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Río Negro

Carreras acompañó la presentación de la agenda 2022 del Consejo Económico y Social

Fue encabezado por el presidente de Alberto Fernández.

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La gobernadora, Arabela Carreras, participó de la presentación de la agenda productiva federal del Consejo Económico y Social, acto que fue encabezado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

La ceremonia se desarrolló en el Salón Argentina del Centro Cultural Kirchner, bajo el lema “Argentina Unida por la Argentina querida”. Participaron referentes del sector gremial y empresarial, además de autoridades nacionales y provinciales.

El secretario de Asuntos Estratégicos y titular del Consejo, Gustavo Beliz, explicó que la agenda de 2022 del Consejo estará centrada en tres metas: profundizar la recuperación del tejido productivo; generar oportunidades de empleo e inclusión real; y fortalecer los consensos.

En este marco, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, también presentó detalles del plan «Argentina Productiva 2030», que incluye la puesta en marcha de mesas multisectoriales a lo largo de todo el país, junto a gobernadores, sindicatos, empresas y otras organizaciones de la sociedad.

En ambos casos, Beliz y Kulfas mencionaron la importancia del proyecto de Hidrogeno Verde en Río Negro, resaltando que se trata de una iniciativa estratégica para la Nación.

Durante la actividad se otorgaron las distinciones a las iniciativas seleccionadas de las convocatorias lanzadas en 2021.

Gremios

ATE denuncia «groseros errores» en la liquidación de haberes y se declara en asamblea permanente

Desde el gremio afirmaron que una portera que debería haber percibido más de $6.100, sólo recibió $600.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en estado de asamblea permanente y analiza medidas de fuerza, que podrían incluir un paro de actividades en los próximos días, debido «al incumplimiento del acuerdo paritario que estipulaba el pago del 10% por planilla complementaria a partir del pasado 24 de noviembre como corrección del acuerdo del tercer trimestre», indicaron desde el gremio.

«Lejos de eso, numerosos trabajadores se encontraron con groseros errores de liquidación y el depósito de sumas irrisorias en sus cuentas sueldos», lo que fue calificado como una «burla» por el sindicato, que se declaró en estado de asamblea permanente.

««»Son tan groseros y generalizados los errores en las liquidaciones, que cuesta creer que no exista la intención de incumplir el acuerdo paritario y perjudicar a los trabajadores justo en una época tan sensible del año. Lo mínimo que tiene que hacer el gobierno es poner especial atención y cuidado con los salarios de los estatales frente al proceso inflacionario que no da respiro. No se pueden permitir este tipo de manejos que dañan a la gente. Se está jugando con las necesidades de numerosas familias», señaló Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.

El dirigente detalló el caso de un chófer de ambulancia con más de 34 años de servicio que solo percibió $1.900 y una portera de escuela categoría inicial (como la Ley 1844) que recibió solo $600, cuando debió haber percibido más de $6.100.

Frente a estas situaciones, que se dan en los Ministerios de Salud, Educación, pero también en el resto de las carteras, Vicente adelantó que «nos declaramos en estado de asamblea permanente en toda la administración y no descartamos realizar medidas de fuerza en las próximas horas».

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Gremios

Río Negro pagará salarios entre el 2 y 8 de diciembre

Respecto a los reclamos por una supuesta mala liquidación del 10% de incremento, desde el Gobierno aseguraron que no hubo mala liquidación.

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El próximo viernes 2 de diciembre comenzará el pago de los salarios para el todo el personal estatal con el depósito al sector de salud, incluidas las horas extras y las guardias.

El sábado (3/12) se abonarán los salarios del personal policial y penitenciario, mientras que el martes (6/12) será el turno de los docentes y porteros.

En tanto, el miércoles (7/12) se depositarán los salarios del personal de la Ley 1844, de Vialidad Rionegrina y las pensiones de Bomberos Voluntarios. El cronograma finalizará el jueves (8/12) con los agentes de los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos de control.

Por otro lado, el Gobierno de Río Negro, luego de la preocupación planteada por los gremios y habiendo analizado la liquidación del adelanto acordado en la última paritaria, aclaró que no hubo errores en la liquidación del pago del 10% correspondiente a la revisión del tercer trimestre.

