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Judiciales

Trabajaba en dos organismos estatales y sufrió un accidente: ¿para la indemnización debe tomarse un ingreso o ambos?

La Justicia le reconoció una incapacidad y ordenó una indemnización, pero tomando como base solo el sueldo de uno de los organismos.

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Un hombre trabajaba para la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y además era profesor de Educación Física en escuelas públicas. En una jornada recreativa en El Cóndor sufrió una fractura en el “dedo gordo” (hallux) del pié. Se le reconoció una incapacidad y se ordenó una indemnización, pero tomando como base solo el sueldo de uno de los organismos. Un fallo judicial admitió que se trata de una situación de pluriempleo, con una única aseguradora de riesgos del trabajo, por lo que corresponde basarse en ambos salarios, y por lo tanto incrementar el monto del resarcimiento.

En su presentación el profesor explicó que “como consecuencia del siniestro fue asistido por la ART demandada y que sin brindarle ninguna prestación se le otorgó el alta”. Luego, inició un trámite administrativo ante la Comisión Médica, que finalmente le reconoció una incapacidad laboral.

Sin embargo, en su demanda judicial sostuvo que la ART “desconoció la situación de pluriempleo y ofreció abonarle una liquidación notoriamente inferior a la que le correspondía”, teniendo en cuenta que tenía dos trabajos con el mismo empleador. Oportunamente el apoderado de Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. desconoció el accidente de trabajo denunciado.

La Cámara Laboral inició el trámite y llamó a una instancia de conciliación, pero no se llegó a un acuerdo. Como tanto el accidente de trabajo como el porcentaje de incapacidad fueron aceptados por las partes, el punto a dirimir por los jueces era como debía calcularse el Ingreso Mensual Base, que es uno de los sustentos a la hora de fijar la indemnización.

En definitiva, correspondía establecer si se toma solo el salario en la SENAF, o se debe adicionar también el de profesor de educación física, ambos prestados para el Ejecutivo provincial.

Al analizar la prueba, la Cámara expresó que el trabajador “acreditó que al momento del siniestro laboral desempeñaba sus tareas en la administración provincial tanto para la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia como también para el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, configurándose una típica situación de pluriempleo, bajo la cobertura de la misma ART demandada”.

En este marco, citó el decreto presidencial 491/97, complementario de la Ley de accidentes de trabajo, que dice que si un empleado está en situación de pluriempleo, el monto indemnizatorio tendrá que ver “con los ingresos base del trabajador respecto de los empleos para los cuales se hubiera encontrado trabajando en el momento de producirse el accidente”.

De esta manera, hizo lugar a la demanda y ordenó a la ART a abonarle al trabajador en concepto de indemnización por la incapacidad laboral una cifra cercana a los $600.000.

Gremios

Lago Escondido: Organizaciones sociales y gremiales reclaman una sentencia favorable

La sentencia debía conocerse en junio y sin embargo, todavía, la Cámara de Apelaciones de Bariloche no dicto resolución al respecto.

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Un sinfín de organizaciones sociales, gremiales y políticas emitieron un comunicado donde manifiestan su preocupación por la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y de Minería de San Carlos de Bariloche, en el juicio que busca garantizar el Libre Acceso al Lago Escondido. Es que, que según los plazos procesales, debía conocerse a principios del mes de junio de 2022, todavía no se ha dado a conocer.

Sin embargo, ya se organiza una nueva Marcha por la Soberanía que se llevará a cabo en el inicio de la primavera de este año. La causa judicial caratulada ‘Odarda, María Magdalena y otros c/ Vial Rionegrina Sociedad del Estado y otros -Mandamus- s/ ejecución de sentencia Expte. N° D-3BA-524-C2012’ cuenta desde el año 2009 con distintas sentencias firmes del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, mediante las que se dispuso la apertura de las distintas vías de acceso al Lago Escondido. «A pesar de que las mismas se encuentran firmes, hace 13 años que el pueblo argentino espera su cumplimiento», indicaron desde las organizaciones sociales.

