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Escándalo en el Municipio de Huergo: Funcionario denunciado por acoso sexual, laboral y psicológico

La víctima era también funcionaria del Municipio y dependía laboralmente del acusado. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la separación del cargo del denunciado.

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Una ex funcionaria del Municipio de Ingeniero Huergo denunció por acoso sexual, laboral, psicológico y simbólico a quien hasta la semana pasada se desempeñaba como titular de la cartera de Desarrollo Social, el cual ante la denuncia, se tomó licencia sin goce de haberes.

Asimismo, el jueves se llevó adelante una sesión especial en el Concejo Deliberante donde se aprobó por unanimidad que el acusado sea removido del cargo hasta que avance el proceso judicial.

«La víctima hace 2 años que está viviendo este tipo de situaciones», aseguró en los micrófonos de Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3), la concejal Paola Rolo, del Frente de Todos.

«La víctima manifiesta en la denuncia que varias veces hablo con el intendente (Miguel Martínez) de este tema, pero no hizo nada», indicó.

La denunciante se presentó oportunamente en la Comisaría de la Familia de Regina para informar lo que le estaba sucediendo. Indicó que las situaciones irregulares de índole sexual comenzaron apenas ella fue designada en el cargo en el año 2019. Realizó un extenso relato sobre situaciones vividas, mensajes enviados por el funcionario denunciado y el temor que ella sentía de denunciar.

«Ella actualmente no está trabajando, porque se tuvo que pedir una licencia psicológica para así interrumpir el contacto con el denunciado», detalló la concejal Rolo.

«Desde nuestro lugar como concejales, así como desde el Consejo de la Mujer y junto a otras organizaciones, vamos a seguir acompañando a la víctima y exigiendo a la Justicia que se lleve el proceso correspondiente», concluyó.

Judiciales

Agredió a su ex pareja, a su hija y a su madre: Le dictaron prisión preventiva

El hecho de violencia de género ocurrió el pasado sábado a la madrugada en Padre Alejandro Stefenelli.

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Un hombre fue acusado de femicidio en grado de tentativa y otros delitos en contexto de violencia de género y continuará detenido mientras avanza la investigación en su contra. Intentó matar a su ex pareja y la madre del imputado fue la que intervino para poder impedirlo.

Los violentos episodios comenzaron en la madrugada del 21 de mayo cuando el acusado -sobre quien pesada una restricción que le impedía acercase a la vivienda- ingresó sin autorización y saltando un portón al domicilio de su ex pareja ubicada en el barrio Padre Alejandro Stefenelli, en General Roca.

Cerca de las 9.00 horas de ese mismo día, el hombre se dirigió a la casa de su propia madre, donde también ingresó en contra de su voluntad y comenzó a agredirla físicamente propinándole golpes en distintas partes del cuerpo, así como también tirándole los pelos e intentando asfixiarla. Durante su accionar, el hombre le recriminaba a su progenitora que no lo ayudaba para que su ex pareja se vaya de su casa.

Minutos después de lo anterior, el acusado recorrió los 100 metros que separan la vivienda de su madre respecto de la de su ex pareja y volvió a ingresar por la fuerza saltando el portón de ingreso que se encontraba cerrado con llave. Allí, tomó una herramienta metálica de unos 20 centímetros de largo con la cual comenzó a atacar a la mujer golpeándola en reiteradas oportunidades en la cabeza con la clara intención de darle muerte.

Para intentar socorrer a la víctima, la hija de ambos comenzó a intervenir y fue agredida por su progenitor quien la tomó del cabello y también la golpeó. Finalmente, llegó al lugar la madre del imputado quien comenzó a golpearlo con un palo para que deje de agredirlas logrando que el mismo soltara a sus víctimas.

La fiscal del caso, Verónica Villarruel, calificó los hechos como femicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa por la agresión a su ex pareja y lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por ser cometidas en contexto de violencia de género respecto de los ataques para con su hija y su madre.

Además se suman a lo anterior, los delitos de violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial toda vez que al imputado se le había prohibido en el marco de un proceso de familia acercarse a los dos domicilios reseñados.

La representante del Ministerio Público requirió la prisión preventiva del acusado destacando que en caso de ser hallado culpable, la pena a imponer sería indefectiblemente de cumplimiento efectivo. Además destacó que el caso debía analizarse con perspectiva de género y recordó el compromiso del Estado argentino de permitir que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia.

La fiscal sostuvo que cualquier otra medida que no sea la de la prisión preventiva sería insuficiente para permitir lo anterior y que haría peligrar el normal avance del proceso puesto que el imputado no había respetado la perimetral que ya pesaba en su contra.

