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Judiciales

Caso Videla: Colicheo reconoció que asesinó al trabajador judicial

Por primera vez en 14 meses, el acusado dijo que fue el autor de los hechos.

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Este mediodía (03/05) Antonio Gregorio Colicheo, imputado por el homicidio de Javier Videla, reconoció haber cometido los hechos, aceptó la calificación legal y la prueba en el marco de un acuerdo abreviado parcial presentado por la Fiscalía, la querella y la defensa penal pública de lo sucedido en marzo del año pasado.

De esta manera, los jueces del Tribunal de Juicio interviniente darán a conocer el viernes próximo a las 10 horas, la sentencia respecto de la solicitud de responsabilidad penal en carácter de autor por los delitos de «homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, todo en concurso real con la portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal», según los Artículos 79, 41 bis, 189 bis inc. 2do., 55, y «abuso de armas en concurso real con portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal», según los Art. 104, 189 bis inc. 2, 55, todos del Código Penal.

Los hechos que Colicheo, de 32 años, reconoció desde la Unidad Penal N°1 de Viedma a través de la plataforma Zoom, y que en el marco de los legajos fiscales se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde marzo de 2021, son dos.

Según el acuerdo del procedimiento abreviado parcial, sucedieron el 4 de marzo del año pasado. El primero fue aproximadamente a la 1.20 de la madrugada, en calles Piedrabuena y Las Heras, «cuando el imputado arribó al lugar, a bordo de un vehículo Chevrolet Vectra, azul propiedad de la víctima fatal. Lo hacía portando sin la debida autorización legal un arma de fuego calibre 9 milímetros, así estacionó el vehículo en la puerta del inmueble y al ver que la pareja de Videla se encontraba mirando por la ventana, le tocó bocina para que saliera de la casa», mencionó el fiscal jefe interviniente.

«Una vez que estaba fuera del lugar, el victimario le pidió que se subiera al auto, y a la vez escuchó la voz de Videla desde el interior del vehículo que le grita: ‘No subas, corré'», continuó relatando el representante fiscal.

«Luego el imputado efectuó dos disparos con el arma de fuego que portaba, proyectiles que impactaron en la puerta de la casa, y se alejó del lugar en el Vectra», concluyó.

En relación al segundo hecho, que sucedió luego del otro, mientras que el victimario estaba con la víctima fatal dentro del auto mencionado, y «con la intención de darle muerte, efectuó disparos, y al menos uno impactó en la zona de la pared posterior del hemitórax izquierdo de Videla, provocándole su muerte», detalló el fiscal jefe.

«Luego se dirigió hacia el kilómetro 62 de la Ruta Provincial Nº 6 y ocultó el cuerpo del fallecido, y de allí se fue hacia el puesto La Perseverancia, ubicado a 75 kilómetros al norte de la zona urbana de Roca, lugar donde fue detenido por personal policial», explicó la Fiscalía.

En ese procedimiento se le encontró una riñonera de Videla con su documentación personal, un celular, y zapatillas, todo de la víctima fatal. Además estaba el arma Taurus PT 917C, calibre 9 mm, con número de serie suprimido, el automóvil marca Chevrolet Agile, propiedad de una hermana de Javier Videla, y dentro del mismo las llaves del Vectra.

Una vez concluida esta etapa del juicio abreviado, se les dará a las partes el plazo para que presenten la prueba y de esta manera concretar el juicio de cesura de pena, cuya fecha será fijada oportunamente.

Gremios

«El Poder Judicial al servicio del poder real»

Sitrajur, la CTA y el bloque de legisladores de Unidad Ciudadana, rechazaron el fallo que condena a la vicepresidenta a 6 años de prisión.

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«Lawfare. O más claro, el poder judicial al servicio del poder real muy bien representado en lo símbolico en la reunión de Lago Escondido. Se juntan en la casa del que nos robó un lago para planificar la persecución política de todo lo popular», lamentó Emiliano Sanhueza, secretario general de Sitrajur, una vez conocido el fallo que condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión.

Por su parte, desde la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina expresaron su más enérgico repudio al fallo emitido en la causa Vialidad del Tribunal Federal N° 2 contra Cristina Fernández. «La Fiscalía, encabezada por Diego Luciani y Sergio Mola, en un capítulo más de la persecución judicial que la mandataria sufre desde que finalizó su gestión en 2015, había acusado a la vicepresidenta de haber sido la jefa de una asociación ilícita durante su gestión al frente del Ejecutivo Nacional. Se trata de los mismos agentes judiciales que demuestran tener una connivencia escandalosa con sectores políticos y económicos interesados en proscribir a Cristina porque no se inclina ante su poder», explicaron.

«Es muy claro que hay una parte del aparato de justicia que quiere eliminar la figura de la vicepresidenta de la política, pero el pueblo argentino no va a agachar la cabeza, vamos a seguir bancando a Cristina. Los trabajadores y las trabajadoras no vamos a permitir un Lula en nuestro país», agregaron desde la CTA.

Asimismo, desde el bloque de legisladores Unidad Ciudadana, respaldaron a la vicepresidenta y repudiaron a «la Justicia corrupta». Consideraron que es «un fallo mafioso y un ataque directo a la Democracia».

«Es un absoluto despropósito el fallo conocido hoy, expresamos nuestro más enérgico repudio. Un atentado contra la Democracia y contra el pueblo, que ve claramente cómo, con algunos jueces, no hay garantía de obtener justicia», indicaron.

