La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) adherirá al paro general lanzado por las centrales obreras para este jueves 9 de mayo y amplió la convocatoria a las tres esferas del Estado: nacionales, provinciales y municipales.

«En la Administración Pública, salvo las guardias mínimas en servicios esenciales, nadie va a concurrir a sus puestos de trabajo. Hay un creciente malestar social, estamos ingresando en una depresión económica que golpea absolutamente a todos los sectores sociales», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. Durante la medida de fuerza, sólo se garantizarán guardias mínimas en los hospitales, centros asistenciales de adultos mayores, adolescentes y niños, y en servicios esenciales para hacer frente a emergencias.

El dirigente evaluó que «en la gente hay una oposición mayoritaria a todas las medidas que impulsa el Gobierno nacional» y detalló que «la reforma laboral que se propone en la Ley Bases configura un retroceso a la última Dictadura Militar. Fue en gobiernos de facto donde se creó un fondo de cese laboral y se puso en disponibilidad a todos los trabajadores».

«Este paro tiene varios destinatarios. No sólo las demandas son para el presidente Milei, sino también para los gobernadores y los senadores que tendrán que tratar la Ley Bases, y para los cuatro o cinco grupos empresarios que en este momento son socios del Ejecutivo nacional», apuntó el secretario general de ATE Nacional.

«Tenemos que pensar para el día que se fije el tratamiento de la ley en el Senado, declarar un paro activo en todo el país. En el caso de ATE, después del 9 de mayo vamos a convocar inmediatamente a nuestras instancias orgánicas para definir nuevas medidas de fuerza y darle continuidad al plan de acción dentro del Estado», concluyó Rodolfo Aguiar.

La medida de fuerza alcanzará a las administraciones públicas de las 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los más de 2.200 municipios de todo el país, los cuales en su gran mayoría son los sectores más postergados en materia salarial.

ATE impulsa el llamado a una huelga general desde hace meses a través de las instancias orgánicas de la CTA Autónoma, central obrera que integra el sindicato estatal, entendiendo que «las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei no solo perjudican al sector público, sino a toda la población en general».

En este marco, el sindicato reclamará por «reincorporación inmediata de todas las y los cesanteados y detención de los despidos, regularización de todos los vínculos contractuales y pase a planta permanente de todas las y los trabajadores, aumento salarial y en las jubilaciones que supere la inflación, rechazo a la restitución del Impuesto a las Ganancias, cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre, rechazo a cualquier privatización de empresas públicas, defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todas las y los
trabajadores jubilados, anulación del Protocolo anti-movilizaciones, cese de las políticas de amedrentamiento hacia las y los trabajadores estatales, no a la restitución del Impuesto a las Ganancias, anulación del DNU 70/23 y rechazo a la Ley Bases».

El presidente de Primero Río Negro y ex candidato a gobernador, Ariel Rivero, hizo referencia a recientes declaraciones del senador nacional del bloque Unidad Ciudadana, Martín Doñate, en las que afirmó refiriéndose al tratamiento de la Ley Bases que «los que defendemos a la Patagonia nos oponemos a la totalidad de ese engendro de proyecto de Ley Ómnibus».

Al respecto Rivero manifestó que «Doñate parte de una afirmación equivocada, ya que somos muchos los que defendemos la Patagonia y estamos ubicados en el polo totalmente opuesto a su posicionamiento. Arrogarse esa representación es, como mínimo, equivocado y ofensivo».

Agregó que «tampoco coincido en que la Ley Bases sea un engendro, por el contrario, creo que es un primer paso para intentar cambiar el rumbo de un País que ha sido sometido durante años a un proceso político rancio y nefasto, de los que él fue uno de sus más fieles y leales representantes».

Dijo Rivero que «Doñate es uno de esos políticos que no es capaz de hacer la más mínima autocrítica, de creer que nadie se ha enterado de sus innumerables acciones y decisiones equivocadas que han perjudicado, especialmente a cada uno de los habitantes de esta provincia».

Finalmente, el titular de Primero Río Negro señaló que «nuestro senador integra el lote de aquellos políticos a lo que le es mucho más fácil trabajar para que fracase este gobierno, que admitir los errores de 30 años que nos han llevado a atravesar este momento tan complejo y difícil».

El legislador provincial de Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé, presentó una nota a Vialidad Nacional, en respuesta a las preocupaciones planteadas por vecinos de Allen y Cervantes, en la que destaca la urgente necesidad de instalar semáforos sobre la Ruta Nacional N° 22, en los tres accesos principales a la ciudad de Allen y en los dos ingresos a Cervantes.

«La falta de semáforos en estos puntos críticos ha generado una serie de problemas de seguridad vial, incluyendo accidentes automovilísticos y situaciones de riesgo para peatones y ciclistas que transitan por estas áreas, desde los barrios costeros del río Negro hacia el centro de ambas ciudades como viceversa», indicó Delgado Sempé. Ante esta situación, el legislador hizo hincapié en «la importancia de tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía».

«La seguridad vial es una prioridad para nuestra comunidad. Es fundamental que se tomen acciones concretas para prevenir accidentes y proteger la vida de nuestros vecinos y vecinas. La instalación de semáforos en las entradas de acceso a Allen y Cervantes es una medida necesaria y urgente», afirmó el parlamentario peronista.

Delgado Sempé sostuvo además que «Vialidad Nacional debe considerar esta solicitud con la seriedad y la urgencia que merece. Ya expresé mi disposición para colaborar en todo lo necesario para llevar a cabo esta importante mejora en la infraestructura vial de la región. Esperamos que esta iniciativa cuente con el apoyo de las autoridades competentes y se lleve a cabo en el menor tiempo posible, en beneficio de la seguridad y el bienestar de toda la comunidad», concluyó.