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Ciclista chocó contra un camión mal estacionado en la Ruta 22: Ahora deberán indemnizarlo

El fallo estipula que como la víctima sufrió gravísimas secuelas, debe recibir una indemnización de más de 10 millones de pesos más intereses y un total de 2.250 dólares.

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Un ciclista que chocó contra un camión mal estacionado a la vera de la Ruta Nacional N° 22 y sufrió gravísimas secuelas deberá ser indemnizado por el chofer del rodado, el dueño del camión, el dueño del acoplado, la empresa transportista para la que operaban y la compañía de seguros que los cubría. Un fallo de la Cámara Civil de Roca los condenó por el 90% de la responsabilidad en el siniestro y asignó un 10% de responsabilidad a la propia víctima, a quien le corresponderá una indemnización de más de 10 millones de pesos más los intereses acumulados desde que ocurrió el choque. Además, deberán reponerle el valor de su bicicleta de competición, que quedó destruida, el cual asciende a 2.250 dólares más intereses.

El choque ocurrió después del mediodía, en julio de 2014, sobre la banquina norte de la Ruta 22, a la altura del ingreso al barrio Otto Krausse de Chichinales. Después de atravesar el proceso penal, el hombre inició el reclamo judicial por la vía civil, en el que tuvo una primera sentencia desfavorable. Ahora, en la instancia de apelación, la Cámara de Roca reconoció la responsabilidad principal de los demandados y los condenó a indemnizar integralmente al afectado.

La Policía que asistió al lugar del siniestro encontró al camión en marcha, con las luces apagadas y sin balizas, estacionado en un lugar donde, según la cartelería, estaba expresamente prohibido hacerlo. Era el ingreso al barrio y el camión estaba “interponiéndose en la circulación del mentado ingreso”. Atrás del camión encontraron “una bicicleta, la que estaba partida en tres partes”. Y a un lado estaba el ciclista de 43 años, quien necesitó asistencia inmediata por las gravísimas lesiones.

En su defensa, el camionero y los transportistas alegaron que el camión estaba allí por un desperfecto en el motor. Pero los testimonios y pericias revelaron que no había fallas mecánicas. “¿Cómo es esto que el motor se paró y se lo encuentra en marcha? Y si estaba en marcha, ¿por qué no se lo ubicó en otro lugar? La versión de la parte demandada no es creíble”, concluyó la Cámara en su fallo. Además otros testimonios señalaron que el camionero se habría detenido en el lugar porque era oriundo de Chichinales y porque un familiar le había llevado alimentos para que continuara luego su viaje hacia Neuquén.

“El accidente se produce por la pésima ubicación del camión obstaculizando el tránsito y sin la adopción de medidas de aviso. Al respecto, si por caso sostuviéramos que se detuvo porque el motor se paró de imprevisto, debió mantener luces prendidas y balizas”, enfatizó la Cámara.

En tanto que el 10 % atribuido al propio ciclista se basó en que “le era exigible un mayor grado de precaución”. Si “hubiere mirado más seguido hacia adelante, cuanto menos podría haber disminuido la magnitud del impacto. Si bien es propio de ciclismo el modo de conducción, mirando esencialmente hacia abajo”, consideró el Tribunal.

La indemnización incluyó la incapacidad física irreversible del 76% que sufrió el hombre, que lo obligó a jubilarse por invalidez; el tratamiento psicológico; los gastos de movilidad que él y su pareja debieron afrontar para los prolongados tratamientos en Roca, Neuquén y Buenos Aires; el valor de la bicicleta, los gastos médicos, el lucro cesante por los ingresos extra que generaba el hombre fuera de sus dos empleos formales y el daño moral.

En este último rubro, la Cámara fijó uno de los mayores montos de su jurisprudencia. “El impacto de las lesiones en su proyecto de vida, privándole en la plenitud de su vida de continuar su intensa labor profesional, deportiva, de esparcimiento y familiar, lo coloca en un caso similar al de las mayores indemnizaciones que hemos reconocido”, dijo el Tribunal al definir un resarcimiento de 9 millones de pesos -más intereses- exclusivamente por ese rubro.

