deben al conjunto de empleados», indicó en diálogo con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3) Rodrigo Navarro, ex chofer.

«Somos 10 demandantes, entre choferes, mecánicos e inspectores. Decidimos no sumarnos a la cooperativa porque sabíamos que iba a demorar mucho tiempo y la incertidumbre de que iba a pasar en el medio nos llevó a tomar esta decisión», agregó.

Sostuvo Navarro que «la empresa empezó a andar mal incluso mucho antes del cierre en 2020. A veces no cobrábamos todo completo, íbamos cobrando de a poco».

Finalmente detalló que trabajó «desde el 2008 hasta el 2020. En los últimos años me tocó el recorrido con mayor demanda, el de Barrio Nuevo. Hoy tengo trabajo en otro tipo de transporte», concluyó.

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Rechazan demanda de desalojo hasta que el Estado articule una solución habitacional adecuada

Una mujer y sus cuatro hijos, dos de ellos con discapacidad, fueron denunciados por su propio abuelo para que dejen la propiedad en la que residen.

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Fallo por “solución habitacional” para , ante el intento de desalojo que impulsó su ex suegro

Una sentencia rechazó la demanda de desalojo de un hombre de Villa Regina, quien pretendía recuperar la posesión de la casa donde actualmente habitan su ex nuera y los cuatro hijos de la mujer, tres de los cuales son nietos del demandante y dos de los cuales presentan una grave discapacidad.

El fallo de la Cámara Civil de Apelaciones de Roca desarrolló ampliamente los derechos de la niñez, de las personas con discapacidad y la aplicación de la perspectiva de género como mandato de las normas internacionales de Derechos Humanos a los jueces y las juezas. El Tribunal decidió que la mujer y sus hijos podrán permanecer en la vivienda hasta tanto el Estado Provincial y Municipal articulen una solución habitacional adecuada para el grupo familiar o bien para el abuelo de los niños y su pareja, reconociendo que el hombre es propietario de la mitad de la casa. La otra mitad pertenece a su hijo, el padre de tres de los niños que se verían gravemente afectados por el desalojo.

“La protección de la vivienda en favor de los hijos menores de edad traslada el centro de gravedad de la limitada cuestión que hace al proceso de desalojo, a lo asistencial y al interés superior” de la niñez, “desplazando aún el puro interés patrimonial”, afirmó la Cámara.

El Tribunal sostuvo que el abuelo “no puede ignorar” que en la casa habitan un niño con discapacidad, “quien por ende goza de una doble protección convencional y constitucional preferente”, junto con un hermano y una hermana adolescentes -los tres hijos de su hijo-, más un hermano mayor, quien también tiene una discapacidad. Son todos “sujetos vulnerables de preferente tutela”, dijo la Cámara.

La sentencia dedicó especial atención al rol que asumió el padre de los tres niños en el proceso judicial y concluyó que la mujer está siendo blanco de violencia de género en el marco de un conflicto intrafamiliar. El hombre -pese a ser un testigo excluido- declaró que no tenía interés en el resultado del proceso y pretendió desconocer ser el dueño de la mitad de la casa en la que viven sus hijos.

“Un progenitor que presuntamente aporta para tres hijos menores como prestación alimentaria el 10% de sus posibles ingresos, ponderando que entre los tres existe uno de ellos con una grave discapacidad, que no ejerce el cuidado personal de aquellos en forma compartida con la madre, que no aporta a ningún otro gasto ordinario ni extraordinario y mucho menos los cuantiosos gastos de salud de su hijo, declara en forma despreocupada que no le incumbe ni lo afecta que se pudiera ordenar aquí el desalojo de ellos de la vivienda que habitan, luego de reconocer que no puede aportarles” tampoco una solución habitacional. “Su mendacidad y la intención de perjudicar a su expareja y madre de sus hijos, desentendiéndose de su suerte, es evidente”, dijo la Cámara.

Para los jueces, la violencia “es manifiesta” porque el hombre además negó que existiera una verdadera necesidad habitacional del grupo familiar, afirmando que la abuela materna de sus hijos posee un departamento donde ellos y la madre podrían vivir, omitiendo considerar que se trata de “un segundo piso en un monoblock, sin ascensor ni rampa para discapacitados”.

El fallo de la Cámara reconoció, igualmente, el derecho de co-propiedad del abuelo sobre la casa y destacó que se trata de un adulto mayor, por lo que tomó una decisión que “intenta armonizar los diversos intereses”.

En ese marco, el Tribunal resolvió rechazar la demanda de desalojo y “exhortar o solicitar a las autoridades administrativas en sus diversos estamentos (Provincial y Municipal) a aportar en el caso, con carácter de urgente -en atención a la minoridad y el estado de salud de los hijos de la accionada y nietos del actor- una solución habitacional sea para el grupo familiar de ella y sus cuatro hijos o bien para el actor y su pareja”.

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