De esta forma, desde el Ejecutivo desmintieron versiones que indican que hubo fallas en los montos que fueron depositados a los más de 53.000 trabajadores y trabajadoras del Poder Ejecutivo provincial.

«Quienes tengan dudas sobre la liquidación del adelanto, podrán comunicarse con las áreas de Recursos Humanos de sus respectivos organismos, donde serán asesorados, así como la Secretaría de la Función Pública se encuentra a disposición de los sindicatos que tengan inquietudes vinculadas con este tema. Vale aclarar que las diferencias detectadas tienen que ver con descuentos específicos según la realidad de cada trabajador», explicaron.

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Río Negro

La Provincia quiere regular el uso de cámaras de vigilancia

El principal objetivo es resguardar el derecho a la intimidad de las personas y regularizar su instalación, sin descuidar las obligaciones vinculadas a la prevención y lucha contra el delito.

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El Ejecutivo Provincial busca regular la instalación y utilización de las cámaras de vigilancia instaladas en lugares públicos o privados de acceso público, con fines exclusivos de seguridad pública. El principal objetivo es resguardar el derecho a la intimidad de las personas y regularizar su instalación, sin descuidar las obligaciones vinculadas a la prevención y lucha contra el delito.

A través de un proyecto de ley, presentado por la gobernadora Arabela Carreras con Acuerdo de Ministros, se propone regular la utilización de los sistemas de videovigilancia en 18 localidades (serán 21 con las obras que se encuentran en ejecución) con 15 centros de monitoreo locales, bajo la coordinación del Centro de Monitoreo General de Viedma.

A través de esta iniciativa, se busca conformar un marco adecuado para regular el sistema a partir de la propia experiencia y de los conocimientos generados en otras provincias y países.

En la elaboración del proyecto de ley, los equipos técnicos del Ministerio de Seguridad y Justicia tuvieron en consideración la existencia de numerosas cámaras privadas que, atendiendo a propósitos de seguridad personal o comercial, captan imágenes de ámbitos públicos y privados. Es preciso que estas cámaras también queden sujetas a cierta regulación en cuanto a la captación y grabación de imágenes de la vía pública.

Por otro lado, el proyecto también busca regular cualquier sistema de captación de imágenes que porten las fuerzas de seguridad de la provincia, tales como las cámaras corporales y los drones.

Los principales puntos del proyecto

Busca regular la utilización de las cámaras de vigilancia que se utilizan con fines exclusivos de seguridad pública. Se establece que las videocámaras solo podrán utilizarse para la preservación de la seguridad pública y la atención de emergencias, respetando el procedimiento indicado para su autorización y colocación, como también que la existencia de videocámaras debe comunicarse a la ciudadanía mediante cartelería adecuada.

Los principios que regirán la utilización de esta tecnología son los de proporcionalidad y razonabilidad, y los de intimidad y privacidad, y se establecen, además, límites en los lugares de colocación de las cámaras y en la captación de sonidos.

Con respecto a las grabaciones obtenidas, se establece la absoluta confidencialidad de las imágenes, y las sanciones que acarrea el incumplimiento de tal confidencialidad por parte de las personas con acceso a las grabaciones, como también los supuestos especiales que exigen la destrucción de las grabaciones.

Se regulan también cuestiones que hacen a un mejor funcionamiento del sistema de video vigilancia. Se indica que el Ministerio de Seguridad y Justicia, como autoridad de aplicación, establecerá el procedimiento de tramitación de autorización para la colocación de cámaras, indicando los criterios de colocación, pudiendo asimismo dictar las normas complementarias necesarias para la puesta en funcionamiento de la ley.

Para decidir la instalación de nuevas videocámaras, el Ministerio deberá observar cuestiones como la participación ciudadana (requerimientos de la ciudadanía); datos estadísticos (índices delictuales y densidad poblacional) y necesidades especiales con respecto a la seguridad (como las de ciertos grupos poblacionales o lugares estratégicos).

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