El Juez de Garantías, Julio Martínez Vivot tuvo por formulados los cargos en los términos expuestos por los acusadores e hizo lugar a la medida cautelar requerida. En consecuencia, el acusado permanecerá detenido en carácter de prisión preventiva.

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Judiciales

Techo Digno: STJ anuló sentencias y dispuso dar continuidad a la investigación

De esta manera, ex intendentes y empresarios volverán a ser investigados.

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El Superior Tribunal de Justicia, en decisión unánime, anuló las sentencias del Tribunal de Impugnación y de un juez en función de revisión de Viedma con relación a la denominada causa Techo Digno. De esta manera, dispuso “remitir los legajos individualizados a las respectivas Oficinas Judiciales para dar continuidad a su tramitación”.

El STJ hizo un análisis de las implicancias de cada etapa de un proceso penal, reafirmó la provisoriedad de la formulación de cargos y la potestad del Ministerio Público Fiscal para llevar adelante la investigación, con los jueces y juezas como garantes de los derechos de las partes.

En este marco, afirmó que tanto los sobreseimientos dictados en la primera circunscripción judicial como la nulidad que el Tribunal de Impugnación dispuso para las otras formulaciones de cargo en distintas ciudades de la provincia fueron “prematuras” e implicaron una “injerencia” en las funciones del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, indicó que para los requerimientos de la etapa, las formulaciones analizadas habían cumplido su cometido.

Anulación de los sobreseimientos

En la primera circunscripción judicial, el juez de garantías había aceptado las formulaciones de cargo. Pero en su revisión otro juez había revocado la decisión y dispuesto el sobreseimiento de los imputados. El STJ anuló esos sobreseimientos y ordenó “mantener los efectos de lo decidido por el señor Juez de Garantías”.

El máximo Tribunal rionegrino explicó que “el sobreseimiento -una vez firme- cierra irrevocablemente el procedimiento e impide una nueva persecución penal por el mismo hecho”. Por eso, “no se sobreseen calificaciones jurídicas desajustadas”.

Para el STJ el Tribunal de Impugnación “soslayó referir a la liminar etapa en la que transitaba el legajo, planteando interrogantes (al igual que el revisor) pretendiendo que lo traído en la formulación de cargos tuviera las condiciones de calidad de prueba, propia de la etapa de juicio”.

En este punto, el Superior Tribunal hizo consideraciones sobre lo que implica la etapa de formulación de cargos: “en esa audiencia no se producen pruebas, sino que se alude a «la información con que cuenta la Fiscalía» (art.130 en concordancia con el art.120 CPP)”.

Agrega que “esa modalidad resolutiva de sobreseimiento fue utilizada de modo anticipado y prematuro, con lo que ha limitado o directamente impedido un funcionamiento eficaz de la investigación de delitos. Ello así puesto que impidió en la etapa preparatoria que la parte acusadora desplegara su tarea tal como establece el ritual, esto es: preparando la investigación, anoticiando a los involucrados de que ello ocurriría, con el grado de provisoriedad y mutabilidad propia de la etapa”.

Al analizar las etapas procesales en su conjunto, el STJ argumentó que es en el control de acusación donde “la completitud de la acusación y la subsanación de defectos formales es exigible”. Pero en la formulación de cargos no, “porque solo es necesaria la base fáctica a investigar, la individualización, si fuere posible, de todas las personas involucradas, y una subsunción típica provisoria, brindando la información con la que se cuenta”.

“No cabe duda entonces de que este primer estadio de trámite procesal encuentra otras etapas sucesivas hasta determinar que un reproche individual tiene la aptitud para ser resuelto en juicio, por lo que es dable concluir en su provisoriedad y flexibilidad. Asimismo, la continuidad del trámite también cuenta con múltiples oportunidades posteriores para las funciones de información y saneamiento”, agregó.

Aplicando esos criterios a la causa, concluyó que “tanto el sobreseimiento prematuro del Juez revisor como la corrección omitida por el TI que derivó en su ratificación implicaron una injerencia jurisdiccional indebida en las funciones del Ministerio Público Fiscal y un impedimento para desarrollar un ejercicio eficaz de sus facultades en temáticas de por sí complejas”.

Así, “el sobreseimiento era no solamente prematuro por una equivocada interpretación sistemática de normas procesales y de principios constitucionales, sino que también hacía imposible cualquier persecución razonable por la utilización espuria de fondos públicos mediante la mecánica ya expuesta en los hechos formalizados inicialmente”

Los legajos de las otras circunscripciones

En los otros cinco casos, de distintas circunscripciones, no se habían dictado sobreseimientos en etapas anteriores. Pero el Tribunal de Impugnación había ordenado la nulidad de las formulaciones de cargo y reenviado para su eventual nueva realización bajo otro contenido.

