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Engaño telefónico: lo indujeron a suscribir un plan de ahorro cuando él pretendía una venta directa

Mediante distintas maniobras, la víctima firmó un plan de ahorro de 84 cuotas. Demandó a las empresas y ganó el juicio por más de 700 mil pesos.

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Un hombre de Cipolletti fue engañado telefónicamente cuando pretendía comprar un auto cero kilómetro. Él buscaba un coche financiado, con entrega directa. Pero mediante distintas maniobras firmó un plan de ahorro de 84 cuotas. Demandó a las empresas y ganó el juicio por más de $700.000.

En la cadena de comercialización intervinieron cuatro sociedades: no solo la empresa automotriz, sino la compañía que comercializa sus planes de ahorro y otras dos entidades. Una de ellas, la que contactó telefónicamente al consumidor, no contestó la demanda civil y fue declarada en rebeldía.

Según probó el cliente cipoleño, él pretendía comprar un Renault Sandero. Su objetivo era conseguir una compraventa directa, con entrega inmediata y financiamiento.

Cuando lo contactaron telefónicamente le prometieron esas condiciones de venta, con un plazo de entrega de 45 días. En ese contexto el hombre hizo una transferencia de dinero y aguardó el envío de algunos formularios que debía firmar.

Cuando pudo leer esos papeles, descubrió que se trataba de un plan de ahorro con 84 cuotas. Entonces hizo el reclamo, pero le pidieron que firmara igual ya que se trataba de una mera formalidad, de un trámite burocrático para poder adjudicar el vehículo. Tiempo después comenzó a recibir los talonarios para abonar la cuota mensual.

El fallo consideró que estaba acreditada la cadena de comercialización entre las cuatro sociedades. La empresa que hizo las gestiones telefónicas con el cliente trabajaba para otra firma que es concesionaria oficial de Renault Argentina para quien opera Plan Rombo como administradora de los planes de ahorro como modalidad de colocación de los productos que fabrica.

“Entre la concesionaria y su colaboradora, captan los clientes que luego se suman a los planes de ahorro y acceden a la adquisición del bien que fabrica la empresa automotriz; y entre todos logran obtener cada uno su beneficio. Son todos sujetos vinculados en el mismo negocio, que completan la rueda que permite a los consumidores adquirir un bien automotor”, surge de la sentencia que es de primera instancia y aún no está firme porque puede ser apelada.

Las pruebas aportadas durante el juicio civil demostraron que hubo un vicio en el consentimiento del damnificado, cuestión que se logró a través del engaño. También que falló el deber de información por parte del proveedor, quien está obligado a “a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato”.

La resolución consideró además que el contrato de suscripción a un plan de ahorros no es más que un contrato de adhesión donde la parte débil -el consumidor- no participa en la negociación de las cláusulas, sino que las mismas son predispuestas.

Sobre la base de esos argumentos, la sentencia condenó a las cuatro firmas intervinientes a indemnizar al consumidor por daño directo y daño moral. Deberán pagarle al cliente la suma de $728.185 más intereses.

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Caso Videla: Comenzó el juicio de imposición de pena a Colicheo

El mínimo de pena, según la calificación legal por la que fue declarado culpable, es de 10 años y 8 meses de prisión.

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Con la primera ronda de declaraciones, esta mañana (24/06) comenzó la etapa de cesura en la cual se determinará la pena a imponer a Antonio Colicheo, acusado del homicidio del trabajador judicial Javier Videla. El hombre fue declarado culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en un procedimiento abreviado parcial.

Está previsto que se realicen dos audiencias con más declaraciones testimoniales los días lunes y martes. En esta última jornada se prevé además que la acusación y la defensa que asiste al acusado expongan sus alegatos de clausura y sustancien los pedidos de pena cuyo mínimo -de acuerdo a la calificación legal por la cual fuera declarado culpable- es de 10 años y 8 meses de prisión.

En primer turno y por los acusadores, declararon el hombre que encontró el cuerpo sin vida de la víctima fatal, el director general de la división de investigaciones judiciales de la Policía de Río Negro y el titular de la Unidad Operativa para la Investigación Fiscal del Ministerio Público. En la continuidad del debate y también por la fiscalía y la querella prestaron su testimonio una compañera de trabajo del fallecido y una compañera de la cooperativa de vivienda de la que Videla formaba parte.

Por la defensa pública que asiste al acusado, declaró la responsable del área de Servicio Social del Ministerio Público de la Defensa de la ciudad de Cipolletti.

En un procedimiento abreviado parcial, el acusado aceptó ser el autor de una serie de delitos que comenzaron el 4 de marzo de 2021 alrededor de la 1.20 de la madrugada. En esas circunstancias se hizo presente en la vivienda de la víctima e intentó hacer que la pareja de Videla ingresara al vehículo en el cual se movilizaba pero el hombre finalmente no ingresó porque fue advertido por Videla quien se encontraba dentro del vehículo y le gritó que corra.