Los parlamentarios Alejandra Mas, Gabriela Abraham y Daniel Belloso emitieron su opinión después de conocer la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la ex presidenta a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz.

«Es muy claro que hay una parte del aparato de justicia que pretende proscribir a la Vicepresidenta de la política, pero tenemos claro que el pueblo y la historia harán justicia, esa que en nuestro país hoy está en manos de jueces y fiscales mafiosos, la que es imprescindible modificar. Basta de mafia judicial», añadieron.

Para finalizar, expresaron que «hoy más que nunca estamos con Cristina, nuestra conductora, la política más importante de los últimos tiempos en Argentina».

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Judiciales

Condenaron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión

El fallo agrega la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz.

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El Tribunal Oral Federal 2 condenó este martes (06/12) a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras declararla culpable de administración fraudulenta en la causa que investigó el presunto direccionamiento de la obra pública vial de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

El Tribunal también absolvió por mayoría a la ex presidenta y al resto de los acusados por el delito de asociación ilícita por el cual los acusaron los fiscales del juicio Diego Luciani y Sergio Mola.

Los fundamentos del veredicto emitido por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso serán dados a conocer el 9 de marzo del año próximo, fecha a partir de la cual las partes podrán presentar sus apelaciones.

La sentencia quedará firme cuando se hubieren agotado todas las instancias, es decir, cuando la Corte Suprema responda a todos los planteos que le lleguen.

El Tribunal también condenó al empresario Báez a 6 años de prisión como partícipe necesario de administración fraudulenta, en tanto que al exsecretario de Obras Públicas, José López y al exdirector de Vialidad Nacional Néstor Periotti les dictó la misma pena como coautores del delito, por lo que también dispuso en relación a ellos su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De los trece imputados por este caso hubo tres que fueron absueltos: el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el expresidente de la Administración General de Vialidad Provincia de Santa Cruz (AGVP), Héctor Garro.

En tanto, el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner resultó sobreseído por extinción de la acción penal. Había sido acusado por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público.

Agencia Télam.

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Judiciales

Amparo por cuotas de las 62 Viviendas: cuarto intermedio para analizar posibles vías de conciliación

El Ejecutivo roquense se comprometió a mantener las cuotas en curso a los valores de la primera liquidación mientras avancen las negociaciones en el marco del amparo.

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Se realizó esta mañana (05/12) en Roca una audiencia ante el juez Contencioso Administrativo en el marco de un amparo iniciado por 52 familias adjudicatarias de viviendas del Programa nacional Reconstruir en la ciudad. Mediante la acción judicial, interpuesta contra el Municipio de Roca, el grupo solicitó que se revise el modo de calcular las cuotas mensuales que debe abonar cada familia para la compra de las viviendas, que están ubicadas en el cuadrante formado por las calles Avenida Roca, Maipú, Evita y El Chingolo.

El plan habitacional es parte de un programa del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación; mientras que el Municipio interviene como ente ejecutor y autoridad de recupero de cuotas para su reinversión en más unidades habitacionales. El pasado 30 de septiembre se entregaron en Roca las primeras 62 unidades del plan de 258 Viviendas.

La audiencia fue convocada por el juez del amparo, Matías Lafuente, «a los fines de abordar en forma conjunta y coordinada la problemática objeto del proceso», según se detalló en la citación. Además el juez solicitó a ambas partes que se presenten a la audiencia con «alternativas de soluciones».

Alrededor de 30 amparistas participaron de la audiencia, con la representación del abogado particular Diego Broggini. La Municipalidad estuvo representada por el abogado Juan Pablo Urquiaga.

Al inicio del acto procesal el juez dio la palabra a una de las amparistas, quien habló en nombre del grupo. La mujer hizo un resumen de la problemática y expuso que la pretensión central es que el valor de la cuota se fije en función del llamado Coeficiente Casa Propia (reconocido por el gobierno Nacional y que tiene en cuenta la variación salarial y la inflación del último año) y no en función del llamado índice UVI (que está atado al índice del costo de la construcción).

Luego, el abogado de los y las amparistas mencionó la normativa que reglamenta el plan Reconstruir y alegó que debe aplicarse un tope legal para las cuotas, las cuales no deberían en ningún caso superar el 30% del ingreso familiar.

A su turno, el abogado que representó a la Municipalidad de General Roca sostuvo que el amparo «no es la vía judicial adecuada» para abordar la problemática y propuso como alternativa la posibilidad de considerar individualmente cada caso particular en el ámbito administrativo local.

Esa propuesta no fue aceptada en forma unánime por los y las amparistas, quienes insistieron en alcanzar una solución para el conjunto, que brinde previsibilidad al valor de las 240 cuotas que tienen por delante.

Tras un cuarto intermedio, el representante del Municipio transmitió en la audiencia el compromiso del Ejecutivo local de mantener las cuotas en curso a los valores de la primera liquidación mientras avancen las negociaciones en el marco del amparo. Con ese compromiso, tanto el Municipio como la totalidad de los y las amparistas aceptaron tomarse un plazo de aproximadamente dos semanas para avanzar en posibles vías consensuadas de solución y volver a encontrarse en una próxima audiencia ante el juez Contencioso Administrativo, que se realizará el 22 de diciembre.

A lo largo de toda la audiencia el juez destacó la importancia de que las partes intenten arribar a un justo acuerdo que permita a las familias cumplir con el compromiso de pago y a su vez permita al municipio sostener en plan de recupero y reinversión de las cuotas.

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