«En esta instancia, los tres jueces del Tribunal (Pájaro, Corsiglia y Serra) deben decidir sobre los insólitos planteos de Lewis para no acatar la sentencia del año 2013, mediante la cual el juez de Ejecución de Bariloche Dr. Carlos Marcelo Cuellar, determinó que el Gobierno de Río Negro debía garantizar el acceso libre y seguro al Lago Escondido, por las distintas vías existentes, en un plazo de 90 días, y sin embargo seguimos esperando una nueva resolución, ya que desde entonces las autoridades provinciales y Lewis no sólo se niegan a cumplir la sentencia sino que continúan planteando maniobras dilatorias de todo tipo», expresaron.

Detallaron asimismo que «en la sentencia de 2013 se determinó que debe accederse al Lago por: el ‘Camino de Tacuifí’, vía de acceso público que nace en la Ruta Nacional N° 40 y que garantiza el acceso seguro en pocos minutos, tanto a pie como en vehículo; y también el sendero de montaña, pensado para personas físicamente preparadas dado que es transitable únicamente a pie y requiere entre 3 y 4 días de caminata hasta llegar al Lago Escondido. Recordamos también los hechos de extrema gravedad sufridos por los integrantes de la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (FIPCA” en el mes de febrero de 2022 cuando se llevaba a cabo la 6° Marcha por la Soberanía, quienes fueron amenazados de muerte por un numeroso grupo de personas armadas que -en defensa de la propiedad del magnate inglés Joe Lewis- los interceptaron impidiéndoles el paso por el sendero de montaña. Una situación similar ocurrió en la 5° Marcha por la Soberanía, cuando las mismas patotas de Lewis se ubicaron en el inicio del Camino de Tacuifí y bloquearon violentamente el paso a ciudadanos y militantes que se hicieron presentes en el lugar, causando heridos mediante pedradas y otros hechos violentos. Del mismo modo había ocurrido en febrero de 2019, en el marco de la 4° Marcha por la Soberanía, cuando dos integrantes de la Fundación debieron recibir asistencia médica por un cuadro de hipotermia después de que una lancha de Lewis diera vuelta el bote en el que estaban en medio del lago», denunciaron desde las organizaciones sociales.

«Debemos destacar también las Resoluciones N° 393 y 503 de la Inspección General de Justicia -IGJ- de fecha 18 de abril y 5 de mayo de 2022, suscriptas por el Dr. Ricardo Nissen, quien luego de una profunda investigación, reclamó que la Justicia dicte la nulidad de las Sociedades Anónimas de Joe Lewis (HiddenLake S.A y Grupo HL S.A.) por tratarse de simulaciones mediante las cuales se desarrolla una actividad ilícita dado el incumplimiento flagrante y doloso de las normas públicas de control societario, entre otros aspectos: “Jamás actuó como verdadera sociedad. Su verdadero dueño es Joseph Charles Lewis, quien se valió de parientes junto con sociedades ficticias nacionales y extranjeras que éste controla absolutamente, para ocupar su propio y exclusivo interés, que no es otro que vivir en un lugar paradisíaco, rodeado de montañas y lagos, sin permitir, salvo sus selectos amigos e invitados, su acceso absolutamente a nadie, y sin brindar una vía de acceso para admirar esas bellezas naturales que caracterizan al sur de la República Argentina, cuyo goce no puede ser exclusivo privilegio de éste” (Res. 393 IGJ)», añadieron.

«Asimismo, denunció los distintos abusos procesales de Lewis tendientes a encubrir el incumplimiento de las sentencias y al alargamiento indefinido del juicio en el que es demandado por el acceso al Lago, lo que no sólo constituye un daño para la administración de Justicia, sino también el menoscabo a los intereses del enorme e indeterminado colectivo de ciudadanos y ciudadanas relacionados con el acceso público al Lago Escondido y el ejercicio de la Soberanía Nacional», expresaron.