En esos momentos el imputado disparó contra la pareja de Videla con un arma de fuego calibre 9 mm. para luego escapar a bordo de un Chevrolet Vectra. La mencionada agresión que no le provocó heridas a la pareja de Videla.

Tras lo anterior, el acusado agredió con el arma de fuego al trabajador judicial impactando al menos un proyectil en la zona del hemitórax izquierdo, herida que le provocó la muerte. Finalmente, el imputado ocultó el cuerpo en un puesto rural ubicado a la altura del kilómetro 62 de la Ruta Provincial N° 6.

La calificación legal por estos delitos es homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal y abuso de armas.

Intervienen por la Fiscalía el fiscal jefe Andrés Nelli y la fiscal del caso Verónica Villaruel, mientras que la querella que representa a la familia del fallecido está a cargo del abogado Marcial Peralta. El defensor público Juan Pablo Piombo es quien representa técnicamente al acusado. El Tribunal que preside el juicio está compuesto por los jueces Gastón Martín, Alejandro Pellizón y Fernando Sánchez Freytes.

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Lo chocaron cuando todavía estaba detenido en un semáforo de Cipolletti

Será indemnizado por los daños materiales en su coche.

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El conductor de un Volkswagen Gol fue embestido por una camioneta mientras permanecía detenido en el semáforo de la Circunvalación y La Esmeralda de Cipolletti. El hombre probó que la señal lumínica todavía no habilitaba la circulación y que en ese contexto sintió una fuerte frenada y el posterior golpe. Será indemnizado por los daños materiales en su coche.

Un fallo del fuero Civil fijó la suma de $69.010 más intereses en concepto de mano de obra de reparación, repuestos y el tiempo durante el cual el propietario no pudo disponer del auto. La condena alcanza a la dueña de la camioneta Volkswagen Transporter, al conductor y a la compañía de seguros.

La sentencia es de primera instancia y fue apelada, en consecuencia todavía no está firme. Según las pericias, la camioneta Transporter chocó al Gol en la intersección de la Circunvalación y la calle La Esmeralda de Cipolletti.

El dueño del Gol sostuvo que estaba detenido por el semáforo en rojo, sobre la Circunvalación. Y que en esas circunstancias, sobre la misma vía, apareció la Volkswagen Transporter y lo embistió.

La perito describió la mecánica del siniestro calificando la colisión como de «alcance». Concluyó que «en una colisión por alcance, como es la analizada en este caso, la responsabilidad accidentológica recae sobre el agente embistente, dado que las prescripciones legales obligan a mantener una distancia prudente de seguimiento del vehículo que lo antecede y circular a una velocidad tal que le permita detenerse ante cualquier eventualidad que se presente en la vía».

La resolución del caso admitió el dictamen de la perito y consideró las pruebas del expediente. Entre ellas la calidad de embistente del rodado de la demandada, el mismo sentido de circulación con el rodado que lo precedía y las áreas deterioradas de ambos rodados. Dice el fallo: “tales indicios probatorios señalan que es presumible una conducta previa de enlace con el resultado dañoso probado, relativo a un accionar que no conservó una distancia prudencial, la falta de atención a las contingencias del tránsito, que en forma genérica es referido como falta del dominio pleno del vehículo en todo momento de la circulación”.

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Construyó y habitó la casa por más de 30 años: inició el trámite y en poco tiempo pudo escriturar

Después enviudó y se quedó solo con un boleto de compraventa.

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Una mujer de Cipolletti consiguió regularizar la situación de su vivienda mediante un juicio que tramitó prácticamente durante la pandemia. Junto con su marido compró el terreno en el año 1990, allí levantaron el hogar familiar y vivieron por más de 30 años. Después enviudó y se quedó solo con un boleto de compraventa.

Un fallo reciente del juzgado Civil N°9 de Cipolletti ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Río Negro registrar el dominio individualizado bajo la titularidad de la mujer que inició el juicio de prescripción adquisitiva.

El Código Civil y Comercial de la Nación define a la prescripción adquisitiva como “el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley”, que para el caso es de 20 años según el artículo 1899.

La mujer inició el trámite en 2019 y, poco tiempo después, se adoptaron las medidas a raíz de la pandemia de Covid-19.

Entonces el expediente mutó al formato electrónico y las presentaciones comenzaron a realizarse a través de la mesa de entradas de escritos digitales.

Las pruebas se produjeron durante el periodo de cuarentena. La mujer aportó el boleto de compraventa firmado en 1990, el informe de dominio, el plano de mensura y los impuestos, tasas y contribuciones. También declararon algunos vecinos, quienes afirmaron que el matrimonio adquirió el lote con algunas bases. Sostuvieron que construyeron y permanecieron allí durante más de tres décadas.

La sentencia que ordenó la nueva inscripción sostiene que luego del minucioso análisis de las constancias se tiene acreditada la posesión que da causa a la acción “en lo que respecta a la invocada posesión del inmueble que se atribuye la actora con ánimo de dueño, al tiempo de acreditar su relación con la cosa es producto de la transmisión de derechos y acciones del poseedor inmediato anterior”.

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