En este punto, destacó que el hombre logró volver a ponerse de pie con enorme sacrificio varios años después del accidente, que necesita ayuda para las tareas más básicas como comer y asearse, por la grave reducción de la capacidad motora desde el cuello hasta las piernas, y que ha perdido el funcionamiento autónomo del aparato urinario, entre otras secuelas. “Sería insensato no considerar que estas secuelas físicas no han tenido su marca, además del ámbito laboral, en su ámbito social, familiar, personal y privado”, definió el fallo.

Judiciales

Por trágico incendio en una celda deberán indemnizar a un sobreviviente y a la familia de un hombre fallecido

Todo comenzó porque un interno prendió fuego un colchón. La familia del preso fallecido cobrará más de 6 millones de pesos de indemnización, mientras que la del sobreviviente casi 3 millones.

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Tres hombres estaban detenidos en un lugar que, según la sentencia de una jueza Civil de Roca, “no era humanamente apto” en el Penal 2 de Roca. “A modo de reclamo”, según admitieron las autoridades penitenciarias, uno de ellos prendió fuego un colchón y murió por la inhalación del humo y las tardías maniobras para apagar el incendio. Otro sobrevivió a quemaduras en el 90% de su cuerpo: pasó dos semanas en terapia intensiva, se sometió a 43 operaciones de reconstrucción de piel y vías respiratorias y quedó con un 85% de incapacidad irreversible y con graves secuelas psicológicas. El tercero sufrió importantes lesiones.

El primero de los hombres tenía 32 años, estaba casado y tenía cinco hijos. Cumplía una pena por un delito contra la integridad sexual. Su viuda dijo en la demanda que había sido trasladado al “locutorio” del Pabellón 11 “a modo de castigo”, por “tener mala relación con sus celadores”. El Estado provincial, al contestar la demanda, dijo que los tres hombres estaban allí porque “registraban problemas de convivencia con otros internos”.

Un fallo del Juzgado Civil N° 3 de Roca definió que la muerte del primero y las gravísimas secuelas del segundo fueron responsabilidad del Estado Provincial, por haber incumplido “uno de sus deberes primarios” previstos en la Constitución: “que las cárceles y/o lugares de detención tienen el propósito fundamental de seguridad de los detenidos”. La sentencia no está firme, porque las partes aún pueden apelar.

La jueza tuvo por acreditado que “el incendio se produjo en un locutorio de visitas dentro del cual estaban alojados” que “siguiera era una celda”; que los colchones no eran ignífugos; que adentro había un encendedor, por lo que también se “incumplió su obligación de requisar el lugar” y que “el comienzo del fuego no fue apagado con la premura que exigía el contexto”. También se probó que “desde días previos sucedían hechos de violencia” en el Penal y que “la situación era de sumo riesgo para las personas detenidas”, según se había reflejado en varios informes y denuncias presentados entre febrero y marzo de 2013. De hecho, el último pedido de la Oficina de Asistencia al Detenido y Condenado, que solicitaba la reubicación de los tres hombres “con carácter urgente” se presentó a las 11.40. El incendio fue alrededor de las 18.30.

La jueza destacó una “grave naturalización de la violencia por parte del propio Estado y dentro del Establecimiento, por cuanto los incendios provocados por los internos son considerados como medio de reclamo”.

Citando precedentes de la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jueza destacó la “posición especial de garante” tiene el Estado por la seguridad de las personas por él mismo detenidas, “toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia”.

Señaló el fallo que el Estado tiene “por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia, que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral”. “La seguridad, como deber primario del Estado, no sólo importa resguardar los derechos de las personas frente a la delincuencia sino también (…) de las propias penadas, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema y al que no sirven formas desviadas del control penitenciario”, afirmó.

La sentencia distribuyó indemnizaciones por daño material y daño moral a la viuda, los cinco hijos, la madre y el padre del hombre fallecido por un total superior a los 6 millones de pesos, a los que deben sumarse los intereses acumulados desde 2013.

En tanto que al sobreviviente, que tenía 30 años al momento del incendio, le asignó una indemnización de 2,7 millones de pesos por la incapacidad física irreversible y el daño moral, a los que deben sumarse los intereses desde el día del incendio.

