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Judiciales

Varadas en un aeropuerto, tuvieron que comprar vuelos de emergencia: La aerolínea deberá indemnizarlas

Por un error de la empresa en las reservas, dos roquenses gastaron 4.000 dólares más para poder continuar su viaje. Ahora deberán devolverles el dinero e indemnizarlas por daño moral y punitivo.

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Una compañía aérea deberá indemnizar a dos mujeres del Alto Valle que quedaron varadas en un tramo de su viaje a Europa por un error en las reservas. La empresa deberá devolverles los 4.000 dólares que debieron gastar de emergencia para poder tomar otro vuelo y “salvar” el viaje programado de casi un mes, con todos los demás gastos que ya habían realizado. La aerolínea también deberá pagarles 600.000 pesos en concepto de daño moral y daño punitivo. Por cada rubro, además, deberá pagar los intereses acumulados.

Según el fallo de la Cámara Civil de Apelaciones de Roca, que confirmó la sentencia del Juzgado Civil N°9, las mujeres compraron sus pasajes de ida y vuelta a París a través de la plataforma de la empresa Air France SA. Los vuelos partían desde Santiago de Chile, con escala y trasbordo en Ezeiza.

Listas para partir, en el aeropuerto de Chile, las mujeres descubrieron que “no figuraban en el registro de pasajeros”. La respuesta en ventanilla fue “que la única manera de viajar, era comprando otros pasajes”, por lo que iniciaron una desesperada serie de reclamos telefónicos. La oficina central de Air France para Latinoamérica, que funciona en Chile, estaba cerrada ese día porque era feriado nacional, y desde la oficina central en Francia les dijeron que no podían inmiscuirse en un error que “le correspondía a la central de Latinoamérica”.

Sin más alternativas, usaron sus tarjetas de crédito y compraron dos nuevos pasajes, a 2.000 dólares cada uno. Los pasajes originales les habían costado menos de 850 dólares a cada una.

Al regreso del viaje las mujeres impulsaron todos los reclamos telefónicos, por mail e incluso por carta documento, sin obtener respuestas favorables. El argumento central de la empresa fue que el tramo Santiago – Ezeiza era operado por otra compañía aérea, respecto de la cual no tenía ninguna responsabilidad.

“Fue a la demandada a quien contrataron para el viaje, siendo por tanto responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus tramos, aun cuando alguno de estos sea prestado por otra empresa de navegación”, dijo la Cámara.

En este caso, Air France vendió un único viaje, subdividido en dos tramos, pero en el juicio afirmó que no tenía “ninguna injerencia ni intervención en las operaciones de check in ni transporte aéreo de vuelos operados por otras empresas”. Se refería al tramo Santiago – Ezeiza, que figuraba como operado por la aerolínea KLM – Royal Dutch Airlines.

Sobre ese punto, el Tribunal concluyó que las pasajeras, como el común de la gente, “desconocen cuáles son las relaciones” entre las aerolíneas. Y pese a haber sido intimada para explicar esa relación comercial con KLM, la empresa francesa guardó silencio. “Es de pura lógica que se oculta o esconde aquello que, de ser conocido por el tribunal, perjudicaría la posición de quien así procede”, valoró la Cámara.

Tanto la jueza de Primera Instancia como la Cámara confirmaron que se debían aplicar al caso las normas de Defensa del Consumidor y no el Código Aeronáutico ni las normas del transporte aéreo internacional, como reclamaba la empresa. En ese marco, ambos fallos avalaron la aplicación de la multa por daño punitivo prevista en la Ley de Defensa del Consumidor.

“En el caso que nos ocupa hay absoluta indiferencia y menosprecio por los derechos de las actoras, junto con un abuso de posición de poder”, dijo la Cámara. “Se configura en consecuencia el incumplimiento del deber de información y trato digno” hacia los y las consumidores, “un abuso de poder y aprovechamiento de la mayor vulnerabilidad del consumidor que está en viaje y varado en un aeropuerto fuera del país”. “Lejos de, cuanto menos, pedir disculpas insisten en negar y menospreciar a las actoras y sus derechos”, finalizó el Tribunal.

