En relación a una necesidad planteada por un sector de la administración púbica provincial, y en el marco del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo que impulsa la provincia de Río Negro, se avanza en un esquema de retiros voluntarios de agentes estatales, que brinde las condiciones adecuadas a quienes decidan adherirse.

Se impulsará, en este marco, la readecuación del Régimen General de Desvinculación Voluntaria, previsto en la Ley N° 3135, para que contemple la realidad actual de los agentes públicos. De acuerdo a la propuesta, quienes deseen concretarlo podrán percibir entre 5 y 7 salarios juntos, dependiendo de si cuentan con 10 o más años de antigüedad, además de un 50% del haber habitual, durante un año.

«Se está trabajando para dar respuesta a un porcentaje de agentes que sienten que su pertenencia al Estado se ha terminado, y están buscando alternativas en otros sectores. El Estado ha escuchado este mensaje y ha entendido que tiene que hacer una propuesta bajo el régimen legal vigente actualmente», comentó al programa Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3) el ministro de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo, Federico Lutz.

En este sentido, Lutz afirmó que «no es la filosofía del partido del gobierno el achique de planta de manera indiscriminada. La visión es la de generar una oportunidad a aquellos agentes que entienden que han culminado su carrera administrativa, y la propuesta alternativa es el retiro voluntario, sin que eso implique la pérdida de sus derechos por haber pertenecido tantos años al sistema».

«Si bien la masa de trabajadores es representativa, no creemos que el Estado Rionegrino requiera de un achicamiento, sino de una mayor eficiencia y una transformación en la relación de empleo», sostuvo.

El funcionario indicó que en los próximos días se estará enviando la propuesta para que sea tratada en la Legislatura Provincial, además de realizarse el cálculo de las erogaciones correspondientes.

«El Estado no puede prescindir de todos sus agentes, con lo cual se establecerá un cupo. Buscamos que sea un beneficio mutuo, sin necesidad de perjudicar la dinámica y la operatividad de la administración. Estamos hablando de un número limitado de agentes y no un retiro masivo», dijo.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a partir de las 00 horas del lunes (29/04) y se paralizarán las exportaciones y controles sanitarios en todo el país. «Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado», aseguró Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

La medida surge a partir del dictamen de mayoría al proyecto de Ley Bases, firmado este jueves (25/04) en la Cámara de Diputados, el cual «propicia una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el SENASA», indicó Aguiar. Por eso, el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario.

«El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país», sostuvo el referente estatal.

Aguiar indicó que «si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo». Detalló que «pretenden dejar sobre la órbita del SENASA solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana».

«El Gobierno tiene que exceptuar al SENASA de los organismos alcanzados por la ley», concluyó el secretario general de ATE. El sindicato resaltó la importancia de contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional.

Un organismo de alto rendimiento

El SENASA es el organismo encargado de la fiscalización de producción agroalimentaria que cuenta con la habilitación de la Organización Mundial del Comercio para controlar las normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países. Es el organismo encargado de otorgar las certificaciones necesarias para el comercio internacional. Es decir, sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo.

«Si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación. También se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más (como por ejemplo, Japón)», informaron desde ATE.

«Además, no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales», agregaron.

La ministra de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, Patricia Campos, recibió a la secretaria General del sindicato docente UnTER, Silvana Inostroza, en donde atendiendo las presentaciones realizadas, se presentó el nuevo piso salarial para el maestro de grado.

En este sentido, en virtud de la garantía y previsibilidad de la liquidación de los haberes, el Gobierno estableció un piso salarial para el maestro de grado con un solo cargo para abril de $620.000 y de $673.000 para el mes de mayo.

En tanto, respecto del cálculo de la ubicación se ratifica lo planteado la última paritaria sumando el concepto de Antigüedad para el cálculo de la misma. En este sentido, se suma a la totalidad de los y las docentes que no percibían este concepto.

Finalmente, las partes acordaron elevar el acta a la secretaria de Trabajo, junto a las grillas correspondientes, para su homologación.

De la reunión participaron también la secretaria de Educación, Ana Laura Giovanini, el secretario de Articulación y Gestión, Adrián Carrizo; y por UnTER, la secretaria General, Silvana Inostroza; el vocal gremial del CPE, Marcelo Nervi y la secretaria de Gremial y de Organización, María Castañeda.