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Vuelos cancelados en pandemia: deben indemnizar al pasajero

Una demanda de un rionegrino, a quien le cancelaron el viaje por la pandemia, terminó con una sentencia a su favor.

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Un cliente de Cipolletti, que había adquirido pasajes para viajar a Buenos Aires en marzo de 2020, será indemnizado luego de promover un reclamo en el Juzgado de Paz. La compañía adujo haber realizado el trámite de devolución del dinero, pero ese monto nunca fue depositado en la cuenta del pasajero.

El hombre realizó la compra de pasajes aéreos -ida y vuelta- a la Ciudad de Buenos Aires el 17 de marzo. Esa misma tarde, a raíz de la pandemia por el Covid-19, el gobierno nacional decretó la suspensión de los vuelos de cabotaje.

Al otro día, el cliente se acercó hasta las oficinas comerciales que la empresa tiene en Neuquén y allí le confirmaron que había realizado correctamente el trámite de devolución a través de la página web. Debía esperar entre 30 y 90 días pero pasaron seis meses y no recibió ningún dinero.

Entonces canalizó su reclamo ante el Juzgado de Paz de Cipolletti, por medio del mecanismo de menor cuantía.

Durante el proceso, Aerolíneas Argentinas S.A. aseguró que había realizado la devolución de los pasajes, pero de la prueba informativa no surgió con claridad esa circunstancia. Se intentó rastrear el dinero tanto en la cuenta del Banco Nación como en la tarjeta de crédito que había utilizado el consumidor.

De todas maneras, el pasajero frustrado acreditó que no había registrado ningún crédito en su propia cuenta bancaria. Ni proveniente del Banco Nación que es el que opera con Aerolíneas, ni de Visa.

La sentencia de menor cuantía hizo lugar al reclamo por daño directo y daño punitivo. Pero después la compañía aérea apeló. Finalmente el Juzgado Civil N°1 de Cipolletti desestimó los argumentos y confirmó la indemnización de $13.808,02 más intereses a favor del cliente.

Judiciales

La Justicia autorizó a Gatti a irse de Roca

El conductor de televisión fijó domicilio en Bahía Blanca. El pedido lo realizó su defensor y lo fundamentó en una cuestión de seguridad.

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El conductor del canal de televisión de Canal 10, Emiliano Gatti, fue beneficiado por la Justicia rionegrina y lo autorizaron a fijar domicilio en Bahía Blanca. El pedido se trató en una audiencia fijada con ese fin exclusivo. Se desarrolló este miércoles (30/11) a la mañana en la Ciudad Judicial.

No obstante, aun no se avanzó en la acusación ni en la apertura de los equipos informáticos que le secuestraron hace dos semanas, cuando se allanó su departamento como parte de la causa Red Federal en Alerta, que investiga el tráfico y distribución de imágenes y videos de abuso sexual de menores.

El motivo de la audiencia fue la solicitud de la defensa, a cargo del Dr. Marcelo Hertzriken Velasco para tratar el pedido de fijar domicilio en Bahía Blanca, de donde Gatti es oriundo y en la actualidad viven sus padres y sus hermanos.

El juez Martínez Vivot escuchó a Hertzriken, quien fundamentó la solicitud en una cuestión de seguridad, teniendo en cuenta el perjuicio y la vulnerabilidad en la que quedó Gatti tras la difusión de su identidad, pese a no estar acusado, y su domicilio.

El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Jefe Andrés Nelly, quien no manifestó ninguna oposición y remarcó que el conductor televisivo siempre se mantuvo a derecho y respetó las pautas de conducta que le fijaron hace dos semanas, cuando se realizó el allanamiento y estuvo demorado varias horas.

Gatti podrá mudarse a la casa de sus padres en Bahía Blanca, pero de todas maneras seguirá manteniendo las pautas fijadas, como presentarse una vez por semana en una unidad policial. El permiso es por seis meses, el mismo tiempo que le otorgó oportunamente el juez a la Fiscalía para avanzar en la investigación.

Con respecto a la formulación de cargos, que aún no se realizó, no hubo detalles al respecto y para eso deben tener que esperar los resultados de las pericias a los equipos informáticos y de almacenamiento que fueron secuestrados del departamento de Gatti.

En cuanto a este punto, se supo que aún no comenzaron a examinarlos y que probablemente esas pericias comiencen a partir del lunes de la semana próxima. El tiempo estimado para realizarlas es de tres semanas.