«Los abogados de Lewis recurrieron estas medidas ante la IGJ, que las rechazó, y por ello presentaron una queja ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Capital Federal, que el pasado 14 de junio le dio la razón a lGJ en uno de los planteos. En tal sentido, reclamamos se dicte una sentencia que dé por tierra con los privilegios de un ciudadano de la corona británica en suelo argentino y que consagre la vigencia irrestricta del principio de soberanía e igualdad ante la Ley», concluyeron en un comunicado un sinfín de organizaciones sociales, gremiales y políticas, entre las que se destacan la CGT, CTA, CTA Autónoma, ATE, Patria Grande, Movimiento Evita, entre otros.

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Judiciales

El debate por el femicidio de Claudia Casmuz se desarrollará ante un jurado popular

El imputado, Antonio Colicheo, se encuentra con prisión preventiva en el Penal de Viedma y ya fue declarado responsable penal por la muerte de Javier Videla.

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Esta mañana (29/06), en la audiencia de control de la acusación por el femicidio de Claudia Alejandra Casmuz, y cuyo único imputado, Antonio Colicheo, es quien ya fue declarado responsable penal por la muerte de Javier Videla, se resolvió que el debate oral y público sea desarrollado ante un jurado popular.

Las partes, tanto la acusación como la defensa, estuvieron de acuerdo en los hechos y la calificación legal que se deberá juzgar y en consonancia con ello el juez interviniente resolvió.

Durante el resto de la jornada se avanzó sobre la prueba ofrecida por el Ministero Público Fiscal, la querella y defensa penal pública, respecto de cada teoría del caso, concretamente sobre la evidencia documental, demostrativa y testimonial.

Esta prueba, luego de ser analizada por el juez del Control de Acusación, será la que se exponga a quienes sean integrantes del Juicio por Jurados.

Cabe recordar que el imputado se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el Penal de Viedma.

El hecho y la calificación que avanza hacia el Juicio por Jurados

Según la acusación fiscal, el imputado habría sido quien cometió el femicidio de Claudia Alejandra Casmuz, cuyo cuerpo se encontró el 4 de marzo de 2021 en el Campo La Perseverancia ubicado en Casa de Piedra.

Además del delito de “homicidio doblemente agravado por haber actuado con alevosía y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en el marco de violencia de género (femicidio) meidante el empleo de arma de fuego; en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra”, el hombre está imputado de “robo simple en calidad de autor en concurso real con portación de arma de fuego de guerra”.

Según la acusación fiscal, “los hechos habrían ocurrido a 75 kilómetros de General Roca, entre el 18 de febrero y el 3 de marzo, cuando el hombre se habría aprovechado del estado de extrema vulnerabilidad de la joven y de sus alteraciones psicológicas, y le habría disparado con un arma de fuego 9 mm marca Taurus”.

“Un proyectil le impactó en la zona del hombro, y en el marco de violencia de género y asimetría de poder entre ambos, sumado al estado de desprotección en el que se encontraba Casmuz, la llevó a unos 275 metros al este del lugar mencionado, y le provocó fracturas en ambos maxilares. Además le dio otro disparo en la cabeza, específicamente en la zona parietal izquierda, con orificio de salida”, describió el fiscal jefe Andrés Nelli.

“Luego de provocar la muerte de la mujer, el imputado habría cavado una tumba y la tapó con ramas de jarilla”, agregó el equipo fiscal.

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Judiciales

La Provincia y el Municipio de Roca deberán dar solución a una familia en “situación de extrema vulnerabilidad”

El amparo fue iniciado por una mujer de 46 años, quien vive con tres de sus hijos, es la principal sostén de la familia y padece epilepsia y una enfermedad genética.