Gremios

«El Poder Judicial al servicio del poder real»

Sitrajur, la CTA y el bloque de legisladores de Unidad Ciudadana, rechazaron el fallo que condena a la vicepresidenta a 6 años de prisión.

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«Lawfare. O más claro, el poder judicial al servicio del poder real muy bien representado en lo símbolico en la reunión de Lago Escondido. Se juntan en la casa del que nos robó un lago para planificar la persecución política de todo lo popular», lamentó Emiliano Sanhueza, secretario general de Sitrajur, una vez conocido el fallo que condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión.

Por su parte, desde la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina expresaron su más enérgico repudio al fallo emitido en la causa Vialidad del Tribunal Federal N° 2 contra Cristina Fernández. «La Fiscalía, encabezada por Diego Luciani y Sergio Mola, en un capítulo más de la persecución judicial que la mandataria sufre desde que finalizó su gestión en 2015, había acusado a la vicepresidenta de haber sido la jefa de una asociación ilícita durante su gestión al frente del Ejecutivo Nacional. Se trata de los mismos agentes judiciales que demuestran tener una connivencia escandalosa con sectores políticos y económicos interesados en proscribir a Cristina porque no se inclina ante su poder», explicaron.

«Es muy claro que hay una parte del aparato de justicia que quiere eliminar la figura de la vicepresidenta de la política, pero el pueblo argentino no va a agachar la cabeza, vamos a seguir bancando a Cristina. Los trabajadores y las trabajadoras no vamos a permitir un Lula en nuestro país», agregaron desde la CTA.

Asimismo, desde el bloque de legisladores Unidad Ciudadana, respaldaron a la vicepresidenta y repudiaron a «la Justicia corrupta». Consideraron que es «un fallo mafioso y un ataque directo a la Democracia».

«Es un absoluto despropósito el fallo conocido hoy, expresamos nuestro más enérgico repudio. Un atentado contra la Democracia y contra el pueblo, que ve claramente cómo, con algunos jueces, no hay garantía de obtener justicia», indicaron.

Los parlamentarios Alejandra Mas, Gabriela Abraham y Daniel Belloso emitieron su opinión después de conocer la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la ex presidenta a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz.

«Es muy claro que hay una parte del aparato de justicia que pretende proscribir a la Vicepresidenta de la política, pero tenemos claro que el pueblo y la historia harán justicia, esa que en nuestro país hoy está en manos de jueces y fiscales mafiosos, la que es imprescindible modificar. Basta de mafia judicial», añadieron.

Para finalizar, expresaron que «hoy más que nunca estamos con Cristina, nuestra conductora, la política más importante de los últimos tiempos en Argentina».

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Judiciales

Condenaron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión

El fallo agrega la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz.

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El Tribunal Oral Federal 2 condenó este martes (06/12) a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras declararla culpable de administración fraudulenta en la causa que investigó el presunto direccionamiento de la obra pública vial de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

El Tribunal también absolvió por mayoría a la ex presidenta y al resto de los acusados por el delito de asociación ilícita por el cual los acusaron los fiscales del juicio Diego Luciani y Sergio Mola.

Los fundamentos del veredicto emitido por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso serán dados a conocer el 9 de marzo del año próximo, fecha a partir de la cual las partes podrán presentar sus apelaciones.

La sentencia quedará firme cuando se hubieren agotado todas las instancias, es decir, cuando la Corte Suprema responda a todos los planteos que le lleguen.

