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Judiciales

Comenzó el juicio contra dos policías y una mujer retirada de la fuerza por transportar un guanaco faenado

Los imputados se movilizaron con armas e intentaron además de incumplir la cuarentena que regía en ese momento por el Covid-19.

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Esta mañana (26/04) sucedió la primera jornada de debate de la acusación que el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado de Río Negro impulsan contra tres personas, dos empleados policiales y una retirada de la fuerza, ya que se les detectaron piezas faenadas de la especie protegida denominada guanaco.

Además el hecho habría ocurrido en plena vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), en 2020. “El 13 de septiembre de ese año personal policial del Destacamento de Seguridad Vial de Paso Córdoba y de la Dirección de Fauna de la provincia, alrededor de las 10 de la noche identificaron dos hombres y una mujer mientras realizaban un procedimiento de rutina”, explicó el fiscal del caso en su alegato de apertura.

“Se habrían encontrado en el interior del baúl de uno de los autos en que se movilizaban, dos paletas delanteras, dos cuartos traseros, una carcasa y un corazón de la especie lama guanicoe, guanaco”, describió la Fiscalía.

“Además se les secuestraron dos armas de fuego largas, un cuchillo de 25 cm. de hoja, otro de 15 cm., ambos con rastros símil sangre. Asimismo, se secuestraron las armas reglamentarias de dos de los tres empleados policiales, específicamente de quienes forman actualmente parte de la policía rionegrina”, agregaron.

La calificación legal esgrimida por la Fiscalía es la de infracción de la Ley de conservación de la fauna silvestre N°22.421, también la infracción a la Ley provincial N°2056 de fauna silvestre y la Resolución 041/2020 de la Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sustentable y cambio Climático de la provincia de Rio Negro. Además se les imputó la infracción al Artículo 205.

Durante el día de hoy, la defensa particular de la y los imputados ofrecieron una reparación económica que fue rechazada por la Fiscalía, como el representante de la Fiscalía de Estado y el juez interviniente.

Puntualmente se sostuvo que no era el momento procesal para realizarla, pero además que los imputados son empleados policiales que al momento del hecho “debían hacer cumplir la ley y permitir un beneficio en estas circunstancias es contradictorio. Además esta audiencia es para tratar el delito de infracción de fauna silvestre, las personas se movilizaron con armas e intentaron además de incumplir la cuarentena, trasladar un guanaco ya faenado. Asimismo no debemos olvidar la Instrucción 4 del Procurador General que no nos permite a los fiscales aplicar ningún tipo beneficio en el marco de este delito”, explicó el fiscal del caso.

Hoy se escucharon los testimonios de los dos guardafaunas que intervinieron, también de quien ocupaba el cargo de secretario de la Dirección de Fauna de la Provincia, personal policial, entre otros.

Judiciales

Amparo por cuotas de las 62 Viviendas: cuarto intermedio para analizar posibles vías de conciliación

El Ejecutivo roquense se comprometió a mantener las cuotas en curso a los valores de la primera liquidación mientras avancen las negociaciones en el marco del amparo.

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Se realizó esta mañana (05/12) en Roca una audiencia ante el juez Contencioso Administrativo en el marco de un amparo iniciado por 52 familias adjudicatarias de viviendas del Programa nacional Reconstruir en la ciudad. Mediante la acción judicial, interpuesta contra el Municipio de Roca, el grupo solicitó que se revise el modo de calcular las cuotas mensuales que debe abonar cada familia para la compra de las viviendas, que están ubicadas en el cuadrante formado por las calles Avenida Roca, Maipú, Evita y El Chingolo.

El plan habitacional es parte de un programa del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación; mientras que el Municipio interviene como ente ejecutor y autoridad de recupero de cuotas para su reinversión en más unidades habitacionales. El pasado 30 de septiembre se entregaron en Roca las primeras 62 unidades del plan de 258 Viviendas.

La audiencia fue convocada por el juez del amparo, Matías Lafuente, «a los fines de abordar en forma conjunta y coordinada la problemática objeto del proceso», según se detalló en la citación. Además el juez solicitó a ambas partes que se presenten a la audiencia con «alternativas de soluciones».

Alrededor de 30 amparistas participaron de la audiencia, con la representación del abogado particular Diego Broggini. La Municipalidad estuvo representada por el abogado Juan Pablo Urquiaga.

Al inicio del acto procesal el juez dio la palabra a una de las amparistas, quien habló en nombre del grupo. La mujer hizo un resumen de la problemática y expuso que la pretensión central es que el valor de la cuota se fije en función del llamado Coeficiente Casa Propia (reconocido por el gobierno Nacional y que tiene en cuenta la variación salarial y la inflación del último año) y no en función del llamado índice UVI (que está atado al índice del costo de la construcción).

Luego, el abogado de los y las amparistas mencionó la normativa que reglamenta el plan Reconstruir y alegó que debe aplicarse un tope legal para las cuotas, las cuales no deberían en ningún caso superar el 30% del ingreso familiar.