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Judiciales

La Justicia le otorgó dos salidas transitorias por mes a Susana Freydoz

Durante las salidas, la mujer condenada por el asesinato de Carlos Soria no podrá exceder los límites de la ciudad de General Roca.

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Tras verificar en una audiencia el cumplimiento de todos los requisitos legales, el juez de Ejecución de Roca, Fernando Romera, otorgó este lunes (28/11) el beneficio de dos salidas transitorias mensuales a Susana Graciela Freydoz, quien se encuentra cumpliendo una condena de 18 años de prisión por el asesinato del ex gobernador de Río Negro, Carlos E. Soria.

El régimen de salidas transitorias se fijó por el plazo de tres meses, incluyendo todo el mes de febrero de 2023. El permiso está limitado a 72 horas mensuales de salidas transitorias (una salida de 24 horas y una salida de 48 horas).

Según estableció el juez en la audiencia, que se realizó esta mañana por Zoom, cada salida será con acompañamiento de un tutor y monitoreada con un dispositivo electrónico GPS. Entre la decena de pautas de conducta que fijó el magistrado, se destaca que durante las salidas la mujer no podrá exceder los límites de la ciudad de General Roca y deberá pernoctar en el domicilio específicamente asignado para el cumplimiento del beneficio. Finalizado el horario tope para cada salida, la mujer de 72 años deberá regresar a la vivienda donde actualmente cumple la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Según se explicó en la sentencia, si la mujer detenida cumple adecuadamente con todas las pautas y condiciones establecidas para los tres próximos meses, el Juzgado quedará en condiciones de realizar una nueva audiencia para tratar el beneficio de libertad condicional que fue solicitado hoy por su defensa.

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Resarcimiento para mamá que pagó 20 cuotas del viaje de egresados de su hija y lo suspendieron

La empresa no la atendió más. Fue durante la pandemia por el COVID.

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Una mamá sanantoniense celebró un contrato con una empresa para la realización del viaje de egresados de su hija, con destino a Uruguay y Brasil. Abonó la seña y comenzó a pagar las cuotas. A los pocos meses se desató la pandemia de COVID.

Sin embargo, continuó pagando mensualmente hasta completar 20 cuotas. En septiembre de 2021, con las restricciones sanitarias flexibilizadas, fue a consultar por la fecha del salida. Luego de reiterados llamados consiguió contactarse y le informaron que habían cancelado el viaje. Posteriormente, no hubo más comunicación con la empresa.

Oportunamente inició el reclamo de carácter administrativo en el Departamento de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Antonio Oeste. Allí la empresa reconoció la suscripción del contrato de prestación de servicios turísticos y ofreció devolver un poco más de 50 mil pesos en dos cuotas. Pero la mamá aseguró que era menor al que correspondía.

Como no se arribó a ningún tipo de acuerdo la mujer decidió iniciar la demanda de menor cuantía en el Juzgado de Paz de San Antonio Oeste. Se convocó a la audiencia, pero sólo asistió la parte demandante y la empresa no justificó su ausencia.

En el fallo, la jueza de paz suplente dijo que se trataba de una “contratación comercial” que ubica la relación en el marco del derecho del consumidor.

Explicó que “el perjuicio sufrido por la actora no solo fue el hecho en sí de la cancelación del viaje, y la falta del reintegro de las sumas ofrecidas en tiempo y forma”. También “la conducta desplegada por la demandada en la falta de respuestas adecuadas, efectivas y concretas, no hacen más que comprobar la situación de padecimiento y aflicción por parte de quien demanda. Obligando al derrotero de reclamos por las diversas vías que debió concurrir”.

Recordó que la Ley 24.240 que establece: «el daño directo es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios”.

Tuvo en cuenta que “de la prueba documental aportada por la mujer se vislumbra que la empresa demandada ha desplegado una conducta desaprensiva para con la mamá en los reiterados reclamos efectuados”. En este contexto, “este tipo de practicas empresariales y abusivas son pasibles de la implementación de la sanción normada en el articulo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, en concepto de daño punitivo”.

Finalmente el Juzgado de Paz condenó a la empresa Bienes G y G S.A , cuyo nombre de fantasía es London Travel, a abonar a la mujer la suma de $100.000 en concepto de daño directo, más $80.000 en concepto de daño punitivo, más intereses.

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