El Tribunal también condenó al empresario Báez a 6 años de prisión como partícipe necesario de administración fraudulenta, en tanto que al exsecretario de Obras Públicas, José López y al exdirector de Vialidad Nacional Néstor Periotti les dictó la misma pena como coautores del delito, por lo que también dispuso en relación a ellos su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De los trece imputados por este caso hubo tres que fueron absueltos: el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el expresidente de la Administración General de Vialidad Provincia de Santa Cruz (AGVP), Héctor Garro.

En tanto, el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner resultó sobreseído por extinción de la acción penal. Había sido acusado por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público.

Agencia Télam.

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Judiciales

Amparo por cuotas de las 62 Viviendas: cuarto intermedio para analizar posibles vías de conciliación

El Ejecutivo roquense se comprometió a mantener las cuotas en curso a los valores de la primera liquidación mientras avancen las negociaciones en el marco del amparo.

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Se realizó esta mañana (05/12) en Roca una audiencia ante el juez Contencioso Administrativo en el marco de un amparo iniciado por 52 familias adjudicatarias de viviendas del Programa nacional Reconstruir en la ciudad. Mediante la acción judicial, interpuesta contra el Municipio de Roca, el grupo solicitó que se revise el modo de calcular las cuotas mensuales que debe abonar cada familia para la compra de las viviendas, que están ubicadas en el cuadrante formado por las calles Avenida Roca, Maipú, Evita y El Chingolo.

El plan habitacional es parte de un programa del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación; mientras que el Municipio interviene como ente ejecutor y autoridad de recupero de cuotas para su reinversión en más unidades habitacionales. El pasado 30 de septiembre se entregaron en Roca las primeras 62 unidades del plan de 258 Viviendas.

La audiencia fue convocada por el juez del amparo, Matías Lafuente, «a los fines de abordar en forma conjunta y coordinada la problemática objeto del proceso», según se detalló en la citación. Además el juez solicitó a ambas partes que se presenten a la audiencia con «alternativas de soluciones».

Alrededor de 30 amparistas participaron de la audiencia, con la representación del abogado particular Diego Broggini. La Municipalidad estuvo representada por el abogado Juan Pablo Urquiaga.

Al inicio del acto procesal el juez dio la palabra a una de las amparistas, quien habló en nombre del grupo. La mujer hizo un resumen de la problemática y expuso que la pretensión central es que el valor de la cuota se fije en función del llamado Coeficiente Casa Propia (reconocido por el gobierno Nacional y que tiene en cuenta la variación salarial y la inflación del último año) y no en función del llamado índice UVI (que está atado al índice del costo de la construcción).

Luego, el abogado de los y las amparistas mencionó la normativa que reglamenta el plan Reconstruir y alegó que debe aplicarse un tope legal para las cuotas, las cuales no deberían en ningún caso superar el 30% del ingreso familiar.

A su turno, el abogado que representó a la Municipalidad de General Roca sostuvo que el amparo «no es la vía judicial adecuada» para abordar la problemática y propuso como alternativa la posibilidad de considerar individualmente cada caso particular en el ámbito administrativo local.

Esa propuesta no fue aceptada en forma unánime por los y las amparistas, quienes insistieron en alcanzar una solución para el conjunto, que brinde previsibilidad al valor de las 240 cuotas que tienen por delante.

Tras un cuarto intermedio, el representante del Municipio transmitió en la audiencia el compromiso del Ejecutivo local de mantener las cuotas en curso a los valores de la primera liquidación mientras avancen las negociaciones en el marco del amparo. Con ese compromiso, tanto el Municipio como la totalidad de los y las amparistas aceptaron tomarse un plazo de aproximadamente dos semanas para avanzar en posibles vías consensuadas de solución y volver a encontrarse en una próxima audiencia ante el juez Contencioso Administrativo, que se realizará el 22 de diciembre.

A lo largo de toda la audiencia el juez destacó la importancia de que las partes intenten arribar a un justo acuerdo que permita a las familias cumplir con el compromiso de pago y a su vez permita al municipio sostener en plan de recupero y reinversión de las cuotas.

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