A su turno, el abogado que representó a la Municipalidad de General Roca sostuvo que el amparo «no es la vía judicial adecuada» para abordar la problemática y propuso como alternativa la posibilidad de considerar individualmente cada caso particular en el ámbito administrativo local.

Esa propuesta no fue aceptada en forma unánime por los y las amparistas, quienes insistieron en alcanzar una solución para el conjunto, que brinde previsibilidad al valor de las 240 cuotas que tienen por delante.

Tras un cuarto intermedio, el representante del Municipio transmitió en la audiencia el compromiso del Ejecutivo local de mantener las cuotas en curso a los valores de la primera liquidación mientras avancen las negociaciones en el marco del amparo. Con ese compromiso, tanto el Municipio como la totalidad de los y las amparistas aceptaron tomarse un plazo de aproximadamente dos semanas para avanzar en posibles vías consensuadas de solución y volver a encontrarse en una próxima audiencia ante el juez Contencioso Administrativo, que se realizará el 22 de diciembre.

A lo largo de toda la audiencia el juez destacó la importancia de que las partes intenten arribar a un justo acuerdo que permita a las familias cumplir con el compromiso de pago y a su vez permita al municipio sostener en plan de recupero y reinversión de las cuotas.

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Judiciales

Fue hallada la adolescente de 14 años que era buscada en todo Roca

Fue encontrada en buen estado de salud.

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Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que fue hallada la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en toda la ciudad de General Roca.

La joven había sido vista por última vez el miércoles (30/11) a las 12.00 horas.

La adolescente fue encontrada en buen estado de salud y ya está con su familia.

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Le formularon cargos a la mujer que ingresó a la ESRN N° 1 y atacó a golpes a compañeros de su hijo

Además no podrá acercarse al domicilio de una de las víctimas por un radio de 200 metros.

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El Ministerio Público Fiscal imputó esta mañana (01/12) a una mujer de 43 años el delito de lesiones leves y solicitó medidas cautelares por un violento hecho ocurrido el 2 de noviembre pasado en la Escuela Secundaria Río Negro N° 1 de General Roca.

Según la acusación fiscal «la señora, madre de un menor alumno de la ESRN N° 1, ingresó a un curso cuando se encontraban estudiantes en clase junto a dos profesores y comenzó a increpar a los jóvenes. La mujer se abalanzó hacia uno de los adolescentes y comenzó a agredirlo con golpes de puño. Las lesiones fueron certificadas como de carácter leve».

En ese momento, describió la fiscal del caso, «algunos intentaron que la mujer cesara en su accionar, siendo agredidos sin ocasionarles lesiones. Finalmente, tras la intervención de uno de los preceptores, la señora se retiró del lugar».

La calificación legal esgrimida por la Fiscalía para esta etapa del proceso es la de lesiones leves según los Artículos 89 y 45 del Código Penal.

Entre el sustento probatorio mencionado se encuentran las denuncias penales realizadas por los y las progenitoras de algunos estudiantes, de personal del establecimiento escolar, certificado del menor que resultó lesionado, una filmación extraída de redes sociales de la situación, entre otra evidencia.

La defensora pública penal que asistió a la imputada durante la audiencia, no se opuso al hecho ni a la calificación legal esgrimida el día de hoy, y agregó que tras el asesoramiento recibido la señora había decidido no prestar declaración por ahora.

Las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, que no tuvieron oposición de la defensa, fueron prohibición de acercamiento al domicilio del menor por un radio de 200 metros, y no hostigarlo, ni ella ni a través de terceros, por ninguna vía, inclusive las digitales.

De esta manera, el juez de Garantías resolvió tener por formulados los cargos, otorgar un plazo de 4 meses para las medidas cautelares y el mismo tiempo para la investigación penal preparatoria.

La defensa penal pública se opuso a la publicidad de la audiencia por existir dos menores de edad involucrados, el hijo de la mujer imputada y el adolescente damnificado, cuya imagen e intimidad podría verse perjudicada. La Fiscalía, por su parte, se manifestó a favor de la publicidad de la audiencia con restricciones específicas.

En su resolución fundada el juez de Garantías interviniente declaró la reserva de la audiencia. Argumentó que existen precedentes del Tribunal de Impugnación que ordenan preservar al máximo toda referencia a menores de edad afectados por procesos penales (Fallo «Fau»). «Hay un plus protectorio para la tutela judicial efectiva respecto de los menores de edad», expresó el juez, quien fundó la decisión en normas internacionales, nacionales y provinciales.

Citó el art. 1 de la Ley N° 20.056, que expresamente prohíbe «en todo el territorio de la República la difusión o publicidad por cualquier medio de sucesos referentes a menores de 18 años de edad incursos en hechos que la ley califica como delitos o contravención o que sean víctimas de ellos».

También invocó la Ley Nacional y la Ley Provincial de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras normas.

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