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Sustrajo combustible de la empresa para la que trabajaba, lo vendió y fue despedido con causa

Los jueces consideraron que había suficientes causas como para confirmar la extinción del vínculo laboral.

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El chofer de una empresa de servicios de la zona del Alto Valle fue despedido por vender combustible sin autorización. En el juicio laboral, dos compañeros de trabajo confesaron la maniobra y, enseguida, el Tribunal se comunicó con el fiscal de turno para denunciar el ilícito. Le achacaron además conflictos con sus superiores, exceso de velocidad y descuidos en el mantenimiento de los vehículos.

El trabajador inició un juicio laboral para reclamar lo que él consideró un despido “poco serio” e injustificado. Se desempeñó para la empresa de servicios durante un año y cinco meses. Y cuando el supervisor descubrió que faltaba combustible le enviaron una carta documento para notificarlo del despido con causa.

Entre las razones, además de la sustracción de gasoil y posterior venta sin autorización, le recriminaron malos tratos con sus compañeros de trabajo, con sus superiores y hasta con el dueño de la empresa. También incumplimiento de horarios, falta de conocimientos conductivos y descuido de los vehículos a su cargo (además de un choque, los rompía con frecuencia).

El día que la Cámara Laboral de Cipolletti realizó la audiencia de vista de causa para escuchar los testimonios, dos compañeros de trabajo admitieron su participación en la sustracción y venta ilegal de gasoil. Afirmaron que el hombre despedido era el que conseguía los clientes. Ante esa situación, el Tribunal se comunicó con la Fiscalía de turno y denunció el ilícito. Con todas esas pruebas, los jueces consideraron que había suficientes causas como para confirmar la extinción del vínculo laboral.

La empresa solo deberá entregar al ex empleado su Certificado de Trabajo y el Certificado de Servicios y Remuneraciones. La firma también tendrá que abonar el 5% de los gastos del juicio. El restante 95% de las costas corren por cuenta del hombre despedido.

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SITRAJUR alerta por «intentos de modificar» el horario laboral de los judiciales

Por acuerdo paritario la jornada es de 7.30 a 13.30. «Los turnos son garantizados por trabajadores judiciales en vez de funcionarios que son quienes no tienen limite de jornada», indicaron desde el sindicato.

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El gremio SITRAJUR emitió un comunicado de prensa donde advierte que rechaza «los intentos de justificación de modificación de una jornada laboral que, por acuerdo paritario, es de 7.30 a 13.30 horas.

«La jornada laboral es el gran tema que no permite contar con el definitivo convenio colectivo por los insistentes intentos de desbaratar la misma, y eso es lo que se verificó en estos días en el marco del funcionamiento del Consejo de la Magistratura en la ciudad de Cipolletti. Reiteramos desde el SITRAJUR que no existe justificación alguna para establecer turnos vespertinos de trabajo administrativo por diversas razones, siendo la principal que el resto de la administración pública y con la que se interactúa permanentemente no lo tiene», indicaron.

El sindicato que conduce Emiliano Sanhueza -que fue ratificado al frente del mismo en las últimas elecciones-, denunció que «se intenta argumentar que la ‘Justicia’ debe estar disponible las 24 horas por la ocurrencia permanente de hechos que merecen la intervención del Poder Judicial, pero lo que no se dice es que eso existe desde siempre y que se ha ampliado través de los turnos en los distintos fueros. Lo que sí sucede es que muchas veces quienes garantizan los turnos son trabajadores y trabajadoras judiciales en vez de los funcionarios que son quienes tienen la obligación de estar y quienes no tienen limite de jornada».

«Es por ello que desde el SITRAJUR repudiamos los intentos de justificación de modificación de una jornada que por acuerdo paritario del 17 de octubre de 2016 se estableció que es de 7.30 a 13.30 hs. Instamos a las máximas autoridades del Poder Judicial a aportar claridad en este punto y que no se desbarate ni la jornada ni los acuerdos celebrados en el marco de la Ley 5.009», exigieron.

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