Aunque formalmente quedaba abierta la posibilidad de reformular la acusación fiscal, el fallo del STJ expone que “el conjunto de las consideraciones del TI para arribar a la nulidad ponía en riesgo el éxito de cualquier posibilidad razonable de reformulación o de nueva formulación de cargos; de ahí la equiparación a definitiva de lo resuelto”.

Como ya había quedado expuesto al tratar el expediente anterior, dice el STJ que “el TI realizó una interpretación errada sobre las posibilidades de formulación y reformulación de cargos, en tanto se encontraba en transcurso la etapa preparatoria”.

“Todos los interrogantes que el TI se ha planteado y autorrespondido” al anular las formulaciones de cargo no podrían ser contestadas en esa etapa inicial del proceso y solo podrían ser develados por un “juez que ha transitado el debate”. Para el STJ, procurar atender todas las cuestiones planeadas en el fallo del TI tornaría “ineficaz e ímproba la tarea de la Fiscalía en la investigación de delitos complejos”.

Nuevamente el Superior Tribunal de Justicia observó una decisión anticipada. Concluyó que “la actividad del TI ha obstaculizado las posibilidades de formulación y reformulación de cargos en el inicio de la etapa preparatoria y ha sentado criterios que resultan prematuros e incorrectos, toda vez que el perfeccionamiento de la formulación de cargos necesita de tal evolución y tránsito de la etapa que da inicio formal a la investigación hasta el estadio conclusivo para dar lugar a la acusación que el Ministerio Público estime mejor”.

Por último, el Máximo Tribunal rionegrino analizó que algunas consideraciones del TI respecto a la prueba tampoco se corresponden con la etapa procesal inicial. No cabe sentar criterio en esta fase “sobre el mérito probatorio para criticar los informes periciales de cargo demostrativos de la diferencia entre lo pagado, la certificación de avance de obra y la realidad de esta, entre otros muchos extremos de fondo que fueron escuchados y sobre los que no se formula ninguna apreciación, dado que no corresponde sentar criterio en esta ocasión”.

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Judiciales

Compró una prefabricada en cuotas pero se arrepintió y le devolverán el dinero

El cliente tuvo que recurrir a la Justicia y finalmente un fallo de un Juzgado de Paz le dio la razón y ahora la empresa tendrá que devolverle el 60% de lo que había invertido inicialmente.

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Un hombre de Cipolletti abonó 23 cuotas de una casa prefabricada pero se arrepintió y rescindió el contrato. Entonces invocó una cláusula por la que debían devolverle el 60% de la inversión. Con la pandemia encontró dificultades para hacerse de ese dinero y, finalmente, un fallo del Juzgado de Paz le dio la razón.

En septiembre de 2017 el cipoleño firmó un contrato para comprar una vivienda industrializada, línea clásica, con galería/cochera, de 47 metros cuadrados más 24 metros cuadrados. En ese momento la prefabricada costaba $328.100.

El hombre estipuló el pago en 36 anticipos mensuales y consecutivos. Pero cuando llegó a la cuota 23 se arrepintió y le informó a la empresa que ya no le interesaba la vivienda.

Eso ocurrió en julio de 2019 y en ese momento inició las gestiones para recuperar el 60% de la inversión, situación que estaba contenida en una cláusula del contrato.

Durante ese periodo no pudo resolver el reclamo y las gestiones se dificultaron aún más con la llegada de la pandemia, en marzo de 2020.

Primero denunció su caso en Defensa del Consumidor y en ese ámbito se produjeron diversos intercambios con representantes de Gauros S.R.L. y el gerente. Finalmente le informaron que el reclamo resultaba improcedente, por cuanto la obligación de reintegro procede únicamente para el caso de que la empresa haga uso de la facultad de resolver el contrato por falta de pago de dos anticipos mensuales consecutivos.

Con esa respuesta recurrió al Juzgado de Paz de Cipolletti e inició una demanda por menor cuantía. El fallo resultó favorable al cliente y ahora la empresa tendrá que devolverle $55.200 que representan el 60% de los $92.000 que había invertido.

Este caso se resolvió con la presentación de una copia del contrato, de los pagos y el testimonio del consumidor. La empresa que vendía las casas no contestó la demanda. La resolución, a pesar de que le dio una respuesta al cliente, le advirtió que debió haber recurrido a otros medios de pruebas para que sus afirmaciones tuvieran mayor convicción.

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