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El IPPV, el ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia y el Municipio de Roca deberán brindar “en forma conjunta” una solución habitacional a una familia que atraviesa “una situación de extrema vulnerabilidad”.

Un fallo del Juzgado Civil N°1 de Roca hizo lugar a un amparo y dio a los tres organismos un plazo de 30 días para que “articulen en forma conjunta una solución habitacional para la amparista”, bajo apercibimiento de aplicarles una multa de $50.000 diarios por cada día de demora injustificada. La jueza definió que la solución “no necesariamente importa la construcción y/o asignación de una nueva casa, sino que puede consistir en otras alternativas acordes a las necesidades de salud” de la familia.

El amparo fue iniciado por una mujer de 46 años, quien vive con tres de sus hijos y es la principal sostén de la familia. Ella padece epilepsia y una enfermedad genética que afecta su visión y su sistema neurológico, y tiene certificado de discapacidad. Su hija menor, de 11 años, tiene la misma enfermedad genética sumada a un retraso mental moderado y ceguera de un ojo. Viven con ella otro hijo adolescente que va a la secundaria y un joven que inició la facultad.

La mujer alquila un dúplex que fue puesto en venta por sus dueños, por lo que deberá dejarlo. Demostró que sus ingresos provienen de su jubilación por invalidez, de los trabajos de limpieza de casas particulares que puede hacer cuando su salud se lo permite y de “un magro aporte alimentario” que recibe de su ex pareja, de quien se separó por sufrir violencia de género. En ese marco, explicó, le resulta imposible alquilar un nuevo inmueble acorde con las necesidades del grupo familiar “atento a los costos del mercado inmobiliario”.

Problema “circular” y discriminación interseccional

La mujer mostró que desde 2014 está inscripta en el Registro Permanente de Demanda Habitacional del IPPV, que tiene un cupo para personas con discapacidad. La Municipalidad le otorgó un terreno social en un barrio del oeste de la ciudad que no tiene servicios. En ocasiones ha recibido ayudas económicas del Municipio y de la Provincia para pagar el alquiler.

La Defensora de Menores que representa a la niña expuso que la familia padece una “situación circular”: “por un lado el IPPV no está construyendo viviendas y por el otro, el municipio -si bien tiene loteos sociales- no tiene competencia para construir viviendas, y el lote que fue adjudicado a la Sra. no resulta apto por carecer de los servicios esenciales”. Además, “los subsidios que se brindan en estos supuestos son provisorios” y “ya no está funcionando el plan del provisión de materiales para construcción” del IPPV.

Tras analizar todas las aristas, la jueza concluyó que “confluyen diversos factores que actúan como barreras sociales para el pleno ejercicio de derechos humanos fundamentales” como el acceso a la vivienda digna, a la calidad de vida y a la salud.

“La situación vivenciada por el grupo familiar es compleja; confluyen diversos factores -mujer y niña con discapacidad, separada/víctima de violencia, con afectación grave de su estado de salud, sin acceso a un empleo/ingreso estable-, que sumados a las actitudes que han asumido en el proceso tanto el Estado Provincial como el Municipal, terminan consolidando una situación de extrema vulnerabilidad”, dice el fallo.

Para la jueza, la amparista y su familia vienen sufriendo una “discriminación interseccional”, por la “la convergencia de diversas discriminaciones” que, entrecruzadas, generan una injusticia especialmente grave para el grupo. “La interseccionalidad constituye un daño distinto y único, diferente a las discriminaciones valoradas por separado. Ninguna de las discriminaciones valoradas en forma aislada explicaría la particularidad y especificidad del daño sufrido en la experiencia interseccional”, señaló la jueza citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente, el fallo definió que “el Estado, en sus diversas órbitas -Municipal, el IPPV y el Ministerio de Desarrollo Social de provincia- ha afectado por medio de una omisión arbitraria y en forma concreta los derechos y garantías constitucionales y convencionales” de la amparista y de su hija.

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